El enfermo imaginario: ¿acaso son LOS funcionarios unos vagos defraudadores?

La Presidenta Popular de la Comunidad de Madrid, Dña. Esperanza Aguirre, ha convertido en ley su presunción de que todos los funcionarios a los que se prescribe baja médica por entre 4 y 15 días, y no es por enfermedad profesional o accidente, son unos defraudadores. Con ello, a su vez, convierte a los médicos que prescriben dichas bajas en los principales agentes de ese fraude, concretamente en prevaricadores, pues en esta acción no son sólo cómplices, sino propiamente los ejecutores responsables legales, ya que los funcionarios no tienen la habilitación necesaria para autoconcederse las bajas, ni tampoco para obligar a los médicos a que se las concedan. Si todos los funcionarios en general van a resultar sancionados a priori por ello, esté o no justificada la baja, entonces los médicos que las prescriben también deberían ser sancionados, salvo que admitamos que son absolutamente incompetentes en el tema y, entonces, las bajas deberían ser autoconcedidas por el propio funcionario.

De ser cierto que en dichas bajas hay fraude, lo justo, acorde a ley y a derechos, antes que retirar por regla general la prestación a todos, sería abrir expediente del caso concreto y, si se descubre que hay negligencia y culpabilidad en ello, entonces dictaminar la sanción oportuna, de acuerdo con los reglamentos o códigos correspondientes, y, en ese caso, tanto al enfermo imaginario como al médico que le ha prescrito la baja médica de manera fraudulenta. Presuponer que todos son culpables a priori y dictaminar lo que en realidad es una sanción dentro de una ley de presupuestos, de manera preventiva, es un abuso legal, que crea indefensión en los funcionarios honrados víctimas de enfermedades reales, y supone, por su arbitrariedad y generalidad una simple y descarada retirada de prestaciones y derechos consolidados, como es el derecho a salario en caso de enfermedad. Hacer eso y hacer lo mismo en caso de embarazo o maternidad es sólo cuestión de cifras, de necesidades presupuestarias, pero no de conductas morales, ni de argumentos legales justos.

Parece que para Dña. Esperanza Aguirre, todos los empleados públicos son unos vagos: ahora los funcionarios, antes los profesores... Pero, si es legítimo, hasta el punto de convertirlo en ley, que LOS funcionarios son unos vagos, absentistas y defraudadores, no es menos legítimo o acertado decir que LOS del PP son unos corruptos y, con ellos, todos LOS políticos en general: pues es MUCHÍSIMO más el dinero que cada año se pierde en ello, de los presupuestos del Estado y de las Comunidades, que lo que se pierde en los supuestos fraudes de LOS funcionarios absentistas. Y creo que nadie con la mínima objetividad y honestidad podría negar que esto es rigurosamente cierto. Por tanto, antes que retirar derechos a los funcionarios honrados, habría que poner control y límites a la corrupción política; y no creo que sea tan difícil, si es que de verdad se quiere hacer y de verdad se quiere solucionar la economía del país.

Pero, además de recaer la responsabilidad legal principalmente en los médicos, más que en los enfermos imaginarios, existe un Servicio de Inspección Médica que, al parecer, no sirve para nada y, por tanto, debería ser eliminado por completo de la Administración, para ahorrar costes. Si la Inspección Médica siguiera, como es debido, los problemas de salud de los funcionarios, esto no pasaría. Y la Inspección Médica no es una tarea que baste ejercerla por teléfono, como de hecho se hace cuando se hace. Si la Inspección Médica visita a los enfermos o, al revés, éstos visitan la Inspección Médica, igual que al médico de cabecera, entonces habrá un control administrativo eficiente de las bajas médicas. Pero, para eso, tienen que trabajar los que tienen que trabajar y que para ello están, que no son sólo los funcionarios enfermos imaginarios, sino también la Inspección Médica, la Inspección ordinaria, los Servicios de personal, etc.

Pasa aquí como con el fraude fiscal, que, por no querer hacer el control efectivo que debería hacerse y que está previsto en la propia estructura de la Administración, al final acaban pagándolo todos solidariamente: nunca pagan más los que más deben pagar, ni menos los que menos deben (y a río revuelto, ganancia de pescadores). Ese concepto de justicia que iguala interesadamente a todos en lo malo, en las penalidades, es justamente la mayor injusticia, pues no hay mayor injusticia que tratar a los que son diferentes como iguales. Si el fraude fiscal, principalmente por los que más tienen, estuviera controlado, los que menos tienen no tendrían que pagar más.

Crítica de la crítica hasta la sinrazón pura

La crítica pierde su autoridad, su rigor, su valor, eficacia, e incluso podemos decir ciertamente que hasta su verdad, cuando es universal y negativa a la vez, porque demuestra falta de discernimiento. No es espíritu crítico verlo todo siempre mal —peor imposible—, sino que es simplemente ser cenizo y quizá hasta paranoico. La crítica es una facultad de la razón que, por ello, no puede ejercerse hasta la sinrazón, es decir, hasta perder la razón.

Intelectualmente no consigo convencerme 1) de que todo ha de ser —es— pésimo en la nueva legislatura emprendida por el PP, el cual, sin embargo, ha ganado las elecciones, de manera más o menos legítima, pero, en cualquier caso, con mayoría absoluta; y 2) de que, por el contrario, todo es óptimo en la izquierda en general (PSOE incluido). No alcanzo a comprender cómo nuestro país y la derecha en particular han logrado ser tan eficaces en dar con el peor Presidente posible (en realidad ninguno sería válido, a priori) y los ministros paradójica y casualmente más inadecuados posibles: los peores que puede haber cada uno en su género. Todos son corruptos, perversos, si no incompetentes, y manifiestamente inadecuados especialmente en la correspondiente competencia que se les ha asignado. Sobre todos hay sospechas, lacras… y están desautorizados a priori. Además, toda acción posible del nuevo equipo está ya descartada a priori como inadecuada, simplemente porque no se acopla al prejuicio ideológico contrario de los que no están ejerciendo el gobierno.

Me recuerda esto a cuando los comentaristas de fútbol parecen saber más que el entrenador del equipo que está jugando: ¡cuántos periodistas lo harían mejor que el entrenador y, sin embargo, ahí están: limitados a su tarea de simplemente “comentar” lo que otros “hacen”! O también a la sagrada rivalidad que existe entre equipos como el Barça (republicano, independentista o federalista y de izquierdas ¿?) y el Real Madrid (centralista, nacionalista español, monárquico, y por tantos ‘por tantos’, de derechas ¿?). No entiendo bien por qué, si negamos la injerencia de la religión en la política, sin embargo, luego hacemos política como si de religión se tratara: de manera crudamente dogmática.

Conste que esta crítica que hago a la crítica hasta la sinrazón, se puede y se debe aplicar también a cuando gobernaba el PSOE, e incluso al juicio o a los prejuicios que se puedan tener hacia otros partidos, independientemente de que tengan o no la opción real de gobernar: IU, partidos republicanos, partidos nacionalistas, e incluso Amaiur (hoy por hoy, un partido “legal”, mientras no se demuestre lo contrario). Zapatero ha podido tener errores importantes —o simplemente diferencias ideológicas…—, pero no se puede negar que también tuviera algún acierto y, principalmente, una altura moral notable. Lo mismo se puede decir de Rubalcaba: quizá el PSOE actual no tiene mucha aceptación en la izquierda de hoy día, y eso explica sus resultados electorales, pero no se pueden negar importantes capacidades, valores y virtudes en el que ha sido su defensor hasta la extenuación como candidato y ante el discurso de investidura del actual Presidente del Gobierno. Rosa Díez, a juzgar por las críticas de ¿los más entendidos?, debe ser la única persona en el mundo incapacitada de manera innata (a priori) para liderar un partido político... Y, por otro lado, no tenemos por qué conceder nada político a ETA, pero ello no implica que la reclamación de la independencia de Euskadi por Amaiur sea políticamente deplorable y absolutamente inadmisible, hasta el punto de prejuzgar a sus defensores como seres de una cualidad moral intrínsecamente inferior. —La política dialéctica, de la pura disputa, de la pura escenificación del conflicto ideológico o, en definitiva, de intereses partidistas o de clase, no es útil a la nación, al Estado: no nos interesa a la ciudadanía. El Congreso de los Diputados es la cámara de la representación de la voluntad popular, no es para las disputas entre partidos.

Parece existir en la política española —y no sólo ahora— la idea de que el PP “no puede” gobernar: algo así como una nostalgia de Frente Popular continuo, que, sin embrago, luego, en la práctica nunca llega a ser capaz de cuajar, de materializarse, como p. ej. en Extremadura. Ese “ambiente” cristalizó de una manera muy especial, palpable, tras el 11M, en la primera legislatura de Zapatero, con lo que se llamó el Pacto del Tinell, que, además, no era un pacto que afectaba sólo a Cataluña, sino que se extendía al Estado español tomado en su totalidad, pero también, en la práctica, y de manera declarada (ante los medios) p. ej. en Euskadi (en toda la política y la negociación con ETA de aquella época).

Sin embargo, es un hecho abrumador (y se percibe así en el propio documento de “Mucho PSOE por hacer”) que el PP obtiene la confianza de la ciudadanía en todos los niveles de la Administración y en toda la extensión del Estado español, y además, con frecuencia, con mayorías absolutas (falta Andalucía… y se verá).

Pues bien, creo 1) que el PP tiene, al menos, el mismo derecho que el PSOE a gobernar; 2) que probablemente sólo PP y PSOE van a ser quienes siempre gobiernen, uno u otro, por más que se corrijan los abusos o deficiencias de la actual Ley Electoral (al menos a nivel estatal); y sobre todo 3) que se echa la culpa al PP y a sus votantes de su propia victoria, cuando, en realidad, muchas veces ésta llega o se mantiene simplemente por la manifiesta, crasa y profunda incompetencia política de la izquierda en general como alternativa al PP.

Ni IU ni PSOE demuestran tener la competencia política que es “de hecho” necesaria para ganar ellos el triunfo en la política actual. Y, por favor, no insulten a la ciudadanía culpándola de ello, como si fuera tonta, estúpida, ignorante, masoquista… No le cuelguen a ella el San Benito de lo que no puede deberse más que a las propias incompetencias prácticas o pragmáticas de la izquierda. En general, la gente no es tonta, pero, por otro lado, tampoco es excesivamente exigente: sólo quiere que las cosas funcionen con normalidad (algo tan sencillo como que haya trabajo, paz, bienestar, progreso…: pero ni siquiera un hiperdesarrollismo ni “pelotazos” de éxito… como a veces parecen empeñarse en conseguir y ofrecernos los políticos).

Cuando un partido como el PSOE, por dos veces, sean cuales fueran las circunstancias, deja al país económica y laboralmente exhausto, a los ciudadanos ya no les parece que sea sólo cosa del ciclo de la vida o una fatalidad del destino, sino que quizá haya algo más radical o profundo que lo haga incapaz de resolver las cuestiones económicas y laborales, que, por otro lado, son la base del estado del bienestar y de la justicia. Igual éstos, el bienestar y la justicia, son insostenibles sin una base económica y laboral adecuada… —como dice Rajoy—, y con la que el PSOE aún no ha dado. Gobernar no es sólo pedagogía, convencer, “decir” y hacer creer las cosas, sino seguramente, ante todo, obtener “resultados”.

Y esto, no porque vivamos en un mundo productivista, consumista, sino porque la gente no es tonta y, al final, la competencia o la incompetencia acaban saliendo a la luz. Todo lo que la política (los políticos) esconde(n) en las medidas que adoptan, acaba saliendo más tarde o más pronto por algún lado. —Sirva de ejemplo si había o no crisis, si ésta era importante o no, y si ya estaba resuelta y estábamos ya saliendo de ella… cuando en realidad aún no hemos tocado fondo.

Con frecuencia, la culpa del fracaso de la izquierda no es ni la habilidad especial de la derecha, ni la estupidez de la ciudadanía, ni las meras circunstancias: sinceramente creo que la izquierda debe buscar dentro de sí misma la causa constitutiva de sus propios fracasos.

Para que sea principalmente el Estado el que se encargue de lo que es de todos (socialismo), hace falta una integridad y una eficiencia o competencia de la que quizá se ha carecido (así parece que sucedió p. ej. en la URSS). Y entonces este fracaso lleva a la mayoría a considerar conveniente, preferible, la minimización del Estado y el respeto preferencial a la iniciativa privada (neo-liberalismo). El ejemplo de Finlandia, al que se suele recurrir, es clamoroso: se nos llena la boca hablando del estado socialdemócrata y del bienestar a la hora de dar “números”: porcentaje de impuestos, de servicios públicos, etc. Pero nos olvidamos de lo más importante que hay detrás o debajo de todo eso: un régimen de Administración pública cuya transparencia, integridad y eficiencia “nosotros” desconocemos.

No quiero decir que la izquierda sea inmoral y la derecha moral en el ejercicio de la Administración pública, sino que, cuando, en general, el ejercicio de la Administración pública y la clase política no es del todo transparente, íntegra y eficiente, entonces parece mejor minimizar el ámbito de lo ‘público’, y, por tanto, de la acción del Estado. —Tras la caída del PSOE en 1996 por el ambiente de corrupción generalizada que había, poca gente quedó con ganas de pagar impuestos al Estado. En consecuencia, la fórmula liberal de rebaja de impuestos ofrecida por el PP parecía la lógica y la deseable.

Precisamente, más bien, el punto fuerte de la izquierda es o debería ser, al menos según se predica, la moralización de la vida pública: su defensa de los valores de justicia, igualdad, solidaridad… Pero la izquierda tiene que encontrar fórmulas más creativas, actuales, versátiles y flexibles, menos doctrinales, para conseguir que esos ideales puedan materializarse en la sociedad real, de una manera pragmática, efectiva.

En cualquier caso, se adopte la postura que se adopte, creo que para una política sostenible y de futuro, duradera, hace falta romper los moldes doctrinales de la izquierda y la derecha, del socialismo y del liberalismo. Y creo que la fórmula del “Estado Social y Democrático de Derecho” con la que se caracteriza a nuestro país en el artículo 1 de la Constitución es la fórmula perfectamente sintética de ambas tendencias: 1) un régimen originalmente liberal de “Estado de Derecho”, 2) con la posterior corrección o el perfeccionamiento “Social”, y 3) con el factor común de ambos, que es la “democracia”. Pero ésta, no entendida de manera físicomatemática, utilitarista, como un régimen de mayorías o fuerzas (que son las expresiones que más suelen usarse), sino de una manera ética o humana, como un régimen de autogobierno de las personas libres basado en el entendimiento mutuo, y en busca, ante todo, del ideal de justicia, que es el interés general, esto es, de todos, y no sólo de “la mayoría”.

Sobre el abuso de cobrar 1€ por receta para evitar el abuso

Ante el ambiente propicio, la sintonía ajustadora de PP en Madrid y CiU en Barcelona, el Govern Català da finalmente el paso del copago, mejor dicho, del repago de los medicamentos: 1€ por receta “para evitar el abuso” y, en principio, con carácter universal.

Pero, ¿quién “abusa” de la prescripción de medicamentos?

¿Son los pacientes los que abusan de la prescripción de los medicamentos? ¿Acaso los médicos prescriben lo que el paciente quiere? ¿Podría considerarse esto prevaricación, malversación, aparte de mala práctica profesional? ¿Debe permitir el médico que el paciente se HETEROmedique? —Digo ‘hetero’ porque, al acudir al facultativo, está claro que no se AUTOmedica. Los profesionales de la medicina siempre lo dicen: los pacientes no deben ‘auto’medicarse nunca. Pero en este caso no lo hacen, es el médico el que los ¿auto?medica. Bueno: heteromedica. ¡Vaya lío! ¿¡Pero quién medica a quién en estos casos!?

¿Es el médico el que abusa de la prescripción facultativa? ¿Lo hace por las comisiones que se lleva de la prescripción de determinadas firmas? ¿Es legal este cobro de comisiones? ¿No sería una forma de corrupción, como la que se produce en política? ¿Puede un médico prescribir indebidamente un medicamento para obtener unas ganancias o simplemente para “quitarse de encima” a un paciente impaciente, pelmazo, que… total,  de todos modos se va a morir ya pronto?

O, por otro lado, ¿¡puedo negarme a pagar el euro!? ¿¡puedo negarme a seguir el tratamiento para no pagar el euro, aunque sólo sea como objeción de conciencia o porque el euro es disuasorio para abusadores y YO NO SOY UN ABUSADOR!? ¿Se paga también un euro por los medicamentos que valen menos de un euro? ¿Qué pasa si me niego a comprar/pagar un tratamiento antialérgico o una medicina “vital” para la tensión o la circulación sanguínea o para el corazón, o un antibiótico, en caso de neumonía, o contra la hiperactividad o la epilepsia o la esquizofrenia o la ansiedad? ¿Qué pasa si me niego a comprar/pagar de ese modo NINGUNA medicina? ¿Puedo hacerlo? —Haría falta una nueva ley de la muerte digna (eutanasia) que contemplara también este caso: muertos por objeción de conciencia fiscal.

Si la salud no está pagada ya con lo que hemos pagado ya para la salud, es sencillamente porque alguien se lo está quedando por el camino: a ese que sí que ABUSA es a quien hay que reclamarle el EURO. —Por cierto, CiU y PSC saben de aquello del… “3%”… que es más de un euro, no está presupuestado y es una malversación de fondos públicos (el déficit medio del Estado es tan sólo del doble: el 6%).

En un mercado libre, el banco “malo” debería ser privado

En el mercado común europeo, concebido al parecer como un mercado libre, para los negocios, pero no fundamentalmente para la asistencia social, el BCE no quiere ayudar a la banca pública, sino sólo a la privada. —Va contra la propia concepción de la Unión Europea reflejada en el Tratado de su constitución.

Con ello, probablemente, Europa no quiere hacerse cargo de las negligencias de los Estados soberanos en sus incumplimientos de los compromisos de déficit fijados en el Tratado (un máximo del 3% para entrar…, y se ha de suponer que también para permanecer…). Y es razonable pensar que, si un Estado no cumple para nada sus presupuestos y se endeuda por un claro descontrol del gasto público, evidentemente no está cumpliendo esos compromisos y resulta insolidario con el resto de la Unión Europea, quedando como una carga para ella. Así se ha visto, por ejemplo, en el caso de Grecia, cuyo lastre puede llegar a quebrar toda la economía del euro e incluso la global, dada la condición fundamental de esta moneda en el mundo.

Los Estados, que son soberanos, deben poder planificar sus economías y llevarlas a cabo con medidas políticas. Y la Unión Europea entiende que el cumplimiento de esas políticas es fundamentalmente una cuestión de voluntad.

Ahora bien, parece que nuestra deuda no se ha debido fundamentalmente a excesos y descontroles en el gasto público, sino a que nuestro Estado ha hecho las funciones que se suponía que debía haber llevado a cabo el BCE: amparar la solvencia de la banca privada (entre otras cosas, para evitar que los depósitos de los ciudadanos quedaran al descubierto).

Si el BCE niega el crédito a la banca pública y sólo puede prestar a la privada, entonces, en buena lógica, debe ser el BCE el que se haga cargo del rescate de la banca privada y no los Estados los que se endeuden en ello sin poder luego recibir la asistencia europea. Si la banca privada recurre al BCE en busca de crédito (barato: 1%), el Estado ya no necesita asistirla y queda liberado del compromiso de rescatarla.

En medio de la confusión generada por la crisis económica actual, se ha creado —quizá deliberadamente— la impresión de que el bienestar social no es sostenible por el sector público. Pero, en realidad, lo que no es sostenible es que el Estado se haga cargo de la solvencia de los bancos privados, sobre todo cuando éstos han llegado a una quiebra debida a la falta de intervención del Estado en el mercado libre de la vivienda. La Seguridad Social sí es sostenible: aún hoy tiene superávit. Lo que ha llevado a nuestro Estado al déficit y a menoscabar parte del superávit de la Seguridad Social ha sido el rescate a la banca privada: eso es lo que un Estado no puede hacer.

En este empeño de nuestro Gobierno por intervenir en el mercado libre —pero a posteriori, sólo para deshacer los entuertos de la banca y haciéndose cargo él de las pérdidas—, se está barajando la posibilidad de crear un banco “malo” público donde recoger los activos tóxicos de la banca, para sanearlos con una recaudación impositiva extra a costa de la ciudadanía. Es justo lo contrario de lo que normalmente es un banco: un sitio donde no hay dinero, sino deudas, y donde nosotros no ingresamos dinero para rentabilizarlo y disponer de él, sino a fondo perdido, como si quisiéramos hacernos cargo solidariamente de las pérdidas del fracaso especulativo o del fraude de la burbuja inmobiliaria. —Eso sí, con tal de que así salgamos ya de una vez por todas de la crisis económica: ¿!?

Ahora bien, con el gesto del BCE de abaratar los créditos a la banca privada y negarlos radicalmente a la pública, queda claro que la solución de la crisis financiera y crediticia no está en el Estado, sino en el propio mercado libre, pues, al menos en el caso de España, no es el Estado quien necesita un rescate, sino la banca:

1. Son los bancos con dificultades los que deben recurrir a los préstamos baratos del BCE, no a la intervención del Estado.
2. Y los que no puedan sobrevivir con estos créditos, y resulten insolventes, como las empresas que quiebran, deberán abrir los expedientes correspondientes (suspensión de pagos, EREs, etc.) y quedar abiertos al mercado libre: absorciones, fusiones… sea con otros bancos nacionales, o internacionales de la zona euro, o con cualquier otro con interés en ello, de acuerdo con el régimen del mercado libre.
3. Y, de considerarse conveniente la creación de un banco “malo” para concentrar en él los activos tóxicos, entonces, tendrá que ser la banca privada la que forme algo así como un consorcio, para crear ese banco “malo” privado.

Esa debería ser la manera de asumir las deudas generadas fundamentalmente por la explosión (previsible) de la burbuja inmobiliaria en un mercado libre. —Y el régimen de libre mercado implica también que el valor de los activos tóxicos (las viviendas depreciadas) debe ajustarse al precio real de mercado actual, de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda. Esta ley, que benefició inicialmente a los promotores para especular subiendo artificialmente los precios, debe beneficiar ahora a los ciudadanos para que los precios bajen al nivel que ellos puedan o estén dispuestos a pagar.

Condiciones para la contribución ciudadana al rescate de nuestra economía

Para los griegos, el concepto de ‘ciudadano’ (polítes, politikós) debía ser probablemente el mismo que el de ‘político’, pues utilizaban la misma palabra o la misma raíz para ello. En la democracia ateniense, que es la democracia tal como fue concebida originalmente por la humanidad, ese régimen consistía en el gobierno de la ciudad por sus ciudadanos, algo así como una comunidad de vecinos.

Es verdad que ‘ciudadanos’ no eran todos, sino, digamos, los que pagaban, y, por tanto, tenían derecho a mandar sobre lo que es suyo: la ciudad. En definitiva, la democracia resulta que no es más que una evolución de la aristocracia un poco más allá de lo que fue la oligarquía (quizá lo que hoy sería el gobierno de la burguesía, palabra que también tiene que ver con ‘ciudad’, en este caso ‘burgo’). Los esclavos —lo que hoy sería los trabajadores por cuenta ajena— no mandaban, y ya contribuían o pagaban lo bastante con su trabajo, con sus carnes y, lo que es más, con su libertad: mejor dicho, con su falta de libertad, que es su esencial dependencia.

Hoy nos hemos quedado con la idea de que ciudadanos somos todos, y que aparte están los políticos, esa clase privilegiada de Señores que son los que nos gobiernan. Son de origen ciudadano porque muchos entran a los cargos públicos no por sus posesiones iniciales, sino como exaltados o promovidos por la ciudadanía. Sin embargo, lo de pagar, antes que extenderse a todos, igual que el concepto de ciudadanía, se ha retraído a los trabajadores por cuenta ajena (esto es, a los esclavos). Pues los políticos pronto se convierten en poseedores de rentas y bienes (que no está claro que sean sólo los que se permiten declarar) y renuncian a su origen bajo, es decir, a la condición llana de ciudadanos: ¿¡acaso queremos que nos gobiernen pobres y funcionarios!?

Pero esta resulta ser una ligera desviación del concepto de democracia y de ciudadanía que estamos pagando por sus consecuencias: los ciudadanos (y principalmente los trabajadores por cuenta ajena) nos hemos quedado con lo de pagar, y los políticos (ex-ciudadanos exaltados por la ciudadanía) con lo de cobrar y, por supuesto, con lo de mandar.

En el plan de ataque para el rescate de nuestra economía que parece que se quiere presentar figuran claramente en primera línea los ciudadanos de hoy: funcionarios, trabajadores… Pero los políticos y poseedores de rentas y bienes (los antiguos ciudadanos y luego nobles) se desmarcan claramente de la responsabilidad ciudadana (rastrera) de ‘pagar’. Políticos y adinerados se han quedado 1) con el privilegio de no pagar por el socavamiento de la economía que ellos mismos han producido (aunque sólo sea por ser irresponsables de ello), 2) con el privilegio de las rebajas de sus impuestos, supuestamente como estímulo para ¿contribuir más (aún)?, 3) también con el privilegio de la ingeniería jurídico-político-fiscal que ha diseñado un sistema, un entorno, ideal para que los que sacan y tienen puedan escurrir el bulto de contribuir en la medida de su enriquecimiento; pero también, y es descarado, 4) se han quedado los banqueros con el privilegio de quedarse con las indemnizaciones correspondientes a su cargo (cuando no lo han cumplido con diligencia por no haber garantizado los depósitos de los ciudadanos), y 5) los políticos, con el sorprendente privilegio de subir sus sueldos en esta etapa tan decadente de nuestra economía, y de negarse en rotundo y con supuesta razón (a su juicio) a renunciar a privilegio alguno autoatribuido por su condición —su clase— de ‘político’, que claramente ya no es lo mismo que ‘ciudadano’.

Ningún ciudadano (raso) o trabajador por cuenta ajena (esclavo) va a entender el requerimiento de su esfuerzo (más trabajo por menos dinero), si no ve que eso es lo que sucede por todos lados, a toda la ciudadanía (incluidos los políticos y los poseedores de rentas y bienes), en definitiva, si no es justo. O se hace un plan justo, o no saldrá adelante. Y no estamos a tiempo ni en condiciones de sumar planes fallidos.

Así, pues, algunas medidas para el rescate, que son condición necesaria (sine qua NON) para poder exigir con honestidad y justicia a la ciudadanía su esfuerzo, pueden ser las siguientes:

1. Simplificación matemática de los políticos y de todo lo político: si pueden ser menos, todavía no está suficientemente reducido. Aplicar a esto (a lo político: no tanto ni sólo a lo administrativo) el criterio liberal de la minimización del Estado.
2. Equiparación de los sueldos de los políticos a los de funcionarios del nivel correspondiente: no autoconcebir los políticos como altos directivos de empresa, incluso al margen de su competencia en el ejercicio del cargo; la política es un servicio, no el negocio de tu vida.
3. Ningún doble sueldo a políticos: ni por acumular cargos en la Administración, ni a sumar a sus remuneraciones particulares (o se hace dedicación exclusiva o se cobran ingresos parciales en proporción al número de dedicaciones acumuladas). Si se permite acumular cargos para ahorrar, que sea sin cobrarlos todos, sino sólo uno, un total equivalente a un solo cargo, porque vidas sólo tenemos una cada uno de 24 horas al día.
4. Ninguna acumulación de pensiones públicas: una pensión pública es una asistencia social no un negocio. Cuando hay un siniestro no se cobra varias veces, si hay solapamiento de seguros, sino sólo una vez. Quien quiera pensiones lucrativas, que las negocie en su banco como una inversión de su propio capital.
5. 7 años de trabajo no pueden dar lugar a pensión completa de jubilación ni en política ni en ningún otro trabajo. Para recibir la pensión completa de jubilación se han de requerir, como para todos, 37 años (¿no es así?): 7 años sería sólo la parte proporcional equivalente; no más.
6. Ningún asesor, ni puesto de libre designación. Para eso están los puestos técnicos de la Administración. Los asesoramientos personales (por incompetencia propia) y políticos (por ideología) debe sufragarlos uno mismo o el partido político, respectivamente.
7. Reducción de las diputaciones a unidades administrativas: políticos cero.
8. Ningún desvío de fondos públicos fuera de presupuesto (ni en cantidad ni en concepto): completa transparencia del gasto (contabilidad pública detallada y reclamable por cualquiera, sea interesado en el negocio correspondiente o simplemente un ciudadano, control político de las cuentas por los partidos en oposición).
9. Ninguna contrata opaca ni por precio superior al del mercado. Publicación del baremo de precios a que está contratando la Administración, por si hubiera interesados en ofrecer sus productos o servicios a un precio menor: es decir, introducir competencia a la baja.
10. Ninguna evasión de impuestos, ni de capitales. Impuestos progresivos, proporcionales, por defecto. Desgravar por inversiones, pero no por condición de gran fortuna. Hoy la evasión, en función de su relevancia, debería juzgarse como delito de traición.
11. Ingeniería inversa jurídico-político-fiscal: es decir, contra el fraude y la evasión. Cualquier inversión en reforzar este control es económicamente rentable: si no se hace es sólo por razones políticas-ideológicas.

Por favor, que alguien evalúe —cuantifique— todo esto. Y que sólo después pidan a la ciudadanía su contribución. La responsabilidad de esta crisis está en los políticos y en el capital, no en la ciudadanía. La ciudadanía podría, con razón, ser aún más exigente reclamando con justicia la depuración de responsabilidades y que paguen ellos. Pero estoy seguro de que no hará falta llegar a ese extremo. —Hay precedentes conocidos, como el de Islandia. Y no se puede demonizar esa exigencia como si fuera una revolución irresponsable y antisistema: antes bien sería una auténtica revolución moral de la vida cívica.

No necesitamos pagar más: basta que no se lo quede nadie

La actual crisis política-económica tiene un rasgo común característico: a bancos y a políticos les une, entre otras cosas, haber buscado su propio beneficio particular antes que el de los clientes o los ciudadanos, respectivamente, antes que el interés general, que no es sólo el mayoritario, sino el de todos, el de justicia.

Ahora parece que se pretende resolver el problema económico elevando la injusticia al cuadrado. Primero, el fraude de la inflación artificial de los precios de la vivienda lleva a la quiebra a 1.500.000 familias. Después, se quiere proponer como solución que entre todos los ciudadanos que aún disponemos de recursos económicos ayudemos a los defraudadores (y no a los defraudados) a consumar las operaciones que han quedado interrumpidas por la crisis, para que puedan terminar de alcanzar sus beneficios esperados. Para ello, durante veinte años pagaremos el stock de casas que han quedado sin vender, a precios falsos astronómicos, sin obtener por ello ni títulos de propiedad, ni acciones bancarias, ni letras del Tesoro: literalmente, vamos a comprarnos la casa que los malogrados clientes no han podido conseguir, pero sin que llegue a ser nuestra. Y, cuando ya esté pagada y saneada, entonces los bancos y promotores podrán sacarlas a la venta, dentro de veinte años, al mismo precio astronómico o, seguramente, a uno superior. Literalmente, las van a vender dos veces. Defraudaron a los fracasados, ahora nos defraudan a los que tenemos que contribuir y luego defraudarán a los compradores terminales de los pisos atascados.

Y lo que termina de hacer fantástica esta situación es que esa solución (que es lo que hay tras la posible creación de un banco “malo” para nosotros; “bueno” para ellos), vendrá determinada por nuestro propio gobierno, ese que va a gobernar para todos los españoles (efectivamente cumpliremos, pagaremos la crisis que no es nuestra, porque no lo podemos evitar legalmente). Si ya el complot por los precios altos debía haber sido intervenido por el gobierno, ahora es el propio gobierno el que entra como actor principal con la iniciativa de la medida más injusta de la historia, que es no querer buscar responsabilidades —que objetivamente las hay, y se sabe— por esta quiebra y fraude del sistema, sino volver a castigar de nuevo a la ciudadanía con una nueva extracción de fondos, para culminar la situación de injusticia que se inició.

Quizá crean ver con perspectiva más global, intentando salvar al país, salvando para ello a los defraudadores “que nos mantienen”. Pero, como en el Titanic, no ven el enorme y clarísimo iceberg que tienen delante, que es la injusticia que están cometiendo con 1.500.000 familias, 5.000.000 de parados y el resto de la ciudadanía que aún sobrevive y a la que van a expropiar para tapar la lujuria de sus excesos, el ansia de beneficios, y nunca de servicio, sea al cliente o a la ciudadanía.

El Presidente de la Comunidad Autónoma Balear, ejemplar en su recorte aproximadamente al 50% de la estructura de la Administración, ha declarado con bastante claridad, que esa superestructura (doble Administración) se desarrolló por concebir los políticos su poder en la Administración como una agencia de colocación de allegados: es “la otra burbuja”, la del empleo sesgado en la Administración para los compromisos personales (los enchufes). Hemos sido capaces de crear puestos públicos para colocar a nuestros conocidos. En Extremadura han entrado 100 familiares y amigos en una misma institución a sustituir a los correspondientes del partido anterior.

El mayor trauma de un partido que pierde el poder (le pasó a PSOE en 1996 y le pasará ahora otra vez) es que “su gente” queda literalmente en el paro, fuera del área de “las influencias” (esto también es tráfico de influencias, aparte de desvío o malversación de fondos públicos o apropiación indebida).

Pero lo mismo que se hace con la gestión del empleo público, se hace también con la gestión del erario público (no se es más estricto o riguroso en esto, porque se vive en la impunidad): desfases contables, déficits arrastrados o cargados sobre las siguientes legislaturas, la impresión de poder disponer con total arbitrariedad de lo que es de todos, pero para negocio y beneficio particular (sea propio o del partido)…

Al margen de la corrupción “personal” —que la habrá, ¡cómo no!—, ¿a cuánto podría ascender el dinero desviado de los fondos públicos a beneficio ilegítimo o incluso ilegal de la actividad de los partidos, quedando así “los que manejan” en situación de ventaja para perpetuarse en el poder? —Asesores: cuánto y quién lo cobra realmente. Informes y estudios que, o no se hacen, o no son necesarios, o no valen para nada… pero cuestan un pastón, cuando están sacados de tres páginas de Internet. Una contrata que se hace deliberadamente por 8 veces más de lo que vale en el libre mercado (esto también produce inflación en los precios, pues los que contratan con la Administración ya nunca quieren cobrar menos). ¡Maravilloso!

Todo esto —estoy seguro— suma más de ese 6% que tenemos de déficit. Lo que se va a quitar de sanidad, educación, pensiones, es lo que se han llevado a otro lado no presupuestado, porque no se puede presupuestar ni puede figurar contablemente. La sanidad, la educación y las pensiones, la seguridad social, no son insostenibles; lo que es insostenible es la cantidad de chorizo albergada en nuestra Administración pública (nunca habrá bastante pan… para tantos insaciables). La seguridad social, hoy aún tiene superávit: no es deficitaria, no es insostenible. Su superávit ha sido socavado en un 50% por los agujeros en todo lo demás. La seguridad social —sanidad y pensiones— es sostenible. Regalarla a la iniciativa privada forma parte del mismo expolio que la recompra de los repisos, la injusticia al cuadrado. Pagos, repagos, cortes y recortes.

Tener la mayoría y el poder ni legitima ni siquiera hace “legal” (aunque se dicte en forma de leyes, como la Ley Electoral), la imposición sobre y contra “los demás”, por más que sean una minoría (una digna minoría, pero completamente merecedora del respeto de sus gobernantes).

Los partidos con poder representan a la ciudadanía: no a los órganos del partido, ni a sus militantes, ni siquiera sólo a sus votantes, sino a toda la ciudadanía. Si abusan del poder para blindarse mediante leyes, con la aquiescencia o la impotencia de los demás, contra éstos, no por ello es legítimo, ni siquiera “legal”.

El poder debe representar y beneficiar a todos por igual, sin causar injusticia a nadie, y especialmente a los excluidos de la mayoría dominante. Una minoría permanentemente excluida del sistema y que no recibe los beneficios del sistema, sino sólo perjuicios y la desconsideración por parte de los dominantes, no tiene ningún interés en el sistema. A la propia mayoría le interesa, más que a nadie, hacer justicia a la minoría, aunque sólo sea por el interés de mantenerse ellos en el poder. De lo contrario, los aires cambian, y el orden se subvierte y se producen giros como el recibido actualmente por el PSOE.

La democracia no es el gobierno por turnos tácitamente convenidos, pactados, entre las mayorías del bipartidismo: en cada etapa, barra libre para el dominante de turno; interés mutuo por etapas, por turnos. Ahora “le toca” al PP: PSOE y los suyos, a hibernar y esperar turno para su parte del expolio de lo público.

Eso, “lo llaman democracia, pero no lo es”; eso es simple y llanamente la ley del más fuerte (pre-democrática, pre-jurídica, pre-moral). Y el dinero y el poder son una “fuerza”, pero la falta de dinero y de poder (de participación) también lo son: y esos al final son el 99%.

¿¡Por qué ha de ser Ana Botella la Alcaldesa de Madrid!? —Para una representación más democrática por los partidos

¿¡Por qué ha de ser Ana Botella la Alcaldesa de Madrid, si Gallardón resultara ser p. ej. el próximo Ministro Portavoz del nuevo Gobierno!? –La respuesta es bien sencilla: porque es la número 2 en la lista del PP por la Alcaldía de Madrid. Vale, pero la pregunta en realidad no era esa, sino: ¿¡Por qué es “ella” la número 2 de esa lista!? Le podemos dar muchas vueltas, pero a mí no se me ocurre otra respuesta más certera, directa y válida que la siguiente: porque es la esposa de Aznar. —Todos sabemos que, en el fondo, la respuesta es esa.

Sigamos preguntando. Pero ¡bueno!, entonces, ¿¡qué es un partido político!? ¡A ver si al final va a resultar que vamos a montar toda una Junta como la de Extremadura con 100 familiares o amigos! —Pues sí, podríamos hacerlo. Pero no sólo podríamos, sino que, además, parece ser que de hecho ya era así antes de ganar las últimas elecciones y cambiar de Gobierno. Pero ¡bueno!, entonces, ¿¡qué es un partido político!?

Según el artículo 6 de la Constitución, nuestra democracia es una democracia por representación mediante partidos políticos. Esto quiere decir: 1) que se basa en «el pluralismo político» o ideológico expresado mediante los partidos; y 2) que los partidos son la «manifestación de la voluntad popular». Y es requisito esencial para ello que «su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos», es decir, erigidos desde la base.

Volvamos a la pregunta inicial: ¿fue Ana Botella elegida democráticamente la número 2 de la lista de Madrid? Desconozco el proceso efectivo por el que llegó allí, y puede variar de unos partidos a otros. Supongamos que sí ha sido elegida democráticamente. Pero, ¿elegida democráticamente por quién? ¿Por las bases del partido: los militantes? ¿Por algún órgano de gobierno del partido? ¿Por la ciudadanía de Madrid en general? Si es por algún órgano de gobierno, entonces el partido tiene también una estructura intermedia de representación: entonces, al final, ¿cuándo y qué eligen las bases para que los partidos se puedan considerar democráticos? Pero incluso aunque haya sido elegida por las bases, esto es, por los militantes, ¿acaso un partido es un órgano de representación de sus militantes? ¿No se supone más bien que debe serlo «de la voluntad popular»?

De cualquier modo que se haga, en un partido o en otro, me da la impresión de que en ninguno de ellos la selección de miembros que pertenecen a la lista y su jerarquía son elegidas por la ciudadanía. Incluso nos hemos acostumbrado a ver natural que cada partido elija sus representantes para nosotros. —Distingamos: una cosa es ser Secretario o Presidente del partido (un cargo interno) y otra ser Diputado, Senador o Alcalde (un cargo público). El partido debería elegir por sí mismo sus cargos para la organización interna; pero los cargos públicos deberían ser elegidos por la ciudadanía: todo el proceso de selección de estos cargos debería o podría quedar en manos de la ciudadanía para que quede representada debidamente «la voluntad popular».

¿Cómo hacerlo? Listas abiertas y desbloqueadas, sin orden preestablecido. Cuando los ciudadanos votan marcan los candidatos que desean, y los que no, no. El candidato más votado sería el número 1, el siguiente el número 2, y así sucesivamente.

Parece ser que se está dispuesto a avanzar un poco en esta línea, introduciendo listas abiertas para el 50% de los candidatos, pero reservándose el partido el otro 50% (modelo mixto alemán). Y seguramente ese 50% es el que la máquina del partido se reserva para ocupar los puestos más estratégicos. Vale, pero ¿por qué ha de reservarse el partido un 50%? ¿Por qué hay que sustraerle a la ciudadanía la posibilidad de elegir una parte tan fundamental de los candidatos? ¿Por qué ha de reservarse el partido la capacidad de adjudicar arbitrariamente los puestos más significativos? ¿Por qué hay que reservar siempre los puestos de poder a personas en particular, por encima o al margen de la voluntad popular? —Se le puede dar muchas vueltas, pero no veo otra razón más que la sustracción de poder a la soberanía popular en beneficio de intereses particulares: poderes fácticos que no concurren a las elecciones por la vía democrática, favores personales (política de familia), negocios (quid pro quo), etc. Seamos claros: todo eso no es democrático, es antidemocrático, predemocrático.

¿Cómo ha llegado a ser Rajoy el candidato del PP a nuestra Presidencia del Gobierno? ¿Cómo lo ha sido Rubalcaba? ¿Vale el mecanismo de “sucesión” para los políticos, incluso a veces familiar, más allá del linaje de la Corona, que sí está reconocida en la Constitución?

¿Por qué se asignan arbitrariamente las circunscripciones? ¿Qué es lo que decide si Elena Valenciano va por Valencia o por Madrid; o Rubalcaba va por Cantabria, por Cádiz o por Madrid, etc.? Se busca colocar en circunscripciones seguras y en número de orden seguro a las personas que se quiere implicar en puestos de responsabilidad pública, sin contar para nada en todo ello con «la voluntad popular». Y, además, los candidatos aparecen desvinculados, sin arraigo en la circunscripción y, por tanto, con menor capacidad de representación.

Pero, de todo esto, lo importante es lo que se trasluce: «la voluntad popular» no cuenta, se considera un escollo a evitar, sortear, burlar, en el plan para el logro de los objetivos “del partido”, o sea, partidistas y particulares de algunos, muchas veces anónimos, desconocidos. Ahora bien, eso sí, se la utiliza, se la necesita para conseguir su voto ciego al pack preparado inteligente y hábilmente por la máquina del partido, que no es más que una industria de poder no democrático. Un producto siempre en alguna medida fraudulento, porque todos los objetivos no están declarados, sino que pueden incluso llegar a ser inconfesables. Y esto justifica el engaño y la demagogia en las campañas.

El resultado es la política partidista, de choque o conflicto de intereses particulares, que según Platón, no puede llegar menos que a la división y la quiebra del Estado. Se produce la separación entre los partidos o los políticos en general y la ciudadanía, que vivimos hoy: porque #noNOSrepresentan (en el mejor de los casos sólo representan a sus votantes, o ni eso, sino sólo a sus militantes, a sí mismos en definitiva, o quizá a “otros” no declarados, pero sólo a unos cuantos, ¿quizá al 1%? —eso sería la dictadura de los mercados—…

Para una democracia real más participativa

Para una democracia real más participativa es esencial la independencia de todos los poderes (incluidos los poderes fácticos, no elegidos democráticamente), el fomento de la participación ciudadana desde todas las instituciones públicas y la transformación de los partidos de máquinas de poder fáctico e ideológico preestablecido en verdaderos canales de participación y representación de la ciudadanía.

El poder legislativo, representante de la voluntad popular y generador de las leyes que rigen el Estado de Derecho, debería ser elegido directa y completamente por la ciudadanía, sin reservar cuotas a la propia máquina de los partidos. Esta reserva que se hacen denota claramente el deseo de introducir a personas, normalmente a los puestos de más poder, con criterios completamente ajenos a la voluntad popular. Los partidos siempre reservan los primeros puestos de sus listas para asegurar intereses particulares o la influencia de los grupos de poder fáctico e ideológico a los que se deben, más allá de las urnas, literalmente por encima de la voluntad de la ciudadanía.

Para ello, se debería votar listas abiertas y desbloqueadas, de manera que la ciudadanía pueda elegir o rechazar a los candidatos individualmente. Y “los primeros” en la jerarquía interna del partido resultarán ser los más votados directamente por la ciudadanía. Según la Constitución, los partidos que nos representan han de ser democráticos. Por tanto, nada justifica que interpongan arbitrariamente a “otros”, si es que han de representar a la ciudadanía. Las circunscripciones deberían ser más pequeñas para que la conexión con los diputados, al elegirlos y durante el ejercicio de su cargo, sea más directa y basada en un mejor conocimiento mutuo de las personas y de los problemas. Tampoco está justificado que la máquina del partido asegure a sus candidatos preferidos (en función de intereses completamente ajenos a la voluntad popular) colocándolos en circunscripciones “más seguras”. Los candidatos deberán concurrir a la circunscripción que les corresponde en función de la que conste de manera justificada como su residencia habitual.

El poder ejecutivo, para ser realmente independiente del legislativo, debería ser elegido también directamente por la ciudadanía en elecciones en períodos alternos a las elecciones legislativas. Lo cual serviría además, por la diferencia de tiempos, de contrapeso de poder: algo muy sano para el ejercicio democrático. Que el legislativo sea quien proponga el ejecutivo es una burla a la independencia de poderes del Estado de Derecho (por más que luego sea el Rey quien efectúa el nombramiento). Y las tendencias a evitar contrastes y contrapesos en el poder, que en España se practican siempre que se puede, en busca de mayorías absolutas fácticas, denotan claramente la intención del ejercicio autoritario del poder sin límites, contra “los otros”. A partir de ello se produce la crisis de la política real, se enfatiza la tendencia a la oposición radical, ideológica, y se resienten en su conjunto las virtudes de la democracia: pluralismo, crítica, tolerancia, representación y participación ciudadana, etc.

El poder judicial también debería ser completa y efectivamente independiente del legislativo y del ejecutivo. Lo contrario es una burla del sistema democrático y del Estado de Derecho. El Consejo General del Poder Judicial debería ser elegido democráticamente por todo el conjunto de los propios jueces. El Tribunal Supremo y el Fiscal General del Estado deberían cubrirse por procedimientos técnicos ordinarios y objetivos de promoción profesional o mediante concurso-oposición. Es una burla que el propio gobierno o el legislativo intervengan directa o indirectamente en el nombramiento de los miembros del tribunal que les ha de juzgar; y también lo es que el ejecutivo elija al fiscal que debe “manejar” la justicia en beneficio de su propia línea del gobierno (como ha sido manifiesto, p. ej., en el manejo de la cuestión de la legalidad de los partidos que se intentaban formar en el entorno de ETA). Con estas intromisiones pierde la Justicia y el Estado democrático de Derecho, pues todo poder se entiende como el mismo y, en consecuencia, el rechazo hacia una determinada fuerza política o ideología se confunde con el rechazo a la justicia. La justicia queda politizada; y la política queda judicializada. No hay política real. En cuanto al Tribunal Constitucional, puesto que trata de la Constitución aprobada en referéndum por la ciudadanía, convendría que ésta pudiera intervenir también en el nombramiento de sus miembros, si no mediante convocatoria general de elecciones, al menos mediante un sistema de Comisión que participe en la resolución de un concurso-oposición, igual que hay tribunales populares en algunos juicios.

El poder de los medios de comunicación —el cuarto poder— también debe ser independiente. Para ello, las televisiones públicas ni deben ser controladas ideológicamente por los gobiernos (e indirectamente por los partidos en el poder), ni tampoco por un Consejo político en representación del legislativo. Antes bien, deberían ser controladas, en todo caso, por un Consejo formado no en función de la pluralidad ideológica (de partidos), sino estamental, como p. ej. los Consejos escolares en los centros educativos. En ese Consejo podría haber representación de la Administración pública, de los profesionales y de la ciudadanía, a partes iguales. Que la ciudadanía intervenga en el control de los medios públicos de comunicación tiene además mucho sentido, pues son los “consumidores” de esos medios, y del mismo modo que se considera la audiencia en un sentido y con unos fines de programación, también habría que prestar audiencia (en otro sentido) a la ciudadanía a la hora de dirigir el funcionamiento de estos medios.

Frente al poder fáctico de los medios de comunicación, ideológica y económicamente sesgado, hoy día es responsabilidad de la Administración pública promover la explotación de los recursos y posibilidades de Internet como nuevo y potentísimo medio de comunicación social naturalmente plural al alcance de cualquiera y, por tanto, libre de todo sesgo de poder fáctico. Debe potenciarse el uso de este medio popular como vía de difusión del conocimiento, de publicación, de transparencia de la Administración y, sobre todo, de participación ciudadana, en los dos sentidos de la comunicación (de la Administración a la ciudadanía y viceversa), construyendo un nuevo concepto de política más democrático-directo y participativo que sería la Política 2.0.

Y, con esto, la Administración debe además promover procedimientos y vías de acción directa ciudadana, como el referéndum, potenciar la institución y acción del Defensor del Pueblo, facilitar la presentación de Iniciativas Legislativas Populares, etc. Además, la estructura y la dinámica de los partidos debería ser abierta a la ciudadanía, mediante encuestas, foros de opinión y participación, etc.

Deben establecerse medios de control para evitar la contaminación de los poderes democráticos del Estado de Derecho con poderes fácticos, que no dependen en absoluto de la voluntad popular expresada en las urnas: especialmente el poder de los medios de comunicación privados y los poderes económicos. Y para ello es fundamental la transparencia absoluta en toda actividad administrativa y de gobierno, con la publicación por defecto de todos los datos y documentos para ser consultados por quien pudiera tener interés en ello. El ejercicio del poder público ha de ser público y abierto: no caben intenciones ni acciones ocultas en la administración de lo que es de todos y para todos.

¿A quién se debe el cese definitivo de la actividad armada de ETA?

Durante la tarde-noche de ayer se vivieron todo tipo de reacciones respecto a esta indudablemente alegre noticia: alegría, euforia, recelos, dudas, hasta incluso frustración pareció percibirse en alguno ( !? ). Pero sólo quiero fijarme ahora en algunas reacciones “partidistas”, como estas:

• Tendrá que aclarar el gobierno ahora quién ha pagado la Conferencia de paz del lunes. —Se intuye cierta envidia, ciertos celos o pesar en la oposición por el posible éxito político del gobierno. Y trata de deslucirlo miserablemente: pero no hay proporción.
• Le cargamos a Zapatero exclusivamente la responsabilidad por la crisis y, sin embargo, —dice irónicamente— ahora el éxito por lo de ETA es “de todos”. —Se intuye el deseo de apropiación exclusiva del éxito por partidarios del gobierno.
• También hay para quien, desde la ultraderecha o más allá, ayer fue un muy mal día, ante la posibilidad de perder un enemigo tan claro que condenar, que justifique el odio a todo lo semejante, y también por el recelo de qué le habrán concedido a cambio, para que haya llegado a ese gesto, pues se supone imposible el éxito, si no es con alguna contraprestación. —Sin embargo, Rajoy mismo ratificó: no ha habido concesiones políticas. Y con ello demostró su plena confianza en Zapatero y Rubalcaba en un asunto que es claramente de Estado, no de partidos.

Me parece evidente y honesto admitir que, habiéndose producido esta resolución bajo el mandato socialista (de José Luis Rodríguez Zapatero y con la colaboración especial de Alfredo Pérez Rubalcaba —mencionar también, al menos, al Lehendakari Patxi López—), no podemos menos que otorgarles nuestro mayor reconocimiento a ellos especialmente por esto.

Independientemente de los pormenores, que ya irán apareciendo, parece cierto y seguro que ETA ha querido mostrar de manera inequívoca «su compromiso claro, firme y definitivo» por «el cese definitivo de su actividad armada». Y de ello dan garantía las personalidades que han avalado con su prestigio internacional la Conferencia y la consiguiente Declaración del lunes 17 de octubre.

Es verdad que sólo han renunciado a la lucha armada, pero no han cesado en sus pretensiones políticas (ni tienen por qué hacerlo). Es verdad que no se han lamentado por las víctimas inocentes y que ni siquiera se han disuelto como “banda armada”: no es un desarme, sino un cese de la actividad armada (digamos una tregua definitiva —ahora de verdad— para resolver el conflicto). Pero también es verdad que eso ya es bastante y que, como garantía para el futuro, demuestran que en adelante la vía será la del diálogo, la de los acuerdos (ellos suponen que “con sus tesis”) y la de la implicación de la ciudadanía en ello, mediante la consulta directa cuando y como sea oportuno. Quizá en adelante la violencia de las armas se va a transferir a los foros políticos, pero será contundencia política: verbal y racional. Ya no habrá más muertes ni agresiones ni amenazas.

Pues bien, creo que esta solución tan hábil y matizada sólo ha sido posible gracias al PSOE y, concretamente, a sus dirigentes referidos personalmente más arriba (también habrá muchos anónimos). En 2004-2007 quedó claro que ni ETA, ni ningún partido nacionalista (ni vasco ni catalán) podrían alcanzar de ningún modo ningún acuerdo con el PP de aquella mayoría absoluta de Aznar 2000-2004. El requisito expreso de éstos en las negociaciones de esa época era claramente mantener al PP al margen. El propio PP, en su intolerancia dogmática o doctrinal, había quedado casi autoexcluido del diálogo.

Ahora bien, el trabajo del PP desde 1996 hasta 2004 también ha sido fundamental para que PSOE haya podido hacer el suyo desde 2001 a 2011: la exclusión política del entorno de ETA y su asfixia económica y la eficiente persecución policial dejó a ETA con unos 100 miembros allá por 2004 y con muy poca capacidad de acción. —Lamentablemente, como han dicho muchas veces los diversos ministros del Interior, para matar a un inocente basta bien poco y siempre es posible.

Aunque en el ambiente #15M se exhibe la idea de que PP y PSOE son lo mismo, y quizá económico-globalmente esto no puede menos que ser así en buena medida, sin embargo, PP y PSOE son diferentes, especialmente en otros aspectos no tan económicos, sino más políticos o sociales.

PP es un partido de principios, convicciones, de “ideas claras” (lema de la campaña de 2008). Y esto, que a algunos les transmite confianza y seguridad, otros, en cambio, pueden verlo como dogmatismo, intolerancia e imposición. PP tiene las ideas “demasiado” claras y, por ello, produce rechazo en el oponente: él cree tener la fórmula magistral, la solución (#solucionesPP), y no necesita “escuchar” a nadie más (tampoco a #15M), ni siente que tenga que dar a nadie explicación alguna. A partir del #20N tendremos que tragar como el aceite de ricino “sus” medicinas ideológicas, y lo peor de todo es que seguramente con ello se creará de verdad el trabajo que PSOE es incapaz de crear (aunque ya veremos a costa de qué…).

PP nunca hubiera podido llevar a ETA al punto en que con PSOE nos encontramos hoy. Y esto hasta tal punto es cierto, que, de no ser porque “se sabe” que a partir del #20N “imperará” PP, quizá ETA no se hubiera urgido tanto en ello (digamos que este gesto de ETA ha sido como una compra impulsiva: «estamos ante una oportunidad histórica», «una verdadera oportunidad para alcanzar la paz»). A 30 días del #20N, el #20O, no sólo con un claro interés electoral, sino también con la conciencia clara de que es mejor negociar esto con PSOE que con PP (pues éste no lo hubiera consentido), ETA se decide urgentemente a dar este paso.

PSOE es un partido más hábil, flexible y abierto a negociar, más convencionalista y relativista: no valora tanto la necesidad de unos principios fijos, inamovibles, como el hecho de llegar a acuerdos efectivos, aunque a veces tengan que ser mediante contraprestaciones o equilibrios de intereses (a veces incluso rayando lo inconfesable).

Ni PP ni PSOE han bastado para resolver este conflicto, sino que los dos, ambos, se han mostrado y se muestran para el futuro como igualmente necesarios, combinando o complementando entre los dos sus diferentes virtudes o capacidades de acción. Este es el éxito de la democracia (la alternancia, la pluralidad) y del Estado de derecho (los partidos cambian pero las leyes o el régimen legal en general permanecen en lo fundamental).

Por tanto, es bueno y es preciso que, para alcanzar la verdadera y definitiva solución del problema, se combinen democráticamente los tiempos de uno y otro partido en el poder. Pues, todo lo que se dice haber conseguido sería automáticamente mentira si, al tomar el PP las riendas de la negociación, a partir del #20N, de repente a éste le explotara en sus propias manos la bomba de un falso cese de la lucha armada, subrepticiamente condicionado a concesiones políticas esperadas a posteriori, bajo el eufemismo de ese diálogo sobre las consecuencias del conflicto: superación de la confrontación armada supuestamente (según ETA) mediante el cese de la imposición del Estado español, la celebración de una consulta popular (referéndum de autodeterminación) y el reconocimiento de Euskal Herria como nación independiente, ya veremos si posteriormente con libre adhesión o no al Estado español. Esto, que hoy es tan macabro de pensar, sin embargo sería una explicación lógica posible de esa diferencia que hay entre el declarado “cese definitivo de la actividad armada” y la esperada disolución unilateral y completa de la banda armada, entregando sus armas, lo cual está claro que no se ha producido aún.

La garantía de que lo realizado por PSOE hasta ahora —y que sólo él podía hacer— está bien hecho sería que ahora PP —la oposición— pueda culminarlo razonablemente sin problemas ni sorpresas, con plena confianza mutua e incluso con la otra parte de la negociación. Esto sólo será así en la medida en que haya sinceridad en todo lo hecho y declarado. Y eso sería una manera de hacer tangible el Pacto de Estado y la unidad de los demócratas en la lucha antiterrorista. Y finalmente nos quedaría claro a todos que la victoria es de todos, incluso, en su proporción adecuada, del entorno de ETA, pues los acuerdos sólo son acuerdos si interesan realmente a todos.

Pues, igual que en matemáticas 2 + 2 = 4, así también, en ética o moral, y probablemente también en política, se puede decir que ‘bueno’ es lo que produce buenas consecuencias y ‘malo’ es lo que produce malas consecuencias. A la inversa, aplicando la regla lógica de la contraposición, se puede concluir que, si la resolución o consecuencia final es mala, es decir, si el cese de la actividad resulta no ser definitivo (como se declara ahora), entonces ello demostrará claramente que la negociación previa era fraudulenta en su ambigüedad e incluía deliberadamente vicios ocultos, condicionantes no declarados abiertamente, en definitiva, intenciones inconfesables…

La mejor manera de asegurar, pues, el final perfecto y feliz para todos de todo esto, dejando claro que los autores responsables somos todos, sería que, aunque, a partir del #20N, PP tenga la responsabilidad de liderar la negociación de “las consecuencias del conflicto” y las etapas conducentes al desarme, sin embargo, PSOE no quede eximido de toda responsabilidad, sino que quede implicado incluso materialmente en la continuidad de la negociación como interlocutor o mediador. En adelante, ambos partidos deberían desarrollar una negociación completamente transparente entre ambos (PSOE y PP), con los demás partidos, y también con la ciudadanía y especialmente con las víctimas. No caben falsas soluciones ni intenciones ocultas. Todo lo que sea inconfesable, es decir, todo aquello que se tema que puede repercutir negativamente en el éxito político de los propios negociadores, se está presumiendo automáticamente por eso mismo, a su vez, también como indecente y, en definitiva, como injusto para alguien.