El enfermo imaginario: ¿acaso son LOS funcionarios unos vagos defraudadores?

La Presidenta Popular de la Comunidad de Madrid, Dña. Esperanza Aguirre, ha convertido en ley su presunción de que todos los funcionarios a los que se prescribe baja médica por entre 4 y 15 días, y no es por enfermedad profesional o accidente, son unos defraudadores. Con ello, a su vez, convierte a los médicos que prescriben dichas bajas en los principales agentes de ese fraude, concretamente en prevaricadores, pues en esta acción no son sólo cómplices, sino propiamente los ejecutores responsables legales, ya que los funcionarios no tienen la habilitación necesaria para autoconcederse las bajas, ni tampoco para obligar a los médicos a que se las concedan. Si todos los funcionarios en general van a resultar sancionados a priori por ello, esté o no justificada la baja, entonces los médicos que las prescriben también deberían ser sancionados, salvo que admitamos que son absolutamente incompetentes en el tema y, entonces, las bajas deberían ser autoconcedidas por el propio funcionario.

De ser cierto que en dichas bajas hay fraude, lo justo, acorde a ley y a derechos, antes que retirar por regla general la prestación a todos, sería abrir expediente del caso concreto y, si se descubre que hay negligencia y culpabilidad en ello, entonces dictaminar la sanción oportuna, de acuerdo con los reglamentos o códigos correspondientes, y, en ese caso, tanto al enfermo imaginario como al médico que le ha prescrito la baja médica de manera fraudulenta. Presuponer que todos son culpables a priori y dictaminar lo que en realidad es una sanción dentro de una ley de presupuestos, de manera preventiva, es un abuso legal, que crea indefensión en los funcionarios honrados víctimas de enfermedades reales, y supone, por su arbitrariedad y generalidad una simple y descarada retirada de prestaciones y derechos consolidados, como es el derecho a salario en caso de enfermedad. Hacer eso y hacer lo mismo en caso de embarazo o maternidad es sólo cuestión de cifras, de necesidades presupuestarias, pero no de conductas morales, ni de argumentos legales justos.

Parece que para Dña. Esperanza Aguirre, todos los empleados públicos son unos vagos: ahora los funcionarios, antes los profesores... Pero, si es legítimo, hasta el punto de convertirlo en ley, que LOS funcionarios son unos vagos, absentistas y defraudadores, no es menos legítimo o acertado decir que LOS del PP son unos corruptos y, con ellos, todos LOS políticos en general: pues es MUCHÍSIMO más el dinero que cada año se pierde en ello, de los presupuestos del Estado y de las Comunidades, que lo que se pierde en los supuestos fraudes de LOS funcionarios absentistas. Y creo que nadie con la mínima objetividad y honestidad podría negar que esto es rigurosamente cierto. Por tanto, antes que retirar derechos a los funcionarios honrados, habría que poner control y límites a la corrupción política; y no creo que sea tan difícil, si es que de verdad se quiere hacer y de verdad se quiere solucionar la economía del país.

Pero, además de recaer la responsabilidad legal principalmente en los médicos, más que en los enfermos imaginarios, existe un Servicio de Inspección Médica que, al parecer, no sirve para nada y, por tanto, debería ser eliminado por completo de la Administración, para ahorrar costes. Si la Inspección Médica siguiera, como es debido, los problemas de salud de los funcionarios, esto no pasaría. Y la Inspección Médica no es una tarea que baste ejercerla por teléfono, como de hecho se hace cuando se hace. Si la Inspección Médica visita a los enfermos o, al revés, éstos visitan la Inspección Médica, igual que al médico de cabecera, entonces habrá un control administrativo eficiente de las bajas médicas. Pero, para eso, tienen que trabajar los que tienen que trabajar y que para ello están, que no son sólo los funcionarios enfermos imaginarios, sino también la Inspección Médica, la Inspección ordinaria, los Servicios de personal, etc.

Pasa aquí como con el fraude fiscal, que, por no querer hacer el control efectivo que debería hacerse y que está previsto en la propia estructura de la Administración, al final acaban pagándolo todos solidariamente: nunca pagan más los que más deben pagar, ni menos los que menos deben (y a río revuelto, ganancia de pescadores). Ese concepto de justicia que iguala interesadamente a todos en lo malo, en las penalidades, es justamente la mayor injusticia, pues no hay mayor injusticia que tratar a los que son diferentes como iguales. Si el fraude fiscal, principalmente por los que más tienen, estuviera controlado, los que menos tienen no tendrían que pagar más.

Crítica de la crítica hasta la sinrazón pura

La crítica pierde su autoridad, su rigor, su valor, eficacia, e incluso podemos decir ciertamente que hasta su verdad, cuando es universal y negativa a la vez, porque demuestra falta de discernimiento. No es espíritu crítico verlo todo siempre mal —peor imposible—, sino que es simplemente ser cenizo y quizá hasta paranoico. La crítica es una facultad de la razón que, por ello, no puede ejercerse hasta la sinrazón, es decir, hasta perder la razón.

Intelectualmente no consigo convencerme 1) de que todo ha de ser —es— pésimo en la nueva legislatura emprendida por el PP, el cual, sin embargo, ha ganado las elecciones, de manera más o menos legítima, pero, en cualquier caso, con mayoría absoluta; y 2) de que, por el contrario, todo es óptimo en la izquierda en general (PSOE incluido). No alcanzo a comprender cómo nuestro país y la derecha en particular han logrado ser tan eficaces en dar con el peor Presidente posible (en realidad ninguno sería válido, a priori) y los ministros paradójica y casualmente más inadecuados posibles: los peores que puede haber cada uno en su género. Todos son corruptos, perversos, si no incompetentes, y manifiestamente inadecuados especialmente en la correspondiente competencia que se les ha asignado. Sobre todos hay sospechas, lacras… y están desautorizados a priori. Además, toda acción posible del nuevo equipo está ya descartada a priori como inadecuada, simplemente porque no se acopla al prejuicio ideológico contrario de los que no están ejerciendo el gobierno.

Me recuerda esto a cuando los comentaristas de fútbol parecen saber más que el entrenador del equipo que está jugando: ¡cuántos periodistas lo harían mejor que el entrenador y, sin embargo, ahí están: limitados a su tarea de simplemente “comentar” lo que otros “hacen”! O también a la sagrada rivalidad que existe entre equipos como el Barça (republicano, independentista o federalista y de izquierdas ¿?) y el Real Madrid (centralista, nacionalista español, monárquico, y por tantos ‘por tantos’, de derechas ¿?). No entiendo bien por qué, si negamos la injerencia de la religión en la política, sin embargo, luego hacemos política como si de religión se tratara: de manera crudamente dogmática.

Conste que esta crítica que hago a la crítica hasta la sinrazón, se puede y se debe aplicar también a cuando gobernaba el PSOE, e incluso al juicio o a los prejuicios que se puedan tener hacia otros partidos, independientemente de que tengan o no la opción real de gobernar: IU, partidos republicanos, partidos nacionalistas, e incluso Amaiur (hoy por hoy, un partido “legal”, mientras no se demuestre lo contrario). Zapatero ha podido tener errores importantes —o simplemente diferencias ideológicas…—, pero no se puede negar que también tuviera algún acierto y, principalmente, una altura moral notable. Lo mismo se puede decir de Rubalcaba: quizá el PSOE actual no tiene mucha aceptación en la izquierda de hoy día, y eso explica sus resultados electorales, pero no se pueden negar importantes capacidades, valores y virtudes en el que ha sido su defensor hasta la extenuación como candidato y ante el discurso de investidura del actual Presidente del Gobierno. Rosa Díez, a juzgar por las críticas de ¿los más entendidos?, debe ser la única persona en el mundo incapacitada de manera innata (a priori) para liderar un partido político... Y, por otro lado, no tenemos por qué conceder nada político a ETA, pero ello no implica que la reclamación de la independencia de Euskadi por Amaiur sea políticamente deplorable y absolutamente inadmisible, hasta el punto de prejuzgar a sus defensores como seres de una cualidad moral intrínsecamente inferior. —La política dialéctica, de la pura disputa, de la pura escenificación del conflicto ideológico o, en definitiva, de intereses partidistas o de clase, no es útil a la nación, al Estado: no nos interesa a la ciudadanía. El Congreso de los Diputados es la cámara de la representación de la voluntad popular, no es para las disputas entre partidos.

Parece existir en la política española —y no sólo ahora— la idea de que el PP “no puede” gobernar: algo así como una nostalgia de Frente Popular continuo, que, sin embrago, luego, en la práctica nunca llega a ser capaz de cuajar, de materializarse, como p. ej. en Extremadura. Ese “ambiente” cristalizó de una manera muy especial, palpable, tras el 11M, en la primera legislatura de Zapatero, con lo que se llamó el Pacto del Tinell, que, además, no era un pacto que afectaba sólo a Cataluña, sino que se extendía al Estado español tomado en su totalidad, pero también, en la práctica, y de manera declarada (ante los medios) p. ej. en Euskadi (en toda la política y la negociación con ETA de aquella época).

Sin embargo, es un hecho abrumador (y se percibe así en el propio documento de “Mucho PSOE por hacer”) que el PP obtiene la confianza de la ciudadanía en todos los niveles de la Administración y en toda la extensión del Estado español, y además, con frecuencia, con mayorías absolutas (falta Andalucía… y se verá).

Pues bien, creo 1) que el PP tiene, al menos, el mismo derecho que el PSOE a gobernar; 2) que probablemente sólo PP y PSOE van a ser quienes siempre gobiernen, uno u otro, por más que se corrijan los abusos o deficiencias de la actual Ley Electoral (al menos a nivel estatal); y sobre todo 3) que se echa la culpa al PP y a sus votantes de su propia victoria, cuando, en realidad, muchas veces ésta llega o se mantiene simplemente por la manifiesta, crasa y profunda incompetencia política de la izquierda en general como alternativa al PP.

Ni IU ni PSOE demuestran tener la competencia política que es “de hecho” necesaria para ganar ellos el triunfo en la política actual. Y, por favor, no insulten a la ciudadanía culpándola de ello, como si fuera tonta, estúpida, ignorante, masoquista… No le cuelguen a ella el San Benito de lo que no puede deberse más que a las propias incompetencias prácticas o pragmáticas de la izquierda. En general, la gente no es tonta, pero, por otro lado, tampoco es excesivamente exigente: sólo quiere que las cosas funcionen con normalidad (algo tan sencillo como que haya trabajo, paz, bienestar, progreso…: pero ni siquiera un hiperdesarrollismo ni “pelotazos” de éxito… como a veces parecen empeñarse en conseguir y ofrecernos los políticos).

Cuando un partido como el PSOE, por dos veces, sean cuales fueran las circunstancias, deja al país económica y laboralmente exhausto, a los ciudadanos ya no les parece que sea sólo cosa del ciclo de la vida o una fatalidad del destino, sino que quizá haya algo más radical o profundo que lo haga incapaz de resolver las cuestiones económicas y laborales, que, por otro lado, son la base del estado del bienestar y de la justicia. Igual éstos, el bienestar y la justicia, son insostenibles sin una base económica y laboral adecuada… —como dice Rajoy—, y con la que el PSOE aún no ha dado. Gobernar no es sólo pedagogía, convencer, “decir” y hacer creer las cosas, sino seguramente, ante todo, obtener “resultados”.

Y esto, no porque vivamos en un mundo productivista, consumista, sino porque la gente no es tonta y, al final, la competencia o la incompetencia acaban saliendo a la luz. Todo lo que la política (los políticos) esconde(n) en las medidas que adoptan, acaba saliendo más tarde o más pronto por algún lado. —Sirva de ejemplo si había o no crisis, si ésta era importante o no, y si ya estaba resuelta y estábamos ya saliendo de ella… cuando en realidad aún no hemos tocado fondo.

Con frecuencia, la culpa del fracaso de la izquierda no es ni la habilidad especial de la derecha, ni la estupidez de la ciudadanía, ni las meras circunstancias: sinceramente creo que la izquierda debe buscar dentro de sí misma la causa constitutiva de sus propios fracasos.

Para que sea principalmente el Estado el que se encargue de lo que es de todos (socialismo), hace falta una integridad y una eficiencia o competencia de la que quizá se ha carecido (así parece que sucedió p. ej. en la URSS). Y entonces este fracaso lleva a la mayoría a considerar conveniente, preferible, la minimización del Estado y el respeto preferencial a la iniciativa privada (neo-liberalismo). El ejemplo de Finlandia, al que se suele recurrir, es clamoroso: se nos llena la boca hablando del estado socialdemócrata y del bienestar a la hora de dar “números”: porcentaje de impuestos, de servicios públicos, etc. Pero nos olvidamos de lo más importante que hay detrás o debajo de todo eso: un régimen de Administración pública cuya transparencia, integridad y eficiencia “nosotros” desconocemos.

No quiero decir que la izquierda sea inmoral y la derecha moral en el ejercicio de la Administración pública, sino que, cuando, en general, el ejercicio de la Administración pública y la clase política no es del todo transparente, íntegra y eficiente, entonces parece mejor minimizar el ámbito de lo ‘público’, y, por tanto, de la acción del Estado. —Tras la caída del PSOE en 1996 por el ambiente de corrupción generalizada que había, poca gente quedó con ganas de pagar impuestos al Estado. En consecuencia, la fórmula liberal de rebaja de impuestos ofrecida por el PP parecía la lógica y la deseable.

Precisamente, más bien, el punto fuerte de la izquierda es o debería ser, al menos según se predica, la moralización de la vida pública: su defensa de los valores de justicia, igualdad, solidaridad… Pero la izquierda tiene que encontrar fórmulas más creativas, actuales, versátiles y flexibles, menos doctrinales, para conseguir que esos ideales puedan materializarse en la sociedad real, de una manera pragmática, efectiva.

En cualquier caso, se adopte la postura que se adopte, creo que para una política sostenible y de futuro, duradera, hace falta romper los moldes doctrinales de la izquierda y la derecha, del socialismo y del liberalismo. Y creo que la fórmula del “Estado Social y Democrático de Derecho” con la que se caracteriza a nuestro país en el artículo 1 de la Constitución es la fórmula perfectamente sintética de ambas tendencias: 1) un régimen originalmente liberal de “Estado de Derecho”, 2) con la posterior corrección o el perfeccionamiento “Social”, y 3) con el factor común de ambos, que es la “democracia”. Pero ésta, no entendida de manera físicomatemática, utilitarista, como un régimen de mayorías o fuerzas (que son las expresiones que más suelen usarse), sino de una manera ética o humana, como un régimen de autogobierno de las personas libres basado en el entendimiento mutuo, y en busca, ante todo, del ideal de justicia, que es el interés general, esto es, de todos, y no sólo de “la mayoría”.

Sobre el abuso de cobrar 1€ por receta para evitar el abuso

Ante el ambiente propicio, la sintonía ajustadora de PP en Madrid y CiU en Barcelona, el Govern Català da finalmente el paso del copago, mejor dicho, del repago de los medicamentos: 1€ por receta “para evitar el abuso” y, en principio, con carácter universal.

Pero, ¿quién “abusa” de la prescripción de medicamentos?

¿Son los pacientes los que abusan de la prescripción de los medicamentos? ¿Acaso los médicos prescriben lo que el paciente quiere? ¿Podría considerarse esto prevaricación, malversación, aparte de mala práctica profesional? ¿Debe permitir el médico que el paciente se HETEROmedique? —Digo ‘hetero’ porque, al acudir al facultativo, está claro que no se AUTOmedica. Los profesionales de la medicina siempre lo dicen: los pacientes no deben ‘auto’medicarse nunca. Pero en este caso no lo hacen, es el médico el que los ¿auto?medica. Bueno: heteromedica. ¡Vaya lío! ¿¡Pero quién medica a quién en estos casos!?

¿Es el médico el que abusa de la prescripción facultativa? ¿Lo hace por las comisiones que se lleva de la prescripción de determinadas firmas? ¿Es legal este cobro de comisiones? ¿No sería una forma de corrupción, como la que se produce en política? ¿Puede un médico prescribir indebidamente un medicamento para obtener unas ganancias o simplemente para “quitarse de encima” a un paciente impaciente, pelmazo, que… total,  de todos modos se va a morir ya pronto?

O, por otro lado, ¿¡puedo negarme a pagar el euro!? ¿¡puedo negarme a seguir el tratamiento para no pagar el euro, aunque sólo sea como objeción de conciencia o porque el euro es disuasorio para abusadores y YO NO SOY UN ABUSADOR!? ¿Se paga también un euro por los medicamentos que valen menos de un euro? ¿Qué pasa si me niego a comprar/pagar un tratamiento antialérgico o una medicina “vital” para la tensión o la circulación sanguínea o para el corazón, o un antibiótico, en caso de neumonía, o contra la hiperactividad o la epilepsia o la esquizofrenia o la ansiedad? ¿Qué pasa si me niego a comprar/pagar de ese modo NINGUNA medicina? ¿Puedo hacerlo? —Haría falta una nueva ley de la muerte digna (eutanasia) que contemplara también este caso: muertos por objeción de conciencia fiscal.

Si la salud no está pagada ya con lo que hemos pagado ya para la salud, es sencillamente porque alguien se lo está quedando por el camino: a ese que sí que ABUSA es a quien hay que reclamarle el EURO. —Por cierto, CiU y PSC saben de aquello del… “3%”… que es más de un euro, no está presupuestado y es una malversación de fondos públicos (el déficit medio del Estado es tan sólo del doble: el 6%).

En un mercado libre, el banco “malo” debería ser privado

En el mercado común europeo, concebido al parecer como un mercado libre, para los negocios, pero no fundamentalmente para la asistencia social, el BCE no quiere ayudar a la banca pública, sino sólo a la privada. —Va contra la propia concepción de la Unión Europea reflejada en el Tratado de su constitución.

Con ello, probablemente, Europa no quiere hacerse cargo de las negligencias de los Estados soberanos en sus incumplimientos de los compromisos de déficit fijados en el Tratado (un máximo del 3% para entrar…, y se ha de suponer que también para permanecer…). Y es razonable pensar que, si un Estado no cumple para nada sus presupuestos y se endeuda por un claro descontrol del gasto público, evidentemente no está cumpliendo esos compromisos y resulta insolidario con el resto de la Unión Europea, quedando como una carga para ella. Así se ha visto, por ejemplo, en el caso de Grecia, cuyo lastre puede llegar a quebrar toda la economía del euro e incluso la global, dada la condición fundamental de esta moneda en el mundo.

Los Estados, que son soberanos, deben poder planificar sus economías y llevarlas a cabo con medidas políticas. Y la Unión Europea entiende que el cumplimiento de esas políticas es fundamentalmente una cuestión de voluntad.

Ahora bien, parece que nuestra deuda no se ha debido fundamentalmente a excesos y descontroles en el gasto público, sino a que nuestro Estado ha hecho las funciones que se suponía que debía haber llevado a cabo el BCE: amparar la solvencia de la banca privada (entre otras cosas, para evitar que los depósitos de los ciudadanos quedaran al descubierto).

Si el BCE niega el crédito a la banca pública y sólo puede prestar a la privada, entonces, en buena lógica, debe ser el BCE el que se haga cargo del rescate de la banca privada y no los Estados los que se endeuden en ello sin poder luego recibir la asistencia europea. Si la banca privada recurre al BCE en busca de crédito (barato: 1%), el Estado ya no necesita asistirla y queda liberado del compromiso de rescatarla.

En medio de la confusión generada por la crisis económica actual, se ha creado —quizá deliberadamente— la impresión de que el bienestar social no es sostenible por el sector público. Pero, en realidad, lo que no es sostenible es que el Estado se haga cargo de la solvencia de los bancos privados, sobre todo cuando éstos han llegado a una quiebra debida a la falta de intervención del Estado en el mercado libre de la vivienda. La Seguridad Social sí es sostenible: aún hoy tiene superávit. Lo que ha llevado a nuestro Estado al déficit y a menoscabar parte del superávit de la Seguridad Social ha sido el rescate a la banca privada: eso es lo que un Estado no puede hacer.

En este empeño de nuestro Gobierno por intervenir en el mercado libre —pero a posteriori, sólo para deshacer los entuertos de la banca y haciéndose cargo él de las pérdidas—, se está barajando la posibilidad de crear un banco “malo” público donde recoger los activos tóxicos de la banca, para sanearlos con una recaudación impositiva extra a costa de la ciudadanía. Es justo lo contrario de lo que normalmente es un banco: un sitio donde no hay dinero, sino deudas, y donde nosotros no ingresamos dinero para rentabilizarlo y disponer de él, sino a fondo perdido, como si quisiéramos hacernos cargo solidariamente de las pérdidas del fracaso especulativo o del fraude de la burbuja inmobiliaria. —Eso sí, con tal de que así salgamos ya de una vez por todas de la crisis económica: ¿!?

Ahora bien, con el gesto del BCE de abaratar los créditos a la banca privada y negarlos radicalmente a la pública, queda claro que la solución de la crisis financiera y crediticia no está en el Estado, sino en el propio mercado libre, pues, al menos en el caso de España, no es el Estado quien necesita un rescate, sino la banca:

1. Son los bancos con dificultades los que deben recurrir a los préstamos baratos del BCE, no a la intervención del Estado.
2. Y los que no puedan sobrevivir con estos créditos, y resulten insolventes, como las empresas que quiebran, deberán abrir los expedientes correspondientes (suspensión de pagos, EREs, etc.) y quedar abiertos al mercado libre: absorciones, fusiones… sea con otros bancos nacionales, o internacionales de la zona euro, o con cualquier otro con interés en ello, de acuerdo con el régimen del mercado libre.
3. Y, de considerarse conveniente la creación de un banco “malo” para concentrar en él los activos tóxicos, entonces, tendrá que ser la banca privada la que forme algo así como un consorcio, para crear ese banco “malo” privado.

Esa debería ser la manera de asumir las deudas generadas fundamentalmente por la explosión (previsible) de la burbuja inmobiliaria en un mercado libre. —Y el régimen de libre mercado implica también que el valor de los activos tóxicos (las viviendas depreciadas) debe ajustarse al precio real de mercado actual, de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda. Esta ley, que benefició inicialmente a los promotores para especular subiendo artificialmente los precios, debe beneficiar ahora a los ciudadanos para que los precios bajen al nivel que ellos puedan o estén dispuestos a pagar.

Condiciones para la contribución ciudadana al rescate de nuestra economía

Para los griegos, el concepto de ‘ciudadano’ (polítes, politikós) debía ser probablemente el mismo que el de ‘político’, pues utilizaban la misma palabra o la misma raíz para ello. En la democracia ateniense, que es la democracia tal como fue concebida originalmente por la humanidad, ese régimen consistía en el gobierno de la ciudad por sus ciudadanos, algo así como una comunidad de vecinos.

Es verdad que ‘ciudadanos’ no eran todos, sino, digamos, los que pagaban, y, por tanto, tenían derecho a mandar sobre lo que es suyo: la ciudad. En definitiva, la democracia resulta que no es más que una evolución de la aristocracia un poco más allá de lo que fue la oligarquía (quizá lo que hoy sería el gobierno de la burguesía, palabra que también tiene que ver con ‘ciudad’, en este caso ‘burgo’). Los esclavos —lo que hoy sería los trabajadores por cuenta ajena— no mandaban, y ya contribuían o pagaban lo bastante con su trabajo, con sus carnes y, lo que es más, con su libertad: mejor dicho, con su falta de libertad, que es su esencial dependencia.

Hoy nos hemos quedado con la idea de que ciudadanos somos todos, y que aparte están los políticos, esa clase privilegiada de Señores que son los que nos gobiernan. Son de origen ciudadano porque muchos entran a los cargos públicos no por sus posesiones iniciales, sino como exaltados o promovidos por la ciudadanía. Sin embargo, lo de pagar, antes que extenderse a todos, igual que el concepto de ciudadanía, se ha retraído a los trabajadores por cuenta ajena (esto es, a los esclavos). Pues los políticos pronto se convierten en poseedores de rentas y bienes (que no está claro que sean sólo los que se permiten declarar) y renuncian a su origen bajo, es decir, a la condición llana de ciudadanos: ¿¡acaso queremos que nos gobiernen pobres y funcionarios!?

Pero esta resulta ser una ligera desviación del concepto de democracia y de ciudadanía que estamos pagando por sus consecuencias: los ciudadanos (y principalmente los trabajadores por cuenta ajena) nos hemos quedado con lo de pagar, y los políticos (ex-ciudadanos exaltados por la ciudadanía) con lo de cobrar y, por supuesto, con lo de mandar.

En el plan de ataque para el rescate de nuestra economía que parece que se quiere presentar figuran claramente en primera línea los ciudadanos de hoy: funcionarios, trabajadores… Pero los políticos y poseedores de rentas y bienes (los antiguos ciudadanos y luego nobles) se desmarcan claramente de la responsabilidad ciudadana (rastrera) de ‘pagar’. Políticos y adinerados se han quedado 1) con el privilegio de no pagar por el socavamiento de la economía que ellos mismos han producido (aunque sólo sea por ser irresponsables de ello), 2) con el privilegio de las rebajas de sus impuestos, supuestamente como estímulo para ¿contribuir más (aún)?, 3) también con el privilegio de la ingeniería jurídico-político-fiscal que ha diseñado un sistema, un entorno, ideal para que los que sacan y tienen puedan escurrir el bulto de contribuir en la medida de su enriquecimiento; pero también, y es descarado, 4) se han quedado los banqueros con el privilegio de quedarse con las indemnizaciones correspondientes a su cargo (cuando no lo han cumplido con diligencia por no haber garantizado los depósitos de los ciudadanos), y 5) los políticos, con el sorprendente privilegio de subir sus sueldos en esta etapa tan decadente de nuestra economía, y de negarse en rotundo y con supuesta razón (a su juicio) a renunciar a privilegio alguno autoatribuido por su condición —su clase— de ‘político’, que claramente ya no es lo mismo que ‘ciudadano’.

Ningún ciudadano (raso) o trabajador por cuenta ajena (esclavo) va a entender el requerimiento de su esfuerzo (más trabajo por menos dinero), si no ve que eso es lo que sucede por todos lados, a toda la ciudadanía (incluidos los políticos y los poseedores de rentas y bienes), en definitiva, si no es justo. O se hace un plan justo, o no saldrá adelante. Y no estamos a tiempo ni en condiciones de sumar planes fallidos.

Así, pues, algunas medidas para el rescate, que son condición necesaria (sine qua NON) para poder exigir con honestidad y justicia a la ciudadanía su esfuerzo, pueden ser las siguientes:

1. Simplificación matemática de los políticos y de todo lo político: si pueden ser menos, todavía no está suficientemente reducido. Aplicar a esto (a lo político: no tanto ni sólo a lo administrativo) el criterio liberal de la minimización del Estado.
2. Equiparación de los sueldos de los políticos a los de funcionarios del nivel correspondiente: no autoconcebir los políticos como altos directivos de empresa, incluso al margen de su competencia en el ejercicio del cargo; la política es un servicio, no el negocio de tu vida.
3. Ningún doble sueldo a políticos: ni por acumular cargos en la Administración, ni a sumar a sus remuneraciones particulares (o se hace dedicación exclusiva o se cobran ingresos parciales en proporción al número de dedicaciones acumuladas). Si se permite acumular cargos para ahorrar, que sea sin cobrarlos todos, sino sólo uno, un total equivalente a un solo cargo, porque vidas sólo tenemos una cada uno de 24 horas al día.
4. Ninguna acumulación de pensiones públicas: una pensión pública es una asistencia social no un negocio. Cuando hay un siniestro no se cobra varias veces, si hay solapamiento de seguros, sino sólo una vez. Quien quiera pensiones lucrativas, que las negocie en su banco como una inversión de su propio capital.
5. 7 años de trabajo no pueden dar lugar a pensión completa de jubilación ni en política ni en ningún otro trabajo. Para recibir la pensión completa de jubilación se han de requerir, como para todos, 37 años (¿no es así?): 7 años sería sólo la parte proporcional equivalente; no más.
6. Ningún asesor, ni puesto de libre designación. Para eso están los puestos técnicos de la Administración. Los asesoramientos personales (por incompetencia propia) y políticos (por ideología) debe sufragarlos uno mismo o el partido político, respectivamente.
7. Reducción de las diputaciones a unidades administrativas: políticos cero.
8. Ningún desvío de fondos públicos fuera de presupuesto (ni en cantidad ni en concepto): completa transparencia del gasto (contabilidad pública detallada y reclamable por cualquiera, sea interesado en el negocio correspondiente o simplemente un ciudadano, control político de las cuentas por los partidos en oposición).
9. Ninguna contrata opaca ni por precio superior al del mercado. Publicación del baremo de precios a que está contratando la Administración, por si hubiera interesados en ofrecer sus productos o servicios a un precio menor: es decir, introducir competencia a la baja.
10. Ninguna evasión de impuestos, ni de capitales. Impuestos progresivos, proporcionales, por defecto. Desgravar por inversiones, pero no por condición de gran fortuna. Hoy la evasión, en función de su relevancia, debería juzgarse como delito de traición.
11. Ingeniería inversa jurídico-político-fiscal: es decir, contra el fraude y la evasión. Cualquier inversión en reforzar este control es económicamente rentable: si no se hace es sólo por razones políticas-ideológicas.

Por favor, que alguien evalúe —cuantifique— todo esto. Y que sólo después pidan a la ciudadanía su contribución. La responsabilidad de esta crisis está en los políticos y en el capital, no en la ciudadanía. La ciudadanía podría, con razón, ser aún más exigente reclamando con justicia la depuración de responsabilidades y que paguen ellos. Pero estoy seguro de que no hará falta llegar a ese extremo. —Hay precedentes conocidos, como el de Islandia. Y no se puede demonizar esa exigencia como si fuera una revolución irresponsable y antisistema: antes bien sería una auténtica revolución moral de la vida cívica.

No necesitamos pagar más: basta que no se lo quede nadie

La actual crisis política-económica tiene un rasgo común característico: a bancos y a políticos les une, entre otras cosas, haber buscado su propio beneficio particular antes que el de los clientes o los ciudadanos, respectivamente, antes que el interés general, que no es sólo el mayoritario, sino el de todos, el de justicia.

Ahora parece que se pretende resolver el problema económico elevando la injusticia al cuadrado. Primero, el fraude de la inflación artificial de los precios de la vivienda lleva a la quiebra a 1.500.000 familias. Después, se quiere proponer como solución que entre todos los ciudadanos que aún disponemos de recursos económicos ayudemos a los defraudadores (y no a los defraudados) a consumar las operaciones que han quedado interrumpidas por la crisis, para que puedan terminar de alcanzar sus beneficios esperados. Para ello, durante veinte años pagaremos el stock de casas que han quedado sin vender, a precios falsos astronómicos, sin obtener por ello ni títulos de propiedad, ni acciones bancarias, ni letras del Tesoro: literalmente, vamos a comprarnos la casa que los malogrados clientes no han podido conseguir, pero sin que llegue a ser nuestra. Y, cuando ya esté pagada y saneada, entonces los bancos y promotores podrán sacarlas a la venta, dentro de veinte años, al mismo precio astronómico o, seguramente, a uno superior. Literalmente, las van a vender dos veces. Defraudaron a los fracasados, ahora nos defraudan a los que tenemos que contribuir y luego defraudarán a los compradores terminales de los pisos atascados.

Y lo que termina de hacer fantástica esta situación es que esa solución (que es lo que hay tras la posible creación de un banco “malo” para nosotros; “bueno” para ellos), vendrá determinada por nuestro propio gobierno, ese que va a gobernar para todos los españoles (efectivamente cumpliremos, pagaremos la crisis que no es nuestra, porque no lo podemos evitar legalmente). Si ya el complot por los precios altos debía haber sido intervenido por el gobierno, ahora es el propio gobierno el que entra como actor principal con la iniciativa de la medida más injusta de la historia, que es no querer buscar responsabilidades —que objetivamente las hay, y se sabe— por esta quiebra y fraude del sistema, sino volver a castigar de nuevo a la ciudadanía con una nueva extracción de fondos, para culminar la situación de injusticia que se inició.

Quizá crean ver con perspectiva más global, intentando salvar al país, salvando para ello a los defraudadores “que nos mantienen”. Pero, como en el Titanic, no ven el enorme y clarísimo iceberg que tienen delante, que es la injusticia que están cometiendo con 1.500.000 familias, 5.000.000 de parados y el resto de la ciudadanía que aún sobrevive y a la que van a expropiar para tapar la lujuria de sus excesos, el ansia de beneficios, y nunca de servicio, sea al cliente o a la ciudadanía.

El Presidente de la Comunidad Autónoma Balear, ejemplar en su recorte aproximadamente al 50% de la estructura de la Administración, ha declarado con bastante claridad, que esa superestructura (doble Administración) se desarrolló por concebir los políticos su poder en la Administración como una agencia de colocación de allegados: es “la otra burbuja”, la del empleo sesgado en la Administración para los compromisos personales (los enchufes). Hemos sido capaces de crear puestos públicos para colocar a nuestros conocidos. En Extremadura han entrado 100 familiares y amigos en una misma institución a sustituir a los correspondientes del partido anterior.

El mayor trauma de un partido que pierde el poder (le pasó a PSOE en 1996 y le pasará ahora otra vez) es que “su gente” queda literalmente en el paro, fuera del área de “las influencias” (esto también es tráfico de influencias, aparte de desvío o malversación de fondos públicos o apropiación indebida).

Pero lo mismo que se hace con la gestión del empleo público, se hace también con la gestión del erario público (no se es más estricto o riguroso en esto, porque se vive en la impunidad): desfases contables, déficits arrastrados o cargados sobre las siguientes legislaturas, la impresión de poder disponer con total arbitrariedad de lo que es de todos, pero para negocio y beneficio particular (sea propio o del partido)…

Al margen de la corrupción “personal” —que la habrá, ¡cómo no!—, ¿a cuánto podría ascender el dinero desviado de los fondos públicos a beneficio ilegítimo o incluso ilegal de la actividad de los partidos, quedando así “los que manejan” en situación de ventaja para perpetuarse en el poder? —Asesores: cuánto y quién lo cobra realmente. Informes y estudios que, o no se hacen, o no son necesarios, o no valen para nada… pero cuestan un pastón, cuando están sacados de tres páginas de Internet. Una contrata que se hace deliberadamente por 8 veces más de lo que vale en el libre mercado (esto también produce inflación en los precios, pues los que contratan con la Administración ya nunca quieren cobrar menos). ¡Maravilloso!

Todo esto —estoy seguro— suma más de ese 6% que tenemos de déficit. Lo que se va a quitar de sanidad, educación, pensiones, es lo que se han llevado a otro lado no presupuestado, porque no se puede presupuestar ni puede figurar contablemente. La sanidad, la educación y las pensiones, la seguridad social, no son insostenibles; lo que es insostenible es la cantidad de chorizo albergada en nuestra Administración pública (nunca habrá bastante pan… para tantos insaciables). La seguridad social, hoy aún tiene superávit: no es deficitaria, no es insostenible. Su superávit ha sido socavado en un 50% por los agujeros en todo lo demás. La seguridad social —sanidad y pensiones— es sostenible. Regalarla a la iniciativa privada forma parte del mismo expolio que la recompra de los repisos, la injusticia al cuadrado. Pagos, repagos, cortes y recortes.

Tener la mayoría y el poder ni legitima ni siquiera hace “legal” (aunque se dicte en forma de leyes, como la Ley Electoral), la imposición sobre y contra “los demás”, por más que sean una minoría (una digna minoría, pero completamente merecedora del respeto de sus gobernantes).

Los partidos con poder representan a la ciudadanía: no a los órganos del partido, ni a sus militantes, ni siquiera sólo a sus votantes, sino a toda la ciudadanía. Si abusan del poder para blindarse mediante leyes, con la aquiescencia o la impotencia de los demás, contra éstos, no por ello es legítimo, ni siquiera “legal”.

El poder debe representar y beneficiar a todos por igual, sin causar injusticia a nadie, y especialmente a los excluidos de la mayoría dominante. Una minoría permanentemente excluida del sistema y que no recibe los beneficios del sistema, sino sólo perjuicios y la desconsideración por parte de los dominantes, no tiene ningún interés en el sistema. A la propia mayoría le interesa, más que a nadie, hacer justicia a la minoría, aunque sólo sea por el interés de mantenerse ellos en el poder. De lo contrario, los aires cambian, y el orden se subvierte y se producen giros como el recibido actualmente por el PSOE.

La democracia no es el gobierno por turnos tácitamente convenidos, pactados, entre las mayorías del bipartidismo: en cada etapa, barra libre para el dominante de turno; interés mutuo por etapas, por turnos. Ahora “le toca” al PP: PSOE y los suyos, a hibernar y esperar turno para su parte del expolio de lo público.

Eso, “lo llaman democracia, pero no lo es”; eso es simple y llanamente la ley del más fuerte (pre-democrática, pre-jurídica, pre-moral). Y el dinero y el poder son una “fuerza”, pero la falta de dinero y de poder (de participación) también lo son: y esos al final son el 99%.