¿A quién beneficia lo irrenunciable y urgente de nuestro compromiso de ajuste del déficit?

A Montoro se le ocurrió decir que igual no cumplimos del todo el objetivo de reducción del déficit previsto para 2012, porque parece que las cosas no están tan guapas como se las pintaban. Pero enseguida salió Rajoy a corregirle diciendo que no: que sí que vamos a cumplir cristianamente (como Dios manda) y germánicamente el compromiso de ajuste adquirido con la Merkel (valga la redundancia). —Le faltó decir caiga quien caiga… Y en ello está..., aunque caigamos todos... los demás...

Pensado en frío, la verdad es que parece serio reducir cuanto antes la deuda, pues sólo los intereses ya nos comen… Pero pensándolo en caliente, es decir, una vez nos empiezan a quitar un buen pellizco de todo…, conviene tener en cuenta lo siguiente.

Tomando como modelo el espectacular déficit valenciano, para que se vea bien lo que pasa, ese déficit lo ha ido acumulando la Generalitat a lo largo de años de mala gestión, mientras los ciudadanos pagaban un nivel de impuestos digamos normal.

Pues bien, si lo que se ha acumulado durante años, ahora hay que recuperarlo en sólo 2 años, eso no hay estómago que se lo trague, y requiere esquilmar y empobrecer a los ciudadanos literalmente a más no poder, a la vez que, siguiendo las perversas sugerencias de las agencias, menoscabar los servicios públicos básicos (sanidad y educación, y, por qué no, hasta pensiones).

Es verdad que nuestro gobierno, inteligentemente, ha previsto medidas estructurales de adelgazamiento de la Administración pública, no restringiendo esos servicios, pero sí optimizándolos, y, en cualquier caso, optimizando el funcionamiento general de toda la Administración, lo cual incluye, por supuesto, evitar duplicidades, deshacer puestos superfluos de trabajo fijo como funcionarios que se habían creado ad hoc para colocar a su gente, multiplicando innecesariamente la nómina de la Administración pública, etc. —Pero no sé por qué, se resisten a hacer lo propio con las Diputaciones provinciales…

Pero, estas medidas estructurales parece que no producirán ingresos inmediatos, sino probablemente, al menos, a partir de dentro de un año…

Ahora bien, si igual que la deuda ha sido acumulada durante años, nos tomáramos también unos cuantos años aplicando esa corrección de las disfunciones de la Administración, es previsible que en un tiempo razonable, sin sangrar al ciudadano ni los servicios públicos, la propia Administración pudiera ahorrar y restablecer el equilibrio de sus cuentas.

Sin embargo, lo que nos viene de Alemania y de Estados Unidos, de nuestros gobernantes europeos de Bildelberg y de nuestros queridos inversores, es urgencia, un plazo que no puede ser más angustioso: 2 años para estar al día.

¿Qué beneficios tiene esa urgencia y para quién? Como he dicho más arriba, a nosotros nos viene bien liberarnos de intereses cuanto antes. Pero, tal como se ve que se está planteando la cosa, hasta el punto de que casi nos dan apuntes de lo que tenemos que hacer (es decir, de lo que quieren que hagamos) —liquidar la sanidad y la educación públicas—, parece que esa urgencia produce más beneficio a los que anhelan que los servicios públicos del estado del bienestar pasen al sector privado, que a nosotros esa liberación de intereses. Se pretende tensar la situación a los Estados soberanos para demostrarles a ellos, pero sobre todo justificar ante los ciudadanos, la tesis de que el estado del bienestar no es sostenible por el sector público sin un extraordinario sufrimiento para los ciudadanos.

Si desoyéramos esa urgencia y se nos permitiera equilibrar la deuda en más años, la propia Administración podría hacer frente a ello, sin recabar más impuestos, simplemente siendo tan eficiente en el ahorro y en el uso de sus recursos de ahora en adelante, como ineficiente fue antes por los dispendios que generaron el déficit.

Es, pues, sólo, al presentarse el problema como urgente, cuando la Administración no puede hacer frente a su propia deuda, pues no se le permite aplicar los ahorros que podría obtener a partir de las medidas estructurales. Necesita entonces esquilmar al ciudadano todo lo que se pueda (no sé hasta cuánto puede aguantar la ciudadanía) y tendrá que tomar también medidas de recorte del estado del bienestar (aunque no se las quiera llamar así). Se configura la situación como más crítica de lo que es para justificar la exigencia de contribuciones extraordinarias y el sacrificio del sector público del bienestar.

En 2 años, cuando ya entre todos hayamos pagado todo, será entonces cuando nuestro Estado empiece a notar el efecto económico positivo del adelgazamiento de la Administración (la eliminación de los abusos previos). Pero entonces, cuando la Administración ya tenga liquidez para pagar esa deuda, ya estará pagada por nosotros, y, presuntamente, los servicios sociales públicos ya estarán todo lo retraídos que se haya podido o les hayamos permitido, bajo el pretexto de que el Estado no se podía hacer cargo de esa gestión, que es supuestamente muy gravosa… (sobre todo si la gestión pública se ha de suponer ineficiente y campo de corrupción).

En conclusión, dentro de 2 años, cuando supuestamente el déficit esté controlado, al día, nosotros estaremos esquilmados, los servicios públicos estarán trasvasados a la gestión privada en la medida en que haya sido posible (tolerado) y el Estado tendrá como ¡superávit! por su ahorro estructural, todo lo que nosotros le hemos adelantado y que jamás vamos a recuperar.