España es un Estado social y democrático de derecho

España es un Estado social y democrático de derecho.

"España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político" (Constitución, 1.1.)

La palabra 'social' aparece en la Constitución 27 veces; y la palabra 'liberal', ninguna. Pero esto no quiere decir que España sea un Estado 'socialista', frente al 'liberalismo': ni una cosa ni la otra.

Por Estado 'social y democrático de derecho' no se entiende particularmente la forma del Estado socialista-comunista, sino una superación del enfrentamiento entre ambos modelos extremos:

1. España es un Estado de derecho, con la 'libertad' como uno de sus 'valores superiores'.
2. pero también un Estado social, con la 'justicia' y la 'igualdad' también como 'valores superiores'.
3. -Y, en cualquier caso, es un Estado plural, donde han de poder convivir, como en todo sistema democrático, ideologías o tendencias políticas diferentes, como el socialismo y el liberalismo.

El Estado de derecho surgió como defensa, tanto de la libertad del individuo, como de la igualdad entre todos, como reacción contra los excesos del antiguo régimen, en la monarquía absoluta. Y surgió, de hecho, como una nueva fórmula compatible con la propia monarquía: como 'monarquía parlamentaria', por ejemplo, en el Reino Unido.

"La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria" (Constitución, 1.3)

Lo que fue esencial en la nueva forma de Estado era:

1. La división de los poderes, que antes se concentraban todos en el monarca absoluto.
2. Y el sometimiento de éste, como un ciudadano más ('iguales ante la ley': Constitución, 14), a las leyes, promulgadas por el órgano representante de la soberanía popular.

El Estado de derecho nació también como una defensa de la propiedad privada como derecho natural. Pero evolucionó poniendo el énfasis en la libertad individual y en la propiedad privada desarrollando un liberal-ismo que llevó a una nueva situación de injusticia, donde la diferencia entre nobles y vasallos del antiguo régimen se tornaba en una nueva forma de discriminación social en función del régimen de la propiedad y de las relaciones económicas de producción y mercado.

Esto llevó necesariamente a la revolución del proletariado reclamando la justicia social que faltaba, y, de manera extrema, a la dictadura del proletariado y a los regímenes socialistas-comunistas, estatalistas, represores del derecho de la propiedad.

La social-democracia surgió posteriormente como una fórmula que supera el enfrentamiento dialéctico entre estos extremos del liberal-ismo y del social-ismo, adaptando las justas reivindicaciones sociales a la libertad individual y el derecho a la propiedad, dentro de los regímenes democráticos occidentales, abiertos al pluralismo ideológico.

Al caer el régimen soviético, a finales del siglo XX, algunos quisieron entender que desaparecía el contrapeso social al liberalismo y que, en consecuencia, se abría un nuevo orden mundial de triunfo y hegemonía absoluta del liberal-ismo: el neo-liberal-ismo. Pero hace falta ser muy injusto e incluso inhumano para pretender con ello retroceder a los tiempos de la opresión y la explotación, ya felizmente superados.

Lamentablemente, parece que son esas las ideas que alimentan la situación político-económica actual, en la que, por la dura competencia global, los 'afortunados propietarios' parecen haber entrado en un arrebato de locura para, con el apoyo de la clase política dominante y por encima del cadáver de la ciudadanía 'rasa', optimizar la competitividad y productividad del capital para poder conservar y acrecentar sus posiciones dominantes frente a las economías emergentes.

Es por eso que parten del postulado de que la social-democracia se ha acabado y que, por tanto, hay que liquidar ya lo que se llamó el Estado del bienestar general, por ilusorio, obsoleto (en el nuevo orden neoliberal) y por no constituir más que una rémora frente a los potenciales índices de crecimiento, sobre todo, porque la competencia parece prescindir por completo de todos los frenos éticos de la justicia social y la dignidad de las personas humanas, que la cultura occidental ha autoimpuesto a su propia economía en tiempos de crecimiento 'pacífico'.

Es, por tanto, necesario comprender la social-democraciano como un valor exclusivo del socialismo, sino como una conquista de la humanidad (o, al menos, de occidente), que fue capaz de superar la dialéctica entre liberalismo y socialismo. Es decir, deberíamos tomarla como un valor común, de todos, y como la única manera de hacer económica, política y éticamente sostenible la defensa de la libertad y de la propiedad en un régimen justo de igualdad de oportunidades.

Asimismo, es necesario comprender que el derecho natural a la propiedad privada no es tanto un derecho a acumular propiedades necesarias para los demás y detraídas a éstos, por encima de toda ética y justicia, sino, más bien, el derecho de cada uno a todo lo que es necesario para una vida digna -y sólo a ello-. Y es, por ello, que en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las constituciones de los países civilizados se reconoce el derecho a la vivienda, al trabajo, a la atención sanitaria, etc., como también podríamos hablar del derecho a una renta básica que asegure la supervivencia de toda persona en unas condiciones de vida digna. Y todo lo demás ha de estar regulado por la economía y la política bajo el principio supremo de la prioridad del interés general, como manda la Constitución:

"Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general" (art. 128.1)

Y, del mismo modo que es fundamental la libertad y la igualdad en el Estado de derecho, también lo es la división de poderes y particularmente el respeto al poder legislativo como primer poder, radicado en la voluntad popular.

El propio Rey, como árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones (Constitución, 56.1) debería garantizar la independencia de los poderes que se desglosaron de la monarquía absoluta en la fórmula moderna del Estado de derecho. Y debería garantizar también que en ese desglose de los poderes se respeta el lugar primordial de la soberanía popular en el poder legislativo. Pues, que esto sea o no efectivamente así es quizá lo que está poniendo en juego la credibilidad del propio sistema español de 'monarquía parlamentaria'. Y es notorio que hoy todo esto está profundamente puesto en cuestión.

Se han producido abusos en el ejercicio del poder por la clase política, que han puesto en cuestión tanto la división de poderes, como su representatividad respecto de la ciudadanía. La clase política, manipulando el poder legislativo a su antojo y beneficio, fuera del control de la ciudadanía (lo cual es en sí paradójico), ha evolucionado hacia nuevas fórmulas monstruosas de absolutismo, reconcentrando artificiosamente todos los poderes, con el falso argumento de la estabilidad: España necesita estabilidad; pero ante todo necesita respeto a la pluralidad y verdadero diálogo entre las ideologías diferentes. -Pues, sin diálogo, no habrá estabilidad: "mientras no haya justicia, no habrá paz".

La corrupción económica sólo es una consecuencia de esta otra corrupción política o del sistema, que es la fundamental: se ha reducido el ejercicio del poder a una especie de club privado entre dos partidos (bipartidismo) y se han neutralizado o desactivado de diversas maneras todos los sistemas de control. Han construido así un nuevo absolutismo a la sombra de la imagen de un Rey, que se parece más al del Leviatán de Hobbes: es como si hubiéramos llegado al pacto expreso entre ellos, tácito por nuestra parte, de esa alternancia en el poder, que no es propiamente el cambio democrático y que finalmente se descubre como un reparto del cotarro de lo público... como si fuera su cortijo particular. Ya no un régimen ético ni justo, sino una forma de imponerse los más fuertes a los individuos aislados y a las minorías impotentes, sin más ley que, en el fondo, la del más fuerte. Es la política físico-matemática de la imposición de las mayorías por la fuerza, que ya no es realmente una demo-cracia.

Es preciso entender la voluntad popular no como voluntad de la mayoría, sino como 'voluntad general' -que no es lo mismo-, y reforzarla con la revocabilidad de los poderes delegados. Y, con las actuales tecnologías, es posible hacer que tales poderes no sean suplantadores, sino sólo subsidiarios respecto de la participación ciudadana efectiva, la cual se debe promover y desarrollar amplia e intensivamente tal como manda el artículo 9.2 de la Constitución:

"Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social."

Crítica de la crítica hasta la sinrazón pura

La crítica pierde su autoridad, su rigor, su valor, eficacia, e incluso podemos decir ciertamente que hasta su verdad, cuando es universal y negativa a la vez, porque demuestra falta de discernimiento. No es espíritu crítico verlo todo siempre mal —peor imposible—, sino que es simplemente ser cenizo y quizá hasta paranoico. La crítica es una facultad de la razón que, por ello, no puede ejercerse hasta la sinrazón, es decir, hasta perder la razón.

Intelectualmente no consigo convencerme 1) de que todo ha de ser —es— pésimo en la nueva legislatura emprendida por el PP, el cual, sin embargo, ha ganado las elecciones, de manera más o menos legítima, pero, en cualquier caso, con mayoría absoluta; y 2) de que, por el contrario, todo es óptimo en la izquierda en general (PSOE incluido). No alcanzo a comprender cómo nuestro país y la derecha en particular han logrado ser tan eficaces en dar con el peor Presidente posible (en realidad ninguno sería válido, a priori) y los ministros paradójica y casualmente más inadecuados posibles: los peores que puede haber cada uno en su género. Todos son corruptos, perversos, si no incompetentes, y manifiestamente inadecuados especialmente en la correspondiente competencia que se les ha asignado. Sobre todos hay sospechas, lacras… y están desautorizados a priori. Además, toda acción posible del nuevo equipo está ya descartada a priori como inadecuada, simplemente porque no se acopla al prejuicio ideológico contrario de los que no están ejerciendo el gobierno.

Me recuerda esto a cuando los comentaristas de fútbol parecen saber más que el entrenador del equipo que está jugando: ¡cuántos periodistas lo harían mejor que el entrenador y, sin embargo, ahí están: limitados a su tarea de simplemente “comentar” lo que otros “hacen”! O también a la sagrada rivalidad que existe entre equipos como el Barça (republicano, independentista o federalista y de izquierdas ¿?) y el Real Madrid (centralista, nacionalista español, monárquico, y por tantos ‘por tantos’, de derechas ¿?). No entiendo bien por qué, si negamos la injerencia de la religión en la política, sin embargo, luego hacemos política como si de religión se tratara: de manera crudamente dogmática.

Conste que esta crítica que hago a la crítica hasta la sinrazón, se puede y se debe aplicar también a cuando gobernaba el PSOE, e incluso al juicio o a los prejuicios que se puedan tener hacia otros partidos, independientemente de que tengan o no la opción real de gobernar: IU, partidos republicanos, partidos nacionalistas, e incluso Amaiur (hoy por hoy, un partido “legal”, mientras no se demuestre lo contrario). Zapatero ha podido tener errores importantes —o simplemente diferencias ideológicas…—, pero no se puede negar que también tuviera algún acierto y, principalmente, una altura moral notable. Lo mismo se puede decir de Rubalcaba: quizá el PSOE actual no tiene mucha aceptación en la izquierda de hoy día, y eso explica sus resultados electorales, pero no se pueden negar importantes capacidades, valores y virtudes en el que ha sido su defensor hasta la extenuación como candidato y ante el discurso de investidura del actual Presidente del Gobierno. Rosa Díez, a juzgar por las críticas de ¿los más entendidos?, debe ser la única persona en el mundo incapacitada de manera innata (a priori) para liderar un partido político... Y, por otro lado, no tenemos por qué conceder nada político a ETA, pero ello no implica que la reclamación de la independencia de Euskadi por Amaiur sea políticamente deplorable y absolutamente inadmisible, hasta el punto de prejuzgar a sus defensores como seres de una cualidad moral intrínsecamente inferior. —La política dialéctica, de la pura disputa, de la pura escenificación del conflicto ideológico o, en definitiva, de intereses partidistas o de clase, no es útil a la nación, al Estado: no nos interesa a la ciudadanía. El Congreso de los Diputados es la cámara de la representación de la voluntad popular, no es para las disputas entre partidos.

Parece existir en la política española —y no sólo ahora— la idea de que el PP “no puede” gobernar: algo así como una nostalgia de Frente Popular continuo, que, sin embrago, luego, en la práctica nunca llega a ser capaz de cuajar, de materializarse, como p. ej. en Extremadura. Ese “ambiente” cristalizó de una manera muy especial, palpable, tras el 11M, en la primera legislatura de Zapatero, con lo que se llamó el Pacto del Tinell, que, además, no era un pacto que afectaba sólo a Cataluña, sino que se extendía al Estado español tomado en su totalidad, pero también, en la práctica, y de manera declarada (ante los medios) p. ej. en Euskadi (en toda la política y la negociación con ETA de aquella época).

Sin embargo, es un hecho abrumador (y se percibe así en el propio documento de “Mucho PSOE por hacer”) que el PP obtiene la confianza de la ciudadanía en todos los niveles de la Administración y en toda la extensión del Estado español, y además, con frecuencia, con mayorías absolutas (falta Andalucía… y se verá).

Pues bien, creo 1) que el PP tiene, al menos, el mismo derecho que el PSOE a gobernar; 2) que probablemente sólo PP y PSOE van a ser quienes siempre gobiernen, uno u otro, por más que se corrijan los abusos o deficiencias de la actual Ley Electoral (al menos a nivel estatal); y sobre todo 3) que se echa la culpa al PP y a sus votantes de su propia victoria, cuando, en realidad, muchas veces ésta llega o se mantiene simplemente por la manifiesta, crasa y profunda incompetencia política de la izquierda en general como alternativa al PP.

Ni IU ni PSOE demuestran tener la competencia política que es “de hecho” necesaria para ganar ellos el triunfo en la política actual. Y, por favor, no insulten a la ciudadanía culpándola de ello, como si fuera tonta, estúpida, ignorante, masoquista… No le cuelguen a ella el San Benito de lo que no puede deberse más que a las propias incompetencias prácticas o pragmáticas de la izquierda. En general, la gente no es tonta, pero, por otro lado, tampoco es excesivamente exigente: sólo quiere que las cosas funcionen con normalidad (algo tan sencillo como que haya trabajo, paz, bienestar, progreso…: pero ni siquiera un hiperdesarrollismo ni “pelotazos” de éxito… como a veces parecen empeñarse en conseguir y ofrecernos los políticos).

Cuando un partido como el PSOE, por dos veces, sean cuales fueran las circunstancias, deja al país económica y laboralmente exhausto, a los ciudadanos ya no les parece que sea sólo cosa del ciclo de la vida o una fatalidad del destino, sino que quizá haya algo más radical o profundo que lo haga incapaz de resolver las cuestiones económicas y laborales, que, por otro lado, son la base del estado del bienestar y de la justicia. Igual éstos, el bienestar y la justicia, son insostenibles sin una base económica y laboral adecuada… —como dice Rajoy—, y con la que el PSOE aún no ha dado. Gobernar no es sólo pedagogía, convencer, “decir” y hacer creer las cosas, sino seguramente, ante todo, obtener “resultados”.

Y esto, no porque vivamos en un mundo productivista, consumista, sino porque la gente no es tonta y, al final, la competencia o la incompetencia acaban saliendo a la luz. Todo lo que la política (los políticos) esconde(n) en las medidas que adoptan, acaba saliendo más tarde o más pronto por algún lado. —Sirva de ejemplo si había o no crisis, si ésta era importante o no, y si ya estaba resuelta y estábamos ya saliendo de ella… cuando en realidad aún no hemos tocado fondo.

Con frecuencia, la culpa del fracaso de la izquierda no es ni la habilidad especial de la derecha, ni la estupidez de la ciudadanía, ni las meras circunstancias: sinceramente creo que la izquierda debe buscar dentro de sí misma la causa constitutiva de sus propios fracasos.

Para que sea principalmente el Estado el que se encargue de lo que es de todos (socialismo), hace falta una integridad y una eficiencia o competencia de la que quizá se ha carecido (así parece que sucedió p. ej. en la URSS). Y entonces este fracaso lleva a la mayoría a considerar conveniente, preferible, la minimización del Estado y el respeto preferencial a la iniciativa privada (neo-liberalismo). El ejemplo de Finlandia, al que se suele recurrir, es clamoroso: se nos llena la boca hablando del estado socialdemócrata y del bienestar a la hora de dar “números”: porcentaje de impuestos, de servicios públicos, etc. Pero nos olvidamos de lo más importante que hay detrás o debajo de todo eso: un régimen de Administración pública cuya transparencia, integridad y eficiencia “nosotros” desconocemos.

No quiero decir que la izquierda sea inmoral y la derecha moral en el ejercicio de la Administración pública, sino que, cuando, en general, el ejercicio de la Administración pública y la clase política no es del todo transparente, íntegra y eficiente, entonces parece mejor minimizar el ámbito de lo ‘público’, y, por tanto, de la acción del Estado. —Tras la caída del PSOE en 1996 por el ambiente de corrupción generalizada que había, poca gente quedó con ganas de pagar impuestos al Estado. En consecuencia, la fórmula liberal de rebaja de impuestos ofrecida por el PP parecía la lógica y la deseable.

Precisamente, más bien, el punto fuerte de la izquierda es o debería ser, al menos según se predica, la moralización de la vida pública: su defensa de los valores de justicia, igualdad, solidaridad… Pero la izquierda tiene que encontrar fórmulas más creativas, actuales, versátiles y flexibles, menos doctrinales, para conseguir que esos ideales puedan materializarse en la sociedad real, de una manera pragmática, efectiva.

En cualquier caso, se adopte la postura que se adopte, creo que para una política sostenible y de futuro, duradera, hace falta romper los moldes doctrinales de la izquierda y la derecha, del socialismo y del liberalismo. Y creo que la fórmula del “Estado Social y Democrático de Derecho” con la que se caracteriza a nuestro país en el artículo 1 de la Constitución es la fórmula perfectamente sintética de ambas tendencias: 1) un régimen originalmente liberal de “Estado de Derecho”, 2) con la posterior corrección o el perfeccionamiento “Social”, y 3) con el factor común de ambos, que es la “democracia”. Pero ésta, no entendida de manera físicomatemática, utilitarista, como un régimen de mayorías o fuerzas (que son las expresiones que más suelen usarse), sino de una manera ética o humana, como un régimen de autogobierno de las personas libres basado en el entendimiento mutuo, y en busca, ante todo, del ideal de justicia, que es el interés general, esto es, de todos, y no sólo de “la mayoría”.

Para una democracia real más participativa

Para una democracia real más participativa es esencial la independencia de todos los poderes (incluidos los poderes fácticos, no elegidos democráticamente), el fomento de la participación ciudadana desde todas las instituciones públicas y la transformación de los partidos de máquinas de poder fáctico e ideológico preestablecido en verdaderos canales de participación y representación de la ciudadanía.

El poder legislativo, representante de la voluntad popular y generador de las leyes que rigen el Estado de Derecho, debería ser elegido directa y completamente por la ciudadanía, sin reservar cuotas a la propia máquina de los partidos. Esta reserva que se hacen denota claramente el deseo de introducir a personas, normalmente a los puestos de más poder, con criterios completamente ajenos a la voluntad popular. Los partidos siempre reservan los primeros puestos de sus listas para asegurar intereses particulares o la influencia de los grupos de poder fáctico e ideológico a los que se deben, más allá de las urnas, literalmente por encima de la voluntad de la ciudadanía.

Para ello, se debería votar listas abiertas y desbloqueadas, de manera que la ciudadanía pueda elegir o rechazar a los candidatos individualmente. Y “los primeros” en la jerarquía interna del partido resultarán ser los más votados directamente por la ciudadanía. Según la Constitución, los partidos que nos representan han de ser democráticos. Por tanto, nada justifica que interpongan arbitrariamente a “otros”, si es que han de representar a la ciudadanía. Las circunscripciones deberían ser más pequeñas para que la conexión con los diputados, al elegirlos y durante el ejercicio de su cargo, sea más directa y basada en un mejor conocimiento mutuo de las personas y de los problemas. Tampoco está justificado que la máquina del partido asegure a sus candidatos preferidos (en función de intereses completamente ajenos a la voluntad popular) colocándolos en circunscripciones “más seguras”. Los candidatos deberán concurrir a la circunscripción que les corresponde en función de la que conste de manera justificada como su residencia habitual.

El poder ejecutivo, para ser realmente independiente del legislativo, debería ser elegido también directamente por la ciudadanía en elecciones en períodos alternos a las elecciones legislativas. Lo cual serviría además, por la diferencia de tiempos, de contrapeso de poder: algo muy sano para el ejercicio democrático. Que el legislativo sea quien proponga el ejecutivo es una burla a la independencia de poderes del Estado de Derecho (por más que luego sea el Rey quien efectúa el nombramiento). Y las tendencias a evitar contrastes y contrapesos en el poder, que en España se practican siempre que se puede, en busca de mayorías absolutas fácticas, denotan claramente la intención del ejercicio autoritario del poder sin límites, contra “los otros”. A partir de ello se produce la crisis de la política real, se enfatiza la tendencia a la oposición radical, ideológica, y se resienten en su conjunto las virtudes de la democracia: pluralismo, crítica, tolerancia, representación y participación ciudadana, etc.

El poder judicial también debería ser completa y efectivamente independiente del legislativo y del ejecutivo. Lo contrario es una burla del sistema democrático y del Estado de Derecho. El Consejo General del Poder Judicial debería ser elegido democráticamente por todo el conjunto de los propios jueces. El Tribunal Supremo y el Fiscal General del Estado deberían cubrirse por procedimientos técnicos ordinarios y objetivos de promoción profesional o mediante concurso-oposición. Es una burla que el propio gobierno o el legislativo intervengan directa o indirectamente en el nombramiento de los miembros del tribunal que les ha de juzgar; y también lo es que el ejecutivo elija al fiscal que debe “manejar” la justicia en beneficio de su propia línea del gobierno (como ha sido manifiesto, p. ej., en el manejo de la cuestión de la legalidad de los partidos que se intentaban formar en el entorno de ETA). Con estas intromisiones pierde la Justicia y el Estado democrático de Derecho, pues todo poder se entiende como el mismo y, en consecuencia, el rechazo hacia una determinada fuerza política o ideología se confunde con el rechazo a la justicia. La justicia queda politizada; y la política queda judicializada. No hay política real. En cuanto al Tribunal Constitucional, puesto que trata de la Constitución aprobada en referéndum por la ciudadanía, convendría que ésta pudiera intervenir también en el nombramiento de sus miembros, si no mediante convocatoria general de elecciones, al menos mediante un sistema de Comisión que participe en la resolución de un concurso-oposición, igual que hay tribunales populares en algunos juicios.

El poder de los medios de comunicación —el cuarto poder— también debe ser independiente. Para ello, las televisiones públicas ni deben ser controladas ideológicamente por los gobiernos (e indirectamente por los partidos en el poder), ni tampoco por un Consejo político en representación del legislativo. Antes bien, deberían ser controladas, en todo caso, por un Consejo formado no en función de la pluralidad ideológica (de partidos), sino estamental, como p. ej. los Consejos escolares en los centros educativos. En ese Consejo podría haber representación de la Administración pública, de los profesionales y de la ciudadanía, a partes iguales. Que la ciudadanía intervenga en el control de los medios públicos de comunicación tiene además mucho sentido, pues son los “consumidores” de esos medios, y del mismo modo que se considera la audiencia en un sentido y con unos fines de programación, también habría que prestar audiencia (en otro sentido) a la ciudadanía a la hora de dirigir el funcionamiento de estos medios.

Frente al poder fáctico de los medios de comunicación, ideológica y económicamente sesgado, hoy día es responsabilidad de la Administración pública promover la explotación de los recursos y posibilidades de Internet como nuevo y potentísimo medio de comunicación social naturalmente plural al alcance de cualquiera y, por tanto, libre de todo sesgo de poder fáctico. Debe potenciarse el uso de este medio popular como vía de difusión del conocimiento, de publicación, de transparencia de la Administración y, sobre todo, de participación ciudadana, en los dos sentidos de la comunicación (de la Administración a la ciudadanía y viceversa), construyendo un nuevo concepto de política más democrático-directo y participativo que sería la Política 2.0.

Y, con esto, la Administración debe además promover procedimientos y vías de acción directa ciudadana, como el referéndum, potenciar la institución y acción del Defensor del Pueblo, facilitar la presentación de Iniciativas Legislativas Populares, etc. Además, la estructura y la dinámica de los partidos debería ser abierta a la ciudadanía, mediante encuestas, foros de opinión y participación, etc.

Deben establecerse medios de control para evitar la contaminación de los poderes democráticos del Estado de Derecho con poderes fácticos, que no dependen en absoluto de la voluntad popular expresada en las urnas: especialmente el poder de los medios de comunicación privados y los poderes económicos. Y para ello es fundamental la transparencia absoluta en toda actividad administrativa y de gobierno, con la publicación por defecto de todos los datos y documentos para ser consultados por quien pudiera tener interés en ello. El ejercicio del poder público ha de ser público y abierto: no caben intenciones ni acciones ocultas en la administración de lo que es de todos y para todos.