sábado, 16 de agosto de 2014

Asesores: el recorte y la regeneración que no se hacen


La libre contratación de asesores, sin transparencia ni control externo, podría servir para la malversación de fondos públicos y para la financiación ilegal de los partidos.

P. ej., si yo pertenezco a un partido y tengo un cargo público y puedo contratar a quien quiera para lo que quiera pagándole lo que quiera, podría contratar a todos mis familiares, amigos y recomendados, para cualquier tarea, con cualquier excusa o falsa justificación, y podría pagarles no lo que les corresponde, sino el doble, porque la mitad de ello nos la vamos a repartir entre la persona contratada, el partido y yo.

Y, aunque parezca una cuestión moral, no es sólo una cuestión moral, sino que podría llegar a ser constitutiva de delitos que hoy día merecen una vigilancia y una penalización extraordinaria.

Solución: una auditoría externa, independiente, de los contratos de asesores en todas las administraciones del Estado, y que, en adelante, su contratación sea transparente y se lleve un registro público centralizado de ello.

Esta auditoría debería revisar los siguientes aspectos:

1. Concepto de asesor

¿Qué es un asesor o una asesora? ¿Traer el café a media mañana al despacho al cargo público correspondiente merece la calificación y el sueldo de 'asesor'?

¿Se entiende por asesor un puesto de confianza personal del respectivo cargo público? -Entonces que lo pague él de su bolsillo.

¿Se entiende por asesor un puesto de confianza ideológica o política del respectivo cargo público? -Entonces que lo pague el partido.

¿Se esconde bajo la contratación de un asesor y el argumento de la confianza una excusa para hacer una contratación fuera de los procedimientos públicos? -Probablemente sea un delito o un derroche.

2. Idoneidad del asesor e incompatibilidades

No puede ser que cualquiera pueda ser asesor, hace falta tener alguna cualificación adecuada al puesto y reconocida públicamente; y no todo el que tenga tal cualificación es igualmente compatible con el ejercicio concreto de la función de asesor en cada caso concreto (se deben establecer algunas reglas de incompatibilidad para prevenir abusos).

En principio, para que un asesor sea asesor, tiene que tener algo sobre lo que asesorar: un conocimiento especial demostrado y reconocido públicamente. Y tiene que ser necesario su conocimiento para el desempeño del cargo público que lo contrata. -No vale un conocimiento personal o ideológico: eso se lo paga uno o el partido. La administración pública no tiene por qué pagar que a un partido le vaya mejor y saque ventaja sobre otros disponiendo de fondos públicos y de información o accesos privilegiados. Un Presidente de una Comunidad Autónoma no puede usar los fondos públicos para pagarse una campaña de imagen personal o de marketing político; y estos objetivos particulares no se pueden disfrazar confusamente de otros presuntamente institucionales o de interés general. En ningún caso se puede presumir que sea el interés general que yo y mi partido sigamos gobernando.

Por otro lado, es necesario tomar medidas objetivas y transparentes para prevenir el nepotismo. Es cierto que las personas allegadas a políticos y cargos públicos no tienen por qué estar privadas del desarrollo de su carrera profesional en el ámbito de lo público. Pero, precisamente para garantizar ese derecho, es necesario que haya sistemas públicos, abiertos, transparentes de contratación en todos los niveles de la administración. El contrato de asesores debería seguir los procedimientos ordinarios de contratación de la administración: oferta pública, concurso, etc. -sin trampas. Y debería haber un registro público centralizado de todos los contratos de este tipo. Y, del mismo modo que a los Diputados y Senadores se les exige publicar su patrimonio, convendría que en el registro de asesores se declararan al menos las relaciones de parentesco y de negocios en común (pasados o actuales) de los contratados, estableciendo algún régimen de incompatibilidad en los casos más extremos, igual que se hace en tribunales ordinarios, en los que ningún miembro puede tener ninguna de ciertas relaciones establecidas en la convocatoria con ningún concursante.

Con vistas a la contratación de asesores convendría seguir los siguientes criterios:

1º) Se descarta la contratación pública de asesores personales (una cosa es la persona y otra el cargo o la institución pública). La confianza personal y el interés personal quedan excluidos de los asuntos públicos.

2º) Se descarta la contratación pública de asesores ideológicos (y de marketing político). Un gobierno, un cargo público, no tiene en propiedad todo el poder de la institución; lo tiene sólo en representación de la ciudadanía y para administrarlo públicamente con transparencia y con controles institucionales en interés de todos. La mayoría no da un cheque en blanco al 'elegido' para que éste haga lo que quiera, ni lo que le parezca mejor, y ni siquiera puede el cargo público servirse de la administración pública para beneficiar a 'la mayoría' que lo eligió, pues esto no pasaría de ser una tiranía y muchas veces una oligarquía, ya que las mayorías a veces son sólo minorías mayoritarias. Un cargo electo o designado ha de hacer siempre lo que es mejor para TODOS, es decir, lo más justo (con visión universal), y es para eso para lo que están los asesores. O sea, que más que contratar asesores ideológicos para hacer marketing político en beneficio del partido, habría que contratarlos, en todo caso, para detectar críticamente y evitar el uso interesado del poder. Y, por eso, conviene que los asesores sean en cierta medida externos o ajenos al propio cargo público.

3º) En el caso de necesidad de asesoramiento técnico, se ha de contar, en primer lugar, con los recursos ordinarios de la administración: los técnicos de la unidad o de la sección, etc. En segundo lugar, con recursos extraordinarios de la administración, a través de comisiones de servicio: expertos dondequiera que los haya, dentro de la función pública, como en la Universidad, en investigación (CSIC, etc.), en otras administraciones, etc. Y, sólo en tercer lugar, se ha de buscar los expertos necesarios, sin límites, pero en función del presupuesto, mediante procedimientos transparentes como los de la contratación pública ordinaria.

3. Remuneración de los asesores

En ningún caso, el sueldo de asesor puede ser desconocido o libre, sino siempre ajustado a criterios de administración pública, cuando sean de la función pública, y privada, cuando sean del sector privado.

Un funcionario público asesor debe cobrar por sus tareas de asesoramiento lo correspondiente al nivel equivalente de la función pública de tales tareas.

Para fijar la remuneración por las tareas de asesoramiento de un profesional privado o de una empresa privada se pueden seguir los siguientes criterios:

1º) Por un lado, tener en cuenta lo establecido públicamente en sus tarifas comerciales.

2º) Por otro lado, la media de lo que se suela cobrar por tales tareas por profesionales o empresas similares, de la competencia. -Esto es prácticamente lo mismo que tener en cuenta los precios fijados por la oferta y la demanda del mercado.

3º) Finalmente, tener en cuenta los presupuestos de la administración pública y la naturaleza del gasto, y, en caso de que sea extraordinario, tendrá que ser consensuado políticamente con el resto de los partidos. -Ningún partido tiene el derecho de expoliar e hipotecar la administración pública, por más que tenga mayoría absoluta.

En cualquier caso, como todo procedimiento administrativo y de contratación pública, ha de ser público, transparente y sujeto a control o intervención de la administración y de los organismos o instituciones de control.

miércoles, 1 de enero de 2014

No hay ALTERNATIVA



No hay más alternativa que formar UNA PLATAFORMA ELECTORAL ALTERNATIVA UNITARIA ABIERTA Y PLURAL. LA alternativa, de hecho, NO ES ni PSOE, ni IU (en cualquiera de sus formas), ni UPyD, ni el movimiento ciudadano que resultaría de la extensión de C’s, etc. Y una alternativa UNITARIA no es ni la extensión de IU ni un pacto de izquierda liderado por PSOE.

Hay actuales votantes de PP que preferirían no votar a PP en las próximas elecciones, pero, o se van a abstener o volverán a votarlo, a pesar de todo, PORQUE NO HAY ALTERNATIVA. ¿¡Cómo es posible que PP siga gobernando en la Comunidad Valenciana después de tanto despilfarro y presunta corrupción; y quizá hasta podría volver a ganar las próximas elecciones 2014 y 2015!? Sólo hay una respuesta: porque NO HAY ALTERNATIVA: ¿cuál es la alternativa a PP en la Comunidad Valenciana? –Y la respuesta no es culpar a la ciudadanía por votar mayoritariamente una opción que luego les defrauda. No se puede pretender educar a la población para que vote lo que se supone que debería votar. Hay que verlo al revés: se vota lo que se vota, a pesar de todo, PORQUE NO HAY ALTERNATIVA, no hay una oferta MEJOR: PSOE no ha sido ni probablemente sea aún una alternativa en Comunidad Valenciana, a pesar de todo; pero IU o Compromís… tampoco. Es inútil empeñarse en hacer alternativa lo que nunca lo ha sido ni probablemente lo será. Una alternativa que no sea viable, o de la que no sea verosímil pensar que pudiera gobernar con el apoyo ciudadano durante p. ej. dos legislaturas seguidas…, no es una alternativa. El cambio que se necesita no es necesariamente el cambio doctrinal o ideológico al extremo opuesto, sino a alguien que haga las cosas razonablemente bien, tomando en consideración a todos; a alguien que represente el interés general o naturalmente mayoritario.

PSOE hoy NO ES alternativa. Y podemos alegrarnos por ello, porque, después de muchos años, tenemos la oportunidad de salir, de una vez por todas, del BI-PARTIDISMO. Ningún PARTIDO, ni ya existente, ni nuevo, es LA solución. Primero, porque la solución necesita esencialmente sacarnos del PARTIDISMO. Y segundo, porque de nada sirve encontrar UN partido ‘redentor’, si todos los demás no se regeneran. Hace falta una regeneración y una evolución –un progreso- en todos los partidos y en el sistema mismo. Y la evolución que necesitan los partidos es una evolución hacia más participación y más representación de la ciudadanía. En cuanto al sistema, ya no es que el sistema ‘diseñado’ falle (tampoco digo que no), pero es que ni siquiera se llega a poner en funcionamiento tal como teóricamente, en la letra, está concebido. Es un problema de corrupción política, aparte de económica. Es un problema de ilegalidades, de inconstitucionalidades, de abusos de poder, de ocultismo, de sabotaje al sistema desde el propio sistema existente. La propia Constitución en muchos aspectos no se cumple o ni siquiera está desarrollada.  Las instituciones u organismos de control están tomados para neutralizar por completo su función. Hacer una ley de transparencia resulta la mejor manera de asegurar que –legalmente- ya NO va a haber verdadera transparencia, o que no la va a haber en ningún caso de lo que es esencial: la ley LES sirve para protegerse de la transparencia, de la exigencia natural de información y conocimiento por parte de la ciudadanía.

PSOE tiene que cambiar, hacia un planteamiento más sincero de izquierda, más verdaderamente representativo de la ciudadanía; menos engañoso y menos orientado a los intereses del poder político y de los poderes fácticos. No debe caer en la tentación de afrontar los próximos retos electorales como ocasión para dar el vuelco electoral dentro del sistema BI-PARTIDISTA establecido. No puede reducirse a ser EL OTRO en un sistema de parasitación del Estado. Cuando se esfuerza en presentarse como distinto del PP, no es más que por eso, porque no es más que LA OTRA CARA de UNA MISMA MONEDA: necesario, complementario y, por tanto, cómplice del sistema #PPSOE, como puede observarse por todas partes (reparto de jueces, de miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo de RTVE, de consejerías en las empresas estratégicas, y, en consecuencia, también de corrupción).

Pero IU también tiene que cambiar: mientras no se convierta en un candidato verosímil para el gobierno de España, su papel no será más que testimonial; contrapeso de la balanza. Está claro que en esa PLATAFORMA ELECTORAL ALTERNATIVA UNITARIA ABIERTA Y PLURAL deberían figurar de manera importante una nueva edición de PSOE e IU, compatibles entre sí y más al servicio de la ciudadanía, que en defensa de intereses partidistas propios. Pero esa PLATAFORMA ALTERNATIVA UNITARIA, precisamente por su carácter abierto y plural, tampoco se reduce a ser una reedición del histórico Frente Popular de izquierdas. No se trata de ganar una partida política histórica, una revancha, de dar un vuelco electoral, ideológico, al país, sino de hacer lo que no se ha hecho y se debería haber hecho: de afrontar la situación crítica actual de una manera más política y competente que lo que se ha hecho hasta ahora. Si de verdad estuviéramos ante una crisis, una catástrofe nacional, la reacción natural sería reunir a todas las fuerzas y expertos en busca de consensuar solidariamente las mejores soluciones para todos. Pero nada parecido a esto es lo que se ha hecho: o sea, que o esto no es una crisis, sino una estafa, o nuestros gobernantes son unos irresponsables que, como los saqueadores en las catástrofes, aprovechan para sacar beneficio propio del mal ajeno.

UNA PLATAFORMA ALTERNATIVA UNITARIA ABIERTA Y PLURAL no sería un BI-PARTIDISMO de nuevo cuño; porque, por su propia naturaleza, si es que llegara a existir, ni sería PARTIDO ni sería PARTIDISTA.

UNA PLATAFORMA ALTERNATIVA UNITARIA ABIERTA Y PLURAL sería lo que ni se ha hecho, ni se está haciendo para adoptar las medidas adecuadas para sacar a este país de la crisis: poner de acuerdo a la MAYORÍA NATURAL PLURAL en lo esencial para salir de esta situación con medidas JUSTAS (esto es, válidas para todos, incontestables). En ningún momento PP ha pretendido hacer nada parecido a esto, sino que ha excluido a priori a todos los demás -a los divergentes, e incluso a los directamente perjudicados o ‘víctimas de la crisis’- aprovechando y manejando la situación para hacer políticas de negocio, de intereses particulares. Prácticamente ninguna medida ha sido clara y directamente destinada a paliar los perjuicios causados por la crisis a las personas, y muchas medidas adoptadas han servido, más bien, para potenciarlos o agravarlos, hasta el punto de llegar a ser cuestionada su eficacia real para reconducir, en cualquier caso, el problema de la crisis: las medidas han matado la actividad económica que hubiera podido mantenerse o desarrollarse, y, con frecuencia, queriendo recaudar más, han acabado recaudando menos. La actual suma de déficit + deuda es superior a la que había en 2011. Pero, no son medidas torpes: son medidas interesadas. Las medidas que se han adoptado no son las que hacía falta, ni por las causas, ni por la sintomatología de la crisis, sino las de una expectativa de negocio nacional y global en beneficio de muy pocos. -Ha quedado constancia de ello.

La creación de UNA PLATAFORMA ELECTORAL ALTERNATIVA UNITARIA serviría para optimizar el impacto de los votos de la mayoría natural en escaños. La diversificación en partidos hace que muchos votos no obtengan representación porque el partido votado no llega a los mínimos para conseguir presencia parlamentaria. Y lo mismo pasa con los restos de votos que no llegan a consolidar un escaño en el caso de partidos que sí alcanzan representación en la cámara. Si todos esos partidos –menores o mayores- se unen en UNA SOLA PLATAFORMA ELECTORAL ABIERTA Y PLURAL, alcanzarían unos la representación que no podían, y otros consolidarían más escaños, al perder menos ‘restos’. Además, hemos visto que, cuando un partido acumula más votos, de acuerdo con la #LeyElectoral, es desproporcionadamente beneficiado obteniendo cada escaño por muchos menos votos: de tal manera, que, con un mismo millón de votos, se puede obtener o bien un solo escaño (como le ha sucedido anteriormente a IU), o bien 17 (como le sucede habitualmente a PP). Así, UNA PLATAFORMA ELECTORAL ALTERNATIVA UNITARIA produciría de manera infalible EL CAMBIO.

Además es muy previsible que se acumule abstención entre votantes del PP decepcionados, que no darán su voto A OTROS, sea por convicción o simplemente porque no ven UNA ALTERNATIVA SOSTENIBLE, confiable, para sacar adelante el país en la situación delicada en que nos encontramos: es la impresión de que NO HAY ALTERNATIVA, y que ha beneficiado tanto al BI-PARTIDISMO impuesto. Pues bien, UNA PLATAFORMA ELECTORAL ALTERNATIVA UNITARIA ABIERTA Y PLURAL ofrecería a una gran mayoría del electorado decepcionado una esperanza, porque no sería una plataforma predefinida ideológicamente, sino precisamente aquella que tiene la voluntad de hacer lo que el PP no ha querido hacer en su legislatura: llegar a ACUERDOS y adoptar medias JUSTAS. Sería una plataforma que, si llegara a existir, tendría ya probada, contrastada, su capacidad de llegar a ACUERDOS y la demostración de priorizar el interés general de la ciudadanía, del país, por encima de los intereses de PARTIDOS (PARTIDISMO).

Tenemos por delante diferentes convocatorias electorales: EUROpeas, municipales y autonómicas y las próximas elecciones generales en 2015: muchos ensayos y ocasiones para llegar a conformar UNA ALTERNATIVA SOSTENIBLE final en la que claramente primaría la POLÍTICA sobre la ECONOMÍA, para dar, como debió de ser desde el principio, una solución POLÍTICA, JUSTA, a la crisis ECONÓMICA. Muchas medidas adoptadas unilateralmente por PP son ideológicas, sospechosas de intereses particulares e incluso cuestionadas a posteriori internacionalmente y en sus propios efectos: hay que corregir unas e incluso revertir otras. La situación exige hacer una POLÍTICA, que, sin faltar a las responsabilidades económicas internacionales que sean justas, defienda a la ciudadanía, represente los intereses generales de ésta, y sirva para un desarrollo mejor de las potencialidades de nuestro país. España no puede renunciar a su propia economía y soberanía; no se puede limitar a ser una franquicia absolutamente dependiente de los fondos de inversión extranjeros.