miércoles, 25 de enero de 2012

Propuesta para debate para la reforma laboral

En el problema de la relación laboral del trabajador con su empresa lo ideal sería poder conciliar los derechos del trabajador -entre ellos, sobre todo, una cierta estabilidad en su puesto de trabajo-, con una flexibilidad y versatilidad suficiente para poder adaptarse a la situación o la evolución de la empresa. Y quizá la clave está, si es que es posible, en aunar los intereses de ambas partes, es decir, en plantear una comunidad de intereses.

Por un lado, con frecuencia, a la empresa le conviene tener una plantilla de trabajadores suficientemente estable, para mantener la continuidad de la producción y evitar tener que estar formando continuamente a personal nuevo en continua sustitución. -Por cierto, que esta idea puede servir para reflexionar sobre el papel del funcionariado en la Administración pública: ésta no se puede interrumpir en función de los cambios políticos, ni puede el personal cambiar al dictado de esos cambios.

Pero, por otro lado, la empresa privada no puede comprometerse con una plantilla de trabajadores al igual que lo hace la pública con el funcionariado, sino que necesita algo de flexibilidad en la contratación laboral, porque las circunstancias de la producción en el sector privado no son las mismas que las de los servicios públicos, que son permanentes y han de estar garantizados. -Y, por cierto, esto nos puede servir para reflexionar sobre la diferencia y la necesidad de un sector público para prestar los servicios básicos con calidad.

La clave, lo ideal, sería que en las empresas hubiera al menos una parte de la plantilla con suficiente antigüedad y que además ésta (que es estabilidad tanto para el trabajador, como para la empresa) fuera acompañada de alguna forma de remuneración económica (como los 'trienios' en la función pública). Pero, para que esto no fuera gravoso al proyecto empresarial, esa remuneración podría no ser enteramente en forma de liquidación mensual o anual al trabajador, sino, al menos en parte, en forma de inversión que revierte a la propia empresa y la capitaliza. Por ejemplo, en forma de acciones de la empresa.

Podría entonces establecerse o regularse que una parte del valor de la empresa tuviera que destinarse a esta forma de participación de sus trabajadores: ello ayuda a la ampliación de capital del proyecto empresarial, a la vez que incorpora a éste al trabajador, no sólo como mano de obra, sino también como 'socio', estableciendo una comunidad de intereses.

El trabajador estable y cualificado no es un lastre para la empresa, sino, más bien, un activo, que aporta valor añadido a ésta, con su experiencia, conocimiento, calidad de trabajo, garantía, confianza...; pero también participa económicamente en ella. Para la empresa esa remuneración ligada a la estabilidad no repercutiría como "coste", sino como inversión, ampliación de capital y del proyecto empresarial, expansión... Y además gana un trabajador incentivado, motivado a cooperar y a participar en los objetivos de la empresa, en definitiva, un socio.

No es preciso que toda la plantilla de trabajadores sea así, sino que en la definición del proyecto empresarial tendría que planificarse las necesidades de recursos humanos de una manera estratificada o modularizada.

1. Tendría que haber, al menos, un núcleo básico o kernel de empleados-socios: pues, una empresa no es sólo capital, sino también, ante todo, un proyecto humano, en el que no sólo interviene el promotor -emprendedor-, sino también necesariamente una plantilla mínima de trabajadores (recursos humanos).

2. Y luego podría haber también otros sectores estratificados o modularizados de personal y necesidades más volátiles, flexibles, eventuales, que podría ser provisto por agencias o empresas de empleo (temporal) o mediante subcontrataciones... es decir en términos menos comprometidos, menos estables, más circunstanciales (y entre estas circunstancias está también la coyuntura económica).

Las agencias o empresas de trabajo (temporal) podrían gestionar: 1) bolsas de empleo; 2) contactos con otras empresas móviles, portátiles, para subcontrataciones de servicios puntuales; 3) cursos de formación para trabajadores candidatos y para empresas, etc.

Quizá este régimen de contratatación de trabajadores-socios suene algo idealista. Pero pondré un ejemplo de la vida real:

Una de las primerísismas agencias de publicidad del mundo mantiene el siguiente tipo de relación de contratación al menos con algunos de sus clientes, entre los que se cuentan algunas de las principales marcas y multinacionales mundiales.

Cuando éstas se dirigen a ella para contratar sus servicios publicitarios, la agencia NO les presenta un catálogo de servicios y una tarifa, entre los cuales la empresa multinacional escoge el producto que, una vez realizado, la agencia entrega, cobra, y... ¡que te vaya bien! Eso es muy mediocre, y esta agencia de la que hablo no es nada mediocre ni trata con empresas mediocres: no les ofrece un anuncio de 20 segundos, o, si lo quieren de 30 segundos, pero entonces cuesta un poco más. Y, si además, quiere que le gestione su difusión, entonces será tanto (€), etc. NO.

Lo que hace esa agencia es pedir a la empresa contratante un informe de la empresa y de su situación, de su producto, de sus expectativas de expansión y de la distribución deseada para el producto... y luego le presenta una oferta: quiero una participación del tanto por cien de tu empresa; VAMOS a vender juntos el producto, y VAMOS  a ganar también juntos, seremos socios... Y, no te preocupes, de la campaña me encargo yo. En la campaña no escatiman gastos: no hay tarifa, no hay catálogo, no hay límite de tiempo o de iniciativas... sino objetivos comunes, compartidos. La agencia hace suyo el interés, no de vender "ese" producto en particular, sino de expandir la empresa en cuestión. Cree en lo que hace y se implica en ello: se dedica a ello. Se diseña una campaña, se evalúa, se corrige, se extiende, se sigue trabajando en ello, todos los días, sin límites de presupuesto, de tiempo... Esta agencia VENDE el producto que anuncia: ¡lo VENDE! Produce beneficios a la empresa contratante (socia) y comparten los beneficios. Y, si viera que el producto es malo y no se vende, sencillamente abandonaría su participación en la empresa... (sin cobrarle nada por los servicios prestados).

Ante todo, creo que se trata: 1) de eliminar los prejuicios de los enfoques ideológicos tradicionales por ambos lados sobre el trabajo, el capital y los beneficios; 2) de comprender la empresa no como una estructura jerárquica de poder económico, sino como un proyecto humano de producción cooperativa en cierto grado (aunque no sea necesariamente una cooperativa completamente igualitaria, horizontal, sino por participación proporcional); 3) de introducir, por un lado, una dosis mínima de cooperativismo en la empresa privada, y de socialización de los beneficios (pues habría una infraestructura latente de quasi "sociedad anónima" en todas las empresas), pero, por otro lado, de introducir también una cierta dosis de espíritu emprendedor e inversor en los propios trabajadores, que ya no serían meros asalariados, sino socios partícipes de su propia empresa.


lunes, 23 de enero de 2012

¿A quién beneficia lo irrenunciable y urgente de nuestro compromiso de ajuste del déficit?

A Montoro se le ocurrió decir que igual no cumplimos del todo el objetivo de reducción del déficit previsto para 2012, porque parece que las cosas no están tan guapas como se las pintaban. Pero enseguida salió Rajoy a corregirle diciendo que no: que que vamos a cumplir cristianamente (como Dios manda) y germánicamente el compromiso de ajuste adquirido con la Merkel (valga la redundancia). —Le faltó decir caiga quien caiga… Y en ello está..., aunque caigamos todos... los demás...

Pensado en frío, la verdad es que parece serio reducir cuanto antes la deuda, pues sólo los intereses ya nos comen… Pero pensándolo en caliente, es decir, una vez nos empiezan a quitar un buen pellizco de todo…, conviene tener en cuenta lo siguiente.

Tomando como modelo el espectacular déficit valenciano, para que se vea bien lo que pasa, ese déficit lo ha ido acumulando la Generalitat a lo largo de años de mala gestión, mientras los ciudadanos pagaban un nivel de impuestos digamos normal.

Pues bien, si lo que se ha acumulado durante años, ahora hay que recuperarlo en sólo 2 años, eso no hay estómago que se lo trague, y requiere esquilmar y empobrecer a los ciudadanos literalmente a más no poder, a la vez que, siguiendo las perversas sugerencias de las agencias, menoscabar los servicios públicos básicos (sanidad y educación, y, por qué no, hasta pensiones).

Es verdad que nuestro gobierno, inteligentemente, ha previsto medidas estructurales de adelgazamiento de la Administración pública, no restringiendo esos servicios, pero sí optimizándolos, y, en cualquier caso, optimizando el funcionamiento general de toda la Administración, lo cual incluye, por supuesto, evitar duplicidades, deshacer puestos superfluos de trabajo fijo como funcionarios que se habían creado ad hoc para colocar a su gente, multiplicando innecesariamente la nómina de la Administración pública, etc. —Pero no sé por qué, se resisten a hacer lo propio con las Diputaciones provinciales…

Pero, estas medidas estructurales parece que no producirán ingresos inmediatos, sino probablemente, al menos, a partir de dentro de un año…

Ahora bien, si igual que la deuda ha sido acumulada durante años, nos tomáramos también unos cuantos años aplicando esa corrección de las disfunciones de la Administración, es previsible que en un tiempo razonable, sin sangrar al ciudadano ni los servicios públicos, la propia Administración pudiera ahorrar y restablecer el equilibrio de sus cuentas.

Sin embargo, lo que nos viene de Alemania y de Estados Unidos, de nuestros gobernantes europeos de Bildelberg y de nuestros queridos inversores, es urgencia, un plazo que no puede ser más angustioso: 2 años para estar al día.

¿Qué beneficios tiene esa urgencia y para quién? Como he dicho más arriba, a nosotros nos viene bien liberarnos de intereses cuanto antes. Pero, tal como se ve que se está planteando la cosa, hasta el punto de que casi nos dan apuntes de lo que tenemos que hacer (es decir, de lo que quieren que hagamos) —liquidar la sanidad y la educación públicas—, parece que esa urgencia produce más beneficio a los que anhelan que los servicios públicos del estado del bienestar pasen al sector privado, que a nosotros esa liberación de intereses. Se pretende tensar la situación a los Estados soberanos para demostrarles a ellos, pero sobre todo justificar ante los ciudadanos, la tesis de que el estado del bienestar no es sostenible por el sector público sin un extraordinario sufrimiento para los ciudadanos.

Si desoyéramos esa urgencia y se nos permitiera equilibrar la deuda en más años, la propia Administración podría hacer frente a ello, sin recabar más impuestos, simplemente siendo tan eficiente en el ahorro y en el uso de sus recursos de ahora en adelante, como ineficiente fue antes por los dispendios que generaron el déficit.

Es, pues, sólo, al presentarse el problema como urgente, cuando la Administración no puede hacer frente a su propia deuda, pues no se le permite aplicar los ahorros que podría obtener a partir de las medidas estructurales. Necesita entonces esquilmar al ciudadano todo lo que se pueda (no sé hasta cuánto puede aguantar la ciudadanía) y tendrá que tomar también medidas de recorte del estado del bienestar (aunque no se las quiera llamar así). Se configura la situación como más crítica de lo que es para justificar la exigencia de contribuciones extraordinarias y el sacrificio del sector público del bienestar.

En 2 años, cuando ya entre todos hayamos pagado todo, será entonces cuando nuestro Estado empiece a notar el efecto económico positivo del adelgazamiento de la Administración (la eliminación de los abusos previos). Pero entonces, cuando la Administración ya tenga liquidez para pagar esa deuda, ya estará pagada por nosotros, y, presuntamente, los servicios sociales públicos ya estarán todo lo retraídos que se haya podido o les hayamos permitido, bajo el pretexto de que el Estado no se podía hacer cargo de esa gestión, que es supuestamente muy gravosa… (sobre todo si la gestión pública se ha de suponer ineficiente y campo de corrupción).

En conclusión, dentro de 2 años, cuando supuestamente el déficit esté controlado, al día, nosotros estaremos esquilmados, los servicios públicos estarán trasvasados a la gestión privada en la medida en que haya sido posible (tolerado) y el Estado tendrá como ¡superávit! por su ahorro estructural, todo lo que nosotros le hemos adelantado y que jamás vamos a recuperar.

viernes, 13 de enero de 2012

#15M : Por una solución justa de la crisis

El nuevo equipo de Gobierno de Moncloa atribuye las medidas que presenta como extraordinarias (lo peor de lo malo) al desfase en el déficit presupuestario de 2011, imputando la responsabilidad, tanto del propio desfase, como de su ocultamiento, al equipo de Gobierno anterior (a la herencia Socialista).

Sin embargo, ya hemos ido viendo que la mayor parte de ese desfase se debe al extraordinario (por inconmensurable) déficit autonómico (tan desmesurado que hasta el último día del año no se ha podido precisar su magnitud: p. ej. en la Comunidad Valenciana). Por ello, a quien en realidad se ha de imputar la responsabilidad por ese desfase es a los correspondientes equipos de Gobierno autonómicos (mayoritariamente Populares).

Lo dijo Montoro, con cifras exactas, en la rueda de prensa del primer Consejo de Ministros en que se tomaron medidas especiales: lo dijo de improviso, sin poder preparar una mentira; pero luego se desmintió que fuera así (o sea, fue entonces cuando se mintió); y, finalmente, ha salido el propio Rajoy, dando cumplimiento a su intención de decir la verdad, confirmando que el déficit es todavía mayor del 8% y que efectivamente la mayor parte del desfase se debe a las Comunidades Autónomas. —Quizá por eso ya hace tiempo que estábamos clara y certeramente sentenciados de que moriríamos de autonomías o, dicho de otro modo, de que teníamos unas autonomías… ¡de muerte! (vamos, ¡pa morirse!).

Este déficit autonómico es de tal magnitud, (hasta un 20% p. ej. en la Comunidad Valenciana), que es evidente que no puede considerarse una mera falta de precisión o una simple consecuencia de la desafortunada situación económica: el déficit que ha dejado Zapatero, aun suponiendo que se haya producido por gastos indebidos (pues, se cuestiona el Plan E y el rescate a la banca) es, aún así, un déficit “franciscano” (austero: sólo 3 puntos superior al permitido), al lado del que nos han dejado Camps y los Fabras… Este último déficit se parece más al de Grecia (negligente, desmesurado… absolutamente insolidario con Europa…) y es el típico déficit que se puede calificar a priori y abiertamente como un fraude y quizá hasta también como una malversación de fondos públicos, sin requerir más pruebas que el propio balance de resultados. A cualquier contable, por un resultado así lo despedirían de inmediato y sería un despido disciplinario procedente.

A diferencia de los casos más o menos particulares de corrupción, que requieren una investigación, pruebas, testimonios, contrastar todo ello en una vista oral (en un juicio), como estamos viendo en los casos de Camps y Matas, en este caso de la Comunidad Valenciana en su conjunto, sin embargo, repito, basta el balance de resultados para deducir que: a) o bien se han desviado fondos presupuestados, de una manera masiva (industrial), hacia conceptos no presupuestados (y, por eso, falta dinero y las cosas no están pagadas: ¿dónde está el dinero de los centros educativos valencianos? ¿¡y cómo es que la Ciudad de las Ciencias están aún sin pagar y Terra Mítica reclama un ERE!?); b) o bien se han hecho inversiones fraudulentas, como cuando se firma un cheque sin fondos, a cuenta de lo que ni se tiene, ni se puede garantizar que se vaya a tener, ni tampoco se está probablemente autorizado a disponer. Pues, ¿acaso un equipo de Gobierno puede hacer inversiones de una magnitud tal que requiera 10, 15 ó 20 años para su amortización, cuando las legislaturas sólo son de 4 años, siendo que, en política democrática, nadie puede garantizar o presuponer que vaya a perpetuarse en el poder? —Cualquier inversión de este tipo tendría que haber sido completamente transparente a las Cámaras de representación parlamentaria, a la oposición, a los tribunales o sindicaturas de cuentas y expresamente aprobada por ellos: no un mundo oscuro, sujeto a sospechas y ambiente idóneo para un feed-back de corrupción.

Ahora se nos pide un esfuerzo para hacer frente a las medidas extraordinarias, eso sí, sólo durante 2 años, y para un desfase debido a la herencia socialista. Pero, una cosa es solidaridad ante una desgracia y otra cosa cargar de un modo u otro, en el fondo, con lo que es una responsabilidad administrativa e incluso penal de otros.

#15M se presentó en mayo de 2011 diciendo “Esta crisis no la pagamos”. Pues bien, el lema ahora se transforma, con más fundamento que nunca, en: “Que paguen el fraude los culpables”. Pues no se trata sólo de un fraude político, un conflicto de intereses, que se pueda discutir ideológicamente, como la crítica que se hace desde la izquierda a la economía neoliberal y al capital en general…, sino de un auténtico fraude económico y administrativo seguramente penalizable, con responsables concretos, que no son los contables, sino los altos cargos políticos y administrativos que han hecho un plan económico insostenible de manera bastante evidente y predecible y, en cualquier caso, extralimitando manifiestamente el alcance de su poder. Si no hubiera brotado esta crisis económica y se hubiera tenido que hacer un traspaso de poder en la Comunidad Valenciana, ¿qué le habría quedado al nuevo equipo de Gobierno (¡con un 20% de déficit y proyectos espectaculares gravosos y sin amortizar!)? ¿Cuánto tiempo se puede ocultar todo eso? ¿Hasta qué magnitud de cifras se hubiera podido ocultar?

Todo esto se puede interpretar además, sin necesidad de encontrar pruebas concretas, también globalmente considerado y por su propia magnitud, como una financiación ilegal del partido gobernante en la Comunidad Valenciana. Pues, se ha gastado lo que no era suyo, como partido, ni la propia Administración pública tenía ni podía honesta y quizá legalmente disponer, en halagar al pueblo con grandes maravillas, espectaculares pero puramente espectrales, con el fin de promocionar su propia imagen ante el pueblo. La Terra Mítica de Paramount Pictures ahora está en situación de ERE y no es rentable: ¿dónde están las pérdidas de Paramount Pictures? El Hilton del Palacio de Congresos también tuvo que desaparecer porque no era rentable, cediendo la titularidad a un Melià (más modesto y adecuado en dimensión: y acabará siendo un lujoso edificio multihotel, como otros de la misma Avenida): ¿dónde están las pérdidas de Hilton? Da toda la impresión de que Paramount Pictures y Hilton no han sido más que contratos de reclamo publicitario para lanzar esos proyectos, la región y, por supuesto, a su equipo de Gobierno: es dudoso que hayan prestado ese servicio con pérdidas; es más puede que hasta se les haya pagado por su imagen, su presencia (confieso que no lo sé). Pero la Comunidad Valenciana sí que tiene esas gruesas pérdidas y unos "monumentos" que cuesta más mantenerlos que lo que se gana (como el aeropuerto del abuelo, de Castellón). —Todo lo que se ha hecho para dar brillo a la Comunidad Valenciana, es decir, al partido que la gobierna, en el fondo ha venido a ser un fraude: político, social y económico.

Dicen: la ciudadanía prefiere tener la Ciudad de las Artes y las Ciencias antes que no tener la deuda… Pero, eso no se puede suponer al iniciar una inversión de esa dimensión; y, además, la ciudadanía puede preferir que la Comunidad se endeude en ello y que luego pague cuando  y como pueda. Pero no creo yo que la ciudadanía esté de acuerdo en excusar a la Comunidad de ese pago y de su incompetencia, y hacerse cargo cada familia en particular de varios miles de euros anuales para ello, de su propio bolsillo, adicionalmente, a lo ya contribuido en los impuestos ordinarios durante los últimos 16 años… Pues ese ya antiguo proyecto, el de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, aún está por pagar, parece que no es rentable y llegó finalmente a costar el doble de lo presupuestado. De hecho, en Islandia, esta misma situación hizo a la ciudadanía plantarse y decir ese “Yo no pago” o “Esta crisis no la pagamos”. —Pero además, ¿¡por qué sistemáticamente todo cuesta el doble de lo presupuestado!? Aunque sólo sea por esa incompetencia, esto ya merecería una sanción administrativa. Pero es que, además, suena a lo del 3% en Cataluña (lo que le dijo Maragall a CiU, cuando se produjo la transición del Gobierno de CiU al Socialista).

Aparte de tener que intervenir personalmente la ciudadanía para hacer frente a las deudas que han generado los políticos, y probablemente en su propio beneficio, aparte, los conceptos SÍ presupuestados correctamente quedan descubiertos: impagos en Sanidad (atención sanitaria, medicamentos, industria farmacéutica), Educación (plantillas de profesorado y su jornada laboral, financiación de centros educativos públicos y concertados): ¿el Estado del Bienestar se hace insostenible…? ¡No! Lo que es insostenible es la corrupción política, los abusos de poder, la arbitrariedad en el gasto público y la malversación o el descontrol de los fondos públicos, etc. Aunque sólo sea por la incompetencia o la negligencia en lo político o administrativo, sin tener en cuenta la posibilidad de delitos en lo económico, todos los responsables de esa gestión deberían al menos ser inhabilitados para ejercer cargos públicos o de relevancia en el mundo financiero y empresarial de por vida.

Y no hace falta hacer una “revolución” (revuelta, rebelión) popular para ello. Ni hace falta hacer nuevas leyes para evitarlo (que, de todos modos, han de hacerse). Con la propia legislación vigente y con los procedimientos preestablecidos, bastaría presentar las denuncias que fueran oportunas en el lugar adecuado para ello, para dirimir las responsabilidades por todo ello. —Insisto, sin entrar en la cuestión de la corrupción personal, particular, que requiere de pruebas y testimonios particulares, sino aunque sólo sea como evaluación de la gestión administrativa a la luz de los resultados que son ostensibles, es manifiesto que se trata de un desempeño, al menos negligente, si no fraudulento, de la Administración pública.

Igual que en la quiebra de una empresa hay que resolver si es fraudulenta, antes de liquidar beneficios al empresario, en las quiebras que ha habido de bancos y en la del Estado y especialmente la de las Autonomías, hay que resolver si hay responsabilidades políticas, Administrativas y penales, antes de correr un tupido velo con la contribución generosa, solidaria y esforzada de la ciudadanía, encantada de tener una Ciudad de las Artes y las Cienciasinsostenible. Parece que los organismos de control de las cuentas públicas con frecuencia han detectado desfases, arbitrariedades, etc. pero no se ha “ejecutado” nada y todo ha seguido igual. ¿Hay independencia del poder del control de las cuentas públicas respecto del poder político? —¡Auditorías externas sistemáticas (como las de S&P, Moody’s y Fitch… p. ej.: nuevas agencias europeas… que compitan con el monopolio altamente interesado y especulativo de las estadounidenses)!

#15M, más que un movimiento “activista” (como a veces se le confunde), en lo que tiene de ’15 de mayo’ (es decir, de espontáneo, eventual…) es re-activo. Es decir, es un movimiento que funcionó en su momento por el principio de acción - reacción. Es la acción injusta, la que provoca indignación (cfr. la obra Indignaos, de Stéphane Hessel), la que desencadenó y desencadenará en cada momento, siempre que se produzca, su correspondiente re-acción.

Es verdad que la situación actual es complicada y que el nuevo Gobierno da en alguna medida muestras de cautela, prudencia: intenta hacer algo de justicia a la vez que se preserva de una reacción popular previsible. P. ej. cuando trata de distribuir los costes de la crisis (con mayor o menor acierto: siempre lloverán las críticas…), o cuando evita hacer el temible “banco malo”, que incrementaría la deuda particular hasta llevar a familias inocentes a la quiebra en cadena (al menos abiertamente se ha desestimado esa fórmula del "banco malo", pero ya veremos cómo lo hacen para digerir los activos tóxicos...). Pero, pedir a los ciudadanos que carguen injustamente con todo el esfuerzo frente a la desmesura de la crisis (el desfase autonómico), cuando los políticos responsables permanecen todos en sus puestos, mantienen sus privilegios e incluso algunos aumentan sus sueldos… es muy ofensivo: verdaderamente indignante. Y no se puede además —como de hecho se hace— insultar al profesorado de la enseñanza pública y al funcionariado en general suponiendo y dando a entender que no son más que una pandilla de vagos llenos de privilegios (¡ellos!…).

Hay quien dice que #15M ya no está… Pero sólo ha estado latente mientras no había medidas injustas que estimularan su reacción. Pues #15M no es un partido con militancia y con un proyecto político claramente definido por un ideario y unas doctrinas. Por eso, se ha pasado los últimos meses proponiendo y debatiendo propuestas hasta el infinito sin llegar a canalizar y ejecutar acciones políticas claras significativas, aparte de su apoyo constante contra los desahucios y los recortes en sanidad y educación.

Pues bien, los desahuciados, los parados, la sanidad y la educación, el funcionariado en general, en cada barrio o localidad, necesitan del soporte del #15M original, que es el que es “de todos” (ese 70-80% de simpatía CIS). Y, a su vez, #15M también necesita del soporte de la sociedad: se habló de la dispersión hacia los barrios y pueblos, de implicar a las familias, a los “yayoflautas”… Pues bien, es en los propios desahuciados, parados, en el personal sanitario, el profesorado y el funcionariado en general de cada barrio o localidad donde #15M tiene su propio soporte expansivo y el despertar de su letargo. En realidad, es la sociedad toda, la sociedad civil, la que serenamente debe participar, pronunciarse y mostrar con espíritu cívico o ciudadano, con gestos inteligentes y palabras convincentes, sin violencia, su opinión sobre la justicia de las medidas que se están adoptando. Todo ello, siempre de una manera completamente apartidista, no por hacerle el trabajo político a otro partido (a la oposición), y, por tanto, más allá de la divergencia puramente política (doctrinal, ideológica) de los enfoques: simplemente buscando que cada uno ponga en esto lo que debe poner (lo cual para muchos tendría que ser poner sus cargos a la disposición de las autoridades correspondientes).