Condiciones para la contribución ciudadana al rescate de nuestra economía

Para los griegos, el concepto de ‘ciudadano’ (polítes, politikós) debía ser probablemente el mismo que el de ‘político’, pues utilizaban la misma palabra o la misma raíz para ello. En la democracia ateniense, que es la democracia tal como fue concebida originalmente por la humanidad, ese régimen consistía en el gobierno de la ciudad por sus ciudadanos, algo así como una comunidad de vecinos.

Es verdad que ‘ciudadanos’ no eran todos, sino, digamos, los que pagaban, y, por tanto, tenían derecho a mandar sobre lo que es suyo: la ciudad. En definitiva, la democracia resulta que no es más que una evolución de la aristocracia un poco más allá de lo que fue la oligarquía (quizá lo que hoy sería el gobierno de la burguesía, palabra que también tiene que ver con ‘ciudad’, en este caso ‘burgo’). Los esclavos —lo que hoy sería los trabajadores por cuenta ajena— no mandaban, y ya contribuían o pagaban lo bastante con su trabajo, con sus carnes y, lo que es más, con su libertad: mejor dicho, con su falta de libertad, que es su esencial dependencia.

Hoy nos hemos quedado con la idea de que ciudadanos somos todos, y que aparte están los políticos, esa clase privilegiada de Señores que son los que nos gobiernan. Son de origen ciudadano porque muchos entran a los cargos públicos no por sus posesiones iniciales, sino como exaltados o promovidos por la ciudadanía. Sin embargo, lo de pagar, antes que extenderse a todos, igual que el concepto de ciudadanía, se ha retraído a los trabajadores por cuenta ajena (esto es, a los esclavos). Pues los políticos pronto se convierten en poseedores de rentas y bienes (que no está claro que sean sólo los que se permiten declarar) y renuncian a su origen bajo, es decir, a la condición llana de ciudadanos: ¿¡acaso queremos que nos gobiernen pobres y funcionarios!?

Pero esta resulta ser una ligera desviación del concepto de democracia y de ciudadanía que estamos pagando por sus consecuencias: los ciudadanos (y principalmente los trabajadores por cuenta ajena) nos hemos quedado con lo de pagar, y los políticos (ex-ciudadanos exaltados por la ciudadanía) con lo de cobrar y, por supuesto, con lo de mandar.

En el plan de ataque para el rescate de nuestra economía que parece que se quiere presentar figuran claramente en primera línea los ciudadanos de hoy: funcionarios, trabajadores… Pero los políticos y poseedores de rentas y bienes (los antiguos ciudadanos y luego nobles) se desmarcan claramente de la responsabilidad ciudadana (rastrera) de ‘pagar’. Políticos y adinerados se han quedado 1) con el privilegio de no pagar por el socavamiento de la economía que ellos mismos han producido (aunque sólo sea por ser irresponsables de ello), 2) con el privilegio de las rebajas de sus impuestos, supuestamente como estímulo para ¿contribuir más (aún)?, 3) también con el privilegio de la ingeniería jurídico-político-fiscal que ha diseñado un sistema, un entorno, ideal para que los que sacan y tienen puedan escurrir el bulto de contribuir en la medida de su enriquecimiento; pero también, y es descarado, 4) se han quedado los banqueros con el privilegio de quedarse con las indemnizaciones correspondientes a su cargo (cuando no lo han cumplido con diligencia por no haber garantizado los depósitos de los ciudadanos), y 5) los políticos, con el sorprendente privilegio de subir sus sueldos en esta etapa tan decadente de nuestra economía, y de negarse en rotundo y con supuesta razón (a su juicio) a renunciar a privilegio alguno autoatribuido por su condición —su clase— de ‘político’, que claramente ya no es lo mismo que ‘ciudadano’.

Ningún ciudadano (raso) o trabajador por cuenta ajena (esclavo) va a entender el requerimiento de su esfuerzo (más trabajo por menos dinero), si no ve que eso es lo que sucede por todos lados, a toda la ciudadanía (incluidos los políticos y los poseedores de rentas y bienes), en definitiva, si no es justo. O se hace un plan justo, o no saldrá adelante. Y no estamos a tiempo ni en condiciones de sumar planes fallidos.

Así, pues, algunas medidas para el rescate, que son condición necesaria (sine qua NON) para poder exigir con honestidad y justicia a la ciudadanía su esfuerzo, pueden ser las siguientes:

1. Simplificación matemática de los políticos y de todo lo político: si pueden ser menos, todavía no está suficientemente reducido. Aplicar a esto (a lo político: no tanto ni sólo a lo administrativo) el criterio liberal de la minimización del Estado.
2. Equiparación de los sueldos de los políticos a los de funcionarios del nivel correspondiente: no autoconcebir los políticos como altos directivos de empresa, incluso al margen de su competencia en el ejercicio del cargo; la política es un servicio, no el negocio de tu vida.
3. Ningún doble sueldo a políticos: ni por acumular cargos en la Administración, ni a sumar a sus remuneraciones particulares (o se hace dedicación exclusiva o se cobran ingresos parciales en proporción al número de dedicaciones acumuladas). Si se permite acumular cargos para ahorrar, que sea sin cobrarlos todos, sino sólo uno, un total equivalente a un solo cargo, porque vidas sólo tenemos una cada uno de 24 horas al día.
4. Ninguna acumulación de pensiones públicas: una pensión pública es una asistencia social no un negocio. Cuando hay un siniestro no se cobra varias veces, si hay solapamiento de seguros, sino sólo una vez. Quien quiera pensiones lucrativas, que las negocie en su banco como una inversión de su propio capital.
5. 7 años de trabajo no pueden dar lugar a pensión completa de jubilación ni en política ni en ningún otro trabajo. Para recibir la pensión completa de jubilación se han de requerir, como para todos, 37 años (¿no es así?): 7 años sería sólo la parte proporcional equivalente; no más.
6. Ningún asesor, ni puesto de libre designación. Para eso están los puestos técnicos de la Administración. Los asesoramientos personales (por incompetencia propia) y políticos (por ideología) debe sufragarlos uno mismo o el partido político, respectivamente.
7. Reducción de las diputaciones a unidades administrativas: políticos cero.
8. Ningún desvío de fondos públicos fuera de presupuesto (ni en cantidad ni en concepto): completa transparencia del gasto (contabilidad pública detallada y reclamable por cualquiera, sea interesado en el negocio correspondiente o simplemente un ciudadano, control político de las cuentas por los partidos en oposición).
9. Ninguna contrata opaca ni por precio superior al del mercado. Publicación del baremo de precios a que está contratando la Administración, por si hubiera interesados en ofrecer sus productos o servicios a un precio menor: es decir, introducir competencia a la baja.
10. Ninguna evasión de impuestos, ni de capitales. Impuestos progresivos, proporcionales, por defecto. Desgravar por inversiones, pero no por condición de gran fortuna. Hoy la evasión, en función de su relevancia, debería juzgarse como delito de traición.
11. Ingeniería inversa jurídico-político-fiscal: es decir, contra el fraude y la evasión. Cualquier inversión en reforzar este control es económicamente rentable: si no se hace es sólo por razones políticas-ideológicas.

Por favor, que alguien evalúe —cuantifique— todo esto. Y que sólo después pidan a la ciudadanía su contribución. La responsabilidad de esta crisis está en los políticos y en el capital, no en la ciudadanía. La ciudadanía podría, con razón, ser aún más exigente reclamando con justicia la depuración de responsabilidades y que paguen ellos. Pero estoy seguro de que no hará falta llegar a ese extremo. —Hay precedentes conocidos, como el de Islandia. Y no se puede demonizar esa exigencia como si fuera una revolución irresponsable y antisistema: antes bien sería una auténtica revolución moral de la vida cívica.

Democracia real

Reivindicamos #democraciareal como una exigencia contra los políticos porque, sea de hecho o de derecho (por las deficiencias de la Ley Electoral), parece que #nonosrepresentan.

Pero la exigencia de #democraciareal es también una exigencia contra los ciudadanos por haber hecho dejación de sus propias responsabilidades como tales ciudadanos.

La democracia real —cuando nació— e ideal —como modelo hoy para nosotros— es aquella en la que, como pasa en la lengua helena, no se distingue entre el ‘político’ y el ‘ciudadano’. Y esto, en los siguientes dos sentidos:

1. Por un lado, los ‘políticos’ no son más que ciudadanos, no una clase privilegiada, nobles, señores feudales. Todos somos iguales ante la ley —en ello consiste básicamente el Estado moderno de derecho democrático— y la inmunidad de los políticos no es impunidad. 
2. Pero, por otro lado, los ‘ciudadanos’ —todos— también son políticos y han de ejercer como tales: todos tienen el derecho y, a la vez, la obligación y la responsabilidad, de ‘meterse en política’, o mejor dicho de estar en política, de hacer política, de interesarse por lo público. Delegar en los representantes, en los partidos, no es quedar eximido de responsabilidad política. Así, podemos decir que, si hay corrupción política y si los partidos #nonosrepresentan, o representan a ciertos intereses particulares —sean suyos propios o ajenos— es porque nosotros, los ciudadanos, hasta ahora, se lo hemos permitido.

Hemos aprendido que desentendernos de lo público, de lo que es de todos, y también nuestro, no funciona. Lo hemos aprendido en un momento crítico: en crisis, cuando todo ha tocado fondo y todos los resortes del sistema se han puesto tensos a más no poder. Mientras todo iba bien, bien que nos hemos desentendido de todo… y que se ocupen otros, que para eso cobran (o se les paga); y, si no nos gusta, cambiamos el voto. Una actitud muy displicente, o simplemente ignorante, esa del zapping político, sentados en el sofá de nuestra casa, con el telemando de las elecciones, y una actitud que denota una muy mala educación (cívica). Pues bien, nosotros lo hemos aprendido, en nuestras carnes, como víctimas de la crisis (también el partido del gobierno lo ha sufrido y lo va a sufrir en sus carnes) y ahora los políticos también han de aprenderlo: se lo hemos de explicar nosotros —y, en parte, eso es el #15M.

Hemos de explicarles en qué consiste el mandato que les damos el #20N y en qué no. Pero, en adelante, nosotros ya no podemos más dormir, mientras ellos gestionan nuestro poder (nuestra soberanía). Hemos de velar por el uso y la administración de ese poder: pedir cuentas, hacer propuestas y demandas continuas y sobre la marcha, etc. #15Mforever.

Hemos de hacer, pues, nosotros también política durante los cuatro años de la legislatura: al lado de los políticos, pero también enfrente o detrás de ellos (dándoles soporte o persiguiéndolos y vigilándolos… lo que haga falta). Se nos tiene que hacer duro a todos el trabajo de sacar adelante esta crisis: pero no sólo ‘pagando’ o trabajando más por el mismo o menos sueldo, sino también reclamando lo que se debe y rechazando lo que no se debe hacer.

Debemos influir en la generación de los programas electorales, no sólo saliendo a la calle, sino también yendo a las sedes de los partidos y a las instituciones públicas, siguiendo los procedimientos reglamentarios y los que la imaginación nos dé a entender: abriendo nuevos caminos. Luego, debemos perseguir el cumplimiento de esos programas, hacer las rectificaciones que sean necesarias, desde la base de la ciudadanía, no esperando a las ocurrencias más o menos interesadas y acertadas que los propios políticos puedan tener.

Nuestros delegados políticos serán entonces los defensores de nuestras propuestas, no los que aprovechan una posición dominante para hacer negocios particulares, propios o ajenos.

Quien quiera o necesite algo —por ejemplo los grupos de poder, el capital, los poderes fácticos, etc.— tendrá que plantearlo abiertamente, políticamente, por el conducto reglamentario, a través de la ciudadanía y sus representantes o defensores, pero no buscando el atajo del negocio particular con el político que ostenta un poder (que no es suyo). Pues éste no es nadie sin el soporte del ciudadano y su mandato está limitado y condicionado a lo que según los procedimientos públicos se ha establecido.

El arte de la política, por tanto, no es un oficio, cosa de expertos, ni un negocio a beneficio propio: no saben ‘los políticos’ más de política que los pájaros de ornitología… Políticos somos todos. Ser ciudadano es saber vivir en ciudad (polis), en sociedad: ser político. Es necesario que todos hagamos política de algún modo, cada uno de un modo diferente, adecuado… a sus circunstancias, capacidades, posibilidades, pero a todos incumbe lo público y todos tenemos directa o indirectamente responsabilidad en ello. La política, lo público, es, pues, cosa de todos.