Para una democracia real más participativa

Para una democracia real más participativa es esencial la independencia de todos los poderes (incluidos los poderes fácticos, no elegidos democráticamente), el fomento de la participación ciudadana desde todas las instituciones públicas y la transformación de los partidos de máquinas de poder fáctico e ideológico preestablecido en verdaderos canales de participación y representación de la ciudadanía.

El poder legislativo, representante de la voluntad popular y generador de las leyes que rigen el Estado de Derecho, debería ser elegido directa y completamente por la ciudadanía, sin reservar cuotas a la propia máquina de los partidos. Esta reserva que se hacen denota claramente el deseo de introducir a personas, normalmente a los puestos de más poder, con criterios completamente ajenos a la voluntad popular. Los partidos siempre reservan los primeros puestos de sus listas para asegurar intereses particulares o la influencia de los grupos de poder fáctico e ideológico a los que se deben, más allá de las urnas, literalmente por encima de la voluntad de la ciudadanía.

Para ello, se debería votar listas abiertas y desbloqueadas, de manera que la ciudadanía pueda elegir o rechazar a los candidatos individualmente. Y “los primeros” en la jerarquía interna del partido resultarán ser los más votados directamente por la ciudadanía. Según la Constitución, los partidos que nos representan han de ser democráticos. Por tanto, nada justifica que interpongan arbitrariamente a “otros”, si es que han de representar a la ciudadanía. Las circunscripciones deberían ser más pequeñas para que la conexión con los diputados, al elegirlos y durante el ejercicio de su cargo, sea más directa y basada en un mejor conocimiento mutuo de las personas y de los problemas. Tampoco está justificado que la máquina del partido asegure a sus candidatos preferidos (en función de intereses completamente ajenos a la voluntad popular) colocándolos en circunscripciones “más seguras”. Los candidatos deberán concurrir a la circunscripción que les corresponde en función de la que conste de manera justificada como su residencia habitual.

El poder ejecutivo, para ser realmente independiente del legislativo, debería ser elegido también directamente por la ciudadanía en elecciones en períodos alternos a las elecciones legislativas. Lo cual serviría además, por la diferencia de tiempos, de contrapeso de poder: algo muy sano para el ejercicio democrático. Que el legislativo sea quien proponga el ejecutivo es una burla a la independencia de poderes del Estado de Derecho (por más que luego sea el Rey quien efectúa el nombramiento). Y las tendencias a evitar contrastes y contrapesos en el poder, que en España se practican siempre que se puede, en busca de mayorías absolutas fácticas, denotan claramente la intención del ejercicio autoritario del poder sin límites, contra “los otros”. A partir de ello se produce la crisis de la política real, se enfatiza la tendencia a la oposición radical, ideológica, y se resienten en su conjunto las virtudes de la democracia: pluralismo, crítica, tolerancia, representación y participación ciudadana, etc.

El poder judicial también debería ser completa y efectivamente independiente del legislativo y del ejecutivo. Lo contrario es una burla del sistema democrático y del Estado de Derecho. El Consejo General del Poder Judicial debería ser elegido democráticamente por todo el conjunto de los propios jueces. El Tribunal Supremo y el Fiscal General del Estado deberían cubrirse por procedimientos técnicos ordinarios y objetivos de promoción profesional o mediante concurso-oposición. Es una burla que el propio gobierno o el legislativo intervengan directa o indirectamente en el nombramiento de los miembros del tribunal que les ha de juzgar; y también lo es que el ejecutivo elija al fiscal que debe “manejar” la justicia en beneficio de su propia línea del gobierno (como ha sido manifiesto, p. ej., en el manejo de la cuestión de la legalidad de los partidos que se intentaban formar en el entorno de ETA). Con estas intromisiones pierde la Justicia y el Estado democrático de Derecho, pues todo poder se entiende como el mismo y, en consecuencia, el rechazo hacia una determinada fuerza política o ideología se confunde con el rechazo a la justicia. La justicia queda politizada; y la política queda judicializada. No hay política real. En cuanto al Tribunal Constitucional, puesto que trata de la Constitución aprobada en referéndum por la ciudadanía, convendría que ésta pudiera intervenir también en el nombramiento de sus miembros, si no mediante convocatoria general de elecciones, al menos mediante un sistema de Comisión que participe en la resolución de un concurso-oposición, igual que hay tribunales populares en algunos juicios.

El poder de los medios de comunicación —el cuarto poder— también debe ser independiente. Para ello, las televisiones públicas ni deben ser controladas ideológicamente por los gobiernos (e indirectamente por los partidos en el poder), ni tampoco por un Consejo político en representación del legislativo. Antes bien, deberían ser controladas, en todo caso, por un Consejo formado no en función de la pluralidad ideológica (de partidos), sino estamental, como p. ej. los Consejos escolares en los centros educativos. En ese Consejo podría haber representación de la Administración pública, de los profesionales y de la ciudadanía, a partes iguales. Que la ciudadanía intervenga en el control de los medios públicos de comunicación tiene además mucho sentido, pues son los “consumidores” de esos medios, y del mismo modo que se considera la audiencia en un sentido y con unos fines de programación, también habría que prestar audiencia (en otro sentido) a la ciudadanía a la hora de dirigir el funcionamiento de estos medios.

Frente al poder fáctico de los medios de comunicación, ideológica y económicamente sesgado, hoy día es responsabilidad de la Administración pública promover la explotación de los recursos y posibilidades de Internet como nuevo y potentísimo medio de comunicación social naturalmente plural al alcance de cualquiera y, por tanto, libre de todo sesgo de poder fáctico. Debe potenciarse el uso de este medio popular como vía de difusión del conocimiento, de publicación, de transparencia de la Administración y, sobre todo, de participación ciudadana, en los dos sentidos de la comunicación (de la Administración a la ciudadanía y viceversa), construyendo un nuevo concepto de política más democrático-directo y participativo que sería la Política 2.0.

Y, con esto, la Administración debe además promover procedimientos y vías de acción directa ciudadana, como el referéndum, potenciar la institución y acción del Defensor del Pueblo, facilitar la presentación de Iniciativas Legislativas Populares, etc. Además, la estructura y la dinámica de los partidos debería ser abierta a la ciudadanía, mediante encuestas, foros de opinión y participación, etc.

Deben establecerse medios de control para evitar la contaminación de los poderes democráticos del Estado de Derecho con poderes fácticos, que no dependen en absoluto de la voluntad popular expresada en las urnas: especialmente el poder de los medios de comunicación privados y los poderes económicos. Y para ello es fundamental la transparencia absoluta en toda actividad administrativa y de gobierno, con la publicación por defecto de todos los datos y documentos para ser consultados por quien pudiera tener interés en ello. El ejercicio del poder público ha de ser público y abierto: no caben intenciones ni acciones ocultas en la administración de lo que es de todos y para todos.

¿A quién se debe el cese definitivo de la actividad armada de ETA?

Durante la tarde-noche de ayer se vivieron todo tipo de reacciones respecto a esta indudablemente alegre noticia: alegría, euforia, recelos, dudas, hasta incluso frustración pareció percibirse en alguno ( !? ). Pero sólo quiero fijarme ahora en algunas reacciones “partidistas”, como estas:

• Tendrá que aclarar el gobierno ahora quién ha pagado la Conferencia de paz del lunes. —Se intuye cierta envidia, ciertos celos o pesar en la oposición por el posible éxito político del gobierno. Y trata de deslucirlo miserablemente: pero no hay proporción.
• Le cargamos a Zapatero exclusivamente la responsabilidad por la crisis y, sin embargo, —dice irónicamente— ahora el éxito por lo de ETA es “de todos”. —Se intuye el deseo de apropiación exclusiva del éxito por partidarios del gobierno.
• También hay para quien, desde la ultraderecha o más allá, ayer fue un muy mal día, ante la posibilidad de perder un enemigo tan claro que condenar, que justifique el odio a todo lo semejante, y también por el recelo de qué le habrán concedido a cambio, para que haya llegado a ese gesto, pues se supone imposible el éxito, si no es con alguna contraprestación. —Sin embargo, Rajoy mismo ratificó: no ha habido concesiones políticas. Y con ello demostró su plena confianza en Zapatero y Rubalcaba en un asunto que es claramente de Estado, no de partidos.

Me parece evidente y honesto admitir que, habiéndose producido esta resolución bajo el mandato socialista (de José Luis Rodríguez Zapatero y con la colaboración especial de Alfredo Pérez Rubalcaba —mencionar también, al menos, al Lehendakari Patxi López—), no podemos menos que otorgarles nuestro mayor reconocimiento a ellos especialmente por esto.

Independientemente de los pormenores, que ya irán apareciendo, parece cierto y seguro que ETA ha querido mostrar de manera inequívoca «su compromiso claro, firme y definitivo» por «el cese definitivo de su actividad armada». Y de ello dan garantía las personalidades que han avalado con su prestigio internacional la Conferencia y la consiguiente Declaración del lunes 17 de octubre.

Es verdad que sólo han renunciado a la lucha armada, pero no han cesado en sus pretensiones políticas (ni tienen por qué hacerlo). Es verdad que no se han lamentado por las víctimas inocentes y que ni siquiera se han disuelto como “banda armada”: no es un desarme, sino un cese de la actividad armada (digamos una tregua definitiva —ahora de verdad— para resolver el conflicto). Pero también es verdad que eso ya es bastante y que, como garantía para el futuro, demuestran que en adelante la vía será la del diálogo, la de los acuerdos (ellos suponen que “con sus tesis”) y la de la implicación de la ciudadanía en ello, mediante la consulta directa cuando y como sea oportuno. Quizá en adelante la violencia de las armas se va a transferir a los foros políticos, pero será contundencia política: verbal y racional. Ya no habrá más muertes ni agresiones ni amenazas.

Pues bien, creo que esta solución tan hábil y matizada sólo ha sido posible gracias al PSOE y, concretamente, a sus dirigentes referidos personalmente más arriba (también habrá muchos anónimos). En 2004-2007 quedó claro que ni ETA, ni ningún partido nacionalista (ni vasco ni catalán) podrían alcanzar de ningún modo ningún acuerdo con el PP de aquella mayoría absoluta de Aznar 2000-2004. El requisito expreso de éstos en las negociaciones de esa época era claramente mantener al PP al margen. El propio PP, en su intolerancia dogmática o doctrinal, había quedado casi autoexcluido del diálogo.

Ahora bien, el trabajo del PP desde 1996 hasta 2004 también ha sido fundamental para que PSOE haya podido hacer el suyo desde 2001 a 2011: la exclusión política del entorno de ETA y su asfixia económica y la eficiente persecución policial dejó a ETA con unos 100 miembros allá por 2004 y con muy poca capacidad de acción. —Lamentablemente, como han dicho muchas veces los diversos ministros del Interior, para matar a un inocente basta bien poco y siempre es posible.

Aunque en el ambiente #15M se exhibe la idea de que PP y PSOE son lo mismo, y quizá económico-globalmente esto no puede menos que ser así en buena medida, sin embargo, PP y PSOE son diferentes, especialmente en otros aspectos no tan económicos, sino más políticos o sociales.

PP es un partido de principios, convicciones, de “ideas claras” (lema de la campaña de 2008). Y esto, que a algunos les transmite confianza y seguridad, otros, en cambio, pueden verlo como dogmatismo, intolerancia e imposición. PP tiene las ideas “demasiado” claras y, por ello, produce rechazo en el oponente: él cree tener la fórmula magistral, la solución (#solucionesPP), y no necesita “escuchar” a nadie más (tampoco a #15M), ni siente que tenga que dar a nadie explicación alguna. A partir del #20N tendremos que tragar como el aceite de ricino “sus” medicinas ideológicas, y lo peor de todo es que seguramente con ello se creará de verdad el trabajo que PSOE es incapaz de crear (aunque ya veremos a costa de qué…).

PP nunca hubiera podido llevar a ETA al punto en que con PSOE nos encontramos hoy. Y esto hasta tal punto es cierto, que, de no ser porque “se sabe” que a partir del #20N “imperará” PP, quizá ETA no se hubiera urgido tanto en ello (digamos que este gesto de ETA ha sido como una compra impulsiva: «estamos ante una oportunidad histórica», «una verdadera oportunidad para alcanzar la paz»). A 30 días del #20N, el #20O, no sólo con un claro interés electoral, sino también con la conciencia clara de que es mejor negociar esto con PSOE que con PP (pues éste no lo hubiera consentido), ETA se decide urgentemente a dar este paso.

PSOE es un partido más hábil, flexible y abierto a negociar, más convencionalista y relativista: no valora tanto la necesidad de unos principios fijos, inamovibles, como el hecho de llegar a acuerdos efectivos, aunque a veces tengan que ser mediante contraprestaciones o equilibrios de intereses (a veces incluso rayando lo inconfesable).

Ni PP ni PSOE han bastado para resolver este conflicto, sino que los dos, ambos, se han mostrado y se muestran para el futuro como igualmente necesarios, combinando o complementando entre los dos sus diferentes virtudes o capacidades de acción. Este es el éxito de la democracia (la alternancia, la pluralidad) y del Estado de derecho (los partidos cambian pero las leyes o el régimen legal en general permanecen en lo fundamental).

Por tanto, es bueno y es preciso que, para alcanzar la verdadera y definitiva solución del problema, se combinen democráticamente los tiempos de uno y otro partido en el poder. Pues, todo lo que se dice haber conseguido sería automáticamente mentira si, al tomar el PP las riendas de la negociación, a partir del #20N, de repente a éste le explotara en sus propias manos la bomba de un falso cese de la lucha armada, subrepticiamente condicionado a concesiones políticas esperadas a posteriori, bajo el eufemismo de ese diálogo sobre las consecuencias del conflicto: superación de la confrontación armada supuestamente (según ETA) mediante el cese de la imposición del Estado español, la celebración de una consulta popular (referéndum de autodeterminación) y el reconocimiento de Euskal Herria como nación independiente, ya veremos si posteriormente con libre adhesión o no al Estado español. Esto, que hoy es tan macabro de pensar, sin embargo sería una explicación lógica posible de esa diferencia que hay entre el declarado “cese definitivo de la actividad armada” y la esperada disolución unilateral y completa de la banda armada, entregando sus armas, lo cual está claro que no se ha producido aún.

La garantía de que lo realizado por PSOE hasta ahora —y que sólo él podía hacer— está bien hecho sería que ahora PP —la oposición— pueda culminarlo razonablemente sin problemas ni sorpresas, con plena confianza mutua e incluso con la otra parte de la negociación. Esto sólo será así en la medida en que haya sinceridad en todo lo hecho y declarado. Y eso sería una manera de hacer tangible el Pacto de Estado y la unidad de los demócratas en la lucha antiterrorista. Y finalmente nos quedaría claro a todos que la victoria es de todos, incluso, en su proporción adecuada, del entorno de ETA, pues los acuerdos sólo son acuerdos si interesan realmente a todos.

Pues, igual que en matemáticas 2 + 2 = 4, así también, en ética o moral, y probablemente también en política, se puede decir que ‘bueno’ es lo que produce buenas consecuencias y ‘malo’ es lo que produce malas consecuencias. A la inversa, aplicando la regla lógica de la contraposición, se puede concluir que, si la resolución o consecuencia final es mala, es decir, si el cese de la actividad resulta no ser definitivo (como se declara ahora), entonces ello demostrará claramente que la negociación previa era fraudulenta en su ambigüedad e incluía deliberadamente vicios ocultos, condicionantes no declarados abiertamente, en definitiva, intenciones inconfesables…

La mejor manera de asegurar, pues, el final perfecto y feliz para todos de todo esto, dejando claro que los autores responsables somos todos, sería que, aunque, a partir del #20N, PP tenga la responsabilidad de liderar la negociación de “las consecuencias del conflicto” y las etapas conducentes al desarme, sin embargo, PSOE no quede eximido de toda responsabilidad, sino que quede implicado incluso materialmente en la continuidad de la negociación como interlocutor o mediador. En adelante, ambos partidos deberían desarrollar una negociación completamente transparente entre ambos (PSOE y PP), con los demás partidos, y también con la ciudadanía y especialmente con las víctimas. No caben falsas soluciones ni intenciones ocultas. Todo lo que sea inconfesable, es decir, todo aquello que se tema que puede repercutir negativamente en el éxito político de los propios negociadores, se está presumiendo automáticamente por eso mismo, a su vez, también como indecente y, en definitiva, como injusto para alguien.

Política de vivienda para el #20N: #stopdesahucios

Los bancos han sabido siempre que cualquier préstamo por encima de un tercio de los ingresos del prestatario tiene riesgo de impago. Por tanto, conceder un préstamo más allá de esas condiciones es un riesgo que el propio prestamista asume.

Y hay mayor responsabilidad en el banco por asumir ese riesgo, que en los prestatarios. De hecho, estos años pasados han sido los bancos quienes han estimulado a los clientes a elevar el montante de su deuda y a asumir préstamos. Al caer en la trampa, los clientes quedaban empeñados de por vida con el banco (esto es un cliente “fiel”). Los bancos sabían prácticamente con certeza que no todos lograrían pagar, y por eso pedían como avales tener descendencia que se hiciera cargo de la deuda (a 40 años…). Ahora bien, sabían también que ellos —los bancos— no tenían nada que perder, pues siempre podrían recuperar la vivienda. Además, al no admitir el retorno de la vivienda sin más como cancelación de la deuda, demuestran que con las operaciones fallidas hacen negocio, pues exigen el beneficio que supone restituir la vivienda al precio antiguo de compra, cuando en la actualidad su precio ha bajado. Es como sacar ganancias de una operación especulativa en bolsa, pero en acciones-vivienda.

Priorizar el rescate de los bancos por encima del de los prestatarios es una cuestión política y dice mucho del “signo” o la tendencia —la jerarquía de valores— de un gobierno. Pero, en cualquier caso, un banco no debería arriesgar confiando en que va a ser rescatado por el Estado para garantizar sus depósitos. Sin embargo, es lo que ha sucedido.

Cuando los desahucios son masivos se intuye que hay una responsabilidad subyacente más general que la de los prestatarios individuales, debida al sistema, a las condiciones, a la situación económica, etc. Es la responsabilidad de la propia banca, que ha actuado “sistemáticamente” de un modo determinado con toda una masa de clientes, empujándoles hacia el riesgo, pero sin asumirlo ella misma. Y es también la responsabilidad de la Administración pública, que ha permitido un modelo de desarrollo basado en la especulación, en la creación de un oligopolio (todos contra el cliente), con elevación artificial de los precios, creando un mercado “fantástico” para ellos (e indirectamente, pero sólo en apariencia, también para los clientes), pero conscientemente muy arriesgado: fuimos advertidos por ello desde Europa. También había plena consciencia en el mundo financiero y de la Administración pública del creciente y peligroso endeudamiento de las familias españolas, que fácilmente podía llevar a una situación crítica, como de hecho ha sido.

Las responsabilidades van por grados: son mayores cuanto más arriba se producen en la jerarquía social y además, en consecuencia, cuanto más generales son (afectan a más personas e incluso claramente al interés general). Que una familia caiga en crisis y tenga que perder su vivienda es una responsabilidad personal; pero, que 1.500.000 familias estén en las mismas condiciones, a la vez que hay 5.000.000 de parados, de una situación tan general, sólo puede deberse a una responsabilidad de quien es responsable del interés general, que es la Administración pública.

Ya sabemos que el derecho a la vivienda expresado en la Constitución, igual que el derecho al trabajo, no puede interpretarse como un derecho al subsidio por tales conceptos. Pero el artículo 47 de la Carta Magna es claro al matizar esta cuestión:

«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.»

Los poderes públicos, sin embargo, han hecho manifiestamente justo lo contrario, promoviendo las condiciones y reglas que han permitido la situación actual de desahucios masivos con la consiguiente crisis social. Y la regulación del suelo parece haber sido hecha efectivamente para fomentar la especulación (combinada con las maniobras de recalificación) y no precisamente en beneficio del interés general.

Por tanto, los jueces que hayan de determinar individualmente cada caso de desahucio deberían dirimir antes claramente si no hay en él responsabilidad de “otros” y aplicar las atenuantes adecuadas siempre que sea posible, hasta evitar el desahucio: si bien el gobierno, conocedor y controlador en cierto modo de la macroeconomía, podía prever o incluso provocar indirectamente, por negligencia, una crisis económica del calibre de la actual, lo que es seguro, en cambio, es que los clientes particulares no eran en absoluto capaces de ello, ni por conocimiento, ni por capacidad de acción sobre el sistema. Y, por tanto, no son del todo responsables de su situación crítica. Nadie se ha negado a pagar por voluntad propia, ni siquiera por negligencia (los jueces decidirán en cada caso).

Los desahucios que se están produciendo no son mayoritariamente desahucios por fracasos en intentos de compra de segunda vivienda como inversión (negocio, donde podría caber negligencia o error propios del comprador), sino por crisis social y económica durante la compra de primera vivienda por las familias de rentas más bajas. Digamos que en esta riada que es la crisis, el agua ha subido y va subiendo progresivamente hasta capas más altas, pero claramente empieza por abajo, que no son los que compran vivienda como inversión. Familias, por tanto, que van, sencillamente a la calle y que además, por falta de la admisión de la dación en pago (lo cual, como hemos visto, es muy ventajoso para los especuladores), quedarán empeñadas de por vida, además sin condiciones económicas y de trabajo para recuperarse: una sangría social.

Cuando los desahucios y el paro son masivos, el rescate de los prestatarios puede ser socialmente —vitalmente— prioritario respecto del rescate de la banca, que ha producido, con mayor conocimiento y responsabilidad, un fraude ostensible a la sociedad y el Estado y que incluso aún están cobrando de éste.

En conclusión, el Estado debe afrontar el problema de la crisis de la vivienda, de la burbuja inmobiliaria que él mismo ha dejado crecer y de la cual se ha beneficiado torpemente, antes o tanto como del problema de la economía nacional. El nuevo gobierno debería al menos conceder por Decreto una moratoria de los desahucios durante un tiempo equivalente al que dure la crisis. Porque este problema es, seguro, tan grande o mayor que el ocurrido por la desgracia del terremoto de Lorca, que tuvo en su momento su correspondiente Decreto.

No se pueden hacer desahucios masivos en un momento tan anormal, de crisis, en la que los particulares no tienen responsabilidad: es casi como una catástrofe natural, pero con la diferencia de que aquí sí que hay responsables, que no son los compradores, sino los vendedores, los financiadores y los reguladores (el gobierno).

Ningún particular podía prever o valorar el cambio de la situación económica nacional y mundial, pero el mundo financiero y las autoridades públicas sí, lo sabían, o al menos era su obligación prevenirlo evitando riesgos inasumibles. —Yo no sé si “ellos” lo sabrían, pero ‘yo’, que no soy especialista, sabía que esto no podía acabar menos que así, incluida la manifestación reactiva de la ciudadanía en la calle el #15M. Y no es cosa de adivinos, pues, igual que se nos advirtió del riesgo de la economía del ladrillo y del endeudamiento de las familias españolas, Sarkozy mismo ya advirtió en 2008, durante la reunión del grupo de los 20, que había que tomar medidas eficientes de solución de la crisis para evitar el más que previsible levantamiento de la población. Estaba en el ambiente —al menos al alcance de los que piensan y reflexionan sobre la situación política económica y social— el calibre o la magnitud de esta estafa o negligencia “del sistema”.


Cfr. Informe de la Defensora del Pueblo: "Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo"

Democracia real

Reivindicamos #democraciareal como una exigencia contra los políticos porque, sea de hecho o de derecho (por las deficiencias de la Ley Electoral), parece que #nonosrepresentan.

Pero la exigencia de #democraciareal es también una exigencia contra los ciudadanos por haber hecho dejación de sus propias responsabilidades como tales ciudadanos.

La democracia real —cuando nació— e ideal —como modelo hoy para nosotros— es aquella en la que, como pasa en la lengua helena, no se distingue entre el ‘político’ y el ‘ciudadano’. Y esto, en los siguientes dos sentidos:

1. Por un lado, los ‘políticos’ no son más que ciudadanos, no una clase privilegiada, nobles, señores feudales. Todos somos iguales ante la ley —en ello consiste básicamente el Estado moderno de derecho democrático— y la inmunidad de los políticos no es impunidad. 
2. Pero, por otro lado, los ‘ciudadanos’ —todos— también son políticos y han de ejercer como tales: todos tienen el derecho y, a la vez, la obligación y la responsabilidad, de ‘meterse en política’, o mejor dicho de estar en política, de hacer política, de interesarse por lo público. Delegar en los representantes, en los partidos, no es quedar eximido de responsabilidad política. Así, podemos decir que, si hay corrupción política y si los partidos #nonosrepresentan, o representan a ciertos intereses particulares —sean suyos propios o ajenos— es porque nosotros, los ciudadanos, hasta ahora, se lo hemos permitido.

Hemos aprendido que desentendernos de lo público, de lo que es de todos, y también nuestro, no funciona. Lo hemos aprendido en un momento crítico: en crisis, cuando todo ha tocado fondo y todos los resortes del sistema se han puesto tensos a más no poder. Mientras todo iba bien, bien que nos hemos desentendido de todo… y que se ocupen otros, que para eso cobran (o se les paga); y, si no nos gusta, cambiamos el voto. Una actitud muy displicente, o simplemente ignorante, esa del zapping político, sentados en el sofá de nuestra casa, con el telemando de las elecciones, y una actitud que denota una muy mala educación (cívica). Pues bien, nosotros lo hemos aprendido, en nuestras carnes, como víctimas de la crisis (también el partido del gobierno lo ha sufrido y lo va a sufrir en sus carnes) y ahora los políticos también han de aprenderlo: se lo hemos de explicar nosotros —y, en parte, eso es el #15M.

Hemos de explicarles en qué consiste el mandato que les damos el #20N y en qué no. Pero, en adelante, nosotros ya no podemos más dormir, mientras ellos gestionan nuestro poder (nuestra soberanía). Hemos de velar por el uso y la administración de ese poder: pedir cuentas, hacer propuestas y demandas continuas y sobre la marcha, etc. #15Mforever.

Hemos de hacer, pues, nosotros también política durante los cuatro años de la legislatura: al lado de los políticos, pero también enfrente o detrás de ellos (dándoles soporte o persiguiéndolos y vigilándolos… lo que haga falta). Se nos tiene que hacer duro a todos el trabajo de sacar adelante esta crisis: pero no sólo ‘pagando’ o trabajando más por el mismo o menos sueldo, sino también reclamando lo que se debe y rechazando lo que no se debe hacer.

Debemos influir en la generación de los programas electorales, no sólo saliendo a la calle, sino también yendo a las sedes de los partidos y a las instituciones públicas, siguiendo los procedimientos reglamentarios y los que la imaginación nos dé a entender: abriendo nuevos caminos. Luego, debemos perseguir el cumplimiento de esos programas, hacer las rectificaciones que sean necesarias, desde la base de la ciudadanía, no esperando a las ocurrencias más o menos interesadas y acertadas que los propios políticos puedan tener.

Nuestros delegados políticos serán entonces los defensores de nuestras propuestas, no los que aprovechan una posición dominante para hacer negocios particulares, propios o ajenos.

Quien quiera o necesite algo —por ejemplo los grupos de poder, el capital, los poderes fácticos, etc.— tendrá que plantearlo abiertamente, políticamente, por el conducto reglamentario, a través de la ciudadanía y sus representantes o defensores, pero no buscando el atajo del negocio particular con el político que ostenta un poder (que no es suyo). Pues éste no es nadie sin el soporte del ciudadano y su mandato está limitado y condicionado a lo que según los procedimientos públicos se ha establecido.

El arte de la política, por tanto, no es un oficio, cosa de expertos, ni un negocio a beneficio propio: no saben ‘los políticos’ más de política que los pájaros de ornitología… Políticos somos todos. Ser ciudadano es saber vivir en ciudad (polis), en sociedad: ser político. Es necesario que todos hagamos política de algún modo, cada uno de un modo diferente, adecuado… a sus circunstancias, capacidades, posibilidades, pero a todos incumbe lo público y todos tenemos directa o indirectamente responsabilidad en ello. La política, lo público, es, pues, cosa de todos.

¿Qué es Política Real?

1. Por un lado, Política Real es, a veces, lamentablemente, poner en evidencia la política que realmente nos encontramos, cuando no es la que deseamos ni la que debería ser, llegando a deslucir esa palabra, de la que se ha llegado a decir que representa la actividad más noble y suprema que las personas podemos llegar a desarrollar: ocuparnos de lo público, de lo que es de todos, servir a la colectividad. Esta visión de la política que se pone entonces en evidencia es el realismo político, según el cual, por ejemplo, un político no tiene por qué decir la verdad, si ello le hace perder poder. Y, para que veáis que esto no es una simple ocurrencia personal inmadura o carente de espíritu crítico, os presento esta cita de Maquiavelo:

«Todo el mundo sabe que lo que está bien visto es que un gobernante mantenga la palabra dada y viva con integridad y no con astucia. Sin embargo, en nuestros días vemos por experiencia que los gobernantes que han hecho grandes cosas han tenido poco en cuenta la palabra que han dado y han sabido burlar con astucia el ingenio de los demás. Y al final han sido superiores a los que se han limitado a la veracidad…

Por tanto, un político prudente ni puede ni debe mantener la palabra dada cuando eso se vuelva en su contra y ya no estén presentes los motivos que le llevaron a hacer la promesa… Jamás le faltaron a un gobernante razones legítimas para disfrazar sus incumplimientos… y el que mejor ha sabido hacer de zorra es siempre el que ha salido mejor parado. Pero sí que es necesario saber disfrazar bien esta naturaleza y ser un gran simulador, un gran disimulador; y los hombres son tan simples y obedecen tanto a las necesidades del momento que quien engaña, siempre encontrará quien se deje engañar…

Por tanto, un gobernante  no necesita poseer de hecho las cualidades que se supone que debe tener, pero sí que es muy necesario que parezca que las tiene. Más aún me atrevería a decir que es perjudicial que las tenga y que cumpla siempre con ellas, pero es útil que aparente tenerlas… Un gobernante recién elegido no puede limitarse a cumplir con todo aquello por lo que son consideradas buenas las personas, pues, para conservar el Estado, con frecuencia hace falta obrar contra la lealtad, contra la caridad, contra la humanidad y contra las creencias… Por eso necesita tener un ánimo dispuesto a moverse según se lo exijan los vientos de la fortuna y las variaciones de las cosas y, como he dicho antes, no debe alejarse mucho del bien, si puede, pero debe saber entrar en el mal, siempre que sea preciso».

Y esto no es literatura, sino política real. Pues, de hecho Maquiavelo, en su obra sobre El Príncipe, continuamente hace una revisión histórica de ejemplos de todas esas cosas que va diciendo. A cada uno le basta pensar y buscar sus propios ejemplos.

2. Pero, por otro lado, Política Real es también, idealmente, la política que debería hacerse, lo que la política verdaderamente debería ser: no lo que en la práctica hacen de ella los políticos del momento. Así, por ejemplo, podríamos decir supuestamente que nuestros políticos no hacen Política Real (verdadera ‘Política’), sino negocios particulares (de partido) con grupos de poder extrapolítico. Y así, también, igual que reclamamos Democracia Real, porque la que tenemos la llaman ‘democracia’ pero no lo es, también podríamos reclamar que se haga Política Real, no eso a lo que hasta el momento, parece que nos tienen acostumbrados ‘los políticos’. Y, desde este punto de vista, por ejemplo, y en contra de la visión realista del punto anterior, podemos decir, no sólo que un auténtico político debe decir la verdad y cumplir sus promesas, sino que incluso se puede decir que ninguna determinación política es realmente justa, si se nos oculta o se disfraza la ‘verdadera’ intención (inconfesable) por la que se ha adoptado tal determinación, por miedo a perder poder, si tal intención llegara a ser conocida, es decir, a sabiendas de que tal determinación es contraria a la voluntad soberana del pueblo (este criterio lo ofrece Kant, en su obra La paz perpetua). —Un ejemplo de la vida real: ¿alguien ha llegado a conocer cuál era el verdadero proyecto político de nuestro último Presidente de Gobierno durante los años de su mandato? Si eso se supiera con claridad y desde el principio, en la correspondiente campaña electoral por la que obtuvo el poder, quizá todas sus acciones llevadas a cabo después podrían haber sido comprendidas mejor, para bien o para mal, con una mayor coherencia, e incluso podrían haber sido evaluadas con una mayor comprensión y un mayor reconocimiento, a pesar de las dificultades y los fracasos.

3. Y, por último, Política Real, es una manera de hacer Política, no a base de manuales, conceptos y teorías, sino en la práctica, en la realidad de la política actual que nos toca vivir en el día a día (por cierto, una realidad, para bien o para mal, de hecho, especialmente emocionante). La Política Real se hace participando realmente en la política: conociendo y afrontando los problemas reales de hoy (la verdadera política es siempre práctica y real). Y entre las formas actuales de participación en la política, que facilitan mucho la implicación del ciudadano exigida por la democracia, están las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. La Política 2.0 es ya hoy en España una realidad, aunque de momento sólo inicial. Para la participación ciudadana ya no basta votar y delegar en partidos, ni es preciso implicarse en asociaciones o partidos. Hoy, lo experimentamos cada día, cualquier ciudadano tiene acceso —con un poco de suerte— a dialogar @conRubalcaba o con @GLlamazares, y puede implicarse en un movimiento político virtual plural y concienzudamente democrático como es el #15M, haciendo una Política Real, que luego queda reflejada, directa o indirectamente, en los programas de los partidos políticos para las próximas elecciones generales del #20N, en propuestas de leyes y medidas reales cursadas o tramitadas, en denuncias de injusticias que han llevado de hecho a rectificaciones reales, y que luego afectan a personas reales, etc.