España es un Estado social y democrático de derecho

España es un Estado social y democrático de derecho.

"España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político" (Constitución, 1.1.)

La palabra 'social' aparece en la Constitución 27 veces; y la palabra 'liberal', ninguna. Pero esto no quiere decir que España sea un Estado 'socialista', frente al 'liberalismo': ni una cosa ni la otra.

Por Estado 'social y democrático de derecho' no se entiende particularmente la forma del Estado socialista-comunista, sino una superación del enfrentamiento entre ambos modelos extremos:

1. España es un Estado de derecho, con la 'libertad' como uno de sus 'valores superiores'.
2. pero también un Estado social, con la 'justicia' y la 'igualdad' también como 'valores superiores'.
3. -Y, en cualquier caso, es un Estado plural, donde han de poder convivir, como en todo sistema democrático, ideologías o tendencias políticas diferentes, como el socialismo y el liberalismo.

El Estado de derecho surgió como defensa, tanto de la libertad del individuo, como de la igualdad entre todos, como reacción contra los excesos del antiguo régimen, en la monarquía absoluta. Y surgió, de hecho, como una nueva fórmula compatible con la propia monarquía: como 'monarquía parlamentaria', por ejemplo, en el Reino Unido.

"La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria" (Constitución, 1.3)

Lo que fue esencial en la nueva forma de Estado era:

1. La división de los poderes, que antes se concentraban todos en el monarca absoluto.
2. Y el sometimiento de éste, como un ciudadano más ('iguales ante la ley': Constitución, 14), a las leyes, promulgadas por el órgano representante de la soberanía popular.

El Estado de derecho nació también como una defensa de la propiedad privada como derecho natural. Pero evolucionó poniendo el énfasis en la libertad individual y en la propiedad privada desarrollando un liberal-ismo que llevó a una nueva situación de injusticia, donde la diferencia entre nobles y vasallos del antiguo régimen se tornaba en una nueva forma de discriminación social en función del régimen de la propiedad y de las relaciones económicas de producción y mercado.

Esto llevó necesariamente a la revolución del proletariado reclamando la justicia social que faltaba, y, de manera extrema, a la dictadura del proletariado y a los regímenes socialistas-comunistas, estatalistas, represores del derecho de la propiedad.

La social-democracia surgió posteriormente como una fórmula que supera el enfrentamiento dialéctico entre estos extremos del liberal-ismo y del social-ismo, adaptando las justas reivindicaciones sociales a la libertad individual y el derecho a la propiedad, dentro de los regímenes democráticos occidentales, abiertos al pluralismo ideológico.

Al caer el régimen soviético, a finales del siglo XX, algunos quisieron entender que desaparecía el contrapeso social al liberalismo y que, en consecuencia, se abría un nuevo orden mundial de triunfo y hegemonía absoluta del liberal-ismo: el neo-liberal-ismo. Pero hace falta ser muy injusto e incluso inhumano para pretender con ello retroceder a los tiempos de la opresión y la explotación, ya felizmente superados.

Lamentablemente, parece que son esas las ideas que alimentan la situación político-económica actual, en la que, por la dura competencia global, los 'afortunados propietarios' parecen haber entrado en un arrebato de locura para, con el apoyo de la clase política dominante y por encima del cadáver de la ciudadanía 'rasa', optimizar la competitividad y productividad del capital para poder conservar y acrecentar sus posiciones dominantes frente a las economías emergentes.

Es por eso que parten del postulado de que la social-democracia se ha acabado y que, por tanto, hay que liquidar ya lo que se llamó el Estado del bienestar general, por ilusorio, obsoleto (en el nuevo orden neoliberal) y por no constituir más que una rémora frente a los potenciales índices de crecimiento, sobre todo, porque la competencia parece prescindir por completo de todos los frenos éticos de la justicia social y la dignidad de las personas humanas, que la cultura occidental ha autoimpuesto a su propia economía en tiempos de crecimiento 'pacífico'.

Es, por tanto, necesario comprender la social-democraciano como un valor exclusivo del socialismo, sino como una conquista de la humanidad (o, al menos, de occidente), que fue capaz de superar la dialéctica entre liberalismo y socialismo. Es decir, deberíamos tomarla como un valor común, de todos, y como la única manera de hacer económica, política y éticamente sostenible la defensa de la libertad y de la propiedad en un régimen justo de igualdad de oportunidades.

Asimismo, es necesario comprender que el derecho natural a la propiedad privada no es tanto un derecho a acumular propiedades necesarias para los demás y detraídas a éstos, por encima de toda ética y justicia, sino, más bien, el derecho de cada uno a todo lo que es necesario para una vida digna -y sólo a ello-. Y es, por ello, que en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las constituciones de los países civilizados se reconoce el derecho a la vivienda, al trabajo, a la atención sanitaria, etc., como también podríamos hablar del derecho a una renta básica que asegure la supervivencia de toda persona en unas condiciones de vida digna. Y todo lo demás ha de estar regulado por la economía y la política bajo el principio supremo de la prioridad del interés general, como manda la Constitución:

"Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general" (art. 128.1)

Y, del mismo modo que es fundamental la libertad y la igualdad en el Estado de derecho, también lo es la división de poderes y particularmente el respeto al poder legislativo como primer poder, radicado en la voluntad popular.

El propio Rey, como árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones (Constitución, 56.1) debería garantizar la independencia de los poderes que se desglosaron de la monarquía absoluta en la fórmula moderna del Estado de derecho. Y debería garantizar también que en ese desglose de los poderes se respeta el lugar primordial de la soberanía popular en el poder legislativo. Pues, que esto sea o no efectivamente así es quizá lo que está poniendo en juego la credibilidad del propio sistema español de 'monarquía parlamentaria'. Y es notorio que hoy todo esto está profundamente puesto en cuestión.

Se han producido abusos en el ejercicio del poder por la clase política, que han puesto en cuestión tanto la división de poderes, como su representatividad respecto de la ciudadanía. La clase política, manipulando el poder legislativo a su antojo y beneficio, fuera del control de la ciudadanía (lo cual es en sí paradójico), ha evolucionado hacia nuevas fórmulas monstruosas de absolutismo, reconcentrando artificiosamente todos los poderes, con el falso argumento de la estabilidad: España necesita estabilidad; pero ante todo necesita respeto a la pluralidad y verdadero diálogo entre las ideologías diferentes. -Pues, sin diálogo, no habrá estabilidad: "mientras no haya justicia, no habrá paz".

La corrupción económica sólo es una consecuencia de esta otra corrupción política o del sistema, que es la fundamental: se ha reducido el ejercicio del poder a una especie de club privado entre dos partidos (bipartidismo) y se han neutralizado o desactivado de diversas maneras todos los sistemas de control. Han construido así un nuevo absolutismo a la sombra de la imagen de un Rey, que se parece más al del Leviatán de Hobbes: es como si hubiéramos llegado al pacto expreso entre ellos, tácito por nuestra parte, de esa alternancia en el poder, que no es propiamente el cambio democrático y que finalmente se descubre como un reparto del cotarro de lo público... como si fuera su cortijo particular. Ya no un régimen ético ni justo, sino una forma de imponerse los más fuertes a los individuos aislados y a las minorías impotentes, sin más ley que, en el fondo, la del más fuerte. Es la política físico-matemática de la imposición de las mayorías por la fuerza, que ya no es realmente una demo-cracia.

Es preciso entender la voluntad popular no como voluntad de la mayoría, sino como 'voluntad general' -que no es lo mismo-, y reforzarla con la revocabilidad de los poderes delegados. Y, con las actuales tecnologías, es posible hacer que tales poderes no sean suplantadores, sino sólo subsidiarios respecto de la participación ciudadana efectiva, la cual se debe promover y desarrollar amplia e intensivamente tal como manda el artículo 9.2 de la Constitución:

"Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social."

El timo de la hipoteca

No es una crisis: es una estafa.

Igual que en la crisis del 29 se produjo una burbuja especulativa en el mercado de valores (la gente hasta pedía créditos para invertir en acciones, porque se presentaban como un chollo); en la actual crisis de 2007... ha sido en el mercado inmobiliario, donde se ha producido la burbuja, porque ha sido en él donde han encontrado la mayor rentabilidad los inversores (hubo gente que hasta se hipotecó con una segunda vivienda solamente como inversión...).

Y lo que desafortunadamente acaba resultando crisis para unos, que se quedan con las trágicas pérdidas en la base de la pirámide, afortunadamente vino a ser precisamente la retirada de ganancias de otros que ejecutan las hipotecas como acreedores... y así hasta el vértice de la pirámide donde están los únicos beneficiarios seguros de todo lo que los demás han perdido: los pocos grandes inversores o fondos de inversión finales.

Pero semejante pelotazo sólo es posible con la manipulación del libre mercado de la oferta y la demanda. Hace falta:

1. Inflar los precios, con la especulación sobre el suelo y la colaboración de los tasadores, y
2. con la connivencia de los bancos, que debían flexibilizar los préstamos, concediendo créditos de alto riesgo a cualquiera, como si fueran seguros (subprime) porque... se presentaban como una inversión-chollo... -En todo timo siempre es necesaria la complicidad del estafado, que en este caso lo era tanto la avaricia de la banca intermediaria, como la de algunos clientes terminales (otros, simplemente ignorantes o ingenuos).
3. Pero fue inestimable también la cooperación de los políticos y los organismos de control, con su gentil desregulación de los mercados (presuntamente buenos y solidarios por naturaleza) y con la vanidad que les llevaba a hacer alarde de una situación económica boyante bajo su imperio o gestión (también estafados), animándose ellos (a través de las instituciones públicas, con el dinero de los demás) y a los ciudadanos a la fiesta del gasto por encima de nuestras posibilidades.

El objetivo es en realidad toda una estafa a un país: llenar a los 'pobres' (a la masa de los menos pudientes) con hipotecas basura inflando precios que no podrán pagar... para luego explotarlo: una forma de reventar el sistema bancario y, en general, todo el sistema económico de un país, sobre todo, cuando en ello se había concentrado toda la política económica nacional.

De hecho, no está claro si por caUSalidad (como resultado de esta crisis o incluso como objetivo buscado), o sólo por caSUalidad, parece que estamos viviendo actualmente en una situación en la que se pretende acabar con el mundo de las soberanías de las naciones, para entrar en un nuevo orden mundial de corporaciones transnacionales soberanas... con un sistema -esta vez- de SÍ regulación y sometimiento a éstas de las naciones y de sus ciudadanías, a salvo de las estupideces de las soberanías populares de la ya antigua democracia...

J. Sanmartín, fundador del Centro Reina Sofía para el Estudiio de la Violencia, en su reciente publicación "Bancarrota moral. Violencia político-financiera y resiliencia ciudadana" (Sello Editorial, abril de 2015), defiende la idea de que tanto la creación, el desarrollo y la explotación de esta burbuja inmobiliaria, tanto a nivel nacional como internacional, como las medidas que con ocasión de ella se nos están imponiendo, constituyen toda una cadena de actos no sólo de violencia político-financiera, sino incluso, propiamente dicho, con 'crueldad'.

Generar hipotecas 'subprime' es generar hipotecas casi CON LA SEGURIDAD de que no se van a poder amortizar. En una hipoteca subprime se infravalora deliberadamente su prima de riesgo real: se consiente en dar un crédito enorme barato saltándose excepcionalmente las medidas de seguridad. Pero, además, se llega a convertir la excepción en norma... hasta el abuso: se ha llegado a hacer 'explotación industrial' del quebrantamiento de las medidas de seguridad que existían. Hasta entonces no se podía dar un crédito hipotecario por más de 1/3 de los ingresos del titular; pero, se dieron hipotecas subprime por el 100% de los ingresos a mileuristas sin una situación laboral estable. Los créditos hipotecarios se reforzaron como préstamos personales (sin que el cliente tuviera percepción de ello), mediante avales al margen del propio bien hipotecado: no eran 'hipotecas', porque se sabía que lo más probable era que los prestatarios fallaran en el pago y que el precio del bien hipotecado iba a caer. Y eso tiene delito.

Pero el delito y la responsabilidad, o quizá la irresponsabilidad, no están en el cliente, que normalmente es ignorante de unos factores y riesgos que se le ocultan, sino en la propia entidad y en el sistema que ha permitido esas operaciones... incluso como... 'política económica' del país. En las hipotecas subprime la entidad asume conscientemente un riesgo anormal... porque sólo las operaciones arriesgadas producen 'pelotazos' económicos. Y asume ese riesgo creyendo que después podrá transferirlo sin más -pero fraudulentamente- al cliente en caso de fracaso. -Esto lo hicieron los bancos con sus clientes y, de otro modo, los políticos con los ciudadanos: disponiendo a nuestra salud de los recursos del Tesoro; esos recursos que ahora tenemos que pagar a los fondos de inversión con nuestra 'salud' -con la sanidad, las pensiones, etc.

'Colocar' hipotecas 'subprime' es como apostar por una QUIEBRA SEGURA y repartirse después los beneficios de la ejecución de la hipoteca.

Por todo eso, es vital y de justicia detener los desahucios y, no sólo renegociar la deuda, sino auditarla jurídicamente, como en el caso de las preferentes y de las acciones de Bankia... no vaya a ser que toda esa parte que lastra en exceso a las familias quebradas sea en realidad no más que una estafa. Y, por eso, la dación en pago retroactiva podría ser en la mayoría de estos casos una medida justa.

-Ver también Política de vivienda para el #20N: #stopdesahucios en http://politicareal-0.blogspot.com.es/2011/10/politica-de-vivienda-para-el-20n.html

Crítica de la crítica hasta la sinrazón pura

La crítica pierde su autoridad, su rigor, su valor, eficacia, e incluso podemos decir ciertamente que hasta su verdad, cuando es universal y negativa a la vez, porque demuestra falta de discernimiento. No es espíritu crítico verlo todo siempre mal —peor imposible—, sino que es simplemente ser cenizo y quizá hasta paranoico. La crítica es una facultad de la razón que, por ello, no puede ejercerse hasta la sinrazón, es decir, hasta perder la razón.

Intelectualmente no consigo convencerme 1) de que todo ha de ser —es— pésimo en la nueva legislatura emprendida por el PP, el cual, sin embargo, ha ganado las elecciones, de manera más o menos legítima, pero, en cualquier caso, con mayoría absoluta; y 2) de que, por el contrario, todo es óptimo en la izquierda en general (PSOE incluido). No alcanzo a comprender cómo nuestro país y la derecha en particular han logrado ser tan eficaces en dar con el peor Presidente posible (en realidad ninguno sería válido, a priori) y los ministros paradójica y casualmente más inadecuados posibles: los peores que puede haber cada uno en su género. Todos son corruptos, perversos, si no incompetentes, y manifiestamente inadecuados especialmente en la correspondiente competencia que se les ha asignado. Sobre todos hay sospechas, lacras… y están desautorizados a priori. Además, toda acción posible del nuevo equipo está ya descartada a priori como inadecuada, simplemente porque no se acopla al prejuicio ideológico contrario de los que no están ejerciendo el gobierno.

Me recuerda esto a cuando los comentaristas de fútbol parecen saber más que el entrenador del equipo que está jugando: ¡cuántos periodistas lo harían mejor que el entrenador y, sin embargo, ahí están: limitados a su tarea de simplemente “comentar” lo que otros “hacen”! O también a la sagrada rivalidad que existe entre equipos como el Barça (republicano, independentista o federalista y de izquierdas ¿?) y el Real Madrid (centralista, nacionalista español, monárquico, y por tantos ‘por tantos’, de derechas ¿?). No entiendo bien por qué, si negamos la injerencia de la religión en la política, sin embargo, luego hacemos política como si de religión se tratara: de manera crudamente dogmática.

Conste que esta crítica que hago a la crítica hasta la sinrazón, se puede y se debe aplicar también a cuando gobernaba el PSOE, e incluso al juicio o a los prejuicios que se puedan tener hacia otros partidos, independientemente de que tengan o no la opción real de gobernar: IU, partidos republicanos, partidos nacionalistas, e incluso Amaiur (hoy por hoy, un partido “legal”, mientras no se demuestre lo contrario). Zapatero ha podido tener errores importantes —o simplemente diferencias ideológicas…—, pero no se puede negar que también tuviera algún acierto y, principalmente, una altura moral notable. Lo mismo se puede decir de Rubalcaba: quizá el PSOE actual no tiene mucha aceptación en la izquierda de hoy día, y eso explica sus resultados electorales, pero no se pueden negar importantes capacidades, valores y virtudes en el que ha sido su defensor hasta la extenuación como candidato y ante el discurso de investidura del actual Presidente del Gobierno. Rosa Díez, a juzgar por las críticas de ¿los más entendidos?, debe ser la única persona en el mundo incapacitada de manera innata (a priori) para liderar un partido político... Y, por otro lado, no tenemos por qué conceder nada político a ETA, pero ello no implica que la reclamación de la independencia de Euskadi por Amaiur sea políticamente deplorable y absolutamente inadmisible, hasta el punto de prejuzgar a sus defensores como seres de una cualidad moral intrínsecamente inferior. —La política dialéctica, de la pura disputa, de la pura escenificación del conflicto ideológico o, en definitiva, de intereses partidistas o de clase, no es útil a la nación, al Estado: no nos interesa a la ciudadanía. El Congreso de los Diputados es la cámara de la representación de la voluntad popular, no es para las disputas entre partidos.

Parece existir en la política española —y no sólo ahora— la idea de que el PP “no puede” gobernar: algo así como una nostalgia de Frente Popular continuo, que, sin embrago, luego, en la práctica nunca llega a ser capaz de cuajar, de materializarse, como p. ej. en Extremadura. Ese “ambiente” cristalizó de una manera muy especial, palpable, tras el 11M, en la primera legislatura de Zapatero, con lo que se llamó el Pacto del Tinell, que, además, no era un pacto que afectaba sólo a Cataluña, sino que se extendía al Estado español tomado en su totalidad, pero también, en la práctica, y de manera declarada (ante los medios) p. ej. en Euskadi (en toda la política y la negociación con ETA de aquella época).

Sin embargo, es un hecho abrumador (y se percibe así en el propio documento de “Mucho PSOE por hacer”) que el PP obtiene la confianza de la ciudadanía en todos los niveles de la Administración y en toda la extensión del Estado español, y además, con frecuencia, con mayorías absolutas (falta Andalucía… y se verá).

Pues bien, creo 1) que el PP tiene, al menos, el mismo derecho que el PSOE a gobernar; 2) que probablemente sólo PP y PSOE van a ser quienes siempre gobiernen, uno u otro, por más que se corrijan los abusos o deficiencias de la actual Ley Electoral (al menos a nivel estatal); y sobre todo 3) que se echa la culpa al PP y a sus votantes de su propia victoria, cuando, en realidad, muchas veces ésta llega o se mantiene simplemente por la manifiesta, crasa y profunda incompetencia política de la izquierda en general como alternativa al PP.

Ni IU ni PSOE demuestran tener la competencia política que es “de hecho” necesaria para ganar ellos el triunfo en la política actual. Y, por favor, no insulten a la ciudadanía culpándola de ello, como si fuera tonta, estúpida, ignorante, masoquista… No le cuelguen a ella el San Benito de lo que no puede deberse más que a las propias incompetencias prácticas o pragmáticas de la izquierda. En general, la gente no es tonta, pero, por otro lado, tampoco es excesivamente exigente: sólo quiere que las cosas funcionen con normalidad (algo tan sencillo como que haya trabajo, paz, bienestar, progreso…: pero ni siquiera un hiperdesarrollismo ni “pelotazos” de éxito… como a veces parecen empeñarse en conseguir y ofrecernos los políticos).

Cuando un partido como el PSOE, por dos veces, sean cuales fueran las circunstancias, deja al país económica y laboralmente exhausto, a los ciudadanos ya no les parece que sea sólo cosa del ciclo de la vida o una fatalidad del destino, sino que quizá haya algo más radical o profundo que lo haga incapaz de resolver las cuestiones económicas y laborales, que, por otro lado, son la base del estado del bienestar y de la justicia. Igual éstos, el bienestar y la justicia, son insostenibles sin una base económica y laboral adecuada… —como dice Rajoy—, y con la que el PSOE aún no ha dado. Gobernar no es sólo pedagogía, convencer, “decir” y hacer creer las cosas, sino seguramente, ante todo, obtener “resultados”.

Y esto, no porque vivamos en un mundo productivista, consumista, sino porque la gente no es tonta y, al final, la competencia o la incompetencia acaban saliendo a la luz. Todo lo que la política (los políticos) esconde(n) en las medidas que adoptan, acaba saliendo más tarde o más pronto por algún lado. —Sirva de ejemplo si había o no crisis, si ésta era importante o no, y si ya estaba resuelta y estábamos ya saliendo de ella… cuando en realidad aún no hemos tocado fondo.

Con frecuencia, la culpa del fracaso de la izquierda no es ni la habilidad especial de la derecha, ni la estupidez de la ciudadanía, ni las meras circunstancias: sinceramente creo que la izquierda debe buscar dentro de sí misma la causa constitutiva de sus propios fracasos.

Para que sea principalmente el Estado el que se encargue de lo que es de todos (socialismo), hace falta una integridad y una eficiencia o competencia de la que quizá se ha carecido (así parece que sucedió p. ej. en la URSS). Y entonces este fracaso lleva a la mayoría a considerar conveniente, preferible, la minimización del Estado y el respeto preferencial a la iniciativa privada (neo-liberalismo). El ejemplo de Finlandia, al que se suele recurrir, es clamoroso: se nos llena la boca hablando del estado socialdemócrata y del bienestar a la hora de dar “números”: porcentaje de impuestos, de servicios públicos, etc. Pero nos olvidamos de lo más importante que hay detrás o debajo de todo eso: un régimen de Administración pública cuya transparencia, integridad y eficiencia “nosotros” desconocemos.

No quiero decir que la izquierda sea inmoral y la derecha moral en el ejercicio de la Administración pública, sino que, cuando, en general, el ejercicio de la Administración pública y la clase política no es del todo transparente, íntegra y eficiente, entonces parece mejor minimizar el ámbito de lo ‘público’, y, por tanto, de la acción del Estado. —Tras la caída del PSOE en 1996 por el ambiente de corrupción generalizada que había, poca gente quedó con ganas de pagar impuestos al Estado. En consecuencia, la fórmula liberal de rebaja de impuestos ofrecida por el PP parecía la lógica y la deseable.

Precisamente, más bien, el punto fuerte de la izquierda es o debería ser, al menos según se predica, la moralización de la vida pública: su defensa de los valores de justicia, igualdad, solidaridad… Pero la izquierda tiene que encontrar fórmulas más creativas, actuales, versátiles y flexibles, menos doctrinales, para conseguir que esos ideales puedan materializarse en la sociedad real, de una manera pragmática, efectiva.

En cualquier caso, se adopte la postura que se adopte, creo que para una política sostenible y de futuro, duradera, hace falta romper los moldes doctrinales de la izquierda y la derecha, del socialismo y del liberalismo. Y creo que la fórmula del “Estado Social y Democrático de Derecho” con la que se caracteriza a nuestro país en el artículo 1 de la Constitución es la fórmula perfectamente sintética de ambas tendencias: 1) un régimen originalmente liberal de “Estado de Derecho”, 2) con la posterior corrección o el perfeccionamiento “Social”, y 3) con el factor común de ambos, que es la “democracia”. Pero ésta, no entendida de manera físicomatemática, utilitarista, como un régimen de mayorías o fuerzas (que son las expresiones que más suelen usarse), sino de una manera ética o humana, como un régimen de autogobierno de las personas libres basado en el entendimiento mutuo, y en busca, ante todo, del ideal de justicia, que es el interés general, esto es, de todos, y no sólo de “la mayoría”.

Condiciones para la contribución ciudadana al rescate de nuestra economía

Para los griegos, el concepto de ‘ciudadano’ (polítes, politikós) debía ser probablemente el mismo que el de ‘político’, pues utilizaban la misma palabra o la misma raíz para ello. En la democracia ateniense, que es la democracia tal como fue concebida originalmente por la humanidad, ese régimen consistía en el gobierno de la ciudad por sus ciudadanos, algo así como una comunidad de vecinos.

Es verdad que ‘ciudadanos’ no eran todos, sino, digamos, los que pagaban, y, por tanto, tenían derecho a mandar sobre lo que es suyo: la ciudad. En definitiva, la democracia resulta que no es más que una evolución de la aristocracia un poco más allá de lo que fue la oligarquía (quizá lo que hoy sería el gobierno de la burguesía, palabra que también tiene que ver con ‘ciudad’, en este caso ‘burgo’). Los esclavos —lo que hoy sería los trabajadores por cuenta ajena— no mandaban, y ya contribuían o pagaban lo bastante con su trabajo, con sus carnes y, lo que es más, con su libertad: mejor dicho, con su falta de libertad, que es su esencial dependencia.

Hoy nos hemos quedado con la idea de que ciudadanos somos todos, y que aparte están los políticos, esa clase privilegiada de Señores que son los que nos gobiernan. Son de origen ciudadano porque muchos entran a los cargos públicos no por sus posesiones iniciales, sino como exaltados o promovidos por la ciudadanía. Sin embargo, lo de pagar, antes que extenderse a todos, igual que el concepto de ciudadanía, se ha retraído a los trabajadores por cuenta ajena (esto es, a los esclavos). Pues los políticos pronto se convierten en poseedores de rentas y bienes (que no está claro que sean sólo los que se permiten declarar) y renuncian a su origen bajo, es decir, a la condición llana de ciudadanos: ¿¡acaso queremos que nos gobiernen pobres y funcionarios!?

Pero esta resulta ser una ligera desviación del concepto de democracia y de ciudadanía que estamos pagando por sus consecuencias: los ciudadanos (y principalmente los trabajadores por cuenta ajena) nos hemos quedado con lo de pagar, y los políticos (ex-ciudadanos exaltados por la ciudadanía) con lo de cobrar y, por supuesto, con lo de mandar.

En el plan de ataque para el rescate de nuestra economía que parece que se quiere presentar figuran claramente en primera línea los ciudadanos de hoy: funcionarios, trabajadores… Pero los políticos y poseedores de rentas y bienes (los antiguos ciudadanos y luego nobles) se desmarcan claramente de la responsabilidad ciudadana (rastrera) de ‘pagar’. Políticos y adinerados se han quedado 1) con el privilegio de no pagar por el socavamiento de la economía que ellos mismos han producido (aunque sólo sea por ser irresponsables de ello), 2) con el privilegio de las rebajas de sus impuestos, supuestamente como estímulo para ¿contribuir más (aún)?, 3) también con el privilegio de la ingeniería jurídico-político-fiscal que ha diseñado un sistema, un entorno, ideal para que los que sacan y tienen puedan escurrir el bulto de contribuir en la medida de su enriquecimiento; pero también, y es descarado, 4) se han quedado los banqueros con el privilegio de quedarse con las indemnizaciones correspondientes a su cargo (cuando no lo han cumplido con diligencia por no haber garantizado los depósitos de los ciudadanos), y 5) los políticos, con el sorprendente privilegio de subir sus sueldos en esta etapa tan decadente de nuestra economía, y de negarse en rotundo y con supuesta razón (a su juicio) a renunciar a privilegio alguno autoatribuido por su condición —su clase— de ‘político’, que claramente ya no es lo mismo que ‘ciudadano’.

Ningún ciudadano (raso) o trabajador por cuenta ajena (esclavo) va a entender el requerimiento de su esfuerzo (más trabajo por menos dinero), si no ve que eso es lo que sucede por todos lados, a toda la ciudadanía (incluidos los políticos y los poseedores de rentas y bienes), en definitiva, si no es justo. O se hace un plan justo, o no saldrá adelante. Y no estamos a tiempo ni en condiciones de sumar planes fallidos.

Así, pues, algunas medidas para el rescate, que son condición necesaria (sine qua NON) para poder exigir con honestidad y justicia a la ciudadanía su esfuerzo, pueden ser las siguientes:

1. Simplificación matemática de los políticos y de todo lo político: si pueden ser menos, todavía no está suficientemente reducido. Aplicar a esto (a lo político: no tanto ni sólo a lo administrativo) el criterio liberal de la minimización del Estado.
2. Equiparación de los sueldos de los políticos a los de funcionarios del nivel correspondiente: no autoconcebir los políticos como altos directivos de empresa, incluso al margen de su competencia en el ejercicio del cargo; la política es un servicio, no el negocio de tu vida.
3. Ningún doble sueldo a políticos: ni por acumular cargos en la Administración, ni a sumar a sus remuneraciones particulares (o se hace dedicación exclusiva o se cobran ingresos parciales en proporción al número de dedicaciones acumuladas). Si se permite acumular cargos para ahorrar, que sea sin cobrarlos todos, sino sólo uno, un total equivalente a un solo cargo, porque vidas sólo tenemos una cada uno de 24 horas al día.
4. Ninguna acumulación de pensiones públicas: una pensión pública es una asistencia social no un negocio. Cuando hay un siniestro no se cobra varias veces, si hay solapamiento de seguros, sino sólo una vez. Quien quiera pensiones lucrativas, que las negocie en su banco como una inversión de su propio capital.
5. 7 años de trabajo no pueden dar lugar a pensión completa de jubilación ni en política ni en ningún otro trabajo. Para recibir la pensión completa de jubilación se han de requerir, como para todos, 37 años (¿no es así?): 7 años sería sólo la parte proporcional equivalente; no más.
6. Ningún asesor, ni puesto de libre designación. Para eso están los puestos técnicos de la Administración. Los asesoramientos personales (por incompetencia propia) y políticos (por ideología) debe sufragarlos uno mismo o el partido político, respectivamente.
7. Reducción de las diputaciones a unidades administrativas: políticos cero.
8. Ningún desvío de fondos públicos fuera de presupuesto (ni en cantidad ni en concepto): completa transparencia del gasto (contabilidad pública detallada y reclamable por cualquiera, sea interesado en el negocio correspondiente o simplemente un ciudadano, control político de las cuentas por los partidos en oposición).
9. Ninguna contrata opaca ni por precio superior al del mercado. Publicación del baremo de precios a que está contratando la Administración, por si hubiera interesados en ofrecer sus productos o servicios a un precio menor: es decir, introducir competencia a la baja.
10. Ninguna evasión de impuestos, ni de capitales. Impuestos progresivos, proporcionales, por defecto. Desgravar por inversiones, pero no por condición de gran fortuna. Hoy la evasión, en función de su relevancia, debería juzgarse como delito de traición.
11. Ingeniería inversa jurídico-político-fiscal: es decir, contra el fraude y la evasión. Cualquier inversión en reforzar este control es económicamente rentable: si no se hace es sólo por razones políticas-ideológicas.

Por favor, que alguien evalúe —cuantifique— todo esto. Y que sólo después pidan a la ciudadanía su contribución. La responsabilidad de esta crisis está en los políticos y en el capital, no en la ciudadanía. La ciudadanía podría, con razón, ser aún más exigente reclamando con justicia la depuración de responsabilidades y que paguen ellos. Pero estoy seguro de que no hará falta llegar a ese extremo. —Hay precedentes conocidos, como el de Islandia. Y no se puede demonizar esa exigencia como si fuera una revolución irresponsable y antisistema: antes bien sería una auténtica revolución moral de la vida cívica.

No necesitamos pagar más: basta que no se lo quede nadie

La actual crisis política-económica tiene un rasgo común característico: a bancos y a políticos les une, entre otras cosas, haber buscado su propio beneficio particular antes que el de los clientes o los ciudadanos, respectivamente, antes que el interés general, que no es sólo el mayoritario, sino el de todos, el de justicia.

Ahora parece que se pretende resolver el problema económico elevando la injusticia al cuadrado. Primero, el fraude de la inflación artificial de los precios de la vivienda lleva a la quiebra a 1.500.000 familias. Después, se quiere proponer como solución que entre todos los ciudadanos que aún disponemos de recursos económicos ayudemos a los defraudadores (y no a los defraudados) a consumar las operaciones que han quedado interrumpidas por la crisis, para que puedan terminar de alcanzar sus beneficios esperados. Para ello, durante veinte años pagaremos el stock de casas que han quedado sin vender, a precios falsos astronómicos, sin obtener por ello ni títulos de propiedad, ni acciones bancarias, ni letras del Tesoro: literalmente, vamos a comprarnos la casa que los malogrados clientes no han podido conseguir, pero sin que llegue a ser nuestra. Y, cuando ya esté pagada y saneada, entonces los bancos y promotores podrán sacarlas a la venta, dentro de veinte años, al mismo precio astronómico o, seguramente, a uno superior. Literalmente, las van a vender dos veces. Defraudaron a los fracasados, ahora nos defraudan a los que tenemos que contribuir y luego defraudarán a los compradores terminales de los pisos atascados.

Y lo que termina de hacer fantástica esta situación es que esa solución (que es lo que hay tras la posible creación de un banco “malo” para nosotros; “bueno” para ellos), vendrá determinada por nuestro propio gobierno, ese que va a gobernar para todos los españoles (efectivamente cumpliremos, pagaremos la crisis que no es nuestra, porque no lo podemos evitar legalmente). Si ya el complot por los precios altos debía haber sido intervenido por el gobierno, ahora es el propio gobierno el que entra como actor principal con la iniciativa de la medida más injusta de la historia, que es no querer buscar responsabilidades —que objetivamente las hay, y se sabe— por esta quiebra y fraude del sistema, sino volver a castigar de nuevo a la ciudadanía con una nueva extracción de fondos, para culminar la situación de injusticia que se inició.

Quizá crean ver con perspectiva más global, intentando salvar al país, salvando para ello a los defraudadores “que nos mantienen”. Pero, como en el Titanic, no ven el enorme y clarísimo iceberg que tienen delante, que es la injusticia que están cometiendo con 1.500.000 familias, 5.000.000 de parados y el resto de la ciudadanía que aún sobrevive y a la que van a expropiar para tapar la lujuria de sus excesos, el ansia de beneficios, y nunca de servicio, sea al cliente o a la ciudadanía.

El Presidente de la Comunidad Autónoma Balear, ejemplar en su recorte aproximadamente al 50% de la estructura de la Administración, ha declarado con bastante claridad, que esa superestructura (doble Administración) se desarrolló por concebir los políticos su poder en la Administración como una agencia de colocación de allegados: es “la otra burbuja”, la del empleo sesgado en la Administración para los compromisos personales (los enchufes). Hemos sido capaces de crear puestos públicos para colocar a nuestros conocidos. En Extremadura han entrado 100 familiares y amigos en una misma institución a sustituir a los correspondientes del partido anterior.

El mayor trauma de un partido que pierde el poder (le pasó a PSOE en 1996 y le pasará ahora otra vez) es que “su gente” queda literalmente en el paro, fuera del área de “las influencias” (esto también es tráfico de influencias, aparte de desvío o malversación de fondos públicos o apropiación indebida).

Pero lo mismo que se hace con la gestión del empleo público, se hace también con la gestión del erario público (no se es más estricto o riguroso en esto, porque se vive en la impunidad): desfases contables, déficits arrastrados o cargados sobre las siguientes legislaturas, la impresión de poder disponer con total arbitrariedad de lo que es de todos, pero para negocio y beneficio particular (sea propio o del partido)…

Al margen de la corrupción “personal” —que la habrá, ¡cómo no!—, ¿a cuánto podría ascender el dinero desviado de los fondos públicos a beneficio ilegítimo o incluso ilegal de la actividad de los partidos, quedando así “los que manejan” en situación de ventaja para perpetuarse en el poder? —Asesores: cuánto y quién lo cobra realmente. Informes y estudios que, o no se hacen, o no son necesarios, o no valen para nada… pero cuestan un pastón, cuando están sacados de tres páginas de Internet. Una contrata que se hace deliberadamente por 8 veces más de lo que vale en el libre mercado (esto también produce inflación en los precios, pues los que contratan con la Administración ya nunca quieren cobrar menos). ¡Maravilloso!

Todo esto —estoy seguro— suma más de ese 6% que tenemos de déficit. Lo que se va a quitar de sanidad, educación, pensiones, es lo que se han llevado a otro lado no presupuestado, porque no se puede presupuestar ni puede figurar contablemente. La sanidad, la educación y las pensiones, la seguridad social, no son insostenibles; lo que es insostenible es la cantidad de chorizo albergada en nuestra Administración pública (nunca habrá bastante pan… para tantos insaciables). La seguridad social, hoy aún tiene superávit: no es deficitaria, no es insostenible. Su superávit ha sido socavado en un 50% por los agujeros en todo lo demás. La seguridad social —sanidad y pensiones— es sostenible. Regalarla a la iniciativa privada forma parte del mismo expolio que la recompra de los repisos, la injusticia al cuadrado. Pagos, repagos, cortes y recortes.

Tener la mayoría y el poder ni legitima ni siquiera hace “legal” (aunque se dicte en forma de leyes, como la Ley Electoral), la imposición sobre y contra “los demás”, por más que sean una minoría (una digna minoría, pero completamente merecedora del respeto de sus gobernantes).

Los partidos con poder representan a la ciudadanía: no a los órganos del partido, ni a sus militantes, ni siquiera sólo a sus votantes, sino a toda la ciudadanía. Si abusan del poder para blindarse mediante leyes, con la aquiescencia o la impotencia de los demás, contra éstos, no por ello es legítimo, ni siquiera “legal”.

El poder debe representar y beneficiar a todos por igual, sin causar injusticia a nadie, y especialmente a los excluidos de la mayoría dominante. Una minoría permanentemente excluida del sistema y que no recibe los beneficios del sistema, sino sólo perjuicios y la desconsideración por parte de los dominantes, no tiene ningún interés en el sistema. A la propia mayoría le interesa, más que a nadie, hacer justicia a la minoría, aunque sólo sea por el interés de mantenerse ellos en el poder. De lo contrario, los aires cambian, y el orden se subvierte y se producen giros como el recibido actualmente por el PSOE.

La democracia no es el gobierno por turnos tácitamente convenidos, pactados, entre las mayorías del bipartidismo: en cada etapa, barra libre para el dominante de turno; interés mutuo por etapas, por turnos. Ahora “le toca” al PP: PSOE y los suyos, a hibernar y esperar turno para su parte del expolio de lo público.

Eso, “lo llaman democracia, pero no lo es”; eso es simple y llanamente la ley del más fuerte (pre-democrática, pre-jurídica, pre-moral). Y el dinero y el poder son una “fuerza”, pero la falta de dinero y de poder (de participación) también lo son: y esos al final son el 99%.

¿¡Por qué ha de ser Ana Botella la Alcaldesa de Madrid!? —Para una representación más democrática por los partidos

¿¡Por qué ha de ser Ana Botella la Alcaldesa de Madrid, si Gallardón resultara ser p. ej. el próximo Ministro Portavoz del nuevo Gobierno!? –La respuesta es bien sencilla: porque es la número 2 en la lista del PP por la Alcaldía de Madrid. Vale, pero la pregunta en realidad no era esa, sino: ¿¡Por qué es “ella” la número 2 de esa lista!? Le podemos dar muchas vueltas, pero a mí no se me ocurre otra respuesta más certera, directa y válida que la siguiente: porque es la esposa de Aznar. —Todos sabemos que, en el fondo, la respuesta es esa.

Sigamos preguntando. Pero ¡bueno!, entonces, ¿¡qué es un partido político!? ¡A ver si al final va a resultar que vamos a montar toda una Junta como la de Extremadura con 100 familiares o amigos! —Pues sí, podríamos hacerlo. Pero no sólo podríamos, sino que, además, parece ser que de hecho ya era así antes de ganar las últimas elecciones y cambiar de Gobierno. Pero ¡bueno!, entonces, ¿¡qué es un partido político!?

Según el artículo 6 de la Constitución, nuestra democracia es una democracia por representación mediante partidos políticos. Esto quiere decir: 1) que se basa en «el pluralismo político» o ideológico expresado mediante los partidos; y 2) que los partidos son la «manifestación de la voluntad popular». Y es requisito esencial para ello que «su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos», es decir, erigidos desde la base.

Volvamos a la pregunta inicial: ¿fue Ana Botella elegida democráticamente la número 2 de la lista de Madrid? Desconozco el proceso efectivo por el que llegó allí, y puede variar de unos partidos a otros. Supongamos que sí ha sido elegida democráticamente. Pero, ¿elegida democráticamente por quién? ¿Por las bases del partido: los militantes? ¿Por algún órgano de gobierno del partido? ¿Por la ciudadanía de Madrid en general? Si es por algún órgano de gobierno, entonces el partido tiene también una estructura intermedia de representación: entonces, al final, ¿cuándo y qué eligen las bases para que los partidos se puedan considerar democráticos? Pero incluso aunque haya sido elegida por las bases, esto es, por los militantes, ¿acaso un partido es un órgano de representación de sus militantes? ¿No se supone más bien que debe serlo «de la voluntad popular»?

De cualquier modo que se haga, en un partido o en otro, me da la impresión de que en ninguno de ellos la selección de miembros que pertenecen a la lista y su jerarquía son elegidas por la ciudadanía. Incluso nos hemos acostumbrado a ver natural que cada partido elija sus representantes para nosotros. —Distingamos: una cosa es ser Secretario o Presidente del partido (un cargo interno) y otra ser Diputado, Senador o Alcalde (un cargo público). El partido debería elegir por sí mismo sus cargos para la organización interna; pero los cargos públicos deberían ser elegidos por la ciudadanía: todo el proceso de selección de estos cargos debería o podría quedar en manos de la ciudadanía para que quede representada debidamente «la voluntad popular».

¿Cómo hacerlo? Listas abiertas y desbloqueadas, sin orden preestablecido. Cuando los ciudadanos votan marcan los candidatos que desean, y los que no, no. El candidato más votado sería el número 1, el siguiente el número 2, y así sucesivamente.

Parece ser que se está dispuesto a avanzar un poco en esta línea, introduciendo listas abiertas para el 50% de los candidatos, pero reservándose el partido el otro 50% (modelo mixto alemán). Y seguramente ese 50% es el que la máquina del partido se reserva para ocupar los puestos más estratégicos. Vale, pero ¿por qué ha de reservarse el partido un 50%? ¿Por qué hay que sustraerle a la ciudadanía la posibilidad de elegir una parte tan fundamental de los candidatos? ¿Por qué ha de reservarse el partido la capacidad de adjudicar arbitrariamente los puestos más significativos? ¿Por qué hay que reservar siempre los puestos de poder a personas en particular, por encima o al margen de la voluntad popular? —Se le puede dar muchas vueltas, pero no veo otra razón más que la sustracción de poder a la soberanía popular en beneficio de intereses particulares: poderes fácticos que no concurren a las elecciones por la vía democrática, favores personales (política de familia), negocios (quid pro quo), etc. Seamos claros: todo eso no es democrático, es antidemocrático, predemocrático.

¿Cómo ha llegado a ser Rajoy el candidato del PP a nuestra Presidencia del Gobierno? ¿Cómo lo ha sido Rubalcaba? ¿Vale el mecanismo de “sucesión” para los políticos, incluso a veces familiar, más allá del linaje de la Corona, que sí está reconocida en la Constitución?

¿Por qué se asignan arbitrariamente las circunscripciones? ¿Qué es lo que decide si Elena Valenciano va por Valencia o por Madrid; o Rubalcaba va por Cantabria, por Cádiz o por Madrid, etc.? Se busca colocar en circunscripciones seguras y en número de orden seguro a las personas que se quiere implicar en puestos de responsabilidad pública, sin contar para nada en todo ello con «la voluntad popular». Y, además, los candidatos aparecen desvinculados, sin arraigo en la circunscripción y, por tanto, con menor capacidad de representación.

Pero, de todo esto, lo importante es lo que se trasluce: «la voluntad popular» no cuenta, se considera un escollo a evitar, sortear, burlar, en el plan para el logro de los objetivos “del partido”, o sea, partidistas y particulares de algunos, muchas veces anónimos, desconocidos. Ahora bien, eso sí, se la utiliza, se la necesita para conseguir su voto ciego al pack preparado inteligente y hábilmente por la máquina del partido, que no es más que una industria de poder no democrático. Un producto siempre en alguna medida fraudulento, porque todos los objetivos no están declarados, sino que pueden incluso llegar a ser inconfesables. Y esto justifica el engaño y la demagogia en las campañas.

El resultado es la política partidista, de choque o conflicto de intereses particulares, que según Platón, no puede llegar menos que a la división y la quiebra del Estado. Se produce la separación entre los partidos o los políticos en general y la ciudadanía, que vivimos hoy: porque #noNOSrepresentan (en el mejor de los casos sólo representan a sus votantes, o ni eso, sino sólo a sus militantes, a sí mismos en definitiva, o quizá a “otros” no declarados, pero sólo a unos cuantos, ¿quizá al 1%? —eso sería la dictadura de los mercados—…