España es un Estado social y democrático de derecho

España es un Estado social y democrático de derecho.

"España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político" (Constitución, 1.1.)

La palabra 'social' aparece en la Constitución 27 veces; y la palabra 'liberal', ninguna. Pero esto no quiere decir que España sea un Estado 'socialista', frente al 'liberalismo': ni una cosa ni la otra.

Por Estado 'social y democrático de derecho' no se entiende particularmente la forma del Estado socialista-comunista, sino una superación del enfrentamiento entre ambos modelos extremos:

1. España es un Estado de derecho, con la 'libertad' como uno de sus 'valores superiores'.
2. pero también un Estado social, con la 'justicia' y la 'igualdad' también como 'valores superiores'.
3. -Y, en cualquier caso, es un Estado plural, donde han de poder convivir, como en todo sistema democrático, ideologías o tendencias políticas diferentes, como el socialismo y el liberalismo.

El Estado de derecho surgió como defensa, tanto de la libertad del individuo, como de la igualdad entre todos, como reacción contra los excesos del antiguo régimen, en la monarquía absoluta. Y surgió, de hecho, como una nueva fórmula compatible con la propia monarquía: como 'monarquía parlamentaria', por ejemplo, en el Reino Unido.

"La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria" (Constitución, 1.3)

Lo que fue esencial en la nueva forma de Estado era:

1. La división de los poderes, que antes se concentraban todos en el monarca absoluto.
2. Y el sometimiento de éste, como un ciudadano más ('iguales ante la ley': Constitución, 14), a las leyes, promulgadas por el órgano representante de la soberanía popular.

El Estado de derecho nació también como una defensa de la propiedad privada como derecho natural. Pero evolucionó poniendo el énfasis en la libertad individual y en la propiedad privada desarrollando un liberal-ismo que llevó a una nueva situación de injusticia, donde la diferencia entre nobles y vasallos del antiguo régimen se tornaba en una nueva forma de discriminación social en función del régimen de la propiedad y de las relaciones económicas de producción y mercado.

Esto llevó necesariamente a la revolución del proletariado reclamando la justicia social que faltaba, y, de manera extrema, a la dictadura del proletariado y a los regímenes socialistas-comunistas, estatalistas, represores del derecho de la propiedad.

La social-democracia surgió posteriormente como una fórmula que supera el enfrentamiento dialéctico entre estos extremos del liberal-ismo y del social-ismo, adaptando las justas reivindicaciones sociales a la libertad individual y el derecho a la propiedad, dentro de los regímenes democráticos occidentales, abiertos al pluralismo ideológico.

Al caer el régimen soviético, a finales del siglo XX, algunos quisieron entender que desaparecía el contrapeso social al liberalismo y que, en consecuencia, se abría un nuevo orden mundial de triunfo y hegemonía absoluta del liberal-ismo: el neo-liberal-ismo. Pero hace falta ser muy injusto e incluso inhumano para pretender con ello retroceder a los tiempos de la opresión y la explotación, ya felizmente superados.

Lamentablemente, parece que son esas las ideas que alimentan la situación político-económica actual, en la que, por la dura competencia global, los 'afortunados propietarios' parecen haber entrado en un arrebato de locura para, con el apoyo de la clase política dominante y por encima del cadáver de la ciudadanía 'rasa', optimizar la competitividad y productividad del capital para poder conservar y acrecentar sus posiciones dominantes frente a las economías emergentes.

Es por eso que parten del postulado de que la social-democracia se ha acabado y que, por tanto, hay que liquidar ya lo que se llamó el Estado del bienestar general, por ilusorio, obsoleto (en el nuevo orden neoliberal) y por no constituir más que una rémora frente a los potenciales índices de crecimiento, sobre todo, porque la competencia parece prescindir por completo de todos los frenos éticos de la justicia social y la dignidad de las personas humanas, que la cultura occidental ha autoimpuesto a su propia economía en tiempos de crecimiento 'pacífico'.

Es, por tanto, necesario comprender la social-democraciano como un valor exclusivo del socialismo, sino como una conquista de la humanidad (o, al menos, de occidente), que fue capaz de superar la dialéctica entre liberalismo y socialismo. Es decir, deberíamos tomarla como un valor común, de todos, y como la única manera de hacer económica, política y éticamente sostenible la defensa de la libertad y de la propiedad en un régimen justo de igualdad de oportunidades.

Asimismo, es necesario comprender que el derecho natural a la propiedad privada no es tanto un derecho a acumular propiedades necesarias para los demás y detraídas a éstos, por encima de toda ética y justicia, sino, más bien, el derecho de cada uno a todo lo que es necesario para una vida digna -y sólo a ello-. Y es, por ello, que en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las constituciones de los países civilizados se reconoce el derecho a la vivienda, al trabajo, a la atención sanitaria, etc., como también podríamos hablar del derecho a una renta básica que asegure la supervivencia de toda persona en unas condiciones de vida digna. Y todo lo demás ha de estar regulado por la economía y la política bajo el principio supremo de la prioridad del interés general, como manda la Constitución:

"Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general" (art. 128.1)

Y, del mismo modo que es fundamental la libertad y la igualdad en el Estado de derecho, también lo es la división de poderes y particularmente el respeto al poder legislativo como primer poder, radicado en la voluntad popular.

El propio Rey, como árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones (Constitución, 56.1) debería garantizar la independencia de los poderes que se desglosaron de la monarquía absoluta en la fórmula moderna del Estado de derecho. Y debería garantizar también que en ese desglose de los poderes se respeta el lugar primordial de la soberanía popular en el poder legislativo. Pues, que esto sea o no efectivamente así es quizá lo que está poniendo en juego la credibilidad del propio sistema español de 'monarquía parlamentaria'. Y es notorio que hoy todo esto está profundamente puesto en cuestión.

Se han producido abusos en el ejercicio del poder por la clase política, que han puesto en cuestión tanto la división de poderes, como su representatividad respecto de la ciudadanía. La clase política, manipulando el poder legislativo a su antojo y beneficio, fuera del control de la ciudadanía (lo cual es en sí paradójico), ha evolucionado hacia nuevas fórmulas monstruosas de absolutismo, reconcentrando artificiosamente todos los poderes, con el falso argumento de la estabilidad: España necesita estabilidad; pero ante todo necesita respeto a la pluralidad y verdadero diálogo entre las ideologías diferentes. -Pues, sin diálogo, no habrá estabilidad: "mientras no haya justicia, no habrá paz".

La corrupción económica sólo es una consecuencia de esta otra corrupción política o del sistema, que es la fundamental: se ha reducido el ejercicio del poder a una especie de club privado entre dos partidos (bipartidismo) y se han neutralizado o desactivado de diversas maneras todos los sistemas de control. Han construido así un nuevo absolutismo a la sombra de la imagen de un Rey, que se parece más al del Leviatán de Hobbes: es como si hubiéramos llegado al pacto expreso entre ellos, tácito por nuestra parte, de esa alternancia en el poder, que no es propiamente el cambio democrático y que finalmente se descubre como un reparto del cotarro de lo público... como si fuera su cortijo particular. Ya no un régimen ético ni justo, sino una forma de imponerse los más fuertes a los individuos aislados y a las minorías impotentes, sin más ley que, en el fondo, la del más fuerte. Es la política físico-matemática de la imposición de las mayorías por la fuerza, que ya no es realmente una demo-cracia.

Es preciso entender la voluntad popular no como voluntad de la mayoría, sino como 'voluntad general' -que no es lo mismo-, y reforzarla con la revocabilidad de los poderes delegados. Y, con las actuales tecnologías, es posible hacer que tales poderes no sean suplantadores, sino sólo subsidiarios respecto de la participación ciudadana efectiva, la cual se debe promover y desarrollar amplia e intensivamente tal como manda el artículo 9.2 de la Constitución:

"Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social."

Tiempo de cambiar

(Homenaje por el aniversario del #15M: ¡Sí se puede!)

Tiempo de cambiar de Gobierno. Tiempo de cambiar de políticas y de forma de hacer política. Tiempo de cambiar de políticas económicas y de régimen económico...

Lo de UPyD y lo de IU es, en parte, un problema de 'share' -de 'cuota de pantalla'... Pues, a pesar de tener cada uno sus aspectos positivos, sin embargo, no acaban de obtener el rendimiento electoral que sería de esperar; y es que, en política, no hay una relación directa entre 'aspectos positivos' y 'éxito' electoral.

Muchas de las cosas positivas que hacen también se podrían hacer desde un movimiento social o una ONG...: acciones sociales, defensa de valores y de grupos sociales... Pero, a la hora de entrar en el reparto del espectro político como partidos, no consiguen entrar o su presencia es casi sólo testimonial... No consiguen la cuota suficiente de representación porque hay otras 'fórmulas' más exitosas, lo cual no quiere decir necesariamente que sean más acertadas...

Tenemos, por el contrario, el ejemplo de las PAH (Plataformas de Afectados por las Hipotecas), que han hecho el camino inverso: de ser una plataforma de acción social a conseguir una importante cuota de representación como partidos (o algo así...), por ejemplo, en Barcelona, con grandes expectativas. -Las plataformas Ganemos, Barcelona en comú, Ahora Madrid...

Es la demostración del cambio en la forma de hacer política: ya no es que sea un cambio necesario...; es que quien no lo haga, simplemente decaerá...

A pesar de algunos avances realizados, hay algo sobre todo en PP, pero también en UPyD, IU e incluso en PSOE, que les hace tender a la decadencia; a la vez que hay algo en Podemos y Ciudadanos y en las plataformas locales... que les ha hecho evolucionar de manera ascendente.

Quizá una de las claves del cambio está en no entender ya el voto como seña de identidad de la persona que vota, como expresión de lo que se es, sino como expresión de lo que se quiere (o se necesita, reclama...): después de todo, el voto es libre... Votar es invertir en un proyecto o programa de acción concreto, para una situación o un contexto dados: qué quieres hacer o qué quieres que se haga... Y así, por ejemplo, estamos acostumbrados a percibir cómo los resultados electorales por partidos no suelen ser idénticos en Barcelona, según se trate de elecciones locales, autonómicas o generales...

Sin embargo, el hecho es que muchas personas tienden a votar según son o se sienten... y no del todo según necesitan o les conviene. Y así, en Andalucía siguen votando PSOE a pesar de la mil millonaria corrupción, y en la Comunidad Valenciana y la de Madrid siguen votando PP a pesar de su otro particular estilo de... presunta corrupción. -Ya se sabe: "somos como somos...". Y así también la izquierda se sorprende de que pueda haber 'obreros de derechas' (o que voten PP), etc.

Pero es que quizá no es del todo práctico o acertado concebir un partido político, como por ejemplo IU, como una comunidad testimonial de ciertas creencias, defensora de una doctrina, a costa de hacerse a veces marginal en el espectro político. Parece que pretendan representar a una mayoría social como a la propia mayoría social de hecho no parece interesarle, no parece querer ser representada, pues, llegado el momento de votar, a la hora del reparto de votos en el espectro político, esa misma mayoría siempre acaba encontrando otros que la representen de una manera que ella misma considera más adecuada (y hablamos de personas libres y mayores de edad...). ¿Acaso es que la mayoría no sabe votar y los de IU esperan educarla hasta convertirla a la ortodoxia, para que aprenda a elegir lo que debe? Se ve que la falta de conciencia de clase hace a los individuos decidir torpemente por su propia cuenta, insolidariamente... Ya no es que no perciban el interés de sus semejantes (de clase), sino que son tan torpes que ni siquiera son capaces de percibir el que es verdaderamente su propio interés, como miembros de esa clase. En ese caso, IU quizá lo haría mejor montando escuelas, que agrupaciones de partido... -¿O es que pretenden imponerse al margen de la voluntad popular (ignorante), sintiéndose legitimados a ello por la presunta verdad superior de su doctrina?

Es paradójico que Izquierda UNIDA sea quizá el partido más dividido de todo el territorio español: presenta dos candidaturas en Madrid; se dividió en la Comunidad Valenciana (Compromís) y es incapaz de terminar de incorporarse a una unidad real de acción de izquierdas, en una efectiva defensa de la mayoría social, con Equo, Podemos y PSOE (si éste fuera capaz de hacer su cambio: su regeneración debida). -Tenemos Izquierda... UNIDA, Izquierda... PLURAL, Izquierda... ABIERTA...; pero ¿de hecho...?

PSOE no parece haber cambiado realmente, sino que sólo está exhibiendo su más nueva versión de sí mismo. Ha escenificado un cambio entendido sólo comercialmente como cambio de imagen, de presentación de un producto... Es como la empresa que se empeña en subsistir sin hacer los verdaderos cambios necesarios para poder ofrecer el producto o el servicio que la sociedad demanda en el momento. Parece que estén esperando a que pase esta tormenta de crisis económica y política, 'renovadora', para poder seguir siendo lo mismo y conservando sus intereses y privilegios de siempre -su tramposa posición dominante en el bipartidismo español, gracias a la #LeyElectoral- sin haber hecho más que cambios superficiales, aparentemente a gusto del consumidor, según la moda... (en definitiva, gato por liebre). Para el elector, es como si comprara un producto 'nuevo' y luego descubriera que en realidad no es más que 'el viejo' producto con un pequeño cambio de imagen, cuando en el mercado ya existen otros productos más avanzados que han hecho los cambios necesarios e incorporan las últimas prestaciones y adelantos tecnológicos. -Aunque la metáfora es comercial, se puede decir que, de los cambios políticos que se han producido en los últimos cuatro años, PSOE sólo ha incorporado 'el gesto', la apariencia, el envoltorio... para que parezca que ha cambiado... lo que en realidad no ha cambiado del todo.

PP no cambia... Es un partido fósil. Antes espera que el mundo cambie, aunque sea teniendo -el mundo- que volver hacia atrás, desandando lo avanzado. Al inmovilismo y al dogmatismo, en su particular neolengua, lo llaman 'experiencia' e 'ideas claras'. Incapaces de avanzar en el tiempo y de tolerar o abrirse a todos los demás que son distintos a ellos. Más que conservadores, son congeladores de la realidad, de la historia. Autoritarios, paternalistas (de padres y de padrinos...), presuntamente líderes... pero sin ni siquiera convencer; no lo necesitan. Conciben el voto de la ciudadanía como un cheque en blanco, una legitimación para hacer... lo que sea, lo que ellos quieran, a su arbitrio: hasta robar, si fuera preciso (porque es que "somos como somos..."; porque ellos lo valen). Lo que ellos hacen está a priori bien, como debe ser, como Dios manda... Para ellos, cualquier error no son más que 'pequeños hilillos'..., 'salvo alguna cosa'... Demandan obediencia ciega, mayoría silenciosa... (imponen #LeyMordaza), necesitan creyentes, como si todo en la vida fuera cuestión de... religión, de compromiso fiel, de sangre... como el que se le debe a un padrino. ¿Hasta dónde llega su lealtad? ¿Cuánto cuesta cerrar una boca?

Si algún día, por medio del fracaso, PP llega a comprender que ha de cambiar y avanzar a la altura de los tiempos, invertirá una pasta indecente en 'comprar' perfiles de Twitter, subcontratados a bots, que escriben en chino o árabe... para conseguir los mejores índices de competitividad y poder llegar ¿así? a liderar la presencia en las redes sociales. -A veces toman a sus propios destinatarios como ignorantes e incluso estúpidos a más no poder... ¿O es que, en realidad, lo son ellos, más bien?

Igual algún día hay que cambiar algo... ¿no? Si no, siempre conservaremos... incluso lo peor: más vale malo conocido... Las nuevas generaciones de ciudadanos, movimientos sociales y partidos está dando una prueba de competencia que desborda a los viejos partidos y a los viejos de los partidos: los que se resisten al cambio. Hay mucho que han cambiado, desde el 15 de mayo de 2011, aunque no se les quiera reconocer, y es mucho más aún lo que va a cambiar. -El futuro ya ha cambiado... #15M.

Es tiempo de cambiar...

Asesores: el recorte y la regeneración que no se hacen

La libre contratación de asesores, sin transparencia ni control externo, podría servir para la malversación de fondos públicos y para la financiación ilegal de los partidos.

P. ej., si yo pertenezco a un partido y tengo un cargo público y puedo contratar a quien quiera para lo que quiera pagándole lo que quiera, podría contratar a todos mis familiares, amigos y recomendados, para cualquier tarea, con cualquier excusa o falsa justificación, y podría pagarles no lo que les corresponde, sino el doble, porque la mitad de ello nos la vamos a repartir entre la persona contratada, el partido y yo.

Y, aunque parezca una cuestión moral, no es sólo una cuestión moral, sino que podría llegar a ser constitutiva de delitos que hoy día merecen una vigilancia y una penalización extraordinaria.

Solución: una auditoría externa, independiente, de los contratos de asesores en todas las administraciones del Estado, y que, en adelante, su contratación sea transparente y se lleve un registro público centralizado de ello.

Esta auditoría debería revisar los siguientes aspectos:

1. Concepto de asesor

¿Qué es un asesor o una asesora? ¿Traer el café a media mañana al despacho al cargo público correspondiente merece la calificación y el sueldo de 'asesor'?

¿Se entiende por asesor un puesto de confianza personal del respectivo cargo público? -Entonces que lo pague él de su bolsillo.

¿Se entiende por asesor un puesto de confianza ideológica o política del respectivo cargo público? -Entonces que lo pague el partido.

¿Se esconde bajo la contratación de un asesor y el argumento de la confianza una excusa para hacer una contratación fuera de los procedimientos públicos? -Probablemente sea un delito o un derroche.

2. Idoneidad del asesor e incompatibilidades

No puede ser que cualquiera pueda ser asesor, hace falta tener alguna cualificación adecuada al puesto y reconocida públicamente; y no todo el que tenga tal cualificación es igualmente compatible con el ejercicio concreto de la función de asesor en cada caso concreto (se deben establecer algunas reglas de incompatibilidad para prevenir abusos).

En principio, para que un asesor sea asesor, tiene que tener algo sobre lo que asesorar: un conocimiento especial demostrado y reconocido públicamente. Y tiene que ser necesario su conocimiento para el desempeño del cargo público que lo contrata. -No vale un conocimiento personal o ideológico: eso se lo paga uno o el partido. La administración pública no tiene por qué pagar que a un partido le vaya mejor y saque ventaja sobre otros disponiendo de fondos públicos y de información o accesos privilegiados. Un Presidente de una Comunidad Autónoma no puede usar los fondos públicos para pagarse una campaña de imagen personal o de marketing político; y estos objetivos particulares no se pueden disfrazar confusamente de otros presuntamente institucionales o de interés general. En ningún caso se puede presumir que sea el interés general que yo y mi partido sigamos gobernando.

Por otro lado, es necesario tomar medidas objetivas y transparentes para prevenir el nepotismo. Es cierto que las personas allegadas a políticos y cargos públicos no tienen por qué estar privadas del desarrollo de su carrera profesional en el ámbito de lo público. Pero, precisamente para garantizar ese derecho, es necesario que haya sistemas públicos, abiertos, transparentes de contratación en todos los niveles de la administración. El contrato de asesores debería seguir los procedimientos ordinarios de contratación de la administración: oferta pública, concurso, etc. -sin trampas. Y debería haber un registro público centralizado de todos los contratos de este tipo. Y, del mismo modo que a los Diputados y Senadores se les exige publicar su patrimonio, convendría que en el registro de asesores se declararan al menos las relaciones de parentesco y de negocios en común (pasados o actuales) de los contratados, estableciendo algún régimen de incompatibilidad en los casos más extremos, igual que se hace en tribunales ordinarios, en los que ningún miembro puede tener ninguna de ciertas relaciones establecidas en la convocatoria con ningún concursante.

Con vistas a la contratación de asesores convendría seguir los siguientes criterios:

1º) Se descarta la contratación pública de asesores personales (una cosa es la persona y otra el cargo o la institución pública). La confianza personal y el interés personal quedan excluidos de los asuntos públicos.

2º) Se descarta la contratación pública de asesores ideológicos (y de marketing político). Un gobierno, un cargo público, no tiene en propiedad todo el poder de la institución; lo tiene sólo en representación de la ciudadanía y para administrarlo públicamente con transparencia y con controles institucionales en interés de todos. La mayoría no da un cheque en blanco al 'elegido' para que éste haga lo que quiera, ni lo que le parezca mejor, y ni siquiera puede el cargo público servirse de la administración pública para beneficiar a 'la mayoría' que lo eligió, pues esto no pasaría de ser una tiranía y muchas veces una oligarquía, ya que las mayorías a veces son sólo minorías mayoritarias. Un cargo electo o designado ha de hacer siempre lo que es mejor para TODOS, es decir, lo más justo (con visión universal), y es para eso para lo que están los asesores. O sea, que más que contratar asesores ideológicos para hacer marketing político en beneficio del partido, habría que contratarlos, en todo caso, para detectar críticamente y evitar el uso interesado del poder. Y, por eso, conviene que los asesores sean en cierta medida externos o ajenos al propio cargo público.

3º) En el caso de necesidad de asesoramiento técnico, se ha de contar, en primer lugar, con los recursos ordinarios de la administración: los técnicos de la unidad o de la sección, etc. En segundo lugar, con recursos extraordinarios de la administración, a través de comisiones de servicio: expertos dondequiera que los haya, dentro de la función pública, como en la Universidad, en investigación (CSIC, etc.), en otras administraciones, etc. Y, sólo en tercer lugar, se ha de buscar los expertos necesarios, sin límites, pero en función del presupuesto, mediante procedimientos transparentes como los de la contratación pública ordinaria.

3. Remuneración de los asesores

En ningún caso, el sueldo de asesor puede ser desconocido o libre, sino siempre ajustado a criterios de administración pública, cuando sean de la función pública, y privada, cuando sean del sector privado.

Un funcionario público asesor debe cobrar por sus tareas de asesoramiento lo correspondiente al nivel equivalente de la función pública de tales tareas.

Para fijar la remuneración por las tareas de asesoramiento de un profesional privado o de una empresa privada se pueden seguir los siguientes criterios:

1º) Por un lado, tener en cuenta lo establecido públicamente en sus tarifas comerciales.

2º) Por otro lado, la media de lo que se suela cobrar por tales tareas por profesionales o empresas similares, de la competencia. -Esto es prácticamente lo mismo que tener en cuenta los precios fijados por la oferta y la demanda del mercado.

3º) Finalmente, tener en cuenta los presupuestos de la administración pública y la naturaleza del gasto, y, en caso de que sea extraordinario, tendrá que ser consensuado políticamente con el resto de los partidos. -Ningún partido tiene el derecho de expoliar e hipotecar la administración pública, por más que tenga mayoría absoluta.

En cualquier caso, como todo procedimiento administrativo y de contratación pública, ha de ser público, transparente y sujeto a control o intervención de la administración y de los organismos o instituciones de control.

Sobre el estado degenerativo de la nación por corrupción

Creo que EL tema del próximo debate sobre el Estado de la nación es esencialmente el fracaso de la política de austeridad como vía de salida de la crisis, particularmente en España. Los recortes impuestos no sólo NO han reducido la deuda y el déficit públicos, sino que, al parecer, va a resultar que los han aumentado notablemente. Es, por tanto, objetivamente, claramente un fracaso en el logro de los objetivos concretos y esenciales marcados. -Y que nadie venga a decirnos lo contrario. El balance es que hemos perdido el tiempo, el dinero, el trabajo, los derechos, la vivienda... y, en definitiva, el bienestar general.

Y, probablemente, la causa fundamental de toda esta situación -el origen de la crisis y el fracaso o fraude en el intento de solución- es la corrupción: la conexión oculta, inconfesable, vergonzosa, indecente, inmoral, injusta, reprobable y muchas veces, seguramente también en buena medida, ilegal entre el poder político y el económico.

La política económica que desarrolló la burbuja inmobiliaria fue equivocada, errónea, negligente, culpable, cuando no simplemente un fraude, un atraco a mano armada, con el arma del poder, del secuestro de los organismos de control y de la ley en las manos.Y la política de "solución" de la crisis no lo es menos. No se ha podido predecir de manera más clara y más fuerte el fracaso al que nos llevarían las políticas de austeridad. Pero parece que el "interés" de algunos en ellas, ha estado por encima del interés general de toda una nación.

El estado de la nación es, en definitiva, notablemente degenerativo en todos los aspectos, y lo es por corrupción. Esta no es sólo una crisis económica, global, sobrevenida, accidental, sino sobre todo una crisis moral, política y democrática producida por las conductas sistemáticas de las personas que tienen o han tenido en su mano conducir el país. Todo lo que antes era importante, fundamental, y se daba por supuesto e incluso en buena medida como incuestionable (nuestro sistema de gobierno, la integridad del territorio...) hoy está patas arriba, seriamente en cuestión. Y, lo que es peor, ante la magnitud del problema económico, de injusticia y de bienestar, todo lo demás ya casi da igual:  nos han desensibilizado hacia los derechos laborales y las políticas económicas, pero hemos quedado también desensibilizados hacia ese tipo de cuestiones fundamentales. Todo está en descrédito, ha perdido su valor, ante la actual situación de necesidad de tantos, de emergencia, para muchos vital.

Se han cargado el sistema; y no han sido los antisistema. Los propios guardianes del sistema, que debían proteger el Estado, y los gobernantes, que debían encauzarlo hacia la prosperidad, no lo han guardado, sino que lo han asaltado, y no lo han llevado a buen puerto, sino al desguace. Han dejado España convertida en pasto de aves de carroña y de depredadores. En el exterior, nuestras grandes empresas no pueden realizar las inversiones que necesitan y nos requieren los países donde operan, y éstos acaban por nacionalizarlas (es como si hubieran quebrado, fracasado). Pero en el interior, los interesados que están al acecho se harán con las empresas estratégicas y las empresas públicas de interés, así como con nuestros preciados servicios públicos (especialmente la sanidad) para beneficio de particulares, allegados, o de fondos buitres, en los que siempre acaban apareciendo contactos sospechosos (indecentes).

La corrupción que mina nuestro país no es la del "pecado" individual, el simple robo o delito fiscal de algunos que no han podido aguantarse de meter la mano en la caja. La corrupción que ha empujado a  nuestro país hacia la quiebra, traicionando a la nación, es la corrupción del sistema, la confusión de poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, medios de comunicación, económico y cualquier otra forma de poder fáctico al que los políticos se arrodillan, vendiendo el país, sin el consentimiento expreso de la ciudadanía, sin pasar por las urnas.

El enfermo imaginario: ¿acaso son LOS funcionarios unos vagos defraudadores?

La Presidenta Popular de la Comunidad de Madrid, Dña. Esperanza Aguirre, ha convertido en ley su presunción de que todos los funcionarios a los que se prescribe baja médica por entre 4 y 15 días, y no es por enfermedad profesional o accidente, son unos defraudadores. Con ello, a su vez, convierte a los médicos que prescriben dichas bajas en los principales agentes de ese fraude, concretamente en prevaricadores, pues en esta acción no son sólo cómplices, sino propiamente los ejecutores responsables legales, ya que los funcionarios no tienen la habilitación necesaria para autoconcederse las bajas, ni tampoco para obligar a los médicos a que se las concedan. Si todos los funcionarios en general van a resultar sancionados a priori por ello, esté o no justificada la baja, entonces los médicos que las prescriben también deberían ser sancionados, salvo que admitamos que son absolutamente incompetentes en el tema y, entonces, las bajas deberían ser autoconcedidas por el propio funcionario.

De ser cierto que en dichas bajas hay fraude, lo justo, acorde a ley y a derechos, antes que retirar por regla general la prestación a todos, sería abrir expediente del caso concreto y, si se descubre que hay negligencia y culpabilidad en ello, entonces dictaminar la sanción oportuna, de acuerdo con los reglamentos o códigos correspondientes, y, en ese caso, tanto al enfermo imaginario como al médico que le ha prescrito la baja médica de manera fraudulenta. Presuponer que todos son culpables a priori y dictaminar lo que en realidad es una sanción dentro de una ley de presupuestos, de manera preventiva, es un abuso legal, que crea indefensión en los funcionarios honrados víctimas de enfermedades reales, y supone, por su arbitrariedad y generalidad una simple y descarada retirada de prestaciones y derechos consolidados, como es el derecho a salario en caso de enfermedad. Hacer eso y hacer lo mismo en caso de embarazo o maternidad es sólo cuestión de cifras, de necesidades presupuestarias, pero no de conductas morales, ni de argumentos legales justos.

Parece que para Dña. Esperanza Aguirre, todos los empleados públicos son unos vagos: ahora los funcionarios, antes los profesores... Pero, si es legítimo, hasta el punto de convertirlo en ley, que LOS funcionarios son unos vagos, absentistas y defraudadores, no es menos legítimo o acertado decir que LOS del PP son unos corruptos y, con ellos, todos LOS políticos en general: pues es MUCHÍSIMO más el dinero que cada año se pierde en ello, de los presupuestos del Estado y de las Comunidades, que lo que se pierde en los supuestos fraudes de LOS funcionarios absentistas. Y creo que nadie con la mínima objetividad y honestidad podría negar que esto es rigurosamente cierto. Por tanto, antes que retirar derechos a los funcionarios honrados, habría que poner control y límites a la corrupción política; y no creo que sea tan difícil, si es que de verdad se quiere hacer y de verdad se quiere solucionar la economía del país.

Pero, además de recaer la responsabilidad legal principalmente en los médicos, más que en los enfermos imaginarios, existe un Servicio de Inspección Médica que, al parecer, no sirve para nada y, por tanto, debería ser eliminado por completo de la Administración, para ahorrar costes. Si la Inspección Médica siguiera, como es debido, los problemas de salud de los funcionarios, esto no pasaría. Y la Inspección Médica no es una tarea que baste ejercerla por teléfono, como de hecho se hace cuando se hace. Si la Inspección Médica visita a los enfermos o, al revés, éstos visitan la Inspección Médica, igual que al médico de cabecera, entonces habrá un control administrativo eficiente de las bajas médicas. Pero, para eso, tienen que trabajar los que tienen que trabajar y que para ello están, que no son sólo los funcionarios enfermos imaginarios, sino también la Inspección Médica, la Inspección ordinaria, los Servicios de personal, etc.

Pasa aquí como con el fraude fiscal, que, por no querer hacer el control efectivo que debería hacerse y que está previsto en la propia estructura de la Administración, al final acaban pagándolo todos solidariamente: nunca pagan más los que más deben pagar, ni menos los que menos deben (y a río revuelto, ganancia de pescadores). Ese concepto de justicia que iguala interesadamente a todos en lo malo, en las penalidades, es justamente la mayor injusticia, pues no hay mayor injusticia que tratar a los que son diferentes como iguales. Si el fraude fiscal, principalmente por los que más tienen, estuviera controlado, los que menos tienen no tendrían que pagar más.