El enfermo imaginario: ¿acaso son LOS funcionarios unos vagos defraudadores?

La Presidenta Popular de la Comunidad de Madrid, Dña. Esperanza Aguirre, ha convertido en ley su presunción de que todos los funcionarios a los que se prescribe baja médica por entre 4 y 15 días, y no es por enfermedad profesional o accidente, son unos defraudadores. Con ello, a su vez, convierte a los médicos que prescriben dichas bajas en los principales agentes de ese fraude, concretamente en prevaricadores, pues en esta acción no son sólo cómplices, sino propiamente los ejecutores responsables legales, ya que los funcionarios no tienen la habilitación necesaria para autoconcederse las bajas, ni tampoco para obligar a los médicos a que se las concedan. Si todos los funcionarios en general van a resultar sancionados a priori por ello, esté o no justificada la baja, entonces los médicos que las prescriben también deberían ser sancionados, salvo que admitamos que son absolutamente incompetentes en el tema y, entonces, las bajas deberían ser autoconcedidas por el propio funcionario.

De ser cierto que en dichas bajas hay fraude, lo justo, acorde a ley y a derechos, antes que retirar por regla general la prestación a todos, sería abrir expediente del caso concreto y, si se descubre que hay negligencia y culpabilidad en ello, entonces dictaminar la sanción oportuna, de acuerdo con los reglamentos o códigos correspondientes, y, en ese caso, tanto al enfermo imaginario como al médico que le ha prescrito la baja médica de manera fraudulenta. Presuponer que todos son culpables a priori y dictaminar lo que en realidad es una sanción dentro de una ley de presupuestos, de manera preventiva, es un abuso legal, que crea indefensión en los funcionarios honrados víctimas de enfermedades reales, y supone, por su arbitrariedad y generalidad una simple y descarada retirada de prestaciones y derechos consolidados, como es el derecho a salario en caso de enfermedad. Hacer eso y hacer lo mismo en caso de embarazo o maternidad es sólo cuestión de cifras, de necesidades presupuestarias, pero no de conductas morales, ni de argumentos legales justos.

Parece que para Dña. Esperanza Aguirre, todos los empleados públicos son unos vagos: ahora los funcionarios, antes los profesores... Pero, si es legítimo, hasta el punto de convertirlo en ley, que LOS funcionarios son unos vagos, absentistas y defraudadores, no es menos legítimo o acertado decir que LOS del PP son unos corruptos y, con ellos, todos LOS políticos en general: pues es MUCHÍSIMO más el dinero que cada año se pierde en ello, de los presupuestos del Estado y de las Comunidades, que lo que se pierde en los supuestos fraudes de LOS funcionarios absentistas. Y creo que nadie con la mínima objetividad y honestidad podría negar que esto es rigurosamente cierto. Por tanto, antes que retirar derechos a los funcionarios honrados, habría que poner control y límites a la corrupción política; y no creo que sea tan difícil, si es que de verdad se quiere hacer y de verdad se quiere solucionar la economía del país.

Pero, además de recaer la responsabilidad legal principalmente en los médicos, más que en los enfermos imaginarios, existe un Servicio de Inspección Médica que, al parecer, no sirve para nada y, por tanto, debería ser eliminado por completo de la Administración, para ahorrar costes. Si la Inspección Médica siguiera, como es debido, los problemas de salud de los funcionarios, esto no pasaría. Y la Inspección Médica no es una tarea que baste ejercerla por teléfono, como de hecho se hace cuando se hace. Si la Inspección Médica visita a los enfermos o, al revés, éstos visitan la Inspección Médica, igual que al médico de cabecera, entonces habrá un control administrativo eficiente de las bajas médicas. Pero, para eso, tienen que trabajar los que tienen que trabajar y que para ello están, que no son sólo los funcionarios enfermos imaginarios, sino también la Inspección Médica, la Inspección ordinaria, los Servicios de personal, etc.

Pasa aquí como con el fraude fiscal, que, por no querer hacer el control efectivo que debería hacerse y que está previsto en la propia estructura de la Administración, al final acaban pagándolo todos solidariamente: nunca pagan más los que más deben pagar, ni menos los que menos deben (y a río revuelto, ganancia de pescadores). Ese concepto de justicia que iguala interesadamente a todos en lo malo, en las penalidades, es justamente la mayor injusticia, pues no hay mayor injusticia que tratar a los que son diferentes como iguales. Si el fraude fiscal, principalmente por los que más tienen, estuviera controlado, los que menos tienen no tendrían que pagar más.