El timo de la hipoteca

No es una crisis: es una estafa.

Igual que en la crisis del 29 se produjo una burbuja especulativa en el mercado de valores (la gente hasta pedía créditos para invertir en acciones, porque se presentaban como un chollo); en la actual crisis de 2007... ha sido en el mercado inmobiliario, donde se ha producido la burbuja, porque ha sido en él donde han encontrado la mayor rentabilidad los inversores (hubo gente que hasta se hipotecó con una segunda vivienda solamente como inversión...).

Y lo que desafortunadamente acaba resultando crisis para unos, que se quedan con las trágicas pérdidas en la base de la pirámide, afortunadamente vino a ser precisamente la retirada de ganancias de otros que ejecutan las hipotecas como acreedores... y así hasta el vértice de la pirámide donde están los únicos beneficiarios seguros de todo lo que los demás han perdido: los pocos grandes inversores o fondos de inversión finales.

Pero semejante pelotazo sólo es posible con la manipulación del libre mercado de la oferta y la demanda. Hace falta:

1. Inflar los precios, con la especulación sobre el suelo y la colaboración de los tasadores, y
2. con la connivencia de los bancos, que debían flexibilizar los préstamos, concediendo créditos de alto riesgo a cualquiera, como si fueran seguros (subprime) porque... se presentaban como una inversión-chollo... -En todo timo siempre es necesaria la complicidad del estafado, que en este caso lo era tanto la avaricia de la banca intermediaria, como la de algunos clientes terminales (otros, simplemente ignorantes o ingenuos).
3. Pero fue inestimable también la cooperación de los políticos y los organismos de control, con su gentil desregulación de los mercados (presuntamente buenos y solidarios por naturaleza) y con la vanidad que les llevaba a hacer alarde de una situación económica boyante bajo su imperio o gestión (también estafados), animándose ellos (a través de las instituciones públicas, con el dinero de los demás) y a los ciudadanos a la fiesta del gasto por encima de nuestras posibilidades.

El objetivo es en realidad toda una estafa a un país: llenar a los 'pobres' (a la masa de los menos pudientes) con hipotecas basura inflando precios que no podrán pagar... para luego explotarlo: una forma de reventar el sistema bancario y, en general, todo el sistema económico de un país, sobre todo, cuando en ello se había concentrado toda la política económica nacional.

De hecho, no está claro si por caUSalidad (como resultado de esta crisis o incluso como objetivo buscado), o sólo por caSUalidad, parece que estamos viviendo actualmente en una situación en la que se pretende acabar con el mundo de las soberanías de las naciones, para entrar en un nuevo orden mundial de corporaciones transnacionales soberanas... con un sistema -esta vez- de SÍ regulación y sometimiento a éstas de las naciones y de sus ciudadanías, a salvo de las estupideces de las soberanías populares de la ya antigua democracia...

J. Sanmartín, fundador del Centro Reina Sofía para el Estudiio de la Violencia, en su reciente publicación "Bancarrota moral. Violencia político-financiera y resiliencia ciudadana" (Sello Editorial, abril de 2015), defiende la idea de que tanto la creación, el desarrollo y la explotación de esta burbuja inmobiliaria, tanto a nivel nacional como internacional, como las medidas que con ocasión de ella se nos están imponiendo, constituyen toda una cadena de actos no sólo de violencia político-financiera, sino incluso, propiamente dicho, con 'crueldad'.

Generar hipotecas 'subprime' es generar hipotecas casi CON LA SEGURIDAD de que no se van a poder amortizar. En una hipoteca subprime se infravalora deliberadamente su prima de riesgo real: se consiente en dar un crédito enorme barato saltándose excepcionalmente las medidas de seguridad. Pero, además, se llega a convertir la excepción en norma... hasta el abuso: se ha llegado a hacer 'explotación industrial' del quebrantamiento de las medidas de seguridad que existían. Hasta entonces no se podía dar un crédito hipotecario por más de 1/3 de los ingresos del titular; pero, se dieron hipotecas subprime por el 100% de los ingresos a mileuristas sin una situación laboral estable. Los créditos hipotecarios se reforzaron como préstamos personales (sin que el cliente tuviera percepción de ello), mediante avales al margen del propio bien hipotecado: no eran 'hipotecas', porque se sabía que lo más probable era que los prestatarios fallaran en el pago y que el precio del bien hipotecado iba a caer. Y eso tiene delito.

Pero el delito y la responsabilidad, o quizá la irresponsabilidad, no están en el cliente, que normalmente es ignorante de unos factores y riesgos que se le ocultan, sino en la propia entidad y en el sistema que ha permitido esas operaciones... incluso como... 'política económica' del país. En las hipotecas subprime la entidad asume conscientemente un riesgo anormal... porque sólo las operaciones arriesgadas producen 'pelotazos' económicos. Y asume ese riesgo creyendo que después podrá transferirlo sin más -pero fraudulentamente- al cliente en caso de fracaso. -Esto lo hicieron los bancos con sus clientes y, de otro modo, los políticos con los ciudadanos: disponiendo a nuestra salud de los recursos del Tesoro; esos recursos que ahora tenemos que pagar a los fondos de inversión con nuestra 'salud' -con la sanidad, las pensiones, etc.

'Colocar' hipotecas 'subprime' es como apostar por una QUIEBRA SEGURA y repartirse después los beneficios de la ejecución de la hipoteca.

Por todo eso, es vital y de justicia detener los desahucios y, no sólo renegociar la deuda, sino auditarla jurídicamente, como en el caso de las preferentes y de las acciones de Bankia... no vaya a ser que toda esa parte que lastra en exceso a las familias quebradas sea en realidad no más que una estafa. Y, por eso, la dación en pago retroactiva podría ser en la mayoría de estos casos una medida justa.

-Ver también Política de vivienda para el #20N: #stopdesahucios en http://politicareal-0.blogspot.com.es/2011/10/politica-de-vivienda-para-el-20n.html

No necesitamos pagar más: basta que no se lo quede nadie

La actual crisis política-económica tiene un rasgo común característico: a bancos y a políticos les une, entre otras cosas, haber buscado su propio beneficio particular antes que el de los clientes o los ciudadanos, respectivamente, antes que el interés general, que no es sólo el mayoritario, sino el de todos, el de justicia.

Ahora parece que se pretende resolver el problema económico elevando la injusticia al cuadrado. Primero, el fraude de la inflación artificial de los precios de la vivienda lleva a la quiebra a 1.500.000 familias. Después, se quiere proponer como solución que entre todos los ciudadanos que aún disponemos de recursos económicos ayudemos a los defraudadores (y no a los defraudados) a consumar las operaciones que han quedado interrumpidas por la crisis, para que puedan terminar de alcanzar sus beneficios esperados. Para ello, durante veinte años pagaremos el stock de casas que han quedado sin vender, a precios falsos astronómicos, sin obtener por ello ni títulos de propiedad, ni acciones bancarias, ni letras del Tesoro: literalmente, vamos a comprarnos la casa que los malogrados clientes no han podido conseguir, pero sin que llegue a ser nuestra. Y, cuando ya esté pagada y saneada, entonces los bancos y promotores podrán sacarlas a la venta, dentro de veinte años, al mismo precio astronómico o, seguramente, a uno superior. Literalmente, las van a vender dos veces. Defraudaron a los fracasados, ahora nos defraudan a los que tenemos que contribuir y luego defraudarán a los compradores terminales de los pisos atascados.

Y lo que termina de hacer fantástica esta situación es que esa solución (que es lo que hay tras la posible creación de un banco “malo” para nosotros; “bueno” para ellos), vendrá determinada por nuestro propio gobierno, ese que va a gobernar para todos los españoles (efectivamente cumpliremos, pagaremos la crisis que no es nuestra, porque no lo podemos evitar legalmente). Si ya el complot por los precios altos debía haber sido intervenido por el gobierno, ahora es el propio gobierno el que entra como actor principal con la iniciativa de la medida más injusta de la historia, que es no querer buscar responsabilidades —que objetivamente las hay, y se sabe— por esta quiebra y fraude del sistema, sino volver a castigar de nuevo a la ciudadanía con una nueva extracción de fondos, para culminar la situación de injusticia que se inició.

Quizá crean ver con perspectiva más global, intentando salvar al país, salvando para ello a los defraudadores “que nos mantienen”. Pero, como en el Titanic, no ven el enorme y clarísimo iceberg que tienen delante, que es la injusticia que están cometiendo con 1.500.000 familias, 5.000.000 de parados y el resto de la ciudadanía que aún sobrevive y a la que van a expropiar para tapar la lujuria de sus excesos, el ansia de beneficios, y nunca de servicio, sea al cliente o a la ciudadanía.

El Presidente de la Comunidad Autónoma Balear, ejemplar en su recorte aproximadamente al 50% de la estructura de la Administración, ha declarado con bastante claridad, que esa superestructura (doble Administración) se desarrolló por concebir los políticos su poder en la Administración como una agencia de colocación de allegados: es “la otra burbuja”, la del empleo sesgado en la Administración para los compromisos personales (los enchufes). Hemos sido capaces de crear puestos públicos para colocar a nuestros conocidos. En Extremadura han entrado 100 familiares y amigos en una misma institución a sustituir a los correspondientes del partido anterior.

El mayor trauma de un partido que pierde el poder (le pasó a PSOE en 1996 y le pasará ahora otra vez) es que “su gente” queda literalmente en el paro, fuera del área de “las influencias” (esto también es tráfico de influencias, aparte de desvío o malversación de fondos públicos o apropiación indebida).

Pero lo mismo que se hace con la gestión del empleo público, se hace también con la gestión del erario público (no se es más estricto o riguroso en esto, porque se vive en la impunidad): desfases contables, déficits arrastrados o cargados sobre las siguientes legislaturas, la impresión de poder disponer con total arbitrariedad de lo que es de todos, pero para negocio y beneficio particular (sea propio o del partido)…

Al margen de la corrupción “personal” —que la habrá, ¡cómo no!—, ¿a cuánto podría ascender el dinero desviado de los fondos públicos a beneficio ilegítimo o incluso ilegal de la actividad de los partidos, quedando así “los que manejan” en situación de ventaja para perpetuarse en el poder? —Asesores: cuánto y quién lo cobra realmente. Informes y estudios que, o no se hacen, o no son necesarios, o no valen para nada… pero cuestan un pastón, cuando están sacados de tres páginas de Internet. Una contrata que se hace deliberadamente por 8 veces más de lo que vale en el libre mercado (esto también produce inflación en los precios, pues los que contratan con la Administración ya nunca quieren cobrar menos). ¡Maravilloso!

Todo esto —estoy seguro— suma más de ese 6% que tenemos de déficit. Lo que se va a quitar de sanidad, educación, pensiones, es lo que se han llevado a otro lado no presupuestado, porque no se puede presupuestar ni puede figurar contablemente. La sanidad, la educación y las pensiones, la seguridad social, no son insostenibles; lo que es insostenible es la cantidad de chorizo albergada en nuestra Administración pública (nunca habrá bastante pan… para tantos insaciables). La seguridad social, hoy aún tiene superávit: no es deficitaria, no es insostenible. Su superávit ha sido socavado en un 50% por los agujeros en todo lo demás. La seguridad social —sanidad y pensiones— es sostenible. Regalarla a la iniciativa privada forma parte del mismo expolio que la recompra de los repisos, la injusticia al cuadrado. Pagos, repagos, cortes y recortes.

Tener la mayoría y el poder ni legitima ni siquiera hace “legal” (aunque se dicte en forma de leyes, como la Ley Electoral), la imposición sobre y contra “los demás”, por más que sean una minoría (una digna minoría, pero completamente merecedora del respeto de sus gobernantes).

Los partidos con poder representan a la ciudadanía: no a los órganos del partido, ni a sus militantes, ni siquiera sólo a sus votantes, sino a toda la ciudadanía. Si abusan del poder para blindarse mediante leyes, con la aquiescencia o la impotencia de los demás, contra éstos, no por ello es legítimo, ni siquiera “legal”.

El poder debe representar y beneficiar a todos por igual, sin causar injusticia a nadie, y especialmente a los excluidos de la mayoría dominante. Una minoría permanentemente excluida del sistema y que no recibe los beneficios del sistema, sino sólo perjuicios y la desconsideración por parte de los dominantes, no tiene ningún interés en el sistema. A la propia mayoría le interesa, más que a nadie, hacer justicia a la minoría, aunque sólo sea por el interés de mantenerse ellos en el poder. De lo contrario, los aires cambian, y el orden se subvierte y se producen giros como el recibido actualmente por el PSOE.

La democracia no es el gobierno por turnos tácitamente convenidos, pactados, entre las mayorías del bipartidismo: en cada etapa, barra libre para el dominante de turno; interés mutuo por etapas, por turnos. Ahora “le toca” al PP: PSOE y los suyos, a hibernar y esperar turno para su parte del expolio de lo público.

Eso, “lo llaman democracia, pero no lo es”; eso es simple y llanamente la ley del más fuerte (pre-democrática, pre-jurídica, pre-moral). Y el dinero y el poder son una “fuerza”, pero la falta de dinero y de poder (de participación) también lo son: y esos al final son el 99%.

Política de vivienda para el #20N: #stopdesahucios

Los bancos han sabido siempre que cualquier préstamo por encima de un tercio de los ingresos del prestatario tiene riesgo de impago. Por tanto, conceder un préstamo más allá de esas condiciones es un riesgo que el propio prestamista asume.

Y hay mayor responsabilidad en el banco por asumir ese riesgo, que en los prestatarios. De hecho, estos años pasados han sido los bancos quienes han estimulado a los clientes a elevar el montante de su deuda y a asumir préstamos. Al caer en la trampa, los clientes quedaban empeñados de por vida con el banco (esto es un cliente “fiel”). Los bancos sabían prácticamente con certeza que no todos lograrían pagar, y por eso pedían como avales tener descendencia que se hiciera cargo de la deuda (a 40 años…). Ahora bien, sabían también que ellos —los bancos— no tenían nada que perder, pues siempre podrían recuperar la vivienda. Además, al no admitir el retorno de la vivienda sin más como cancelación de la deuda, demuestran que con las operaciones fallidas hacen negocio, pues exigen el beneficio que supone restituir la vivienda al precio antiguo de compra, cuando en la actualidad su precio ha bajado. Es como sacar ganancias de una operación especulativa en bolsa, pero en acciones-vivienda.

Priorizar el rescate de los bancos por encima del de los prestatarios es una cuestión política y dice mucho del “signo” o la tendencia —la jerarquía de valores— de un gobierno. Pero, en cualquier caso, un banco no debería arriesgar confiando en que va a ser rescatado por el Estado para garantizar sus depósitos. Sin embargo, es lo que ha sucedido.

Cuando los desahucios son masivos se intuye que hay una responsabilidad subyacente más general que la de los prestatarios individuales, debida al sistema, a las condiciones, a la situación económica, etc. Es la responsabilidad de la propia banca, que ha actuado “sistemáticamente” de un modo determinado con toda una masa de clientes, empujándoles hacia el riesgo, pero sin asumirlo ella misma. Y es también la responsabilidad de la Administración pública, que ha permitido un modelo de desarrollo basado en la especulación, en la creación de un oligopolio (todos contra el cliente), con elevación artificial de los precios, creando un mercado “fantástico” para ellos (e indirectamente, pero sólo en apariencia, también para los clientes), pero conscientemente muy arriesgado: fuimos advertidos por ello desde Europa. También había plena consciencia en el mundo financiero y de la Administración pública del creciente y peligroso endeudamiento de las familias españolas, que fácilmente podía llevar a una situación crítica, como de hecho ha sido.

Las responsabilidades van por grados: son mayores cuanto más arriba se producen en la jerarquía social y además, en consecuencia, cuanto más generales son (afectan a más personas e incluso claramente al interés general). Que una familia caiga en crisis y tenga que perder su vivienda es una responsabilidad personal; pero, que 1.500.000 familias estén en las mismas condiciones, a la vez que hay 5.000.000 de parados, de una situación tan general, sólo puede deberse a una responsabilidad de quien es responsable del interés general, que es la Administración pública.

Ya sabemos que el derecho a la vivienda expresado en la Constitución, igual que el derecho al trabajo, no puede interpretarse como un derecho al subsidio por tales conceptos. Pero el artículo 47 de la Carta Magna es claro al matizar esta cuestión:

«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.»

Los poderes públicos, sin embargo, han hecho manifiestamente justo lo contrario, promoviendo las condiciones y reglas que han permitido la situación actual de desahucios masivos con la consiguiente crisis social. Y la regulación del suelo parece haber sido hecha efectivamente para fomentar la especulación (combinada con las maniobras de recalificación) y no precisamente en beneficio del interés general.

Por tanto, los jueces que hayan de determinar individualmente cada caso de desahucio deberían dirimir antes claramente si no hay en él responsabilidad de “otros” y aplicar las atenuantes adecuadas siempre que sea posible, hasta evitar el desahucio: si bien el gobierno, conocedor y controlador en cierto modo de la macroeconomía, podía prever o incluso provocar indirectamente, por negligencia, una crisis económica del calibre de la actual, lo que es seguro, en cambio, es que los clientes particulares no eran en absoluto capaces de ello, ni por conocimiento, ni por capacidad de acción sobre el sistema. Y, por tanto, no son del todo responsables de su situación crítica. Nadie se ha negado a pagar por voluntad propia, ni siquiera por negligencia (los jueces decidirán en cada caso).

Los desahucios que se están produciendo no son mayoritariamente desahucios por fracasos en intentos de compra de segunda vivienda como inversión (negocio, donde podría caber negligencia o error propios del comprador), sino por crisis social y económica durante la compra de primera vivienda por las familias de rentas más bajas. Digamos que en esta riada que es la crisis, el agua ha subido y va subiendo progresivamente hasta capas más altas, pero claramente empieza por abajo, que no son los que compran vivienda como inversión. Familias, por tanto, que van, sencillamente a la calle y que además, por falta de la admisión de la dación en pago (lo cual, como hemos visto, es muy ventajoso para los especuladores), quedarán empeñadas de por vida, además sin condiciones económicas y de trabajo para recuperarse: una sangría social.

Cuando los desahucios y el paro son masivos, el rescate de los prestatarios puede ser socialmente —vitalmente— prioritario respecto del rescate de la banca, que ha producido, con mayor conocimiento y responsabilidad, un fraude ostensible a la sociedad y el Estado y que incluso aún están cobrando de éste.

En conclusión, el Estado debe afrontar el problema de la crisis de la vivienda, de la burbuja inmobiliaria que él mismo ha dejado crecer y de la cual se ha beneficiado torpemente, antes o tanto como del problema de la economía nacional. El nuevo gobierno debería al menos conceder por Decreto una moratoria de los desahucios durante un tiempo equivalente al que dure la crisis. Porque este problema es, seguro, tan grande o mayor que el ocurrido por la desgracia del terremoto de Lorca, que tuvo en su momento su correspondiente Decreto.

No se pueden hacer desahucios masivos en un momento tan anormal, de crisis, en la que los particulares no tienen responsabilidad: es casi como una catástrofe natural, pero con la diferencia de que aquí sí que hay responsables, que no son los compradores, sino los vendedores, los financiadores y los reguladores (el gobierno).

Ningún particular podía prever o valorar el cambio de la situación económica nacional y mundial, pero el mundo financiero y las autoridades públicas sí, lo sabían, o al menos era su obligación prevenirlo evitando riesgos inasumibles. —Yo no sé si “ellos” lo sabrían, pero ‘yo’, que no soy especialista, sabía que esto no podía acabar menos que así, incluida la manifestación reactiva de la ciudadanía en la calle el #15M. Y no es cosa de adivinos, pues, igual que se nos advirtió del riesgo de la economía del ladrillo y del endeudamiento de las familias españolas, Sarkozy mismo ya advirtió en 2008, durante la reunión del grupo de los 20, que había que tomar medidas eficientes de solución de la crisis para evitar el más que previsible levantamiento de la población. Estaba en el ambiente —al menos al alcance de los que piensan y reflexionan sobre la situación política económica y social— el calibre o la magnitud de esta estafa o negligencia “del sistema”.


Cfr. Informe de la Defensora del Pueblo: "Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo"