España es un Estado social y democrático de derecho

España es un Estado social y democrático de derecho.

"España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político" (Constitución, 1.1.)

La palabra 'social' aparece en la Constitución 27 veces; y la palabra 'liberal', ninguna. Pero esto no quiere decir que España sea un Estado 'socialista', frente al 'liberalismo': ni una cosa ni la otra.

Por Estado 'social y democrático de derecho' no se entiende particularmente la forma del Estado socialista-comunista, sino una superación del enfrentamiento entre ambos modelos extremos:

1. España es un Estado de derecho, con la 'libertad' como uno de sus 'valores superiores'.
2. pero también un Estado social, con la 'justicia' y la 'igualdad' también como 'valores superiores'.
3. -Y, en cualquier caso, es un Estado plural, donde han de poder convivir, como en todo sistema democrático, ideologías o tendencias políticas diferentes, como el socialismo y el liberalismo.

El Estado de derecho surgió como defensa, tanto de la libertad del individuo, como de la igualdad entre todos, como reacción contra los excesos del antiguo régimen, en la monarquía absoluta. Y surgió, de hecho, como una nueva fórmula compatible con la propia monarquía: como 'monarquía parlamentaria', por ejemplo, en el Reino Unido.

"La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria" (Constitución, 1.3)

Lo que fue esencial en la nueva forma de Estado era:

1. La división de los poderes, que antes se concentraban todos en el monarca absoluto.
2. Y el sometimiento de éste, como un ciudadano más ('iguales ante la ley': Constitución, 14), a las leyes, promulgadas por el órgano representante de la soberanía popular.

El Estado de derecho nació también como una defensa de la propiedad privada como derecho natural. Pero evolucionó poniendo el énfasis en la libertad individual y en la propiedad privada desarrollando un liberal-ismo que llevó a una nueva situación de injusticia, donde la diferencia entre nobles y vasallos del antiguo régimen se tornaba en una nueva forma de discriminación social en función del régimen de la propiedad y de las relaciones económicas de producción y mercado.

Esto llevó necesariamente a la revolución del proletariado reclamando la justicia social que faltaba, y, de manera extrema, a la dictadura del proletariado y a los regímenes socialistas-comunistas, estatalistas, represores del derecho de la propiedad.

La social-democracia surgió posteriormente como una fórmula que supera el enfrentamiento dialéctico entre estos extremos del liberal-ismo y del social-ismo, adaptando las justas reivindicaciones sociales a la libertad individual y el derecho a la propiedad, dentro de los regímenes democráticos occidentales, abiertos al pluralismo ideológico.

Al caer el régimen soviético, a finales del siglo XX, algunos quisieron entender que desaparecía el contrapeso social al liberalismo y que, en consecuencia, se abría un nuevo orden mundial de triunfo y hegemonía absoluta del liberal-ismo: el neo-liberal-ismo. Pero hace falta ser muy injusto e incluso inhumano para pretender con ello retroceder a los tiempos de la opresión y la explotación, ya felizmente superados.

Lamentablemente, parece que son esas las ideas que alimentan la situación político-económica actual, en la que, por la dura competencia global, los 'afortunados propietarios' parecen haber entrado en un arrebato de locura para, con el apoyo de la clase política dominante y por encima del cadáver de la ciudadanía 'rasa', optimizar la competitividad y productividad del capital para poder conservar y acrecentar sus posiciones dominantes frente a las economías emergentes.

Es por eso que parten del postulado de que la social-democracia se ha acabado y que, por tanto, hay que liquidar ya lo que se llamó el Estado del bienestar general, por ilusorio, obsoleto (en el nuevo orden neoliberal) y por no constituir más que una rémora frente a los potenciales índices de crecimiento, sobre todo, porque la competencia parece prescindir por completo de todos los frenos éticos de la justicia social y la dignidad de las personas humanas, que la cultura occidental ha autoimpuesto a su propia economía en tiempos de crecimiento 'pacífico'.

Es, por tanto, necesario comprender la social-democraciano como un valor exclusivo del socialismo, sino como una conquista de la humanidad (o, al menos, de occidente), que fue capaz de superar la dialéctica entre liberalismo y socialismo. Es decir, deberíamos tomarla como un valor común, de todos, y como la única manera de hacer económica, política y éticamente sostenible la defensa de la libertad y de la propiedad en un régimen justo de igualdad de oportunidades.

Asimismo, es necesario comprender que el derecho natural a la propiedad privada no es tanto un derecho a acumular propiedades necesarias para los demás y detraídas a éstos, por encima de toda ética y justicia, sino, más bien, el derecho de cada uno a todo lo que es necesario para una vida digna -y sólo a ello-. Y es, por ello, que en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las constituciones de los países civilizados se reconoce el derecho a la vivienda, al trabajo, a la atención sanitaria, etc., como también podríamos hablar del derecho a una renta básica que asegure la supervivencia de toda persona en unas condiciones de vida digna. Y todo lo demás ha de estar regulado por la economía y la política bajo el principio supremo de la prioridad del interés general, como manda la Constitución:

"Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general" (art. 128.1)

Y, del mismo modo que es fundamental la libertad y la igualdad en el Estado de derecho, también lo es la división de poderes y particularmente el respeto al poder legislativo como primer poder, radicado en la voluntad popular.

El propio Rey, como árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones (Constitución, 56.1) debería garantizar la independencia de los poderes que se desglosaron de la monarquía absoluta en la fórmula moderna del Estado de derecho. Y debería garantizar también que en ese desglose de los poderes se respeta el lugar primordial de la soberanía popular en el poder legislativo. Pues, que esto sea o no efectivamente así es quizá lo que está poniendo en juego la credibilidad del propio sistema español de 'monarquía parlamentaria'. Y es notorio que hoy todo esto está profundamente puesto en cuestión.

Se han producido abusos en el ejercicio del poder por la clase política, que han puesto en cuestión tanto la división de poderes, como su representatividad respecto de la ciudadanía. La clase política, manipulando el poder legislativo a su antojo y beneficio, fuera del control de la ciudadanía (lo cual es en sí paradójico), ha evolucionado hacia nuevas fórmulas monstruosas de absolutismo, reconcentrando artificiosamente todos los poderes, con el falso argumento de la estabilidad: España necesita estabilidad; pero ante todo necesita respeto a la pluralidad y verdadero diálogo entre las ideologías diferentes. -Pues, sin diálogo, no habrá estabilidad: "mientras no haya justicia, no habrá paz".

La corrupción económica sólo es una consecuencia de esta otra corrupción política o del sistema, que es la fundamental: se ha reducido el ejercicio del poder a una especie de club privado entre dos partidos (bipartidismo) y se han neutralizado o desactivado de diversas maneras todos los sistemas de control. Han construido así un nuevo absolutismo a la sombra de la imagen de un Rey, que se parece más al del Leviatán de Hobbes: es como si hubiéramos llegado al pacto expreso entre ellos, tácito por nuestra parte, de esa alternancia en el poder, que no es propiamente el cambio democrático y que finalmente se descubre como un reparto del cotarro de lo público... como si fuera su cortijo particular. Ya no un régimen ético ni justo, sino una forma de imponerse los más fuertes a los individuos aislados y a las minorías impotentes, sin más ley que, en el fondo, la del más fuerte. Es la política físico-matemática de la imposición de las mayorías por la fuerza, que ya no es realmente una demo-cracia.

Es preciso entender la voluntad popular no como voluntad de la mayoría, sino como 'voluntad general' -que no es lo mismo-, y reforzarla con la revocabilidad de los poderes delegados. Y, con las actuales tecnologías, es posible hacer que tales poderes no sean suplantadores, sino sólo subsidiarios respecto de la participación ciudadana efectiva, la cual se debe promover y desarrollar amplia e intensivamente tal como manda el artículo 9.2 de la Constitución:

"Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social."

El timo de la hipoteca

No es una crisis: es una estafa.

Igual que en la crisis del 29 se produjo una burbuja especulativa en el mercado de valores (la gente hasta pedía créditos para invertir en acciones, porque se presentaban como un chollo); en la actual crisis de 2007... ha sido en el mercado inmobiliario, donde se ha producido la burbuja, porque ha sido en él donde han encontrado la mayor rentabilidad los inversores (hubo gente que hasta se hipotecó con una segunda vivienda solamente como inversión...).

Y lo que desafortunadamente acaba resultando crisis para unos, que se quedan con las trágicas pérdidas en la base de la pirámide, afortunadamente vino a ser precisamente la retirada de ganancias de otros que ejecutan las hipotecas como acreedores... y así hasta el vértice de la pirámide donde están los únicos beneficiarios seguros de todo lo que los demás han perdido: los pocos grandes inversores o fondos de inversión finales.

Pero semejante pelotazo sólo es posible con la manipulación del libre mercado de la oferta y la demanda. Hace falta:

1. Inflar los precios, con la especulación sobre el suelo y la colaboración de los tasadores, y
2. con la connivencia de los bancos, que debían flexibilizar los préstamos, concediendo créditos de alto riesgo a cualquiera, como si fueran seguros (subprime) porque... se presentaban como una inversión-chollo... -En todo timo siempre es necesaria la complicidad del estafado, que en este caso lo era tanto la avaricia de la banca intermediaria, como la de algunos clientes terminales (otros, simplemente ignorantes o ingenuos).
3. Pero fue inestimable también la cooperación de los políticos y los organismos de control, con su gentil desregulación de los mercados (presuntamente buenos y solidarios por naturaleza) y con la vanidad que les llevaba a hacer alarde de una situación económica boyante bajo su imperio o gestión (también estafados), animándose ellos (a través de las instituciones públicas, con el dinero de los demás) y a los ciudadanos a la fiesta del gasto por encima de nuestras posibilidades.

El objetivo es en realidad toda una estafa a un país: llenar a los 'pobres' (a la masa de los menos pudientes) con hipotecas basura inflando precios que no podrán pagar... para luego explotarlo: una forma de reventar el sistema bancario y, en general, todo el sistema económico de un país, sobre todo, cuando en ello se había concentrado toda la política económica nacional.

De hecho, no está claro si por caUSalidad (como resultado de esta crisis o incluso como objetivo buscado), o sólo por caSUalidad, parece que estamos viviendo actualmente en una situación en la que se pretende acabar con el mundo de las soberanías de las naciones, para entrar en un nuevo orden mundial de corporaciones transnacionales soberanas... con un sistema -esta vez- de SÍ regulación y sometimiento a éstas de las naciones y de sus ciudadanías, a salvo de las estupideces de las soberanías populares de la ya antigua democracia...

J. Sanmartín, fundador del Centro Reina Sofía para el Estudiio de la Violencia, en su reciente publicación "Bancarrota moral. Violencia político-financiera y resiliencia ciudadana" (Sello Editorial, abril de 2015), defiende la idea de que tanto la creación, el desarrollo y la explotación de esta burbuja inmobiliaria, tanto a nivel nacional como internacional, como las medidas que con ocasión de ella se nos están imponiendo, constituyen toda una cadena de actos no sólo de violencia político-financiera, sino incluso, propiamente dicho, con 'crueldad'.

Generar hipotecas 'subprime' es generar hipotecas casi CON LA SEGURIDAD de que no se van a poder amortizar. En una hipoteca subprime se infravalora deliberadamente su prima de riesgo real: se consiente en dar un crédito enorme barato saltándose excepcionalmente las medidas de seguridad. Pero, además, se llega a convertir la excepción en norma... hasta el abuso: se ha llegado a hacer 'explotación industrial' del quebrantamiento de las medidas de seguridad que existían. Hasta entonces no se podía dar un crédito hipotecario por más de 1/3 de los ingresos del titular; pero, se dieron hipotecas subprime por el 100% de los ingresos a mileuristas sin una situación laboral estable. Los créditos hipotecarios se reforzaron como préstamos personales (sin que el cliente tuviera percepción de ello), mediante avales al margen del propio bien hipotecado: no eran 'hipotecas', porque se sabía que lo más probable era que los prestatarios fallaran en el pago y que el precio del bien hipotecado iba a caer. Y eso tiene delito.

Pero el delito y la responsabilidad, o quizá la irresponsabilidad, no están en el cliente, que normalmente es ignorante de unos factores y riesgos que se le ocultan, sino en la propia entidad y en el sistema que ha permitido esas operaciones... incluso como... 'política económica' del país. En las hipotecas subprime la entidad asume conscientemente un riesgo anormal... porque sólo las operaciones arriesgadas producen 'pelotazos' económicos. Y asume ese riesgo creyendo que después podrá transferirlo sin más -pero fraudulentamente- al cliente en caso de fracaso. -Esto lo hicieron los bancos con sus clientes y, de otro modo, los políticos con los ciudadanos: disponiendo a nuestra salud de los recursos del Tesoro; esos recursos que ahora tenemos que pagar a los fondos de inversión con nuestra 'salud' -con la sanidad, las pensiones, etc.

'Colocar' hipotecas 'subprime' es como apostar por una QUIEBRA SEGURA y repartirse después los beneficios de la ejecución de la hipoteca.

Por todo eso, es vital y de justicia detener los desahucios y, no sólo renegociar la deuda, sino auditarla jurídicamente, como en el caso de las preferentes y de las acciones de Bankia... no vaya a ser que toda esa parte que lastra en exceso a las familias quebradas sea en realidad no más que una estafa. Y, por eso, la dación en pago retroactiva podría ser en la mayoría de estos casos una medida justa.

-Ver también Política de vivienda para el #20N: #stopdesahucios en http://politicareal-0.blogspot.com.es/2011/10/politica-de-vivienda-para-el-20n.html

Asesores: el recorte y la regeneración que no se hacen

La libre contratación de asesores, sin transparencia ni control externo, podría servir para la malversación de fondos públicos y para la financiación ilegal de los partidos.

P. ej., si yo pertenezco a un partido y tengo un cargo público y puedo contratar a quien quiera para lo que quiera pagándole lo que quiera, podría contratar a todos mis familiares, amigos y recomendados, para cualquier tarea, con cualquier excusa o falsa justificación, y podría pagarles no lo que les corresponde, sino el doble, porque la mitad de ello nos la vamos a repartir entre la persona contratada, el partido y yo.

Y, aunque parezca una cuestión moral, no es sólo una cuestión moral, sino que podría llegar a ser constitutiva de delitos que hoy día merecen una vigilancia y una penalización extraordinaria.

Solución: una auditoría externa, independiente, de los contratos de asesores en todas las administraciones del Estado, y que, en adelante, su contratación sea transparente y se lleve un registro público centralizado de ello.

Esta auditoría debería revisar los siguientes aspectos:

1. Concepto de asesor

¿Qué es un asesor o una asesora? ¿Traer el café a media mañana al despacho al cargo público correspondiente merece la calificación y el sueldo de 'asesor'?

¿Se entiende por asesor un puesto de confianza personal del respectivo cargo público? -Entonces que lo pague él de su bolsillo.

¿Se entiende por asesor un puesto de confianza ideológica o política del respectivo cargo público? -Entonces que lo pague el partido.

¿Se esconde bajo la contratación de un asesor y el argumento de la confianza una excusa para hacer una contratación fuera de los procedimientos públicos? -Probablemente sea un delito o un derroche.

2. Idoneidad del asesor e incompatibilidades

No puede ser que cualquiera pueda ser asesor, hace falta tener alguna cualificación adecuada al puesto y reconocida públicamente; y no todo el que tenga tal cualificación es igualmente compatible con el ejercicio concreto de la función de asesor en cada caso concreto (se deben establecer algunas reglas de incompatibilidad para prevenir abusos).

En principio, para que un asesor sea asesor, tiene que tener algo sobre lo que asesorar: un conocimiento especial demostrado y reconocido públicamente. Y tiene que ser necesario su conocimiento para el desempeño del cargo público que lo contrata. -No vale un conocimiento personal o ideológico: eso se lo paga uno o el partido. La administración pública no tiene por qué pagar que a un partido le vaya mejor y saque ventaja sobre otros disponiendo de fondos públicos y de información o accesos privilegiados. Un Presidente de una Comunidad Autónoma no puede usar los fondos públicos para pagarse una campaña de imagen personal o de marketing político; y estos objetivos particulares no se pueden disfrazar confusamente de otros presuntamente institucionales o de interés general. En ningún caso se puede presumir que sea el interés general que yo y mi partido sigamos gobernando.

Por otro lado, es necesario tomar medidas objetivas y transparentes para prevenir el nepotismo. Es cierto que las personas allegadas a políticos y cargos públicos no tienen por qué estar privadas del desarrollo de su carrera profesional en el ámbito de lo público. Pero, precisamente para garantizar ese derecho, es necesario que haya sistemas públicos, abiertos, transparentes de contratación en todos los niveles de la administración. El contrato de asesores debería seguir los procedimientos ordinarios de contratación de la administración: oferta pública, concurso, etc. -sin trampas. Y debería haber un registro público centralizado de todos los contratos de este tipo. Y, del mismo modo que a los Diputados y Senadores se les exige publicar su patrimonio, convendría que en el registro de asesores se declararan al menos las relaciones de parentesco y de negocios en común (pasados o actuales) de los contratados, estableciendo algún régimen de incompatibilidad en los casos más extremos, igual que se hace en tribunales ordinarios, en los que ningún miembro puede tener ninguna de ciertas relaciones establecidas en la convocatoria con ningún concursante.

Con vistas a la contratación de asesores convendría seguir los siguientes criterios:

1º) Se descarta la contratación pública de asesores personales (una cosa es la persona y otra el cargo o la institución pública). La confianza personal y el interés personal quedan excluidos de los asuntos públicos.

2º) Se descarta la contratación pública de asesores ideológicos (y de marketing político). Un gobierno, un cargo público, no tiene en propiedad todo el poder de la institución; lo tiene sólo en representación de la ciudadanía y para administrarlo públicamente con transparencia y con controles institucionales en interés de todos. La mayoría no da un cheque en blanco al 'elegido' para que éste haga lo que quiera, ni lo que le parezca mejor, y ni siquiera puede el cargo público servirse de la administración pública para beneficiar a 'la mayoría' que lo eligió, pues esto no pasaría de ser una tiranía y muchas veces una oligarquía, ya que las mayorías a veces son sólo minorías mayoritarias. Un cargo electo o designado ha de hacer siempre lo que es mejor para TODOS, es decir, lo más justo (con visión universal), y es para eso para lo que están los asesores. O sea, que más que contratar asesores ideológicos para hacer marketing político en beneficio del partido, habría que contratarlos, en todo caso, para detectar críticamente y evitar el uso interesado del poder. Y, por eso, conviene que los asesores sean en cierta medida externos o ajenos al propio cargo público.

3º) En el caso de necesidad de asesoramiento técnico, se ha de contar, en primer lugar, con los recursos ordinarios de la administración: los técnicos de la unidad o de la sección, etc. En segundo lugar, con recursos extraordinarios de la administración, a través de comisiones de servicio: expertos dondequiera que los haya, dentro de la función pública, como en la Universidad, en investigación (CSIC, etc.), en otras administraciones, etc. Y, sólo en tercer lugar, se ha de buscar los expertos necesarios, sin límites, pero en función del presupuesto, mediante procedimientos transparentes como los de la contratación pública ordinaria.

3. Remuneración de los asesores

En ningún caso, el sueldo de asesor puede ser desconocido o libre, sino siempre ajustado a criterios de administración pública, cuando sean de la función pública, y privada, cuando sean del sector privado.

Un funcionario público asesor debe cobrar por sus tareas de asesoramiento lo correspondiente al nivel equivalente de la función pública de tales tareas.

Para fijar la remuneración por las tareas de asesoramiento de un profesional privado o de una empresa privada se pueden seguir los siguientes criterios:

1º) Por un lado, tener en cuenta lo establecido públicamente en sus tarifas comerciales.

2º) Por otro lado, la media de lo que se suela cobrar por tales tareas por profesionales o empresas similares, de la competencia. -Esto es prácticamente lo mismo que tener en cuenta los precios fijados por la oferta y la demanda del mercado.

3º) Finalmente, tener en cuenta los presupuestos de la administración pública y la naturaleza del gasto, y, en caso de que sea extraordinario, tendrá que ser consensuado políticamente con el resto de los partidos. -Ningún partido tiene el derecho de expoliar e hipotecar la administración pública, por más que tenga mayoría absoluta.

En cualquier caso, como todo procedimiento administrativo y de contratación pública, ha de ser público, transparente y sujeto a control o intervención de la administración y de los organismos o instituciones de control.

No hay ALTERNATIVA

No hay más alternativa que formar UNA PLATAFORMA ELECTORAL ALTERNATIVA UNITARIA ABIERTA Y PLURAL. LA alternativa, de hecho, NO ES ni PSOE, ni IU (en cualquiera de sus formas), ni UPyD, ni el movimiento ciudadano que resultaría de la extensión de C’s, etc. Y una alternativa UNITARIA no es ni la extensión de IU ni un pacto de izquierda liderado por PSOE.

Hay actuales votantes de PP que preferirían no votar a PP en las próximas elecciones, pero, o se van a abstener o volverán a votarlo, a pesar de todo, PORQUE NO HAY ALTERNATIVA. ¿¡Cómo es posible que PP siga gobernando en la Comunidad Valenciana después de tanto despilfarro y presunta corrupción; y quizá hasta podría volver a ganar las próximas elecciones 2014 y 2015!? Sólo hay una respuesta: porque NO HAY ALTERNATIVA: ¿cuál es la alternativa a PP en la Comunidad Valenciana? –Y la respuesta no es culpar a la ciudadanía por votar mayoritariamente una opción que luego les defrauda. No se puede pretender educar a la población para que vote lo que se supone que debería votar. Hay que verlo al revés: se vota lo que se vota, a pesar de todo, PORQUE NO HAY ALTERNATIVA, no hay una oferta MEJOR: PSOE no ha sido ni probablemente sea aún una alternativa en Comunidad Valenciana, a pesar de todo; pero IU o Compromís… tampoco. Es inútil empeñarse en hacer alternativa lo que nunca lo ha sido ni probablemente lo será. Una alternativa que no sea viable, o de la que no sea verosímil pensar que pudiera gobernar con el apoyo ciudadano durante p. ej. dos legislaturas seguidas…, no es una alternativa. El cambio que se necesita no es necesariamente el cambio doctrinal o ideológico al extremo opuesto, sino a alguien que haga las cosas razonablemente bien, tomando en consideración a todos; a alguien que represente el interés general o naturalmente mayoritario.

PSOE hoy NO ES alternativa. Y podemos alegrarnos por ello, porque, después de muchos años, tenemos la oportunidad de salir, de una vez por todas, del BI-PARTIDISMO. Ningún PARTIDO, ni ya existente, ni nuevo, es LA solución. Primero, porque la solución necesita esencialmente sacarnos del PARTIDISMO. Y segundo, porque de nada sirve encontrar UN partido ‘redentor’, si todos los demás no se regeneran. Hace falta una regeneración y una evolución –un progreso- en todos los partidos y en el sistema mismo. Y la evolución que necesitan los partidos es una evolución hacia más participación y más representación de la ciudadanía. En cuanto al sistema, ya no es que el sistema ‘diseñado’ falle (tampoco digo que no), pero es que ni siquiera se llega a poner en funcionamiento tal como teóricamente, en la letra, está concebido. Es un problema de corrupción política, aparte de económica. Es un problema de ilegalidades, de inconstitucionalidades, de abusos de poder, de ocultismo, de sabotaje al sistema desde el propio sistema existente. La propia Constitución en muchos aspectos no se cumple o ni siquiera está desarrollada.  Las instituciones u organismos de control están tomados para neutralizar por completo su función. Hacer una ley de transparencia resulta la mejor manera de asegurar que –legalmente- ya NO va a haber verdadera transparencia, o que no la va a haber en ningún caso de lo que es esencial: la ley LES sirve para protegerse de la transparencia, de la exigencia natural de información y conocimiento por parte de la ciudadanía.

PSOE tiene que cambiar, hacia un planteamiento más sincero de izquierda, más verdaderamente representativo de la ciudadanía; menos engañoso y menos orientado a los intereses del poder político y de los poderes fácticos. No debe caer en la tentación de afrontar los próximos retos electorales como ocasión para dar el vuelco electoral dentro del sistema BI-PARTIDISTA establecido. No puede reducirse a ser EL OTRO en un sistema de parasitación del Estado. Cuando se esfuerza en presentarse como distinto del PP, no es más que por eso, porque no es más que LA OTRA CARA de UNA MISMA MONEDA: necesario, complementario y, por tanto, cómplice del sistema #PPSOE, como puede observarse por todas partes (reparto de jueces, de miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo de RTVE, de consejerías en las empresas estratégicas, y, en consecuencia, también de corrupción).

Pero IU también tiene que cambiar: mientras no se convierta en un candidato verosímil para el gobierno de España, su papel no será más que testimonial; contrapeso de la balanza. Está claro que en esa PLATAFORMA ELECTORAL ALTERNATIVA UNITARIA ABIERTA Y PLURAL deberían figurar de manera importante una nueva edición de PSOE e IU, compatibles entre sí y más al servicio de la ciudadanía, que en defensa de intereses partidistas propios. Pero esa PLATAFORMA ALTERNATIVA UNITARIA, precisamente por su carácter abierto y plural, tampoco se reduce a ser una reedición del histórico Frente Popular de izquierdas. No se trata de ganar una partida política histórica, una revancha, de dar un vuelco electoral, ideológico, al país, sino de hacer lo que no se ha hecho y se debería haber hecho: de afrontar la situación crítica actual de una manera más política y competente que lo que se ha hecho hasta ahora. Si de verdad estuviéramos ante una crisis, una catástrofe nacional, la reacción natural sería reunir a todas las fuerzas y expertos en busca de consensuar solidariamente las mejores soluciones para todos. Pero nada parecido a esto es lo que se ha hecho: o sea, que o esto no es una crisis, sino una estafa, o nuestros gobernantes son unos irresponsables que, como los saqueadores en las catástrofes, aprovechan para sacar beneficio propio del mal ajeno.

UNA PLATAFORMA ALTERNATIVA UNITARIA ABIERTA Y PLURAL no sería un BI-PARTIDISMO de nuevo cuño; porque, por su propia naturaleza, si es que llegara a existir, ni sería PARTIDO ni sería PARTIDISTA.

UNA PLATAFORMA ALTERNATIVA UNITARIA ABIERTA Y PLURAL sería lo que ni se ha hecho, ni se está haciendo para adoptar las medidas adecuadas para sacar a este país de la crisis: poner de acuerdo a la MAYORÍA NATURAL PLURAL en lo esencial para salir de esta situación con medidas JUSTAS (esto es, válidas para todos, incontestables). En ningún momento PP ha pretendido hacer nada parecido a esto, sino que ha excluido a priori a todos los demás -a los divergentes, e incluso a los directamente perjudicados o ‘víctimas de la crisis’- aprovechando y manejando la situación para hacer políticas de negocio, de intereses particulares. Prácticamente ninguna medida ha sido clara y directamente destinada a paliar los perjuicios causados por la crisis a las personas, y muchas medidas adoptadas han servido, más bien, para potenciarlos o agravarlos, hasta el punto de llegar a ser cuestionada su eficacia real para reconducir, en cualquier caso, el problema de la crisis: las medidas han matado la actividad económica que hubiera podido mantenerse o desarrollarse, y, con frecuencia, queriendo recaudar más, han acabado recaudando menos. La actual suma de déficit + deuda es superior a la que había en 2011. Pero, no son medidas torpes: son medidas interesadas. Las medidas que se han adoptado no son las que hacía falta, ni por las causas, ni por la sintomatología de la crisis, sino las de una expectativa de negocio nacional y global en beneficio de muy pocos. -Ha quedado constancia de ello.

La creación de UNA PLATAFORMA ELECTORAL ALTERNATIVA UNITARIA serviría para optimizar el impacto de los votos de la mayoría natural en escaños. La diversificación en partidos hace que muchos votos no obtengan representación porque el partido votado no llega a los mínimos para conseguir presencia parlamentaria. Y lo mismo pasa con los restos de votos que no llegan a consolidar un escaño en el caso de partidos que sí alcanzan representación en la cámara. Si todos esos partidos –menores o mayores- se unen en UNA SOLA PLATAFORMA ELECTORAL ABIERTA Y PLURAL, alcanzarían unos la representación que no podían, y otros consolidarían más escaños, al perder menos ‘restos’. Además, hemos visto que, cuando un partido acumula más votos, de acuerdo con la #LeyElectoral, es desproporcionadamente beneficiado obteniendo cada escaño por muchos menos votos: de tal manera, que, con un mismo millón de votos, se puede obtener o bien un solo escaño (como le ha sucedido anteriormente a IU), o bien 17 (como le sucede habitualmente a PP). Así, UNA PLATAFORMA ELECTORAL ALTERNATIVA UNITARIA produciría de manera infalible EL CAMBIO.

Además es muy previsible que se acumule abstención entre votantes del PP decepcionados, que no darán su voto A OTROS, sea por convicción o simplemente porque no ven UNA ALTERNATIVA SOSTENIBLE, confiable, para sacar adelante el país en la situación delicada en que nos encontramos: es la impresión de que NO HAY ALTERNATIVA, y que ha beneficiado tanto al BI-PARTIDISMO impuesto. Pues bien, UNA PLATAFORMA ELECTORAL ALTERNATIVA UNITARIA ABIERTA Y PLURAL ofrecería a una gran mayoría del electorado decepcionado una esperanza, porque no sería una plataforma predefinida ideológicamente, sino precisamente aquella que tiene la voluntad de hacer lo que el PP no ha querido hacer en su legislatura: llegar a ACUERDOS y adoptar medias JUSTAS. Sería una plataforma que, si llegara a existir, tendría ya probada, contrastada, su capacidad de llegar a ACUERDOS y la demostración de priorizar el interés general de la ciudadanía, del país, por encima de los intereses de PARTIDOS (PARTIDISMO).

Tenemos por delante diferentes convocatorias electorales: EUROpeas, municipales y autonómicas y las próximas elecciones generales en 2015: muchos ensayos y ocasiones para llegar a conformar UNA ALTERNATIVA SOSTENIBLE final en la que claramente primaría la POLÍTICA sobre la ECONOMÍA, para dar, como debió de ser desde el principio, una solución POLÍTICA, JUSTA, a la crisis ECONÓMICA. Muchas medidas adoptadas unilateralmente por PP son ideológicas, sospechosas de intereses particulares e incluso cuestionadas a posteriori internacionalmente y en sus propios efectos: hay que corregir unas e incluso revertir otras. La situación exige hacer una POLÍTICA, que, sin faltar a las responsabilidades económicas internacionales que sean justas, defienda a la ciudadanía, represente los intereses generales de ésta, y sirva para un desarrollo mejor de las potencialidades de nuestro país. España no puede renunciar a su propia economía y soberanía; no se puede limitar a ser una franquicia absolutamente dependiente de los fondos de inversión extranjeros.

Sobre el estado degenerativo de la nación por corrupción

Creo que EL tema del próximo debate sobre el Estado de la nación es esencialmente el fracaso de la política de austeridad como vía de salida de la crisis, particularmente en España. Los recortes impuestos no sólo NO han reducido la deuda y el déficit públicos, sino que, al parecer, va a resultar que los han aumentado notablemente. Es, por tanto, objetivamente, claramente un fracaso en el logro de los objetivos concretos y esenciales marcados. -Y que nadie venga a decirnos lo contrario. El balance es que hemos perdido el tiempo, el dinero, el trabajo, los derechos, la vivienda... y, en definitiva, el bienestar general.

Y, probablemente, la causa fundamental de toda esta situación -el origen de la crisis y el fracaso o fraude en el intento de solución- es la corrupción: la conexión oculta, inconfesable, vergonzosa, indecente, inmoral, injusta, reprobable y muchas veces, seguramente también en buena medida, ilegal entre el poder político y el económico.

La política económica que desarrolló la burbuja inmobiliaria fue equivocada, errónea, negligente, culpable, cuando no simplemente un fraude, un atraco a mano armada, con el arma del poder, del secuestro de los organismos de control y de la ley en las manos.Y la política de "solución" de la crisis no lo es menos. No se ha podido predecir de manera más clara y más fuerte el fracaso al que nos llevarían las políticas de austeridad. Pero parece que el "interés" de algunos en ellas, ha estado por encima del interés general de toda una nación.

El estado de la nación es, en definitiva, notablemente degenerativo en todos los aspectos, y lo es por corrupción. Esta no es sólo una crisis económica, global, sobrevenida, accidental, sino sobre todo una crisis moral, política y democrática producida por las conductas sistemáticas de las personas que tienen o han tenido en su mano conducir el país. Todo lo que antes era importante, fundamental, y se daba por supuesto e incluso en buena medida como incuestionable (nuestro sistema de gobierno, la integridad del territorio...) hoy está patas arriba, seriamente en cuestión. Y, lo que es peor, ante la magnitud del problema económico, de injusticia y de bienestar, todo lo demás ya casi da igual:  nos han desensibilizado hacia los derechos laborales y las políticas económicas, pero hemos quedado también desensibilizados hacia ese tipo de cuestiones fundamentales. Todo está en descrédito, ha perdido su valor, ante la actual situación de necesidad de tantos, de emergencia, para muchos vital.

Se han cargado el sistema; y no han sido los antisistema. Los propios guardianes del sistema, que debían proteger el Estado, y los gobernantes, que debían encauzarlo hacia la prosperidad, no lo han guardado, sino que lo han asaltado, y no lo han llevado a buen puerto, sino al desguace. Han dejado España convertida en pasto de aves de carroña y de depredadores. En el exterior, nuestras grandes empresas no pueden realizar las inversiones que necesitan y nos requieren los países donde operan, y éstos acaban por nacionalizarlas (es como si hubieran quebrado, fracasado). Pero en el interior, los interesados que están al acecho se harán con las empresas estratégicas y las empresas públicas de interés, así como con nuestros preciados servicios públicos (especialmente la sanidad) para beneficio de particulares, allegados, o de fondos buitres, en los que siempre acaban apareciendo contactos sospechosos (indecentes).

La corrupción que mina nuestro país no es la del "pecado" individual, el simple robo o delito fiscal de algunos que no han podido aguantarse de meter la mano en la caja. La corrupción que ha empujado a  nuestro país hacia la quiebra, traicionando a la nación, es la corrupción del sistema, la confusión de poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, medios de comunicación, económico y cualquier otra forma de poder fáctico al que los políticos se arrodillan, vendiendo el país, sin el consentimiento expreso de la ciudadanía, sin pasar por las urnas.

¿A quién beneficia lo irrenunciable y urgente de nuestro compromiso de ajuste del déficit?

A Montoro se le ocurrió decir que igual no cumplimos del todo el objetivo de reducción del déficit previsto para 2012, porque parece que las cosas no están tan guapas como se las pintaban. Pero enseguida salió Rajoy a corregirle diciendo que no: que sí que vamos a cumplir cristianamente (como Dios manda) y germánicamente el compromiso de ajuste adquirido con la Merkel (valga la redundancia). —Le faltó decir caiga quien caiga… Y en ello está..., aunque caigamos todos... los demás...

Pensado en frío, la verdad es que parece serio reducir cuanto antes la deuda, pues sólo los intereses ya nos comen… Pero pensándolo en caliente, es decir, una vez nos empiezan a quitar un buen pellizco de todo…, conviene tener en cuenta lo siguiente.

Tomando como modelo el espectacular déficit valenciano, para que se vea bien lo que pasa, ese déficit lo ha ido acumulando la Generalitat a lo largo de años de mala gestión, mientras los ciudadanos pagaban un nivel de impuestos digamos normal.

Pues bien, si lo que se ha acumulado durante años, ahora hay que recuperarlo en sólo 2 años, eso no hay estómago que se lo trague, y requiere esquilmar y empobrecer a los ciudadanos literalmente a más no poder, a la vez que, siguiendo las perversas sugerencias de las agencias, menoscabar los servicios públicos básicos (sanidad y educación, y, por qué no, hasta pensiones).

Es verdad que nuestro gobierno, inteligentemente, ha previsto medidas estructurales de adelgazamiento de la Administración pública, no restringiendo esos servicios, pero sí optimizándolos, y, en cualquier caso, optimizando el funcionamiento general de toda la Administración, lo cual incluye, por supuesto, evitar duplicidades, deshacer puestos superfluos de trabajo fijo como funcionarios que se habían creado ad hoc para colocar a su gente, multiplicando innecesariamente la nómina de la Administración pública, etc. —Pero no sé por qué, se resisten a hacer lo propio con las Diputaciones provinciales…

Pero, estas medidas estructurales parece que no producirán ingresos inmediatos, sino probablemente, al menos, a partir de dentro de un año…

Ahora bien, si igual que la deuda ha sido acumulada durante años, nos tomáramos también unos cuantos años aplicando esa corrección de las disfunciones de la Administración, es previsible que en un tiempo razonable, sin sangrar al ciudadano ni los servicios públicos, la propia Administración pudiera ahorrar y restablecer el equilibrio de sus cuentas.

Sin embargo, lo que nos viene de Alemania y de Estados Unidos, de nuestros gobernantes europeos de Bildelberg y de nuestros queridos inversores, es urgencia, un plazo que no puede ser más angustioso: 2 años para estar al día.

¿Qué beneficios tiene esa urgencia y para quién? Como he dicho más arriba, a nosotros nos viene bien liberarnos de intereses cuanto antes. Pero, tal como se ve que se está planteando la cosa, hasta el punto de que casi nos dan apuntes de lo que tenemos que hacer (es decir, de lo que quieren que hagamos) —liquidar la sanidad y la educación públicas—, parece que esa urgencia produce más beneficio a los que anhelan que los servicios públicos del estado del bienestar pasen al sector privado, que a nosotros esa liberación de intereses. Se pretende tensar la situación a los Estados soberanos para demostrarles a ellos, pero sobre todo justificar ante los ciudadanos, la tesis de que el estado del bienestar no es sostenible por el sector público sin un extraordinario sufrimiento para los ciudadanos.

Si desoyéramos esa urgencia y se nos permitiera equilibrar la deuda en más años, la propia Administración podría hacer frente a ello, sin recabar más impuestos, simplemente siendo tan eficiente en el ahorro y en el uso de sus recursos de ahora en adelante, como ineficiente fue antes por los dispendios que generaron el déficit.

Es, pues, sólo, al presentarse el problema como urgente, cuando la Administración no puede hacer frente a su propia deuda, pues no se le permite aplicar los ahorros que podría obtener a partir de las medidas estructurales. Necesita entonces esquilmar al ciudadano todo lo que se pueda (no sé hasta cuánto puede aguantar la ciudadanía) y tendrá que tomar también medidas de recorte del estado del bienestar (aunque no se las quiera llamar así). Se configura la situación como más crítica de lo que es para justificar la exigencia de contribuciones extraordinarias y el sacrificio del sector público del bienestar.

En 2 años, cuando ya entre todos hayamos pagado todo, será entonces cuando nuestro Estado empiece a notar el efecto económico positivo del adelgazamiento de la Administración (la eliminación de los abusos previos). Pero entonces, cuando la Administración ya tenga liquidez para pagar esa deuda, ya estará pagada por nosotros, y, presuntamente, los servicios sociales públicos ya estarán todo lo retraídos que se haya podido o les hayamos permitido, bajo el pretexto de que el Estado no se podía hacer cargo de esa gestión, que es supuestamente muy gravosa… (sobre todo si la gestión pública se ha de suponer ineficiente y campo de corrupción).

En conclusión, dentro de 2 años, cuando supuestamente el déficit esté controlado, al día, nosotros estaremos esquilmados, los servicios públicos estarán trasvasados a la gestión privada en la medida en que haya sido posible (tolerado) y el Estado tendrá como ¡superávit! por su ahorro estructural, todo lo que nosotros le hemos adelantado y que jamás vamos a recuperar.

Condiciones para la contribución ciudadana al rescate de nuestra economía

Para los griegos, el concepto de ‘ciudadano’ (polítes, politikós) debía ser probablemente el mismo que el de ‘político’, pues utilizaban la misma palabra o la misma raíz para ello. En la democracia ateniense, que es la democracia tal como fue concebida originalmente por la humanidad, ese régimen consistía en el gobierno de la ciudad por sus ciudadanos, algo así como una comunidad de vecinos.

Es verdad que ‘ciudadanos’ no eran todos, sino, digamos, los que pagaban, y, por tanto, tenían derecho a mandar sobre lo que es suyo: la ciudad. En definitiva, la democracia resulta que no es más que una evolución de la aristocracia un poco más allá de lo que fue la oligarquía (quizá lo que hoy sería el gobierno de la burguesía, palabra que también tiene que ver con ‘ciudad’, en este caso ‘burgo’). Los esclavos —lo que hoy sería los trabajadores por cuenta ajena— no mandaban, y ya contribuían o pagaban lo bastante con su trabajo, con sus carnes y, lo que es más, con su libertad: mejor dicho, con su falta de libertad, que es su esencial dependencia.

Hoy nos hemos quedado con la idea de que ciudadanos somos todos, y que aparte están los políticos, esa clase privilegiada de Señores que son los que nos gobiernan. Son de origen ciudadano porque muchos entran a los cargos públicos no por sus posesiones iniciales, sino como exaltados o promovidos por la ciudadanía. Sin embargo, lo de pagar, antes que extenderse a todos, igual que el concepto de ciudadanía, se ha retraído a los trabajadores por cuenta ajena (esto es, a los esclavos). Pues los políticos pronto se convierten en poseedores de rentas y bienes (que no está claro que sean sólo los que se permiten declarar) y renuncian a su origen bajo, es decir, a la condición llana de ciudadanos: ¿¡acaso queremos que nos gobiernen pobres y funcionarios!?

Pero esta resulta ser una ligera desviación del concepto de democracia y de ciudadanía que estamos pagando por sus consecuencias: los ciudadanos (y principalmente los trabajadores por cuenta ajena) nos hemos quedado con lo de pagar, y los políticos (ex-ciudadanos exaltados por la ciudadanía) con lo de cobrar y, por supuesto, con lo de mandar.

En el plan de ataque para el rescate de nuestra economía que parece que se quiere presentar figuran claramente en primera línea los ciudadanos de hoy: funcionarios, trabajadores… Pero los políticos y poseedores de rentas y bienes (los antiguos ciudadanos y luego nobles) se desmarcan claramente de la responsabilidad ciudadana (rastrera) de ‘pagar’. Políticos y adinerados se han quedado 1) con el privilegio de no pagar por el socavamiento de la economía que ellos mismos han producido (aunque sólo sea por ser irresponsables de ello), 2) con el privilegio de las rebajas de sus impuestos, supuestamente como estímulo para ¿contribuir más (aún)?, 3) también con el privilegio de la ingeniería jurídico-político-fiscal que ha diseñado un sistema, un entorno, ideal para que los que sacan y tienen puedan escurrir el bulto de contribuir en la medida de su enriquecimiento; pero también, y es descarado, 4) se han quedado los banqueros con el privilegio de quedarse con las indemnizaciones correspondientes a su cargo (cuando no lo han cumplido con diligencia por no haber garantizado los depósitos de los ciudadanos), y 5) los políticos, con el sorprendente privilegio de subir sus sueldos en esta etapa tan decadente de nuestra economía, y de negarse en rotundo y con supuesta razón (a su juicio) a renunciar a privilegio alguno autoatribuido por su condición —su clase— de ‘político’, que claramente ya no es lo mismo que ‘ciudadano’.

Ningún ciudadano (raso) o trabajador por cuenta ajena (esclavo) va a entender el requerimiento de su esfuerzo (más trabajo por menos dinero), si no ve que eso es lo que sucede por todos lados, a toda la ciudadanía (incluidos los políticos y los poseedores de rentas y bienes), en definitiva, si no es justo. O se hace un plan justo, o no saldrá adelante. Y no estamos a tiempo ni en condiciones de sumar planes fallidos.

Así, pues, algunas medidas para el rescate, que son condición necesaria (sine qua NON) para poder exigir con honestidad y justicia a la ciudadanía su esfuerzo, pueden ser las siguientes:

1. Simplificación matemática de los políticos y de todo lo político: si pueden ser menos, todavía no está suficientemente reducido. Aplicar a esto (a lo político: no tanto ni sólo a lo administrativo) el criterio liberal de la minimización del Estado.
2. Equiparación de los sueldos de los políticos a los de funcionarios del nivel correspondiente: no autoconcebir los políticos como altos directivos de empresa, incluso al margen de su competencia en el ejercicio del cargo; la política es un servicio, no el negocio de tu vida.
3. Ningún doble sueldo a políticos: ni por acumular cargos en la Administración, ni a sumar a sus remuneraciones particulares (o se hace dedicación exclusiva o se cobran ingresos parciales en proporción al número de dedicaciones acumuladas). Si se permite acumular cargos para ahorrar, que sea sin cobrarlos todos, sino sólo uno, un total equivalente a un solo cargo, porque vidas sólo tenemos una cada uno de 24 horas al día.
4. Ninguna acumulación de pensiones públicas: una pensión pública es una asistencia social no un negocio. Cuando hay un siniestro no se cobra varias veces, si hay solapamiento de seguros, sino sólo una vez. Quien quiera pensiones lucrativas, que las negocie en su banco como una inversión de su propio capital.
5. 7 años de trabajo no pueden dar lugar a pensión completa de jubilación ni en política ni en ningún otro trabajo. Para recibir la pensión completa de jubilación se han de requerir, como para todos, 37 años (¿no es así?): 7 años sería sólo la parte proporcional equivalente; no más.
6. Ningún asesor, ni puesto de libre designación. Para eso están los puestos técnicos de la Administración. Los asesoramientos personales (por incompetencia propia) y políticos (por ideología) debe sufragarlos uno mismo o el partido político, respectivamente.
7. Reducción de las diputaciones a unidades administrativas: políticos cero.
8. Ningún desvío de fondos públicos fuera de presupuesto (ni en cantidad ni en concepto): completa transparencia del gasto (contabilidad pública detallada y reclamable por cualquiera, sea interesado en el negocio correspondiente o simplemente un ciudadano, control político de las cuentas por los partidos en oposición).
9. Ninguna contrata opaca ni por precio superior al del mercado. Publicación del baremo de precios a que está contratando la Administración, por si hubiera interesados en ofrecer sus productos o servicios a un precio menor: es decir, introducir competencia a la baja.
10. Ninguna evasión de impuestos, ni de capitales. Impuestos progresivos, proporcionales, por defecto. Desgravar por inversiones, pero no por condición de gran fortuna. Hoy la evasión, en función de su relevancia, debería juzgarse como delito de traición.
11. Ingeniería inversa jurídico-político-fiscal: es decir, contra el fraude y la evasión. Cualquier inversión en reforzar este control es económicamente rentable: si no se hace es sólo por razones políticas-ideológicas.

Por favor, que alguien evalúe —cuantifique— todo esto. Y que sólo después pidan a la ciudadanía su contribución. La responsabilidad de esta crisis está en los políticos y en el capital, no en la ciudadanía. La ciudadanía podría, con razón, ser aún más exigente reclamando con justicia la depuración de responsabilidades y que paguen ellos. Pero estoy seguro de que no hará falta llegar a ese extremo. —Hay precedentes conocidos, como el de Islandia. Y no se puede demonizar esa exigencia como si fuera una revolución irresponsable y antisistema: antes bien sería una auténtica revolución moral de la vida cívica.

No necesitamos pagar más: basta que no se lo quede nadie

La actual crisis política-económica tiene un rasgo común característico: a bancos y a políticos les une, entre otras cosas, haber buscado su propio beneficio particular antes que el de los clientes o los ciudadanos, respectivamente, antes que el interés general, que no es sólo el mayoritario, sino el de todos, el de justicia.

Ahora parece que se pretende resolver el problema económico elevando la injusticia al cuadrado. Primero, el fraude de la inflación artificial de los precios de la vivienda lleva a la quiebra a 1.500.000 familias. Después, se quiere proponer como solución que entre todos los ciudadanos que aún disponemos de recursos económicos ayudemos a los defraudadores (y no a los defraudados) a consumar las operaciones que han quedado interrumpidas por la crisis, para que puedan terminar de alcanzar sus beneficios esperados. Para ello, durante veinte años pagaremos el stock de casas que han quedado sin vender, a precios falsos astronómicos, sin obtener por ello ni títulos de propiedad, ni acciones bancarias, ni letras del Tesoro: literalmente, vamos a comprarnos la casa que los malogrados clientes no han podido conseguir, pero sin que llegue a ser nuestra. Y, cuando ya esté pagada y saneada, entonces los bancos y promotores podrán sacarlas a la venta, dentro de veinte años, al mismo precio astronómico o, seguramente, a uno superior. Literalmente, las van a vender dos veces. Defraudaron a los fracasados, ahora nos defraudan a los que tenemos que contribuir y luego defraudarán a los compradores terminales de los pisos atascados.

Y lo que termina de hacer fantástica esta situación es que esa solución (que es lo que hay tras la posible creación de un banco “malo” para nosotros; “bueno” para ellos), vendrá determinada por nuestro propio gobierno, ese que va a gobernar para todos los españoles (efectivamente cumpliremos, pagaremos la crisis que no es nuestra, porque no lo podemos evitar legalmente). Si ya el complot por los precios altos debía haber sido intervenido por el gobierno, ahora es el propio gobierno el que entra como actor principal con la iniciativa de la medida más injusta de la historia, que es no querer buscar responsabilidades —que objetivamente las hay, y se sabe— por esta quiebra y fraude del sistema, sino volver a castigar de nuevo a la ciudadanía con una nueva extracción de fondos, para culminar la situación de injusticia que se inició.

Quizá crean ver con perspectiva más global, intentando salvar al país, salvando para ello a los defraudadores “que nos mantienen”. Pero, como en el Titanic, no ven el enorme y clarísimo iceberg que tienen delante, que es la injusticia que están cometiendo con 1.500.000 familias, 5.000.000 de parados y el resto de la ciudadanía que aún sobrevive y a la que van a expropiar para tapar la lujuria de sus excesos, el ansia de beneficios, y nunca de servicio, sea al cliente o a la ciudadanía.

El Presidente de la Comunidad Autónoma Balear, ejemplar en su recorte aproximadamente al 50% de la estructura de la Administración, ha declarado con bastante claridad, que esa superestructura (doble Administración) se desarrolló por concebir los políticos su poder en la Administración como una agencia de colocación de allegados: es “la otra burbuja”, la del empleo sesgado en la Administración para los compromisos personales (los enchufes). Hemos sido capaces de crear puestos públicos para colocar a nuestros conocidos. En Extremadura han entrado 100 familiares y amigos en una misma institución a sustituir a los correspondientes del partido anterior.

El mayor trauma de un partido que pierde el poder (le pasó a PSOE en 1996 y le pasará ahora otra vez) es que “su gente” queda literalmente en el paro, fuera del área de “las influencias” (esto también es tráfico de influencias, aparte de desvío o malversación de fondos públicos o apropiación indebida).

Pero lo mismo que se hace con la gestión del empleo público, se hace también con la gestión del erario público (no se es más estricto o riguroso en esto, porque se vive en la impunidad): desfases contables, déficits arrastrados o cargados sobre las siguientes legislaturas, la impresión de poder disponer con total arbitrariedad de lo que es de todos, pero para negocio y beneficio particular (sea propio o del partido)…

Al margen de la corrupción “personal” —que la habrá, ¡cómo no!—, ¿a cuánto podría ascender el dinero desviado de los fondos públicos a beneficio ilegítimo o incluso ilegal de la actividad de los partidos, quedando así “los que manejan” en situación de ventaja para perpetuarse en el poder? —Asesores: cuánto y quién lo cobra realmente. Informes y estudios que, o no se hacen, o no son necesarios, o no valen para nada… pero cuestan un pastón, cuando están sacados de tres páginas de Internet. Una contrata que se hace deliberadamente por 8 veces más de lo que vale en el libre mercado (esto también produce inflación en los precios, pues los que contratan con la Administración ya nunca quieren cobrar menos). ¡Maravilloso!

Todo esto —estoy seguro— suma más de ese 6% que tenemos de déficit. Lo que se va a quitar de sanidad, educación, pensiones, es lo que se han llevado a otro lado no presupuestado, porque no se puede presupuestar ni puede figurar contablemente. La sanidad, la educación y las pensiones, la seguridad social, no son insostenibles; lo que es insostenible es la cantidad de chorizo albergada en nuestra Administración pública (nunca habrá bastante pan… para tantos insaciables). La seguridad social, hoy aún tiene superávit: no es deficitaria, no es insostenible. Su superávit ha sido socavado en un 50% por los agujeros en todo lo demás. La seguridad social —sanidad y pensiones— es sostenible. Regalarla a la iniciativa privada forma parte del mismo expolio que la recompra de los repisos, la injusticia al cuadrado. Pagos, repagos, cortes y recortes.

Tener la mayoría y el poder ni legitima ni siquiera hace “legal” (aunque se dicte en forma de leyes, como la Ley Electoral), la imposición sobre y contra “los demás”, por más que sean una minoría (una digna minoría, pero completamente merecedora del respeto de sus gobernantes).

Los partidos con poder representan a la ciudadanía: no a los órganos del partido, ni a sus militantes, ni siquiera sólo a sus votantes, sino a toda la ciudadanía. Si abusan del poder para blindarse mediante leyes, con la aquiescencia o la impotencia de los demás, contra éstos, no por ello es legítimo, ni siquiera “legal”.

El poder debe representar y beneficiar a todos por igual, sin causar injusticia a nadie, y especialmente a los excluidos de la mayoría dominante. Una minoría permanentemente excluida del sistema y que no recibe los beneficios del sistema, sino sólo perjuicios y la desconsideración por parte de los dominantes, no tiene ningún interés en el sistema. A la propia mayoría le interesa, más que a nadie, hacer justicia a la minoría, aunque sólo sea por el interés de mantenerse ellos en el poder. De lo contrario, los aires cambian, y el orden se subvierte y se producen giros como el recibido actualmente por el PSOE.

La democracia no es el gobierno por turnos tácitamente convenidos, pactados, entre las mayorías del bipartidismo: en cada etapa, barra libre para el dominante de turno; interés mutuo por etapas, por turnos. Ahora “le toca” al PP: PSOE y los suyos, a hibernar y esperar turno para su parte del expolio de lo público.

Eso, “lo llaman democracia, pero no lo es”; eso es simple y llanamente la ley del más fuerte (pre-democrática, pre-jurídica, pre-moral). Y el dinero y el poder son una “fuerza”, pero la falta de dinero y de poder (de participación) también lo son: y esos al final son el 99%.