Asesores: el recorte y la regeneración que no se hacen

La libre contratación de asesores, sin transparencia ni control externo, podría servir para la malversación de fondos públicos y para la financiación ilegal de los partidos.

P. ej., si yo pertenezco a un partido y tengo un cargo público y puedo contratar a quien quiera para lo que quiera pagándole lo que quiera, podría contratar a todos mis familiares, amigos y recomendados, para cualquier tarea, con cualquier excusa o falsa justificación, y podría pagarles no lo que les corresponde, sino el doble, porque la mitad de ello nos la vamos a repartir entre la persona contratada, el partido y yo.

Y, aunque parezca una cuestión moral, no es sólo una cuestión moral, sino que podría llegar a ser constitutiva de delitos que hoy día merecen una vigilancia y una penalización extraordinaria.

Solución: una auditoría externa, independiente, de los contratos de asesores en todas las administraciones del Estado, y que, en adelante, su contratación sea transparente y se lleve un registro público centralizado de ello.

Esta auditoría debería revisar los siguientes aspectos:

1. Concepto de asesor

¿Qué es un asesor o una asesora? ¿Traer el café a media mañana al despacho al cargo público correspondiente merece la calificación y el sueldo de 'asesor'?

¿Se entiende por asesor un puesto de confianza personal del respectivo cargo público? -Entonces que lo pague él de su bolsillo.

¿Se entiende por asesor un puesto de confianza ideológica o política del respectivo cargo público? -Entonces que lo pague el partido.

¿Se esconde bajo la contratación de un asesor y el argumento de la confianza una excusa para hacer una contratación fuera de los procedimientos públicos? -Probablemente sea un delito o un derroche.

2. Idoneidad del asesor e incompatibilidades

No puede ser que cualquiera pueda ser asesor, hace falta tener alguna cualificación adecuada al puesto y reconocida públicamente; y no todo el que tenga tal cualificación es igualmente compatible con el ejercicio concreto de la función de asesor en cada caso concreto (se deben establecer algunas reglas de incompatibilidad para prevenir abusos).

En principio, para que un asesor sea asesor, tiene que tener algo sobre lo que asesorar: un conocimiento especial demostrado y reconocido públicamente. Y tiene que ser necesario su conocimiento para el desempeño del cargo público que lo contrata. -No vale un conocimiento personal o ideológico: eso se lo paga uno o el partido. La administración pública no tiene por qué pagar que a un partido le vaya mejor y saque ventaja sobre otros disponiendo de fondos públicos y de información o accesos privilegiados. Un Presidente de una Comunidad Autónoma no puede usar los fondos públicos para pagarse una campaña de imagen personal o de marketing político; y estos objetivos particulares no se pueden disfrazar confusamente de otros presuntamente institucionales o de interés general. En ningún caso se puede presumir que sea el interés general que yo y mi partido sigamos gobernando.

Por otro lado, es necesario tomar medidas objetivas y transparentes para prevenir el nepotismo. Es cierto que las personas allegadas a políticos y cargos públicos no tienen por qué estar privadas del desarrollo de su carrera profesional en el ámbito de lo público. Pero, precisamente para garantizar ese derecho, es necesario que haya sistemas públicos, abiertos, transparentes de contratación en todos los niveles de la administración. El contrato de asesores debería seguir los procedimientos ordinarios de contratación de la administración: oferta pública, concurso, etc. -sin trampas. Y debería haber un registro público centralizado de todos los contratos de este tipo. Y, del mismo modo que a los Diputados y Senadores se les exige publicar su patrimonio, convendría que en el registro de asesores se declararan al menos las relaciones de parentesco y de negocios en común (pasados o actuales) de los contratados, estableciendo algún régimen de incompatibilidad en los casos más extremos, igual que se hace en tribunales ordinarios, en los que ningún miembro puede tener ninguna de ciertas relaciones establecidas en la convocatoria con ningún concursante.

Con vistas a la contratación de asesores convendría seguir los siguientes criterios:

1º) Se descarta la contratación pública de asesores personales (una cosa es la persona y otra el cargo o la institución pública). La confianza personal y el interés personal quedan excluidos de los asuntos públicos.

2º) Se descarta la contratación pública de asesores ideológicos (y de marketing político). Un gobierno, un cargo público, no tiene en propiedad todo el poder de la institución; lo tiene sólo en representación de la ciudadanía y para administrarlo públicamente con transparencia y con controles institucionales en interés de todos. La mayoría no da un cheque en blanco al 'elegido' para que éste haga lo que quiera, ni lo que le parezca mejor, y ni siquiera puede el cargo público servirse de la administración pública para beneficiar a 'la mayoría' que lo eligió, pues esto no pasaría de ser una tiranía y muchas veces una oligarquía, ya que las mayorías a veces son sólo minorías mayoritarias. Un cargo electo o designado ha de hacer siempre lo que es mejor para TODOS, es decir, lo más justo (con visión universal), y es para eso para lo que están los asesores. O sea, que más que contratar asesores ideológicos para hacer marketing político en beneficio del partido, habría que contratarlos, en todo caso, para detectar críticamente y evitar el uso interesado del poder. Y, por eso, conviene que los asesores sean en cierta medida externos o ajenos al propio cargo público.

3º) En el caso de necesidad de asesoramiento técnico, se ha de contar, en primer lugar, con los recursos ordinarios de la administración: los técnicos de la unidad o de la sección, etc. En segundo lugar, con recursos extraordinarios de la administración, a través de comisiones de servicio: expertos dondequiera que los haya, dentro de la función pública, como en la Universidad, en investigación (CSIC, etc.), en otras administraciones, etc. Y, sólo en tercer lugar, se ha de buscar los expertos necesarios, sin límites, pero en función del presupuesto, mediante procedimientos transparentes como los de la contratación pública ordinaria.

3. Remuneración de los asesores

En ningún caso, el sueldo de asesor puede ser desconocido o libre, sino siempre ajustado a criterios de administración pública, cuando sean de la función pública, y privada, cuando sean del sector privado.

Un funcionario público asesor debe cobrar por sus tareas de asesoramiento lo correspondiente al nivel equivalente de la función pública de tales tareas.

Para fijar la remuneración por las tareas de asesoramiento de un profesional privado o de una empresa privada se pueden seguir los siguientes criterios:

1º) Por un lado, tener en cuenta lo establecido públicamente en sus tarifas comerciales.

2º) Por otro lado, la media de lo que se suela cobrar por tales tareas por profesionales o empresas similares, de la competencia. -Esto es prácticamente lo mismo que tener en cuenta los precios fijados por la oferta y la demanda del mercado.

3º) Finalmente, tener en cuenta los presupuestos de la administración pública y la naturaleza del gasto, y, en caso de que sea extraordinario, tendrá que ser consensuado políticamente con el resto de los partidos. -Ningún partido tiene el derecho de expoliar e hipotecar la administración pública, por más que tenga mayoría absoluta.

En cualquier caso, como todo procedimiento administrativo y de contratación pública, ha de ser público, transparente y sujeto a control o intervención de la administración y de los organismos o instituciones de control.

No hay ALTERNATIVA

No hay más alternativa que formar UNA PLATAFORMA ELECTORAL ALTERNATIVA UNITARIA ABIERTA Y PLURAL. LA alternativa, de hecho, NO ES ni PSOE, ni IU (en cualquiera de sus formas), ni UPyD, ni el movimiento ciudadano que resultaría de la extensión de C’s, etc. Y una alternativa UNITARIA no es ni la extensión de IU ni un pacto de izquierda liderado por PSOE.

Hay actuales votantes de PP que preferirían no votar a PP en las próximas elecciones, pero, o se van a abstener o volverán a votarlo, a pesar de todo, PORQUE NO HAY ALTERNATIVA. ¿¡Cómo es posible que PP siga gobernando en la Comunidad Valenciana después de tanto despilfarro y presunta corrupción; y quizá hasta podría volver a ganar las próximas elecciones 2014 y 2015!? Sólo hay una respuesta: porque NO HAY ALTERNATIVA: ¿cuál es la alternativa a PP en la Comunidad Valenciana? –Y la respuesta no es culpar a la ciudadanía por votar mayoritariamente una opción que luego les defrauda. No se puede pretender educar a la población para que vote lo que se supone que debería votar. Hay que verlo al revés: se vota lo que se vota, a pesar de todo, PORQUE NO HAY ALTERNATIVA, no hay una oferta MEJOR: PSOE no ha sido ni probablemente sea aún una alternativa en Comunidad Valenciana, a pesar de todo; pero IU o Compromís… tampoco. Es inútil empeñarse en hacer alternativa lo que nunca lo ha sido ni probablemente lo será. Una alternativa que no sea viable, o de la que no sea verosímil pensar que pudiera gobernar con el apoyo ciudadano durante p. ej. dos legislaturas seguidas…, no es una alternativa. El cambio que se necesita no es necesariamente el cambio doctrinal o ideológico al extremo opuesto, sino a alguien que haga las cosas razonablemente bien, tomando en consideración a todos; a alguien que represente el interés general o naturalmente mayoritario.

PSOE hoy NO ES alternativa. Y podemos alegrarnos por ello, porque, después de muchos años, tenemos la oportunidad de salir, de una vez por todas, del BI-PARTIDISMO. Ningún PARTIDO, ni ya existente, ni nuevo, es LA solución. Primero, porque la solución necesita esencialmente sacarnos del PARTIDISMO. Y segundo, porque de nada sirve encontrar UN partido ‘redentor’, si todos los demás no se regeneran. Hace falta una regeneración y una evolución –un progreso- en todos los partidos y en el sistema mismo. Y la evolución que necesitan los partidos es una evolución hacia más participación y más representación de la ciudadanía. En cuanto al sistema, ya no es que el sistema ‘diseñado’ falle (tampoco digo que no), pero es que ni siquiera se llega a poner en funcionamiento tal como teóricamente, en la letra, está concebido. Es un problema de corrupción política, aparte de económica. Es un problema de ilegalidades, de inconstitucionalidades, de abusos de poder, de ocultismo, de sabotaje al sistema desde el propio sistema existente. La propia Constitución en muchos aspectos no se cumple o ni siquiera está desarrollada.  Las instituciones u organismos de control están tomados para neutralizar por completo su función. Hacer una ley de transparencia resulta la mejor manera de asegurar que –legalmente- ya NO va a haber verdadera transparencia, o que no la va a haber en ningún caso de lo que es esencial: la ley LES sirve para protegerse de la transparencia, de la exigencia natural de información y conocimiento por parte de la ciudadanía.

PSOE tiene que cambiar, hacia un planteamiento más sincero de izquierda, más verdaderamente representativo de la ciudadanía; menos engañoso y menos orientado a los intereses del poder político y de los poderes fácticos. No debe caer en la tentación de afrontar los próximos retos electorales como ocasión para dar el vuelco electoral dentro del sistema BI-PARTIDISTA establecido. No puede reducirse a ser EL OTRO en un sistema de parasitación del Estado. Cuando se esfuerza en presentarse como distinto del PP, no es más que por eso, porque no es más que LA OTRA CARA de UNA MISMA MONEDA: necesario, complementario y, por tanto, cómplice del sistema #PPSOE, como puede observarse por todas partes (reparto de jueces, de miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo de RTVE, de consejerías en las empresas estratégicas, y, en consecuencia, también de corrupción).

Pero IU también tiene que cambiar: mientras no se convierta en un candidato verosímil para el gobierno de España, su papel no será más que testimonial; contrapeso de la balanza. Está claro que en esa PLATAFORMA ELECTORAL ALTERNATIVA UNITARIA ABIERTA Y PLURAL deberían figurar de manera importante una nueva edición de PSOE e IU, compatibles entre sí y más al servicio de la ciudadanía, que en defensa de intereses partidistas propios. Pero esa PLATAFORMA ALTERNATIVA UNITARIA, precisamente por su carácter abierto y plural, tampoco se reduce a ser una reedición del histórico Frente Popular de izquierdas. No se trata de ganar una partida política histórica, una revancha, de dar un vuelco electoral, ideológico, al país, sino de hacer lo que no se ha hecho y se debería haber hecho: de afrontar la situación crítica actual de una manera más política y competente que lo que se ha hecho hasta ahora. Si de verdad estuviéramos ante una crisis, una catástrofe nacional, la reacción natural sería reunir a todas las fuerzas y expertos en busca de consensuar solidariamente las mejores soluciones para todos. Pero nada parecido a esto es lo que se ha hecho: o sea, que o esto no es una crisis, sino una estafa, o nuestros gobernantes son unos irresponsables que, como los saqueadores en las catástrofes, aprovechan para sacar beneficio propio del mal ajeno.

UNA PLATAFORMA ALTERNATIVA UNITARIA ABIERTA Y PLURAL no sería un BI-PARTIDISMO de nuevo cuño; porque, por su propia naturaleza, si es que llegara a existir, ni sería PARTIDO ni sería PARTIDISTA.

UNA PLATAFORMA ALTERNATIVA UNITARIA ABIERTA Y PLURAL sería lo que ni se ha hecho, ni se está haciendo para adoptar las medidas adecuadas para sacar a este país de la crisis: poner de acuerdo a la MAYORÍA NATURAL PLURAL en lo esencial para salir de esta situación con medidas JUSTAS (esto es, válidas para todos, incontestables). En ningún momento PP ha pretendido hacer nada parecido a esto, sino que ha excluido a priori a todos los demás -a los divergentes, e incluso a los directamente perjudicados o ‘víctimas de la crisis’- aprovechando y manejando la situación para hacer políticas de negocio, de intereses particulares. Prácticamente ninguna medida ha sido clara y directamente destinada a paliar los perjuicios causados por la crisis a las personas, y muchas medidas adoptadas han servido, más bien, para potenciarlos o agravarlos, hasta el punto de llegar a ser cuestionada su eficacia real para reconducir, en cualquier caso, el problema de la crisis: las medidas han matado la actividad económica que hubiera podido mantenerse o desarrollarse, y, con frecuencia, queriendo recaudar más, han acabado recaudando menos. La actual suma de déficit + deuda es superior a la que había en 2011. Pero, no son medidas torpes: son medidas interesadas. Las medidas que se han adoptado no son las que hacía falta, ni por las causas, ni por la sintomatología de la crisis, sino las de una expectativa de negocio nacional y global en beneficio de muy pocos. -Ha quedado constancia de ello.

La creación de UNA PLATAFORMA ELECTORAL ALTERNATIVA UNITARIA serviría para optimizar el impacto de los votos de la mayoría natural en escaños. La diversificación en partidos hace que muchos votos no obtengan representación porque el partido votado no llega a los mínimos para conseguir presencia parlamentaria. Y lo mismo pasa con los restos de votos que no llegan a consolidar un escaño en el caso de partidos que sí alcanzan representación en la cámara. Si todos esos partidos –menores o mayores- se unen en UNA SOLA PLATAFORMA ELECTORAL ABIERTA Y PLURAL, alcanzarían unos la representación que no podían, y otros consolidarían más escaños, al perder menos ‘restos’. Además, hemos visto que, cuando un partido acumula más votos, de acuerdo con la #LeyElectoral, es desproporcionadamente beneficiado obteniendo cada escaño por muchos menos votos: de tal manera, que, con un mismo millón de votos, se puede obtener o bien un solo escaño (como le ha sucedido anteriormente a IU), o bien 17 (como le sucede habitualmente a PP). Así, UNA PLATAFORMA ELECTORAL ALTERNATIVA UNITARIA produciría de manera infalible EL CAMBIO.

Además es muy previsible que se acumule abstención entre votantes del PP decepcionados, que no darán su voto A OTROS, sea por convicción o simplemente porque no ven UNA ALTERNATIVA SOSTENIBLE, confiable, para sacar adelante el país en la situación delicada en que nos encontramos: es la impresión de que NO HAY ALTERNATIVA, y que ha beneficiado tanto al BI-PARTIDISMO impuesto. Pues bien, UNA PLATAFORMA ELECTORAL ALTERNATIVA UNITARIA ABIERTA Y PLURAL ofrecería a una gran mayoría del electorado decepcionado una esperanza, porque no sería una plataforma predefinida ideológicamente, sino precisamente aquella que tiene la voluntad de hacer lo que el PP no ha querido hacer en su legislatura: llegar a ACUERDOS y adoptar medias JUSTAS. Sería una plataforma que, si llegara a existir, tendría ya probada, contrastada, su capacidad de llegar a ACUERDOS y la demostración de priorizar el interés general de la ciudadanía, del país, por encima de los intereses de PARTIDOS (PARTIDISMO).

Tenemos por delante diferentes convocatorias electorales: EUROpeas, municipales y autonómicas y las próximas elecciones generales en 2015: muchos ensayos y ocasiones para llegar a conformar UNA ALTERNATIVA SOSTENIBLE final en la que claramente primaría la POLÍTICA sobre la ECONOMÍA, para dar, como debió de ser desde el principio, una solución POLÍTICA, JUSTA, a la crisis ECONÓMICA. Muchas medidas adoptadas unilateralmente por PP son ideológicas, sospechosas de intereses particulares e incluso cuestionadas a posteriori internacionalmente y en sus propios efectos: hay que corregir unas e incluso revertir otras. La situación exige hacer una POLÍTICA, que, sin faltar a las responsabilidades económicas internacionales que sean justas, defienda a la ciudadanía, represente los intereses generales de ésta, y sirva para un desarrollo mejor de las potencialidades de nuestro país. España no puede renunciar a su propia economía y soberanía; no se puede limitar a ser una franquicia absolutamente dependiente de los fondos de inversión extranjeros.

No necesitamos pagar más: basta que no se lo quede nadie

La actual crisis política-económica tiene un rasgo común característico: a bancos y a políticos les une, entre otras cosas, haber buscado su propio beneficio particular antes que el de los clientes o los ciudadanos, respectivamente, antes que el interés general, que no es sólo el mayoritario, sino el de todos, el de justicia.

Ahora parece que se pretende resolver el problema económico elevando la injusticia al cuadrado. Primero, el fraude de la inflación artificial de los precios de la vivienda lleva a la quiebra a 1.500.000 familias. Después, se quiere proponer como solución que entre todos los ciudadanos que aún disponemos de recursos económicos ayudemos a los defraudadores (y no a los defraudados) a consumar las operaciones que han quedado interrumpidas por la crisis, para que puedan terminar de alcanzar sus beneficios esperados. Para ello, durante veinte años pagaremos el stock de casas que han quedado sin vender, a precios falsos astronómicos, sin obtener por ello ni títulos de propiedad, ni acciones bancarias, ni letras del Tesoro: literalmente, vamos a comprarnos la casa que los malogrados clientes no han podido conseguir, pero sin que llegue a ser nuestra. Y, cuando ya esté pagada y saneada, entonces los bancos y promotores podrán sacarlas a la venta, dentro de veinte años, al mismo precio astronómico o, seguramente, a uno superior. Literalmente, las van a vender dos veces. Defraudaron a los fracasados, ahora nos defraudan a los que tenemos que contribuir y luego defraudarán a los compradores terminales de los pisos atascados.

Y lo que termina de hacer fantástica esta situación es que esa solución (que es lo que hay tras la posible creación de un banco “malo” para nosotros; “bueno” para ellos), vendrá determinada por nuestro propio gobierno, ese que va a gobernar para todos los españoles (efectivamente cumpliremos, pagaremos la crisis que no es nuestra, porque no lo podemos evitar legalmente). Si ya el complot por los precios altos debía haber sido intervenido por el gobierno, ahora es el propio gobierno el que entra como actor principal con la iniciativa de la medida más injusta de la historia, que es no querer buscar responsabilidades —que objetivamente las hay, y se sabe— por esta quiebra y fraude del sistema, sino volver a castigar de nuevo a la ciudadanía con una nueva extracción de fondos, para culminar la situación de injusticia que se inició.

Quizá crean ver con perspectiva más global, intentando salvar al país, salvando para ello a los defraudadores “que nos mantienen”. Pero, como en el Titanic, no ven el enorme y clarísimo iceberg que tienen delante, que es la injusticia que están cometiendo con 1.500.000 familias, 5.000.000 de parados y el resto de la ciudadanía que aún sobrevive y a la que van a expropiar para tapar la lujuria de sus excesos, el ansia de beneficios, y nunca de servicio, sea al cliente o a la ciudadanía.

El Presidente de la Comunidad Autónoma Balear, ejemplar en su recorte aproximadamente al 50% de la estructura de la Administración, ha declarado con bastante claridad, que esa superestructura (doble Administración) se desarrolló por concebir los políticos su poder en la Administración como una agencia de colocación de allegados: es “la otra burbuja”, la del empleo sesgado en la Administración para los compromisos personales (los enchufes). Hemos sido capaces de crear puestos públicos para colocar a nuestros conocidos. En Extremadura han entrado 100 familiares y amigos en una misma institución a sustituir a los correspondientes del partido anterior.

El mayor trauma de un partido que pierde el poder (le pasó a PSOE en 1996 y le pasará ahora otra vez) es que “su gente” queda literalmente en el paro, fuera del área de “las influencias” (esto también es tráfico de influencias, aparte de desvío o malversación de fondos públicos o apropiación indebida).

Pero lo mismo que se hace con la gestión del empleo público, se hace también con la gestión del erario público (no se es más estricto o riguroso en esto, porque se vive en la impunidad): desfases contables, déficits arrastrados o cargados sobre las siguientes legislaturas, la impresión de poder disponer con total arbitrariedad de lo que es de todos, pero para negocio y beneficio particular (sea propio o del partido)…

Al margen de la corrupción “personal” —que la habrá, ¡cómo no!—, ¿a cuánto podría ascender el dinero desviado de los fondos públicos a beneficio ilegítimo o incluso ilegal de la actividad de los partidos, quedando así “los que manejan” en situación de ventaja para perpetuarse en el poder? —Asesores: cuánto y quién lo cobra realmente. Informes y estudios que, o no se hacen, o no son necesarios, o no valen para nada… pero cuestan un pastón, cuando están sacados de tres páginas de Internet. Una contrata que se hace deliberadamente por 8 veces más de lo que vale en el libre mercado (esto también produce inflación en los precios, pues los que contratan con la Administración ya nunca quieren cobrar menos). ¡Maravilloso!

Todo esto —estoy seguro— suma más de ese 6% que tenemos de déficit. Lo que se va a quitar de sanidad, educación, pensiones, es lo que se han llevado a otro lado no presupuestado, porque no se puede presupuestar ni puede figurar contablemente. La sanidad, la educación y las pensiones, la seguridad social, no son insostenibles; lo que es insostenible es la cantidad de chorizo albergada en nuestra Administración pública (nunca habrá bastante pan… para tantos insaciables). La seguridad social, hoy aún tiene superávit: no es deficitaria, no es insostenible. Su superávit ha sido socavado en un 50% por los agujeros en todo lo demás. La seguridad social —sanidad y pensiones— es sostenible. Regalarla a la iniciativa privada forma parte del mismo expolio que la recompra de los repisos, la injusticia al cuadrado. Pagos, repagos, cortes y recortes.

Tener la mayoría y el poder ni legitima ni siquiera hace “legal” (aunque se dicte en forma de leyes, como la Ley Electoral), la imposición sobre y contra “los demás”, por más que sean una minoría (una digna minoría, pero completamente merecedora del respeto de sus gobernantes).

Los partidos con poder representan a la ciudadanía: no a los órganos del partido, ni a sus militantes, ni siquiera sólo a sus votantes, sino a toda la ciudadanía. Si abusan del poder para blindarse mediante leyes, con la aquiescencia o la impotencia de los demás, contra éstos, no por ello es legítimo, ni siquiera “legal”.

El poder debe representar y beneficiar a todos por igual, sin causar injusticia a nadie, y especialmente a los excluidos de la mayoría dominante. Una minoría permanentemente excluida del sistema y que no recibe los beneficios del sistema, sino sólo perjuicios y la desconsideración por parte de los dominantes, no tiene ningún interés en el sistema. A la propia mayoría le interesa, más que a nadie, hacer justicia a la minoría, aunque sólo sea por el interés de mantenerse ellos en el poder. De lo contrario, los aires cambian, y el orden se subvierte y se producen giros como el recibido actualmente por el PSOE.

La democracia no es el gobierno por turnos tácitamente convenidos, pactados, entre las mayorías del bipartidismo: en cada etapa, barra libre para el dominante de turno; interés mutuo por etapas, por turnos. Ahora “le toca” al PP: PSOE y los suyos, a hibernar y esperar turno para su parte del expolio de lo público.

Eso, “lo llaman democracia, pero no lo es”; eso es simple y llanamente la ley del más fuerte (pre-democrática, pre-jurídica, pre-moral). Y el dinero y el poder son una “fuerza”, pero la falta de dinero y de poder (de participación) también lo son: y esos al final son el 99%.

¿¡Por qué ha de ser Ana Botella la Alcaldesa de Madrid!? —Para una representación más democrática por los partidos

¿¡Por qué ha de ser Ana Botella la Alcaldesa de Madrid, si Gallardón resultara ser p. ej. el próximo Ministro Portavoz del nuevo Gobierno!? –La respuesta es bien sencilla: porque es la número 2 en la lista del PP por la Alcaldía de Madrid. Vale, pero la pregunta en realidad no era esa, sino: ¿¡Por qué es “ella” la número 2 de esa lista!? Le podemos dar muchas vueltas, pero a mí no se me ocurre otra respuesta más certera, directa y válida que la siguiente: porque es la esposa de Aznar. —Todos sabemos que, en el fondo, la respuesta es esa.

Sigamos preguntando. Pero ¡bueno!, entonces, ¿¡qué es un partido político!? ¡A ver si al final va a resultar que vamos a montar toda una Junta como la de Extremadura con 100 familiares o amigos! —Pues sí, podríamos hacerlo. Pero no sólo podríamos, sino que, además, parece ser que de hecho ya era así antes de ganar las últimas elecciones y cambiar de Gobierno. Pero ¡bueno!, entonces, ¿¡qué es un partido político!?

Según el artículo 6 de la Constitución, nuestra democracia es una democracia por representación mediante partidos políticos. Esto quiere decir: 1) que se basa en «el pluralismo político» o ideológico expresado mediante los partidos; y 2) que los partidos son la «manifestación de la voluntad popular». Y es requisito esencial para ello que «su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos», es decir, erigidos desde la base.

Volvamos a la pregunta inicial: ¿fue Ana Botella elegida democráticamente la número 2 de la lista de Madrid? Desconozco el proceso efectivo por el que llegó allí, y puede variar de unos partidos a otros. Supongamos que sí ha sido elegida democráticamente. Pero, ¿elegida democráticamente por quién? ¿Por las bases del partido: los militantes? ¿Por algún órgano de gobierno del partido? ¿Por la ciudadanía de Madrid en general? Si es por algún órgano de gobierno, entonces el partido tiene también una estructura intermedia de representación: entonces, al final, ¿cuándo y qué eligen las bases para que los partidos se puedan considerar democráticos? Pero incluso aunque haya sido elegida por las bases, esto es, por los militantes, ¿acaso un partido es un órgano de representación de sus militantes? ¿No se supone más bien que debe serlo «de la voluntad popular»?

De cualquier modo que se haga, en un partido o en otro, me da la impresión de que en ninguno de ellos la selección de miembros que pertenecen a la lista y su jerarquía son elegidas por la ciudadanía. Incluso nos hemos acostumbrado a ver natural que cada partido elija sus representantes para nosotros. —Distingamos: una cosa es ser Secretario o Presidente del partido (un cargo interno) y otra ser Diputado, Senador o Alcalde (un cargo público). El partido debería elegir por sí mismo sus cargos para la organización interna; pero los cargos públicos deberían ser elegidos por la ciudadanía: todo el proceso de selección de estos cargos debería o podría quedar en manos de la ciudadanía para que quede representada debidamente «la voluntad popular».

¿Cómo hacerlo? Listas abiertas y desbloqueadas, sin orden preestablecido. Cuando los ciudadanos votan marcan los candidatos que desean, y los que no, no. El candidato más votado sería el número 1, el siguiente el número 2, y así sucesivamente.

Parece ser que se está dispuesto a avanzar un poco en esta línea, introduciendo listas abiertas para el 50% de los candidatos, pero reservándose el partido el otro 50% (modelo mixto alemán). Y seguramente ese 50% es el que la máquina del partido se reserva para ocupar los puestos más estratégicos. Vale, pero ¿por qué ha de reservarse el partido un 50%? ¿Por qué hay que sustraerle a la ciudadanía la posibilidad de elegir una parte tan fundamental de los candidatos? ¿Por qué ha de reservarse el partido la capacidad de adjudicar arbitrariamente los puestos más significativos? ¿Por qué hay que reservar siempre los puestos de poder a personas en particular, por encima o al margen de la voluntad popular? —Se le puede dar muchas vueltas, pero no veo otra razón más que la sustracción de poder a la soberanía popular en beneficio de intereses particulares: poderes fácticos que no concurren a las elecciones por la vía democrática, favores personales (política de familia), negocios (quid pro quo), etc. Seamos claros: todo eso no es democrático, es antidemocrático, predemocrático.

¿Cómo ha llegado a ser Rajoy el candidato del PP a nuestra Presidencia del Gobierno? ¿Cómo lo ha sido Rubalcaba? ¿Vale el mecanismo de “sucesión” para los políticos, incluso a veces familiar, más allá del linaje de la Corona, que sí está reconocida en la Constitución?

¿Por qué se asignan arbitrariamente las circunscripciones? ¿Qué es lo que decide si Elena Valenciano va por Valencia o por Madrid; o Rubalcaba va por Cantabria, por Cádiz o por Madrid, etc.? Se busca colocar en circunscripciones seguras y en número de orden seguro a las personas que se quiere implicar en puestos de responsabilidad pública, sin contar para nada en todo ello con «la voluntad popular». Y, además, los candidatos aparecen desvinculados, sin arraigo en la circunscripción y, por tanto, con menor capacidad de representación.

Pero, de todo esto, lo importante es lo que se trasluce: «la voluntad popular» no cuenta, se considera un escollo a evitar, sortear, burlar, en el plan para el logro de los objetivos “del partido”, o sea, partidistas y particulares de algunos, muchas veces anónimos, desconocidos. Ahora bien, eso sí, se la utiliza, se la necesita para conseguir su voto ciego al pack preparado inteligente y hábilmente por la máquina del partido, que no es más que una industria de poder no democrático. Un producto siempre en alguna medida fraudulento, porque todos los objetivos no están declarados, sino que pueden incluso llegar a ser inconfesables. Y esto justifica el engaño y la demagogia en las campañas.

El resultado es la política partidista, de choque o conflicto de intereses particulares, que según Platón, no puede llegar menos que a la división y la quiebra del Estado. Se produce la separación entre los partidos o los políticos en general y la ciudadanía, que vivimos hoy: porque #noNOSrepresentan (en el mejor de los casos sólo representan a sus votantes, o ni eso, sino sólo a sus militantes, a sí mismos en definitiva, o quizá a “otros” no declarados, pero sólo a unos cuantos, ¿quizá al 1%? —eso sería la dictadura de los mercados—…

Para una democracia real más participativa

Para una democracia real más participativa es esencial la independencia de todos los poderes (incluidos los poderes fácticos, no elegidos democráticamente), el fomento de la participación ciudadana desde todas las instituciones públicas y la transformación de los partidos de máquinas de poder fáctico e ideológico preestablecido en verdaderos canales de participación y representación de la ciudadanía.

El poder legislativo, representante de la voluntad popular y generador de las leyes que rigen el Estado de Derecho, debería ser elegido directa y completamente por la ciudadanía, sin reservar cuotas a la propia máquina de los partidos. Esta reserva que se hacen denota claramente el deseo de introducir a personas, normalmente a los puestos de más poder, con criterios completamente ajenos a la voluntad popular. Los partidos siempre reservan los primeros puestos de sus listas para asegurar intereses particulares o la influencia de los grupos de poder fáctico e ideológico a los que se deben, más allá de las urnas, literalmente por encima de la voluntad de la ciudadanía.

Para ello, se debería votar listas abiertas y desbloqueadas, de manera que la ciudadanía pueda elegir o rechazar a los candidatos individualmente. Y “los primeros” en la jerarquía interna del partido resultarán ser los más votados directamente por la ciudadanía. Según la Constitución, los partidos que nos representan han de ser democráticos. Por tanto, nada justifica que interpongan arbitrariamente a “otros”, si es que han de representar a la ciudadanía. Las circunscripciones deberían ser más pequeñas para que la conexión con los diputados, al elegirlos y durante el ejercicio de su cargo, sea más directa y basada en un mejor conocimiento mutuo de las personas y de los problemas. Tampoco está justificado que la máquina del partido asegure a sus candidatos preferidos (en función de intereses completamente ajenos a la voluntad popular) colocándolos en circunscripciones “más seguras”. Los candidatos deberán concurrir a la circunscripción que les corresponde en función de la que conste de manera justificada como su residencia habitual.

El poder ejecutivo, para ser realmente independiente del legislativo, debería ser elegido también directamente por la ciudadanía en elecciones en períodos alternos a las elecciones legislativas. Lo cual serviría además, por la diferencia de tiempos, de contrapeso de poder: algo muy sano para el ejercicio democrático. Que el legislativo sea quien proponga el ejecutivo es una burla a la independencia de poderes del Estado de Derecho (por más que luego sea el Rey quien efectúa el nombramiento). Y las tendencias a evitar contrastes y contrapesos en el poder, que en España se practican siempre que se puede, en busca de mayorías absolutas fácticas, denotan claramente la intención del ejercicio autoritario del poder sin límites, contra “los otros”. A partir de ello se produce la crisis de la política real, se enfatiza la tendencia a la oposición radical, ideológica, y se resienten en su conjunto las virtudes de la democracia: pluralismo, crítica, tolerancia, representación y participación ciudadana, etc.

El poder judicial también debería ser completa y efectivamente independiente del legislativo y del ejecutivo. Lo contrario es una burla del sistema democrático y del Estado de Derecho. El Consejo General del Poder Judicial debería ser elegido democráticamente por todo el conjunto de los propios jueces. El Tribunal Supremo y el Fiscal General del Estado deberían cubrirse por procedimientos técnicos ordinarios y objetivos de promoción profesional o mediante concurso-oposición. Es una burla que el propio gobierno o el legislativo intervengan directa o indirectamente en el nombramiento de los miembros del tribunal que les ha de juzgar; y también lo es que el ejecutivo elija al fiscal que debe “manejar” la justicia en beneficio de su propia línea del gobierno (como ha sido manifiesto, p. ej., en el manejo de la cuestión de la legalidad de los partidos que se intentaban formar en el entorno de ETA). Con estas intromisiones pierde la Justicia y el Estado democrático de Derecho, pues todo poder se entiende como el mismo y, en consecuencia, el rechazo hacia una determinada fuerza política o ideología se confunde con el rechazo a la justicia. La justicia queda politizada; y la política queda judicializada. No hay política real. En cuanto al Tribunal Constitucional, puesto que trata de la Constitución aprobada en referéndum por la ciudadanía, convendría que ésta pudiera intervenir también en el nombramiento de sus miembros, si no mediante convocatoria general de elecciones, al menos mediante un sistema de Comisión que participe en la resolución de un concurso-oposición, igual que hay tribunales populares en algunos juicios.

El poder de los medios de comunicación —el cuarto poder— también debe ser independiente. Para ello, las televisiones públicas ni deben ser controladas ideológicamente por los gobiernos (e indirectamente por los partidos en el poder), ni tampoco por un Consejo político en representación del legislativo. Antes bien, deberían ser controladas, en todo caso, por un Consejo formado no en función de la pluralidad ideológica (de partidos), sino estamental, como p. ej. los Consejos escolares en los centros educativos. En ese Consejo podría haber representación de la Administración pública, de los profesionales y de la ciudadanía, a partes iguales. Que la ciudadanía intervenga en el control de los medios públicos de comunicación tiene además mucho sentido, pues son los “consumidores” de esos medios, y del mismo modo que se considera la audiencia en un sentido y con unos fines de programación, también habría que prestar audiencia (en otro sentido) a la ciudadanía a la hora de dirigir el funcionamiento de estos medios.

Frente al poder fáctico de los medios de comunicación, ideológica y económicamente sesgado, hoy día es responsabilidad de la Administración pública promover la explotación de los recursos y posibilidades de Internet como nuevo y potentísimo medio de comunicación social naturalmente plural al alcance de cualquiera y, por tanto, libre de todo sesgo de poder fáctico. Debe potenciarse el uso de este medio popular como vía de difusión del conocimiento, de publicación, de transparencia de la Administración y, sobre todo, de participación ciudadana, en los dos sentidos de la comunicación (de la Administración a la ciudadanía y viceversa), construyendo un nuevo concepto de política más democrático-directo y participativo que sería la Política 2.0.

Y, con esto, la Administración debe además promover procedimientos y vías de acción directa ciudadana, como el referéndum, potenciar la institución y acción del Defensor del Pueblo, facilitar la presentación de Iniciativas Legislativas Populares, etc. Además, la estructura y la dinámica de los partidos debería ser abierta a la ciudadanía, mediante encuestas, foros de opinión y participación, etc.

Deben establecerse medios de control para evitar la contaminación de los poderes democráticos del Estado de Derecho con poderes fácticos, que no dependen en absoluto de la voluntad popular expresada en las urnas: especialmente el poder de los medios de comunicación privados y los poderes económicos. Y para ello es fundamental la transparencia absoluta en toda actividad administrativa y de gobierno, con la publicación por defecto de todos los datos y documentos para ser consultados por quien pudiera tener interés en ello. El ejercicio del poder público ha de ser público y abierto: no caben intenciones ni acciones ocultas en la administración de lo que es de todos y para todos.