Para una democracia real más participativa

Para una democracia real más participativa es esencial la independencia de todos los poderes (incluidos los poderes fácticos, no elegidos democráticamente), el fomento de la participación ciudadana desde todas las instituciones públicas y la transformación de los partidos de máquinas de poder fáctico e ideológico preestablecido en verdaderos canales de participación y representación de la ciudadanía.

El poder legislativo, representante de la voluntad popular y generador de las leyes que rigen el Estado de Derecho, debería ser elegido directa y completamente por la ciudadanía, sin reservar cuotas a la propia máquina de los partidos. Esta reserva que se hacen denota claramente el deseo de introducir a personas, normalmente a los puestos de más poder, con criterios completamente ajenos a la voluntad popular. Los partidos siempre reservan los primeros puestos de sus listas para asegurar intereses particulares o la influencia de los grupos de poder fáctico e ideológico a los que se deben, más allá de las urnas, literalmente por encima de la voluntad de la ciudadanía.

Para ello, se debería votar listas abiertas y desbloqueadas, de manera que la ciudadanía pueda elegir o rechazar a los candidatos individualmente. Y “los primeros” en la jerarquía interna del partido resultarán ser los más votados directamente por la ciudadanía. Según la Constitución, los partidos que nos representan han de ser democráticos. Por tanto, nada justifica que interpongan arbitrariamente a “otros”, si es que han de representar a la ciudadanía. Las circunscripciones deberían ser más pequeñas para que la conexión con los diputados, al elegirlos y durante el ejercicio de su cargo, sea más directa y basada en un mejor conocimiento mutuo de las personas y de los problemas. Tampoco está justificado que la máquina del partido asegure a sus candidatos preferidos (en función de intereses completamente ajenos a la voluntad popular) colocándolos en circunscripciones “más seguras”. Los candidatos deberán concurrir a la circunscripción que les corresponde en función de la que conste de manera justificada como su residencia habitual.

El poder ejecutivo, para ser realmente independiente del legislativo, debería ser elegido también directamente por la ciudadanía en elecciones en períodos alternos a las elecciones legislativas. Lo cual serviría además, por la diferencia de tiempos, de contrapeso de poder: algo muy sano para el ejercicio democrático. Que el legislativo sea quien proponga el ejecutivo es una burla a la independencia de poderes del Estado de Derecho (por más que luego sea el Rey quien efectúa el nombramiento). Y las tendencias a evitar contrastes y contrapesos en el poder, que en España se practican siempre que se puede, en busca de mayorías absolutas fácticas, denotan claramente la intención del ejercicio autoritario del poder sin límites, contra “los otros”. A partir de ello se produce la crisis de la política real, se enfatiza la tendencia a la oposición radical, ideológica, y se resienten en su conjunto las virtudes de la democracia: pluralismo, crítica, tolerancia, representación y participación ciudadana, etc.

El poder judicial también debería ser completa y efectivamente independiente del legislativo y del ejecutivo. Lo contrario es una burla del sistema democrático y del Estado de Derecho. El Consejo General del Poder Judicial debería ser elegido democráticamente por todo el conjunto de los propios jueces. El Tribunal Supremo y el Fiscal General del Estado deberían cubrirse por procedimientos técnicos ordinarios y objetivos de promoción profesional o mediante concurso-oposición. Es una burla que el propio gobierno o el legislativo intervengan directa o indirectamente en el nombramiento de los miembros del tribunal que les ha de juzgar; y también lo es que el ejecutivo elija al fiscal que debe “manejar” la justicia en beneficio de su propia línea del gobierno (como ha sido manifiesto, p. ej., en el manejo de la cuestión de la legalidad de los partidos que se intentaban formar en el entorno de ETA). Con estas intromisiones pierde la Justicia y el Estado democrático de Derecho, pues todo poder se entiende como el mismo y, en consecuencia, el rechazo hacia una determinada fuerza política o ideología se confunde con el rechazo a la justicia. La justicia queda politizada; y la política queda judicializada. No hay política real. En cuanto al Tribunal Constitucional, puesto que trata de la Constitución aprobada en referéndum por la ciudadanía, convendría que ésta pudiera intervenir también en el nombramiento de sus miembros, si no mediante convocatoria general de elecciones, al menos mediante un sistema de Comisión que participe en la resolución de un concurso-oposición, igual que hay tribunales populares en algunos juicios.

El poder de los medios de comunicación —el cuarto poder— también debe ser independiente. Para ello, las televisiones públicas ni deben ser controladas ideológicamente por los gobiernos (e indirectamente por los partidos en el poder), ni tampoco por un Consejo político en representación del legislativo. Antes bien, deberían ser controladas, en todo caso, por un Consejo formado no en función de la pluralidad ideológica (de partidos), sino estamental, como p. ej. los Consejos escolares en los centros educativos. En ese Consejo podría haber representación de la Administración pública, de los profesionales y de la ciudadanía, a partes iguales. Que la ciudadanía intervenga en el control de los medios públicos de comunicación tiene además mucho sentido, pues son los “consumidores” de esos medios, y del mismo modo que se considera la audiencia en un sentido y con unos fines de programación, también habría que prestar audiencia (en otro sentido) a la ciudadanía a la hora de dirigir el funcionamiento de estos medios.

Frente al poder fáctico de los medios de comunicación, ideológica y económicamente sesgado, hoy día es responsabilidad de la Administración pública promover la explotación de los recursos y posibilidades de Internet como nuevo y potentísimo medio de comunicación social naturalmente plural al alcance de cualquiera y, por tanto, libre de todo sesgo de poder fáctico. Debe potenciarse el uso de este medio popular como vía de difusión del conocimiento, de publicación, de transparencia de la Administración y, sobre todo, de participación ciudadana, en los dos sentidos de la comunicación (de la Administración a la ciudadanía y viceversa), construyendo un nuevo concepto de política más democrático-directo y participativo que sería la Política 2.0.

Y, con esto, la Administración debe además promover procedimientos y vías de acción directa ciudadana, como el referéndum, potenciar la institución y acción del Defensor del Pueblo, facilitar la presentación de Iniciativas Legislativas Populares, etc. Además, la estructura y la dinámica de los partidos debería ser abierta a la ciudadanía, mediante encuestas, foros de opinión y participación, etc.

Deben establecerse medios de control para evitar la contaminación de los poderes democráticos del Estado de Derecho con poderes fácticos, que no dependen en absoluto de la voluntad popular expresada en las urnas: especialmente el poder de los medios de comunicación privados y los poderes económicos. Y para ello es fundamental la transparencia absoluta en toda actividad administrativa y de gobierno, con la publicación por defecto de todos los datos y documentos para ser consultados por quien pudiera tener interés en ello. El ejercicio del poder público ha de ser público y abierto: no caben intenciones ni acciones ocultas en la administración de lo que es de todos y para todos.

Democracia real

Reivindicamos #democraciareal como una exigencia contra los políticos porque, sea de hecho o de derecho (por las deficiencias de la Ley Electoral), parece que #nonosrepresentan.

Pero la exigencia de #democraciareal es también una exigencia contra los ciudadanos por haber hecho dejación de sus propias responsabilidades como tales ciudadanos.

La democracia real —cuando nació— e ideal —como modelo hoy para nosotros— es aquella en la que, como pasa en la lengua helena, no se distingue entre el ‘político’ y el ‘ciudadano’. Y esto, en los siguientes dos sentidos:

1. Por un lado, los ‘políticos’ no son más que ciudadanos, no una clase privilegiada, nobles, señores feudales. Todos somos iguales ante la ley —en ello consiste básicamente el Estado moderno de derecho democrático— y la inmunidad de los políticos no es impunidad. 
2. Pero, por otro lado, los ‘ciudadanos’ —todos— también son políticos y han de ejercer como tales: todos tienen el derecho y, a la vez, la obligación y la responsabilidad, de ‘meterse en política’, o mejor dicho de estar en política, de hacer política, de interesarse por lo público. Delegar en los representantes, en los partidos, no es quedar eximido de responsabilidad política. Así, podemos decir que, si hay corrupción política y si los partidos #nonosrepresentan, o representan a ciertos intereses particulares —sean suyos propios o ajenos— es porque nosotros, los ciudadanos, hasta ahora, se lo hemos permitido.

Hemos aprendido que desentendernos de lo público, de lo que es de todos, y también nuestro, no funciona. Lo hemos aprendido en un momento crítico: en crisis, cuando todo ha tocado fondo y todos los resortes del sistema se han puesto tensos a más no poder. Mientras todo iba bien, bien que nos hemos desentendido de todo… y que se ocupen otros, que para eso cobran (o se les paga); y, si no nos gusta, cambiamos el voto. Una actitud muy displicente, o simplemente ignorante, esa del zapping político, sentados en el sofá de nuestra casa, con el telemando de las elecciones, y una actitud que denota una muy mala educación (cívica). Pues bien, nosotros lo hemos aprendido, en nuestras carnes, como víctimas de la crisis (también el partido del gobierno lo ha sufrido y lo va a sufrir en sus carnes) y ahora los políticos también han de aprenderlo: se lo hemos de explicar nosotros —y, en parte, eso es el #15M.

Hemos de explicarles en qué consiste el mandato que les damos el #20N y en qué no. Pero, en adelante, nosotros ya no podemos más dormir, mientras ellos gestionan nuestro poder (nuestra soberanía). Hemos de velar por el uso y la administración de ese poder: pedir cuentas, hacer propuestas y demandas continuas y sobre la marcha, etc. #15Mforever.

Hemos de hacer, pues, nosotros también política durante los cuatro años de la legislatura: al lado de los políticos, pero también enfrente o detrás de ellos (dándoles soporte o persiguiéndolos y vigilándolos… lo que haga falta). Se nos tiene que hacer duro a todos el trabajo de sacar adelante esta crisis: pero no sólo ‘pagando’ o trabajando más por el mismo o menos sueldo, sino también reclamando lo que se debe y rechazando lo que no se debe hacer.

Debemos influir en la generación de los programas electorales, no sólo saliendo a la calle, sino también yendo a las sedes de los partidos y a las instituciones públicas, siguiendo los procedimientos reglamentarios y los que la imaginación nos dé a entender: abriendo nuevos caminos. Luego, debemos perseguir el cumplimiento de esos programas, hacer las rectificaciones que sean necesarias, desde la base de la ciudadanía, no esperando a las ocurrencias más o menos interesadas y acertadas que los propios políticos puedan tener.

Nuestros delegados políticos serán entonces los defensores de nuestras propuestas, no los que aprovechan una posición dominante para hacer negocios particulares, propios o ajenos.

Quien quiera o necesite algo —por ejemplo los grupos de poder, el capital, los poderes fácticos, etc.— tendrá que plantearlo abiertamente, políticamente, por el conducto reglamentario, a través de la ciudadanía y sus representantes o defensores, pero no buscando el atajo del negocio particular con el político que ostenta un poder (que no es suyo). Pues éste no es nadie sin el soporte del ciudadano y su mandato está limitado y condicionado a lo que según los procedimientos públicos se ha establecido.

El arte de la política, por tanto, no es un oficio, cosa de expertos, ni un negocio a beneficio propio: no saben ‘los políticos’ más de política que los pájaros de ornitología… Políticos somos todos. Ser ciudadano es saber vivir en ciudad (polis), en sociedad: ser político. Es necesario que todos hagamos política de algún modo, cada uno de un modo diferente, adecuado… a sus circunstancias, capacidades, posibilidades, pero a todos incumbe lo público y todos tenemos directa o indirectamente responsabilidad en ello. La política, lo público, es, pues, cosa de todos.

¿Qué es Política Real?

1. Por un lado, Política Real es, a veces, lamentablemente, poner en evidencia la política que realmente nos encontramos, cuando no es la que deseamos ni la que debería ser, llegando a deslucir esa palabra, de la que se ha llegado a decir que representa la actividad más noble y suprema que las personas podemos llegar a desarrollar: ocuparnos de lo público, de lo que es de todos, servir a la colectividad. Esta visión de la política que se pone entonces en evidencia es el realismo político, según el cual, por ejemplo, un político no tiene por qué decir la verdad, si ello le hace perder poder. Y, para que veáis que esto no es una simple ocurrencia personal inmadura o carente de espíritu crítico, os presento esta cita de Maquiavelo:

«Todo el mundo sabe que lo que está bien visto es que un gobernante mantenga la palabra dada y viva con integridad y no con astucia. Sin embargo, en nuestros días vemos por experiencia que los gobernantes que han hecho grandes cosas han tenido poco en cuenta la palabra que han dado y han sabido burlar con astucia el ingenio de los demás. Y al final han sido superiores a los que se han limitado a la veracidad…

Por tanto, un político prudente ni puede ni debe mantener la palabra dada cuando eso se vuelva en su contra y ya no estén presentes los motivos que le llevaron a hacer la promesa… Jamás le faltaron a un gobernante razones legítimas para disfrazar sus incumplimientos… y el que mejor ha sabido hacer de zorra es siempre el que ha salido mejor parado. Pero sí que es necesario saber disfrazar bien esta naturaleza y ser un gran simulador, un gran disimulador; y los hombres son tan simples y obedecen tanto a las necesidades del momento que quien engaña, siempre encontrará quien se deje engañar…

Por tanto, un gobernante  no necesita poseer de hecho las cualidades que se supone que debe tener, pero sí que es muy necesario que parezca que las tiene. Más aún me atrevería a decir que es perjudicial que las tenga y que cumpla siempre con ellas, pero es útil que aparente tenerlas… Un gobernante recién elegido no puede limitarse a cumplir con todo aquello por lo que son consideradas buenas las personas, pues, para conservar el Estado, con frecuencia hace falta obrar contra la lealtad, contra la caridad, contra la humanidad y contra las creencias… Por eso necesita tener un ánimo dispuesto a moverse según se lo exijan los vientos de la fortuna y las variaciones de las cosas y, como he dicho antes, no debe alejarse mucho del bien, si puede, pero debe saber entrar en el mal, siempre que sea preciso».

Y esto no es literatura, sino política real. Pues, de hecho Maquiavelo, en su obra sobre El Príncipe, continuamente hace una revisión histórica de ejemplos de todas esas cosas que va diciendo. A cada uno le basta pensar y buscar sus propios ejemplos.

2. Pero, por otro lado, Política Real es también, idealmente, la política que debería hacerse, lo que la política verdaderamente debería ser: no lo que en la práctica hacen de ella los políticos del momento. Así, por ejemplo, podríamos decir supuestamente que nuestros políticos no hacen Política Real (verdadera ‘Política’), sino negocios particulares (de partido) con grupos de poder extrapolítico. Y así, también, igual que reclamamos Democracia Real, porque la que tenemos la llaman ‘democracia’ pero no lo es, también podríamos reclamar que se haga Política Real, no eso a lo que hasta el momento, parece que nos tienen acostumbrados ‘los políticos’. Y, desde este punto de vista, por ejemplo, y en contra de la visión realista del punto anterior, podemos decir, no sólo que un auténtico político debe decir la verdad y cumplir sus promesas, sino que incluso se puede decir que ninguna determinación política es realmente justa, si se nos oculta o se disfraza la ‘verdadera’ intención (inconfesable) por la que se ha adoptado tal determinación, por miedo a perder poder, si tal intención llegara a ser conocida, es decir, a sabiendas de que tal determinación es contraria a la voluntad soberana del pueblo (este criterio lo ofrece Kant, en su obra La paz perpetua). —Un ejemplo de la vida real: ¿alguien ha llegado a conocer cuál era el verdadero proyecto político de nuestro último Presidente de Gobierno durante los años de su mandato? Si eso se supiera con claridad y desde el principio, en la correspondiente campaña electoral por la que obtuvo el poder, quizá todas sus acciones llevadas a cabo después podrían haber sido comprendidas mejor, para bien o para mal, con una mayor coherencia, e incluso podrían haber sido evaluadas con una mayor comprensión y un mayor reconocimiento, a pesar de las dificultades y los fracasos.

3. Y, por último, Política Real, es una manera de hacer Política, no a base de manuales, conceptos y teorías, sino en la práctica, en la realidad de la política actual que nos toca vivir en el día a día (por cierto, una realidad, para bien o para mal, de hecho, especialmente emocionante). La Política Real se hace participando realmente en la política: conociendo y afrontando los problemas reales de hoy (la verdadera política es siempre práctica y real). Y entre las formas actuales de participación en la política, que facilitan mucho la implicación del ciudadano exigida por la democracia, están las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. La Política 2.0 es ya hoy en España una realidad, aunque de momento sólo inicial. Para la participación ciudadana ya no basta votar y delegar en partidos, ni es preciso implicarse en asociaciones o partidos. Hoy, lo experimentamos cada día, cualquier ciudadano tiene acceso —con un poco de suerte— a dialogar @conRubalcaba o con @GLlamazares, y puede implicarse en un movimiento político virtual plural y concienzudamente democrático como es el #15M, haciendo una Política Real, que luego queda reflejada, directa o indirectamente, en los programas de los partidos políticos para las próximas elecciones generales del #20N, en propuestas de leyes y medidas reales cursadas o tramitadas, en denuncias de injusticias que han llevado de hecho a rectificaciones reales, y que luego afectan a personas reales, etc.