Sobre el estado degenerativo de la nación por corrupción

Creo que EL tema del próximo debate sobre el Estado de la nación es esencialmente el fracaso de la política de austeridad como vía de salida de la crisis, particularmente en España. Los recortes impuestos no sólo NO han reducido la deuda y el déficit públicos, sino que, al parecer, va a resultar que los han aumentado notablemente. Es, por tanto, objetivamente, claramente un fracaso en el logro de los objetivos concretos y esenciales marcados. -Y que nadie venga a decirnos lo contrario. El balance es que hemos perdido el tiempo, el dinero, el trabajo, los derechos, la vivienda... y, en definitiva, el bienestar general.

Y, probablemente, la causa fundamental de toda esta situación -el origen de la crisis y el fracaso o fraude en el intento de solución- es la corrupción: la conexión oculta, inconfesable, vergonzosa, indecente, inmoral, injusta, reprobable y muchas veces, seguramente también en buena medida, ilegal entre el poder político y el económico.

La política económica que desarrolló la burbuja inmobiliaria fue equivocada, errónea, negligente, culpable, cuando no simplemente un fraude, un atraco a mano armada, con el arma del poder, del secuestro de los organismos de control y de la ley en las manos.Y la política de "solución" de la crisis no lo es menos. No se ha podido predecir de manera más clara y más fuerte el fracaso al que nos llevarían las políticas de austeridad. Pero parece que el "interés" de algunos en ellas, ha estado por encima del interés general de toda una nación.

El estado de la nación es, en definitiva, notablemente degenerativo en todos los aspectos, y lo es por corrupción. Esta no es sólo una crisis económica, global, sobrevenida, accidental, sino sobre todo una crisis moral, política y democrática producida por las conductas sistemáticas de las personas que tienen o han tenido en su mano conducir el país. Todo lo que antes era importante, fundamental, y se daba por supuesto e incluso en buena medida como incuestionable (nuestro sistema de gobierno, la integridad del territorio...) hoy está patas arriba, seriamente en cuestión. Y, lo que es peor, ante la magnitud del problema económico, de injusticia y de bienestar, todo lo demás ya casi da igual:  nos han desensibilizado hacia los derechos laborales y las políticas económicas, pero hemos quedado también desensibilizados hacia ese tipo de cuestiones fundamentales. Todo está en descrédito, ha perdido su valor, ante la actual situación de necesidad de tantos, de emergencia, para muchos vital.

Se han cargado el sistema; y no han sido los antisistema. Los propios guardianes del sistema, que debían proteger el Estado, y los gobernantes, que debían encauzarlo hacia la prosperidad, no lo han guardado, sino que lo han asaltado, y no lo han llevado a buen puerto, sino al desguace. Han dejado España convertida en pasto de aves de carroña y de depredadores. En el exterior, nuestras grandes empresas no pueden realizar las inversiones que necesitan y nos requieren los países donde operan, y éstos acaban por nacionalizarlas (es como si hubieran quebrado, fracasado). Pero en el interior, los interesados que están al acecho se harán con las empresas estratégicas y las empresas públicas de interés, así como con nuestros preciados servicios públicos (especialmente la sanidad) para beneficio de particulares, allegados, o de fondos buitres, en los que siempre acaban apareciendo contactos sospechosos (indecentes).

La corrupción que mina nuestro país no es la del "pecado" individual, el simple robo o delito fiscal de algunos que no han podido aguantarse de meter la mano en la caja. La corrupción que ha empujado a  nuestro país hacia la quiebra, traicionando a la nación, es la corrupción del sistema, la confusión de poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, medios de comunicación, económico y cualquier otra forma de poder fáctico al que los políticos se arrodillan, vendiendo el país, sin el consentimiento expreso de la ciudadanía, sin pasar por las urnas.

Propuesta para debate para la reforma laboral

En el problema de la relación laboral del trabajador con su empresa lo ideal sería poder conciliar los derechos del trabajador -entre ellos, sobre todo, una cierta estabilidad en su puesto de trabajo-, con una flexibilidad y versatilidad suficiente para poder adaptarse a la situación o la evolución de la empresa. Y quizá la clave está, si es que es posible, en aunar los intereses de ambas partes, es decir, en plantear una comunidad de intereses.

Por un lado, con frecuencia, a la empresa le conviene tener una plantilla de trabajadores suficientemente estable, para mantener la continuidad de la producción y evitar tener que estar formando continuamente a personal nuevo en continua sustitución. -Por cierto, que esta idea puede servir para reflexionar sobre el papel del funcionariado en la Administración pública: ésta no se puede interrumpir en función de los cambios políticos, ni puede el personal cambiar al dictado de esos cambios.

Pero, por otro lado, la empresa privada no puede comprometerse con una plantilla de trabajadores al igual que lo hace la pública con el funcionariado, sino que necesita algo de flexibilidad en la contratación laboral, porque las circunstancias de la producción en el sector privado no son las mismas que las de los servicios públicos, que son permanentes y han de estar garantizados. -Y, por cierto, esto nos puede servir para reflexionar sobre la diferencia y la necesidad de un sector público para prestar los servicios básicos con calidad.

La clave, lo ideal, sería que en las empresas hubiera al menos una parte de la plantilla con suficiente antigüedad y que además ésta (que es estabilidad tanto para el trabajador, como para la empresa) fuera acompañada de alguna forma de remuneración económica (como los 'trienios' en la función pública). Pero, para que esto no fuera gravoso al proyecto empresarial, esa remuneración podría no ser enteramente en forma de liquidación mensual o anual al trabajador, sino, al menos en parte, en forma de inversión que revierte a la propia empresa y la capitaliza. Por ejemplo, en forma de acciones de la empresa.

Podría entonces establecerse o regularse que una parte del valor de la empresa tuviera que destinarse a esta forma de participación de sus trabajadores: ello ayuda a la ampliación de capital del proyecto empresarial, a la vez que incorpora a éste al trabajador, no sólo como mano de obra, sino también como 'socio', estableciendo una comunidad de intereses.

El trabajador estable y cualificado no es un lastre para la empresa, sino, más bien, un activo, que aporta valor añadido a ésta, con su experiencia, conocimiento, calidad de trabajo, garantía, confianza...; pero también participa económicamente en ella. Para la empresa esa remuneración ligada a la estabilidad no repercutiría como "coste", sino como inversión, ampliación de capital y del proyecto empresarial, expansión... Y además gana un trabajador incentivado, motivado a cooperar y a participar en los objetivos de la empresa, en definitiva, un socio.

No es preciso que toda la plantilla de trabajadores sea así, sino que en la definición del proyecto empresarial tendría que planificarse las necesidades de recursos humanos de una manera estratificada o modularizada.

1. Tendría que haber, al menos, un núcleo básico o kernel de empleados-socios: pues, una empresa no es sólo capital, sino también, ante todo, un proyecto humano, en el que no sólo interviene el promotor -emprendedor-, sino también necesariamente una plantilla mínima de trabajadores (recursos humanos).

2. Y luego podría haber también otros sectores estratificados o modularizados de personal y necesidades más volátiles, flexibles, eventuales, que podría ser provisto por agencias o empresas de empleo (temporal) o mediante subcontrataciones... es decir en términos menos comprometidos, menos estables, más circunstanciales (y entre estas circunstancias está también la coyuntura económica).

Las agencias o empresas de trabajo (temporal) podrían gestionar: 1) bolsas de empleo; 2) contactos con otras empresas móviles, portátiles, para subcontrataciones de servicios puntuales; 3) cursos de formación para trabajadores candidatos y para empresas, etc.

Quizá este régimen de contratatación de trabajadores-socios suene algo idealista. Pero pondré un ejemplo de la vida real:

Una de las primerísismas agencias de publicidad del mundo mantiene el siguiente tipo de relación de contratación al menos con algunos de sus clientes, entre los que se cuentan algunas de las principales marcas y multinacionales mundiales.

Cuando éstas se dirigen a ella para contratar sus servicios publicitarios, la agencia NO les presenta un catálogo de servicios y una tarifa, entre los cuales la empresa multinacional escoge el producto que, una vez realizado, la agencia entrega, cobra, y... ¡que te vaya bien! Eso es muy mediocre, y esta agencia de la que hablo no es nada mediocre ni trata con empresas mediocres: no les ofrece un anuncio de 20 segundos, o, si lo quieren de 30 segundos, pero entonces cuesta un poco más. Y, si además, quiere que le gestione su difusión, entonces será tanto (€), etc. NO.

Lo que hace esa agencia es pedir a la empresa contratante un informe de la empresa y de su situación, de su producto, de sus expectativas de expansión y de la distribución deseada para el producto... y luego le presenta una oferta: quiero una participación del tanto por cien de tu empresa; VAMOS a vender juntos el producto, y VAMOS  a ganar también juntos, seremos socios... Y, no te preocupes, de la campaña me encargo yo. En la campaña no escatiman gastos: no hay tarifa, no hay catálogo, no hay límite de tiempo o de iniciativas... sino objetivos comunes, compartidos. La agencia hace suyo el interés, no de vender "ese" producto en particular, sino de expandir la empresa en cuestión. Cree en lo que hace y se implica en ello: se dedica a ello. Se diseña una campaña, se evalúa, se corrige, se extiende, se sigue trabajando en ello, todos los días, sin límites de presupuesto, de tiempo... Esta agencia VENDE el producto que anuncia: ¡lo VENDE! Produce beneficios a la empresa contratante (socia) y comparten los beneficios. Y, si viera que el producto es malo y no se vende, sencillamente abandonaría su participación en la empresa... (sin cobrarle nada por los servicios prestados).

Ante todo, creo que se trata: 1) de eliminar los prejuicios de los enfoques ideológicos tradicionales por ambos lados sobre el trabajo, el capital y los beneficios; 2) de comprender la empresa no como una estructura jerárquica de poder económico, sino como un proyecto humano de producción cooperativa en cierto grado (aunque no sea necesariamente una cooperativa completamente igualitaria, horizontal, sino por participación proporcional); 3) de introducir, por un lado, una dosis mínima de cooperativismo en la empresa privada, y de socialización de los beneficios (pues habría una infraestructura latente de quasi "sociedad anónima" en todas las empresas), pero, por otro lado, de introducir también una cierta dosis de espíritu emprendedor e inversor en los propios trabajadores, que ya no serían meros asalariados, sino socios partícipes de su propia empresa.

¿A quién beneficia lo irrenunciable y urgente de nuestro compromiso de ajuste del déficit?

A Montoro se le ocurrió decir que igual no cumplimos del todo el objetivo de reducción del déficit previsto para 2012, porque parece que las cosas no están tan guapas como se las pintaban. Pero enseguida salió Rajoy a corregirle diciendo que no: que sí que vamos a cumplir cristianamente (como Dios manda) y germánicamente el compromiso de ajuste adquirido con la Merkel (valga la redundancia). —Le faltó decir caiga quien caiga… Y en ello está..., aunque caigamos todos... los demás...

Pensado en frío, la verdad es que parece serio reducir cuanto antes la deuda, pues sólo los intereses ya nos comen… Pero pensándolo en caliente, es decir, una vez nos empiezan a quitar un buen pellizco de todo…, conviene tener en cuenta lo siguiente.

Tomando como modelo el espectacular déficit valenciano, para que se vea bien lo que pasa, ese déficit lo ha ido acumulando la Generalitat a lo largo de años de mala gestión, mientras los ciudadanos pagaban un nivel de impuestos digamos normal.

Pues bien, si lo que se ha acumulado durante años, ahora hay que recuperarlo en sólo 2 años, eso no hay estómago que se lo trague, y requiere esquilmar y empobrecer a los ciudadanos literalmente a más no poder, a la vez que, siguiendo las perversas sugerencias de las agencias, menoscabar los servicios públicos básicos (sanidad y educación, y, por qué no, hasta pensiones).

Es verdad que nuestro gobierno, inteligentemente, ha previsto medidas estructurales de adelgazamiento de la Administración pública, no restringiendo esos servicios, pero sí optimizándolos, y, en cualquier caso, optimizando el funcionamiento general de toda la Administración, lo cual incluye, por supuesto, evitar duplicidades, deshacer puestos superfluos de trabajo fijo como funcionarios que se habían creado ad hoc para colocar a su gente, multiplicando innecesariamente la nómina de la Administración pública, etc. —Pero no sé por qué, se resisten a hacer lo propio con las Diputaciones provinciales…

Pero, estas medidas estructurales parece que no producirán ingresos inmediatos, sino probablemente, al menos, a partir de dentro de un año…

Ahora bien, si igual que la deuda ha sido acumulada durante años, nos tomáramos también unos cuantos años aplicando esa corrección de las disfunciones de la Administración, es previsible que en un tiempo razonable, sin sangrar al ciudadano ni los servicios públicos, la propia Administración pudiera ahorrar y restablecer el equilibrio de sus cuentas.

Sin embargo, lo que nos viene de Alemania y de Estados Unidos, de nuestros gobernantes europeos de Bildelberg y de nuestros queridos inversores, es urgencia, un plazo que no puede ser más angustioso: 2 años para estar al día.

¿Qué beneficios tiene esa urgencia y para quién? Como he dicho más arriba, a nosotros nos viene bien liberarnos de intereses cuanto antes. Pero, tal como se ve que se está planteando la cosa, hasta el punto de que casi nos dan apuntes de lo que tenemos que hacer (es decir, de lo que quieren que hagamos) —liquidar la sanidad y la educación públicas—, parece que esa urgencia produce más beneficio a los que anhelan que los servicios públicos del estado del bienestar pasen al sector privado, que a nosotros esa liberación de intereses. Se pretende tensar la situación a los Estados soberanos para demostrarles a ellos, pero sobre todo justificar ante los ciudadanos, la tesis de que el estado del bienestar no es sostenible por el sector público sin un extraordinario sufrimiento para los ciudadanos.

Si desoyéramos esa urgencia y se nos permitiera equilibrar la deuda en más años, la propia Administración podría hacer frente a ello, sin recabar más impuestos, simplemente siendo tan eficiente en el ahorro y en el uso de sus recursos de ahora en adelante, como ineficiente fue antes por los dispendios que generaron el déficit.

Es, pues, sólo, al presentarse el problema como urgente, cuando la Administración no puede hacer frente a su propia deuda, pues no se le permite aplicar los ahorros que podría obtener a partir de las medidas estructurales. Necesita entonces esquilmar al ciudadano todo lo que se pueda (no sé hasta cuánto puede aguantar la ciudadanía) y tendrá que tomar también medidas de recorte del estado del bienestar (aunque no se las quiera llamar así). Se configura la situación como más crítica de lo que es para justificar la exigencia de contribuciones extraordinarias y el sacrificio del sector público del bienestar.

En 2 años, cuando ya entre todos hayamos pagado todo, será entonces cuando nuestro Estado empiece a notar el efecto económico positivo del adelgazamiento de la Administración (la eliminación de los abusos previos). Pero entonces, cuando la Administración ya tenga liquidez para pagar esa deuda, ya estará pagada por nosotros, y, presuntamente, los servicios sociales públicos ya estarán todo lo retraídos que se haya podido o les hayamos permitido, bajo el pretexto de que el Estado no se podía hacer cargo de esa gestión, que es supuestamente muy gravosa… (sobre todo si la gestión pública se ha de suponer ineficiente y campo de corrupción).

En conclusión, dentro de 2 años, cuando supuestamente el déficit esté controlado, al día, nosotros estaremos esquilmados, los servicios públicos estarán trasvasados a la gestión privada en la medida en que haya sido posible (tolerado) y el Estado tendrá como ¡superávit! por su ahorro estructural, todo lo que nosotros le hemos adelantado y que jamás vamos a recuperar.

#15M : Por una solución justa de la crisis

El nuevo equipo de Gobierno de Moncloa atribuye las medidas que presenta como extraordinarias (lo peor de lo malo) al desfase en el déficit presupuestario de 2011, imputando la responsabilidad, tanto del propio desfase, como de su ocultamiento, al equipo de Gobierno anterior (a la herencia Socialista).

Sin embargo, ya hemos ido viendo que la mayor parte de ese desfase se debe al extraordinario (por inconmensurable) déficit autonómico (tan desmesurado que hasta el último día del año no se ha podido precisar su magnitud: p. ej. en la Comunidad Valenciana). Por ello, a quien en realidad se ha de imputar la responsabilidad por ese desfase es a los correspondientes equipos de Gobierno autonómicos (mayoritariamente Populares).

Lo dijo Montoro, con cifras exactas, en la rueda de prensa del primer Consejo de Ministros en que se tomaron medidas especiales: lo dijo de improviso, sin poder preparar una mentira; pero luego se desmintió que fuera así (o sea, fue entonces cuando se mintió); y, finalmente, ha salido el propio Rajoy, dando cumplimiento a su intención de decir la verdad, confirmando que el déficit es todavía mayor del 8% y que efectivamente la mayor parte del desfase se debe a las Comunidades Autónomas. —Quizá por eso ya hace tiempo que estábamos clara y certeramente sentenciados de que moriríamos de autonomías o, dicho de otro modo, de que teníamos unas autonomías… ¡de muerte! (vamos, ¡pa morirse!).

Este déficit autonómico es de tal magnitud, (hasta un 20% p. ej. en la Comunidad Valenciana), que es evidente que no puede considerarse una mera falta de precisión o una simple consecuencia de la desafortunada situación económica: el déficit que ha dejado Zapatero, aun suponiendo que se haya producido por gastos indebidos (pues, se cuestiona el Plan E y el rescate a la banca) es, aún así, un déficit “franciscano” (austero: sólo 3 puntos superior al permitido), al lado del que nos han dejado Camps y los Fabras… Este último déficit se parece más al de Grecia (negligente, desmesurado… absolutamente insolidario con Europa…) y es el típico déficit que se puede calificar a priori y abiertamente como un fraude y quizá hasta también como una malversación de fondos públicos, sin requerir más pruebas que el propio balance de resultados. A cualquier contable, por un resultado así lo despedirían de inmediato y sería un despido disciplinario procedente.

A diferencia de los casos más o menos particulares de corrupción, que requieren una investigación, pruebas, testimonios, contrastar todo ello en una vista oral (en un juicio), como estamos viendo en los casos de Camps y Matas, en este caso de la Comunidad Valenciana en su conjunto, sin embargo, repito, basta el balance de resultados para deducir que: a) o bien se han desviado fondos presupuestados, de una manera masiva (industrial), hacia conceptos no presupuestados (y, por eso, falta dinero y las cosas no están pagadas: ¿dónde está el dinero de los centros educativos valencianos? ¿¡y cómo es que la Ciudad de las Ciencias están aún sin pagar y Terra Mítica reclama un ERE!?); b) o bien se han hecho inversiones fraudulentas, como cuando se firma un cheque sin fondos, a cuenta de lo que ni se tiene, ni se puede garantizar que se vaya a tener, ni tampoco se está probablemente autorizado a disponer. Pues, ¿acaso un equipo de Gobierno puede hacer inversiones de una magnitud tal que requiera 10, 15 ó 20 años para su amortización, cuando las legislaturas sólo son de 4 años, siendo que, en política democrática, nadie puede garantizar o presuponer que vaya a perpetuarse en el poder? —Cualquier inversión de este tipo tendría que haber sido completamente transparente a las Cámaras de representación parlamentaria, a la oposición, a los tribunales o sindicaturas de cuentas y expresamente aprobada por ellos: no un mundo oscuro, sujeto a sospechas y ambiente idóneo para un feed-back de corrupción.

Ahora se nos pide un esfuerzo para hacer frente a las medidas extraordinarias, eso sí, sólo durante 2 años, y para un desfase debido a la herencia socialista. Pero, una cosa es solidaridad ante una desgracia y otra cosa cargar de un modo u otro, en el fondo, con lo que es una responsabilidad administrativa e incluso penal de otros.

#15M se presentó en mayo de 2011 diciendo “Esta crisis no la pagamos”. Pues bien, el lema ahora se transforma, con más fundamento que nunca, en: “Que paguen el fraude los culpables”. Pues no se trata sólo de un fraude político, un conflicto de intereses, que se pueda discutir ideológicamente, como la crítica que se hace desde la izquierda a la economía neoliberal y al capital en general…, sino de un auténtico fraude económico y administrativo seguramente penalizable, con responsables concretos, que no son los contables, sino los altos cargos políticos y administrativos que han hecho un plan económico insostenible de manera bastante evidente y predecible y, en cualquier caso, extralimitando manifiestamente el alcance de su poder. Si no hubiera brotado esta crisis económica y se hubiera tenido que hacer un traspaso de poder en la Comunidad Valenciana, ¿qué le habría quedado al nuevo equipo de Gobierno (¡con un 20% de déficit y proyectos espectaculares gravosos y sin amortizar!)? ¿Cuánto tiempo se puede ocultar todo eso? ¿Hasta qué magnitud de cifras se hubiera podido ocultar?

Todo esto se puede interpretar además, sin necesidad de encontrar pruebas concretas, también globalmente considerado y por su propia magnitud, como una financiación ilegal del partido gobernante en la Comunidad Valenciana. Pues, se ha gastado lo que no era suyo, como partido, ni la propia Administración pública tenía ni podía honesta y quizá legalmente disponer, en halagar al pueblo con grandes maravillas, espectaculares pero puramente espectrales, con el fin de promocionar su propia imagen ante el pueblo. La Terra Mítica de Paramount Pictures ahora está en situación de ERE y no es rentable: ¿dónde están las pérdidas de Paramount Pictures? El Hilton del Palacio de Congresos también tuvo que desaparecer porque no era rentable, cediendo la titularidad a un Melià (más modesto y adecuado en dimensión: y acabará siendo un lujoso edificio multihotel, como otros de la misma Avenida): ¿dónde están las pérdidas de Hilton? Da toda la impresión de que Paramount Pictures y Hilton no han sido más que contratos de reclamo publicitario para lanzar esos proyectos, la región y, por supuesto, a su equipo de Gobierno: es dudoso que hayan prestado ese servicio con pérdidas; es más puede que hasta se les haya pagado por su imagen, su presencia (confieso que no lo sé). Pero la Comunidad Valenciana sí que tiene esas gruesas pérdidas y unos "monumentos" que cuesta más mantenerlos que lo que se gana (como el aeropuerto del abuelo, de Castellón). —Todo lo que se ha hecho para dar brillo a la Comunidad Valenciana, es decir, al partido que la gobierna, en el fondo ha venido a ser un fraude: político, social y económico.

Dicen: la ciudadanía prefiere tener la Ciudad de las Artes y las Ciencias antes que no tener la deuda… Pero, eso no se puede suponer al iniciar una inversión de esa dimensión; y, además, la ciudadanía puede preferir que la Comunidad se endeude en ello y que luego pague cuando  y como pueda. Pero no creo yo que la ciudadanía esté de acuerdo en excusar a la Comunidad de ese pago y de su incompetencia, y hacerse cargo cada familia en particular de varios miles de euros anuales para ello, de su propio bolsillo, adicionalmente, a lo ya contribuido en los impuestos ordinarios durante los últimos 16 años… Pues ese ya antiguo proyecto, el de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, aún está por pagar, parece que no es rentable y llegó finalmente a costar el doble de lo presupuestado. De hecho, en Islandia, esta misma situación hizo a la ciudadanía plantarse y decir ese “Yo no pago” o “Esta crisis no la pagamos”. —Pero además, ¿¡por qué sistemáticamente todo cuesta el doble de lo presupuestado!? Aunque sólo sea por esa incompetencia, esto ya merecería una sanción administrativa. Pero es que, además, suena a lo del 3% en Cataluña (lo que le dijo Maragall a CiU, cuando se produjo la transición del Gobierno de CiU al Socialista).

Aparte de tener que intervenir personalmente la ciudadanía para hacer frente a las deudas que han generado los políticos, y probablemente en su propio beneficio, aparte, los conceptos SÍ presupuestados correctamente quedan descubiertos: impagos en Sanidad (atención sanitaria, medicamentos, industria farmacéutica), Educación (plantillas de profesorado y su jornada laboral, financiación de centros educativos públicos y concertados): ¿el Estado del Bienestar se hace insostenible…? ¡No! Lo que es insostenible es la corrupción política, los abusos de poder, la arbitrariedad en el gasto público y la malversación o el descontrol de los fondos públicos, etc. Aunque sólo sea por la incompetencia o la negligencia en lo político o administrativo, sin tener en cuenta la posibilidad de delitos en lo económico, todos los responsables de esa gestión deberían al menos ser inhabilitados para ejercer cargos públicos o de relevancia en el mundo financiero y empresarial de por vida.

Y no hace falta hacer una “revolución” (revuelta, rebelión) popular para ello. Ni hace falta hacer nuevas leyes para evitarlo (que, de todos modos, han de hacerse). Con la propia legislación vigente y con los procedimientos preestablecidos, bastaría presentar las denuncias que fueran oportunas en el lugar adecuado para ello, para dirimir las responsabilidades por todo ello. —Insisto, sin entrar en la cuestión de la corrupción personal, particular, que requiere de pruebas y testimonios particulares, sino aunque sólo sea como evaluación de la gestión administrativa a la luz de los resultados que son ostensibles, es manifiesto que se trata de un desempeño, al menos negligente, si no fraudulento, de la Administración pública.

Igual que en la quiebra de una empresa hay que resolver si es fraudulenta, antes de liquidar beneficios al empresario, en las quiebras que ha habido de bancos y en la del Estado y especialmente la de las Autonomías, hay que resolver si hay responsabilidades políticas, Administrativas y penales, antes de correr un tupido velo con la contribución generosa, solidaria y esforzada de la ciudadanía, encantada de tener una Ciudad de las Artes y las Ciencias… insostenible. Parece que los organismos de control de las cuentas públicas con frecuencia han detectado desfases, arbitrariedades, etc. pero no se ha “ejecutado” nada y todo ha seguido igual. ¿Hay independencia del poder del control de las cuentas públicas respecto del poder político? —¡Auditorías externas sistemáticas (como las de S&P, Moody’s y Fitch… p. ej.: nuevas agencias europeas… que compitan con el monopolio altamente interesado y especulativo de las estadounidenses)!

#15M, más que un movimiento “activista” (como a veces se le confunde), en lo que tiene de ’15 de mayo’ (es decir, de espontáneo, eventual…) es re-activo. Es decir, es un movimiento que funcionó en su momento por el principio de acción - reacción. Es la acción injusta, la que provoca indignación (cfr. la obra Indignaos, de Stéphane Hessel), la que desencadenó y desencadenará en cada momento, siempre que se produzca, su correspondiente re-acción.

Es verdad que la situación actual es complicada y que el nuevo Gobierno da en alguna medida muestras de cautela, prudencia: intenta hacer algo de justicia a la vez que se preserva de una reacción popular previsible. P. ej. cuando trata de distribuir los costes de la crisis (con mayor o menor acierto: siempre lloverán las críticas…), o cuando evita hacer el temible “banco malo”, que incrementaría la deuda particular hasta llevar a familias inocentes a la quiebra en cadena (al menos abiertamente se ha desestimado esa fórmula del "banco malo", pero ya veremos cómo lo hacen para digerir los activos tóxicos...). Pero, pedir a los ciudadanos que carguen injustamente con todo el esfuerzo frente a la desmesura de la crisis (el desfase autonómico), cuando los políticos responsables permanecen todos en sus puestos, mantienen sus privilegios e incluso algunos aumentan sus sueldos… es muy ofensivo: verdaderamente indignante. Y no se puede además —como de hecho se hace— insultar al profesorado de la enseñanza pública y al funcionariado en general suponiendo y dando a entender que no son más que una pandilla de vagos llenos de privilegios (¡ellos!…).

Hay quien dice que #15M ya no está… Pero sólo ha estado latente mientras no había medidas injustas que estimularan su reacción. Pues #15M no es un partido con militancia y con un proyecto político claramente definido por un ideario y unas doctrinas. Por eso, se ha pasado los últimos meses proponiendo y debatiendo propuestas hasta el infinito sin llegar a canalizar y ejecutar acciones políticas claras significativas, aparte de su apoyo constante contra los desahucios y los recortes en sanidad y educación.

Pues bien, los desahuciados, los parados, la sanidad y la educación, el funcionariado en general, en cada barrio o localidad, necesitan del soporte del #15M original, que es el que es “de todos” (ese 70-80% de simpatía CIS). Y, a su vez, #15M también necesita del soporte de la sociedad: se habló de la dispersión hacia los barrios y pueblos, de implicar a las familias, a los “yayoflautas”… Pues bien, es en los propios desahuciados, parados, en el personal sanitario, el profesorado y el funcionariado en general de cada barrio o localidad donde #15M tiene su propio soporte expansivo y el despertar de su letargo. En realidad, es la sociedad toda, la sociedad civil, la que serenamente debe participar, pronunciarse y mostrar con espíritu cívico o ciudadano, con gestos inteligentes y palabras convincentes, sin violencia, su opinión sobre la justicia de las medidas que se están adoptando. Todo ello, siempre de una manera completamente apartidista, no por hacerle el trabajo político a otro partido (a la oposición), y, por tanto, más allá de la divergencia puramente política (doctrinal, ideológica) de los enfoques: simplemente buscando que cada uno ponga en esto lo que debe poner (lo cual para muchos tendría que ser poner sus cargos a la disposición de las autoridades correspondientes).

El enfermo imaginario: ¿acaso son LOS funcionarios unos vagos defraudadores?

La Presidenta Popular de la Comunidad de Madrid, Dña. Esperanza Aguirre, ha convertido en ley su presunción de que todos los funcionarios a los que se prescribe baja médica por entre 4 y 15 días, y no es por enfermedad profesional o accidente, son unos defraudadores. Con ello, a su vez, convierte a los médicos que prescriben dichas bajas en los principales agentes de ese fraude, concretamente en prevaricadores, pues en esta acción no son sólo cómplices, sino propiamente los ejecutores responsables legales, ya que los funcionarios no tienen la habilitación necesaria para autoconcederse las bajas, ni tampoco para obligar a los médicos a que se las concedan. Si todos los funcionarios en general van a resultar sancionados a priori por ello, esté o no justificada la baja, entonces los médicos que las prescriben también deberían ser sancionados, salvo que admitamos que son absolutamente incompetentes en el tema y, entonces, las bajas deberían ser autoconcedidas por el propio funcionario.

De ser cierto que en dichas bajas hay fraude, lo justo, acorde a ley y a derechos, antes que retirar por regla general la prestación a todos, sería abrir expediente del caso concreto y, si se descubre que hay negligencia y culpabilidad en ello, entonces dictaminar la sanción oportuna, de acuerdo con los reglamentos o códigos correspondientes, y, en ese caso, tanto al enfermo imaginario como al médico que le ha prescrito la baja médica de manera fraudulenta. Presuponer que todos son culpables a priori y dictaminar lo que en realidad es una sanción dentro de una ley de presupuestos, de manera preventiva, es un abuso legal, que crea indefensión en los funcionarios honrados víctimas de enfermedades reales, y supone, por su arbitrariedad y generalidad una simple y descarada retirada de prestaciones y derechos consolidados, como es el derecho a salario en caso de enfermedad. Hacer eso y hacer lo mismo en caso de embarazo o maternidad es sólo cuestión de cifras, de necesidades presupuestarias, pero no de conductas morales, ni de argumentos legales justos.

Parece que para Dña. Esperanza Aguirre, todos los empleados públicos son unos vagos: ahora los funcionarios, antes los profesores... Pero, si es legítimo, hasta el punto de convertirlo en ley, que LOS funcionarios son unos vagos, absentistas y defraudadores, no es menos legítimo o acertado decir que LOS del PP son unos corruptos y, con ellos, todos LOS políticos en general: pues es MUCHÍSIMO más el dinero que cada año se pierde en ello, de los presupuestos del Estado y de las Comunidades, que lo que se pierde en los supuestos fraudes de LOS funcionarios absentistas. Y creo que nadie con la mínima objetividad y honestidad podría negar que esto es rigurosamente cierto. Por tanto, antes que retirar derechos a los funcionarios honrados, habría que poner control y límites a la corrupción política; y no creo que sea tan difícil, si es que de verdad se quiere hacer y de verdad se quiere solucionar la economía del país.

Pero, además de recaer la responsabilidad legal principalmente en los médicos, más que en los enfermos imaginarios, existe un Servicio de Inspección Médica que, al parecer, no sirve para nada y, por tanto, debería ser eliminado por completo de la Administración, para ahorrar costes. Si la Inspección Médica siguiera, como es debido, los problemas de salud de los funcionarios, esto no pasaría. Y la Inspección Médica no es una tarea que baste ejercerla por teléfono, como de hecho se hace cuando se hace. Si la Inspección Médica visita a los enfermos o, al revés, éstos visitan la Inspección Médica, igual que al médico de cabecera, entonces habrá un control administrativo eficiente de las bajas médicas. Pero, para eso, tienen que trabajar los que tienen que trabajar y que para ello están, que no son sólo los funcionarios enfermos imaginarios, sino también la Inspección Médica, la Inspección ordinaria, los Servicios de personal, etc.

Pasa aquí como con el fraude fiscal, que, por no querer hacer el control efectivo que debería hacerse y que está previsto en la propia estructura de la Administración, al final acaban pagándolo todos solidariamente: nunca pagan más los que más deben pagar, ni menos los que menos deben (y a río revuelto, ganancia de pescadores). Ese concepto de justicia que iguala interesadamente a todos en lo malo, en las penalidades, es justamente la mayor injusticia, pues no hay mayor injusticia que tratar a los que son diferentes como iguales. Si el fraude fiscal, principalmente por los que más tienen, estuviera controlado, los que menos tienen no tendrían que pagar más.

Crítica de la crítica hasta la sinrazón pura

La crítica pierde su autoridad, su rigor, su valor, eficacia, e incluso podemos decir ciertamente que hasta su verdad, cuando es universal y negativa a la vez, porque demuestra falta de discernimiento. No es espíritu crítico verlo todo siempre mal —peor imposible—, sino que es simplemente ser cenizo y quizá hasta paranoico. La crítica es una facultad de la razón que, por ello, no puede ejercerse hasta la sinrazón, es decir, hasta perder la razón.

Intelectualmente no consigo convencerme 1) de que todo ha de ser —es— pésimo en la nueva legislatura emprendida por el PP, el cual, sin embargo, ha ganado las elecciones, de manera más o menos legítima, pero, en cualquier caso, con mayoría absoluta; y 2) de que, por el contrario, todo es óptimo en la izquierda en general (PSOE incluido). No alcanzo a comprender cómo nuestro país y la derecha en particular han logrado ser tan eficaces en dar con el peor Presidente posible (en realidad ninguno sería válido, a priori) y los ministros paradójica y casualmente más inadecuados posibles: los peores que puede haber cada uno en su género. Todos son corruptos, perversos, si no incompetentes, y manifiestamente inadecuados especialmente en la correspondiente competencia que se les ha asignado. Sobre todos hay sospechas, lacras… y están desautorizados a priori. Además, toda acción posible del nuevo equipo está ya descartada a priori como inadecuada, simplemente porque no se acopla al prejuicio ideológico contrario de los que no están ejerciendo el gobierno.

Me recuerda esto a cuando los comentaristas de fútbol parecen saber más que el entrenador del equipo que está jugando: ¡cuántos periodistas lo harían mejor que el entrenador y, sin embargo, ahí están: limitados a su tarea de simplemente “comentar” lo que otros “hacen”! O también a la sagrada rivalidad que existe entre equipos como el Barça (republicano, independentista o federalista y de izquierdas ¿?) y el Real Madrid (centralista, nacionalista español, monárquico, y por tantos ‘por tantos’, de derechas ¿?). No entiendo bien por qué, si negamos la injerencia de la religión en la política, sin embargo, luego hacemos política como si de religión se tratara: de manera crudamente dogmática.

Conste que esta crítica que hago a la crítica hasta la sinrazón, se puede y se debe aplicar también a cuando gobernaba el PSOE, e incluso al juicio o a los prejuicios que se puedan tener hacia otros partidos, independientemente de que tengan o no la opción real de gobernar: IU, partidos republicanos, partidos nacionalistas, e incluso Amaiur (hoy por hoy, un partido “legal”, mientras no se demuestre lo contrario). Zapatero ha podido tener errores importantes —o simplemente diferencias ideológicas…—, pero no se puede negar que también tuviera algún acierto y, principalmente, una altura moral notable. Lo mismo se puede decir de Rubalcaba: quizá el PSOE actual no tiene mucha aceptación en la izquierda de hoy día, y eso explica sus resultados electorales, pero no se pueden negar importantes capacidades, valores y virtudes en el que ha sido su defensor hasta la extenuación como candidato y ante el discurso de investidura del actual Presidente del Gobierno. Rosa Díez, a juzgar por las críticas de ¿los más entendidos?, debe ser la única persona en el mundo incapacitada de manera innata (a priori) para liderar un partido político... Y, por otro lado, no tenemos por qué conceder nada político a ETA, pero ello no implica que la reclamación de la independencia de Euskadi por Amaiur sea políticamente deplorable y absolutamente inadmisible, hasta el punto de prejuzgar a sus defensores como seres de una cualidad moral intrínsecamente inferior. —La política dialéctica, de la pura disputa, de la pura escenificación del conflicto ideológico o, en definitiva, de intereses partidistas o de clase, no es útil a la nación, al Estado: no nos interesa a la ciudadanía. El Congreso de los Diputados es la cámara de la representación de la voluntad popular, no es para las disputas entre partidos.

Parece existir en la política española —y no sólo ahora— la idea de que el PP “no puede” gobernar: algo así como una nostalgia de Frente Popular continuo, que, sin embrago, luego, en la práctica nunca llega a ser capaz de cuajar, de materializarse, como p. ej. en Extremadura. Ese “ambiente” cristalizó de una manera muy especial, palpable, tras el 11M, en la primera legislatura de Zapatero, con lo que se llamó el Pacto del Tinell, que, además, no era un pacto que afectaba sólo a Cataluña, sino que se extendía al Estado español tomado en su totalidad, pero también, en la práctica, y de manera declarada (ante los medios) p. ej. en Euskadi (en toda la política y la negociación con ETA de aquella época).

Sin embargo, es un hecho abrumador (y se percibe así en el propio documento de “Mucho PSOE por hacer”) que el PP obtiene la confianza de la ciudadanía en todos los niveles de la Administración y en toda la extensión del Estado español, y además, con frecuencia, con mayorías absolutas (falta Andalucía… y se verá).

Pues bien, creo 1) que el PP tiene, al menos, el mismo derecho que el PSOE a gobernar; 2) que probablemente sólo PP y PSOE van a ser quienes siempre gobiernen, uno u otro, por más que se corrijan los abusos o deficiencias de la actual Ley Electoral (al menos a nivel estatal); y sobre todo 3) que se echa la culpa al PP y a sus votantes de su propia victoria, cuando, en realidad, muchas veces ésta llega o se mantiene simplemente por la manifiesta, crasa y profunda incompetencia política de la izquierda en general como alternativa al PP.

Ni IU ni PSOE demuestran tener la competencia política que es “de hecho” necesaria para ganar ellos el triunfo en la política actual. Y, por favor, no insulten a la ciudadanía culpándola de ello, como si fuera tonta, estúpida, ignorante, masoquista… No le cuelguen a ella el San Benito de lo que no puede deberse más que a las propias incompetencias prácticas o pragmáticas de la izquierda. En general, la gente no es tonta, pero, por otro lado, tampoco es excesivamente exigente: sólo quiere que las cosas funcionen con normalidad (algo tan sencillo como que haya trabajo, paz, bienestar, progreso…: pero ni siquiera un hiperdesarrollismo ni “pelotazos” de éxito… como a veces parecen empeñarse en conseguir y ofrecernos los políticos).

Cuando un partido como el PSOE, por dos veces, sean cuales fueran las circunstancias, deja al país económica y laboralmente exhausto, a los ciudadanos ya no les parece que sea sólo cosa del ciclo de la vida o una fatalidad del destino, sino que quizá haya algo más radical o profundo que lo haga incapaz de resolver las cuestiones económicas y laborales, que, por otro lado, son la base del estado del bienestar y de la justicia. Igual éstos, el bienestar y la justicia, son insostenibles sin una base económica y laboral adecuada… —como dice Rajoy—, y con la que el PSOE aún no ha dado. Gobernar no es sólo pedagogía, convencer, “decir” y hacer creer las cosas, sino seguramente, ante todo, obtener “resultados”.

Y esto, no porque vivamos en un mundo productivista, consumista, sino porque la gente no es tonta y, al final, la competencia o la incompetencia acaban saliendo a la luz. Todo lo que la política (los políticos) esconde(n) en las medidas que adoptan, acaba saliendo más tarde o más pronto por algún lado. —Sirva de ejemplo si había o no crisis, si ésta era importante o no, y si ya estaba resuelta y estábamos ya saliendo de ella… cuando en realidad aún no hemos tocado fondo.

Con frecuencia, la culpa del fracaso de la izquierda no es ni la habilidad especial de la derecha, ni la estupidez de la ciudadanía, ni las meras circunstancias: sinceramente creo que la izquierda debe buscar dentro de sí misma la causa constitutiva de sus propios fracasos.

Para que sea principalmente el Estado el que se encargue de lo que es de todos (socialismo), hace falta una integridad y una eficiencia o competencia de la que quizá se ha carecido (así parece que sucedió p. ej. en la URSS). Y entonces este fracaso lleva a la mayoría a considerar conveniente, preferible, la minimización del Estado y el respeto preferencial a la iniciativa privada (neo-liberalismo). El ejemplo de Finlandia, al que se suele recurrir, es clamoroso: se nos llena la boca hablando del estado socialdemócrata y del bienestar a la hora de dar “números”: porcentaje de impuestos, de servicios públicos, etc. Pero nos olvidamos de lo más importante que hay detrás o debajo de todo eso: un régimen de Administración pública cuya transparencia, integridad y eficiencia “nosotros” desconocemos.

No quiero decir que la izquierda sea inmoral y la derecha moral en el ejercicio de la Administración pública, sino que, cuando, en general, el ejercicio de la Administración pública y la clase política no es del todo transparente, íntegra y eficiente, entonces parece mejor minimizar el ámbito de lo ‘público’, y, por tanto, de la acción del Estado. —Tras la caída del PSOE en 1996 por el ambiente de corrupción generalizada que había, poca gente quedó con ganas de pagar impuestos al Estado. En consecuencia, la fórmula liberal de rebaja de impuestos ofrecida por el PP parecía la lógica y la deseable.

Precisamente, más bien, el punto fuerte de la izquierda es o debería ser, al menos según se predica, la moralización de la vida pública: su defensa de los valores de justicia, igualdad, solidaridad… Pero la izquierda tiene que encontrar fórmulas más creativas, actuales, versátiles y flexibles, menos doctrinales, para conseguir que esos ideales puedan materializarse en la sociedad real, de una manera pragmática, efectiva.

En cualquier caso, se adopte la postura que se adopte, creo que para una política sostenible y de futuro, duradera, hace falta romper los moldes doctrinales de la izquierda y la derecha, del socialismo y del liberalismo. Y creo que la fórmula del “Estado Social y Democrático de Derecho” con la que se caracteriza a nuestro país en el artículo 1 de la Constitución es la fórmula perfectamente sintética de ambas tendencias: 1) un régimen originalmente liberal de “Estado de Derecho”, 2) con la posterior corrección o el perfeccionamiento “Social”, y 3) con el factor común de ambos, que es la “democracia”. Pero ésta, no entendida de manera físicomatemática, utilitarista, como un régimen de mayorías o fuerzas (que son las expresiones que más suelen usarse), sino de una manera ética o humana, como un régimen de autogobierno de las personas libres basado en el entendimiento mutuo, y en busca, ante todo, del ideal de justicia, que es el interés general, esto es, de todos, y no sólo de “la mayoría”.

Sobre el abuso de cobrar 1€ por receta para evitar el abuso

Ante el ambiente propicio, la sintonía ajustadora de PP en Madrid y CiU en Barcelona, el Govern Català da finalmente el paso del copago, mejor dicho, del repago de los medicamentos: 1€ por receta “para evitar el abuso” y, en principio, con carácter universal.

Pero, ¿quién “abusa” de la prescripción de medicamentos?

¿Son los pacientes los que abusan de la prescripción de los medicamentos? ¿Acaso los médicos prescriben lo que el paciente quiere? ¿Podría considerarse esto prevaricación, malversación, aparte de mala práctica profesional? ¿Debe permitir el médico que el paciente se HETEROmedique? —Digo ‘hetero’ porque, al acudir al facultativo, está claro que no se AUTOmedica. Los profesionales de la medicina siempre lo dicen: los pacientes no deben ‘auto’medicarse nunca. Pero en este caso no lo hacen, es el médico el que los ¿auto?medica. Bueno: heteromedica. ¡Vaya lío! ¿¡Pero quién medica a quién en estos casos!?

¿Es el médico el que abusa de la prescripción facultativa? ¿Lo hace por las comisiones que se lleva de la prescripción de determinadas firmas? ¿Es legal este cobro de comisiones? ¿No sería una forma de corrupción, como la que se produce en política? ¿Puede un médico prescribir indebidamente un medicamento para obtener unas ganancias o simplemente para “quitarse de encima” a un paciente impaciente, pelmazo, que… total,  de todos modos se va a morir ya pronto?

O, por otro lado, ¿¡puedo negarme a pagar el euro!? ¿¡puedo negarme a seguir el tratamiento para no pagar el euro, aunque sólo sea como objeción de conciencia o porque el euro es disuasorio para abusadores y YO NO SOY UN ABUSADOR!? ¿Se paga también un euro por los medicamentos que valen menos de un euro? ¿Qué pasa si me niego a comprar/pagar un tratamiento antialérgico o una medicina “vital” para la tensión o la circulación sanguínea o para el corazón, o un antibiótico, en caso de neumonía, o contra la hiperactividad o la epilepsia o la esquizofrenia o la ansiedad? ¿Qué pasa si me niego a comprar/pagar de ese modo NINGUNA medicina? ¿Puedo hacerlo? —Haría falta una nueva ley de la muerte digna (eutanasia) que contemplara también este caso: muertos por objeción de conciencia fiscal.

Si la salud no está pagada ya con lo que hemos pagado ya para la salud, es sencillamente porque alguien se lo está quedando por el camino: a ese que sí que ABUSA es a quien hay que reclamarle el EURO. —Por cierto, CiU y PSC saben de aquello del… “3%”… que es más de un euro, no está presupuestado y es una malversación de fondos públicos (el déficit medio del Estado es tan sólo del doble: el 6%).

En un mercado libre, el banco “malo” debería ser privado

En el mercado común europeo, concebido al parecer como un mercado libre, para los negocios, pero no fundamentalmente para la asistencia social, el BCE no quiere ayudar a la banca pública, sino sólo a la privada. —Va contra la propia concepción de la Unión Europea reflejada en el Tratado de su constitución.

Con ello, probablemente, Europa no quiere hacerse cargo de las negligencias de los Estados soberanos en sus incumplimientos de los compromisos de déficit fijados en el Tratado (un máximo del 3% para entrar…, y se ha de suponer que también para permanecer…). Y es razonable pensar que, si un Estado no cumple para nada sus presupuestos y se endeuda por un claro descontrol del gasto público, evidentemente no está cumpliendo esos compromisos y resulta insolidario con el resto de la Unión Europea, quedando como una carga para ella. Así se ha visto, por ejemplo, en el caso de Grecia, cuyo lastre puede llegar a quebrar toda la economía del euro e incluso la global, dada la condición fundamental de esta moneda en el mundo.

Los Estados, que son soberanos, deben poder planificar sus economías y llevarlas a cabo con medidas políticas. Y la Unión Europea entiende que el cumplimiento de esas políticas es fundamentalmente una cuestión de voluntad.

Ahora bien, parece que nuestra deuda no se ha debido fundamentalmente a excesos y descontroles en el gasto público, sino a que nuestro Estado ha hecho las funciones que se suponía que debía haber llevado a cabo el BCE: amparar la solvencia de la banca privada (entre otras cosas, para evitar que los depósitos de los ciudadanos quedaran al descubierto).

Si el BCE niega el crédito a la banca pública y sólo puede prestar a la privada, entonces, en buena lógica, debe ser el BCE el que se haga cargo del rescate de la banca privada y no los Estados los que se endeuden en ello sin poder luego recibir la asistencia europea. Si la banca privada recurre al BCE en busca de crédito (barato: 1%), el Estado ya no necesita asistirla y queda liberado del compromiso de rescatarla.

En medio de la confusión generada por la crisis económica actual, se ha creado —quizá deliberadamente— la impresión de que el bienestar social no es sostenible por el sector público. Pero, en realidad, lo que no es sostenible es que el Estado se haga cargo de la solvencia de los bancos privados, sobre todo cuando éstos han llegado a una quiebra debida a la falta de intervención del Estado en el mercado libre de la vivienda. La Seguridad Social sí es sostenible: aún hoy tiene superávit. Lo que ha llevado a nuestro Estado al déficit y a menoscabar parte del superávit de la Seguridad Social ha sido el rescate a la banca privada: eso es lo que un Estado no puede hacer.

En este empeño de nuestro Gobierno por intervenir en el mercado libre —pero a posteriori, sólo para deshacer los entuertos de la banca y haciéndose cargo él de las pérdidas—, se está barajando la posibilidad de crear un banco “malo” público donde recoger los activos tóxicos de la banca, para sanearlos con una recaudación impositiva extra a costa de la ciudadanía. Es justo lo contrario de lo que normalmente es un banco: un sitio donde no hay dinero, sino deudas, y donde nosotros no ingresamos dinero para rentabilizarlo y disponer de él, sino a fondo perdido, como si quisiéramos hacernos cargo solidariamente de las pérdidas del fracaso especulativo o del fraude de la burbuja inmobiliaria. —Eso sí, con tal de que así salgamos ya de una vez por todas de la crisis económica: ¿!?

Ahora bien, con el gesto del BCE de abaratar los créditos a la banca privada y negarlos radicalmente a la pública, queda claro que la solución de la crisis financiera y crediticia no está en el Estado, sino en el propio mercado libre, pues, al menos en el caso de España, no es el Estado quien necesita un rescate, sino la banca:

1. Son los bancos con dificultades los que deben recurrir a los préstamos baratos del BCE, no a la intervención del Estado.
2. Y los que no puedan sobrevivir con estos créditos, y resulten insolventes, como las empresas que quiebran, deberán abrir los expedientes correspondientes (suspensión de pagos, EREs, etc.) y quedar abiertos al mercado libre: absorciones, fusiones… sea con otros bancos nacionales, o internacionales de la zona euro, o con cualquier otro con interés en ello, de acuerdo con el régimen del mercado libre.
3. Y, de considerarse conveniente la creación de un banco “malo” para concentrar en él los activos tóxicos, entonces, tendrá que ser la banca privada la que forme algo así como un consorcio, para crear ese banco “malo” privado.

Esa debería ser la manera de asumir las deudas generadas fundamentalmente por la explosión (previsible) de la burbuja inmobiliaria en un mercado libre. —Y el régimen de libre mercado implica también que el valor de los activos tóxicos (las viviendas depreciadas) debe ajustarse al precio real de mercado actual, de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda. Esta ley, que benefició inicialmente a los promotores para especular subiendo artificialmente los precios, debe beneficiar ahora a los ciudadanos para que los precios bajen al nivel que ellos puedan o estén dispuestos a pagar.

Condiciones para la contribución ciudadana al rescate de nuestra economía

Para los griegos, el concepto de ‘ciudadano’ (polítes, politikós) debía ser probablemente el mismo que el de ‘político’, pues utilizaban la misma palabra o la misma raíz para ello. En la democracia ateniense, que es la democracia tal como fue concebida originalmente por la humanidad, ese régimen consistía en el gobierno de la ciudad por sus ciudadanos, algo así como una comunidad de vecinos.

Es verdad que ‘ciudadanos’ no eran todos, sino, digamos, los que pagaban, y, por tanto, tenían derecho a mandar sobre lo que es suyo: la ciudad. En definitiva, la democracia resulta que no es más que una evolución de la aristocracia un poco más allá de lo que fue la oligarquía (quizá lo que hoy sería el gobierno de la burguesía, palabra que también tiene que ver con ‘ciudad’, en este caso ‘burgo’). Los esclavos —lo que hoy sería los trabajadores por cuenta ajena— no mandaban, y ya contribuían o pagaban lo bastante con su trabajo, con sus carnes y, lo que es más, con su libertad: mejor dicho, con su falta de libertad, que es su esencial dependencia.

Hoy nos hemos quedado con la idea de que ciudadanos somos todos, y que aparte están los políticos, esa clase privilegiada de Señores que son los que nos gobiernan. Son de origen ciudadano porque muchos entran a los cargos públicos no por sus posesiones iniciales, sino como exaltados o promovidos por la ciudadanía. Sin embargo, lo de pagar, antes que extenderse a todos, igual que el concepto de ciudadanía, se ha retraído a los trabajadores por cuenta ajena (esto es, a los esclavos). Pues los políticos pronto se convierten en poseedores de rentas y bienes (que no está claro que sean sólo los que se permiten declarar) y renuncian a su origen bajo, es decir, a la condición llana de ciudadanos: ¿¡acaso queremos que nos gobiernen pobres y funcionarios!?

Pero esta resulta ser una ligera desviación del concepto de democracia y de ciudadanía que estamos pagando por sus consecuencias: los ciudadanos (y principalmente los trabajadores por cuenta ajena) nos hemos quedado con lo de pagar, y los políticos (ex-ciudadanos exaltados por la ciudadanía) con lo de cobrar y, por supuesto, con lo de mandar.

En el plan de ataque para el rescate de nuestra economía que parece que se quiere presentar figuran claramente en primera línea los ciudadanos de hoy: funcionarios, trabajadores… Pero los políticos y poseedores de rentas y bienes (los antiguos ciudadanos y luego nobles) se desmarcan claramente de la responsabilidad ciudadana (rastrera) de ‘pagar’. Políticos y adinerados se han quedado 1) con el privilegio de no pagar por el socavamiento de la economía que ellos mismos han producido (aunque sólo sea por ser irresponsables de ello), 2) con el privilegio de las rebajas de sus impuestos, supuestamente como estímulo para ¿contribuir más (aún)?, 3) también con el privilegio de la ingeniería jurídico-político-fiscal que ha diseñado un sistema, un entorno, ideal para que los que sacan y tienen puedan escurrir el bulto de contribuir en la medida de su enriquecimiento; pero también, y es descarado, 4) se han quedado los banqueros con el privilegio de quedarse con las indemnizaciones correspondientes a su cargo (cuando no lo han cumplido con diligencia por no haber garantizado los depósitos de los ciudadanos), y 5) los políticos, con el sorprendente privilegio de subir sus sueldos en esta etapa tan decadente de nuestra economía, y de negarse en rotundo y con supuesta razón (a su juicio) a renunciar a privilegio alguno autoatribuido por su condición —su clase— de ‘político’, que claramente ya no es lo mismo que ‘ciudadano’.

Ningún ciudadano (raso) o trabajador por cuenta ajena (esclavo) va a entender el requerimiento de su esfuerzo (más trabajo por menos dinero), si no ve que eso es lo que sucede por todos lados, a toda la ciudadanía (incluidos los políticos y los poseedores de rentas y bienes), en definitiva, si no es justo. O se hace un plan justo, o no saldrá adelante. Y no estamos a tiempo ni en condiciones de sumar planes fallidos.

Así, pues, algunas medidas para el rescate, que son condición necesaria (sine qua NON) para poder exigir con honestidad y justicia a la ciudadanía su esfuerzo, pueden ser las siguientes:

1. Simplificación matemática de los políticos y de todo lo político: si pueden ser menos, todavía no está suficientemente reducido. Aplicar a esto (a lo político: no tanto ni sólo a lo administrativo) el criterio liberal de la minimización del Estado.
2. Equiparación de los sueldos de los políticos a los de funcionarios del nivel correspondiente: no autoconcebir los políticos como altos directivos de empresa, incluso al margen de su competencia en el ejercicio del cargo; la política es un servicio, no el negocio de tu vida.
3. Ningún doble sueldo a políticos: ni por acumular cargos en la Administración, ni a sumar a sus remuneraciones particulares (o se hace dedicación exclusiva o se cobran ingresos parciales en proporción al número de dedicaciones acumuladas). Si se permite acumular cargos para ahorrar, que sea sin cobrarlos todos, sino sólo uno, un total equivalente a un solo cargo, porque vidas sólo tenemos una cada uno de 24 horas al día.
4. Ninguna acumulación de pensiones públicas: una pensión pública es una asistencia social no un negocio. Cuando hay un siniestro no se cobra varias veces, si hay solapamiento de seguros, sino sólo una vez. Quien quiera pensiones lucrativas, que las negocie en su banco como una inversión de su propio capital.
5. 7 años de trabajo no pueden dar lugar a pensión completa de jubilación ni en política ni en ningún otro trabajo. Para recibir la pensión completa de jubilación se han de requerir, como para todos, 37 años (¿no es así?): 7 años sería sólo la parte proporcional equivalente; no más.
6. Ningún asesor, ni puesto de libre designación. Para eso están los puestos técnicos de la Administración. Los asesoramientos personales (por incompetencia propia) y políticos (por ideología) debe sufragarlos uno mismo o el partido político, respectivamente.
7. Reducción de las diputaciones a unidades administrativas: políticos cero.
8. Ningún desvío de fondos públicos fuera de presupuesto (ni en cantidad ni en concepto): completa transparencia del gasto (contabilidad pública detallada y reclamable por cualquiera, sea interesado en el negocio correspondiente o simplemente un ciudadano, control político de las cuentas por los partidos en oposición).
9. Ninguna contrata opaca ni por precio superior al del mercado. Publicación del baremo de precios a que está contratando la Administración, por si hubiera interesados en ofrecer sus productos o servicios a un precio menor: es decir, introducir competencia a la baja.
10. Ninguna evasión de impuestos, ni de capitales. Impuestos progresivos, proporcionales, por defecto. Desgravar por inversiones, pero no por condición de gran fortuna. Hoy la evasión, en función de su relevancia, debería juzgarse como delito de traición.
11. Ingeniería inversa jurídico-político-fiscal: es decir, contra el fraude y la evasión. Cualquier inversión en reforzar este control es económicamente rentable: si no se hace es sólo por razones políticas-ideológicas.

Por favor, que alguien evalúe —cuantifique— todo esto. Y que sólo después pidan a la ciudadanía su contribución. La responsabilidad de esta crisis está en los políticos y en el capital, no en la ciudadanía. La ciudadanía podría, con razón, ser aún más exigente reclamando con justicia la depuración de responsabilidades y que paguen ellos. Pero estoy seguro de que no hará falta llegar a ese extremo. —Hay precedentes conocidos, como el de Islandia. Y no se puede demonizar esa exigencia como si fuera una revolución irresponsable y antisistema: antes bien sería una auténtica revolución moral de la vida cívica.

No necesitamos pagar más: basta que no se lo quede nadie

La actual crisis política-económica tiene un rasgo común característico: a bancos y a políticos les une, entre otras cosas, haber buscado su propio beneficio particular antes que el de los clientes o los ciudadanos, respectivamente, antes que el interés general, que no es sólo el mayoritario, sino el de todos, el de justicia.

Ahora parece que se pretende resolver el problema económico elevando la injusticia al cuadrado. Primero, el fraude de la inflación artificial de los precios de la vivienda lleva a la quiebra a 1.500.000 familias. Después, se quiere proponer como solución que entre todos los ciudadanos que aún disponemos de recursos económicos ayudemos a los defraudadores (y no a los defraudados) a consumar las operaciones que han quedado interrumpidas por la crisis, para que puedan terminar de alcanzar sus beneficios esperados. Para ello, durante veinte años pagaremos el stock de casas que han quedado sin vender, a precios falsos astronómicos, sin obtener por ello ni títulos de propiedad, ni acciones bancarias, ni letras del Tesoro: literalmente, vamos a comprarnos la casa que los malogrados clientes no han podido conseguir, pero sin que llegue a ser nuestra. Y, cuando ya esté pagada y saneada, entonces los bancos y promotores podrán sacarlas a la venta, dentro de veinte años, al mismo precio astronómico o, seguramente, a uno superior. Literalmente, las van a vender dos veces. Defraudaron a los fracasados, ahora nos defraudan a los que tenemos que contribuir y luego defraudarán a los compradores terminales de los pisos atascados.

Y lo que termina de hacer fantástica esta situación es que esa solución (que es lo que hay tras la posible creación de un banco “malo” para nosotros; “bueno” para ellos), vendrá determinada por nuestro propio gobierno, ese que va a gobernar para todos los españoles (efectivamente cumpliremos, pagaremos la crisis que no es nuestra, porque no lo podemos evitar legalmente). Si ya el complot por los precios altos debía haber sido intervenido por el gobierno, ahora es el propio gobierno el que entra como actor principal con la iniciativa de la medida más injusta de la historia, que es no querer buscar responsabilidades —que objetivamente las hay, y se sabe— por esta quiebra y fraude del sistema, sino volver a castigar de nuevo a la ciudadanía con una nueva extracción de fondos, para culminar la situación de injusticia que se inició.

Quizá crean ver con perspectiva más global, intentando salvar al país, salvando para ello a los defraudadores “que nos mantienen”. Pero, como en el Titanic, no ven el enorme y clarísimo iceberg que tienen delante, que es la injusticia que están cometiendo con 1.500.000 familias, 5.000.000 de parados y el resto de la ciudadanía que aún sobrevive y a la que van a expropiar para tapar la lujuria de sus excesos, el ansia de beneficios, y nunca de servicio, sea al cliente o a la ciudadanía.

El Presidente de la Comunidad Autónoma Balear, ejemplar en su recorte aproximadamente al 50% de la estructura de la Administración, ha declarado con bastante claridad, que esa superestructura (doble Administración) se desarrolló por concebir los políticos su poder en la Administración como una agencia de colocación de allegados: es “la otra burbuja”, la del empleo sesgado en la Administración para los compromisos personales (los enchufes). Hemos sido capaces de crear puestos públicos para colocar a nuestros conocidos. En Extremadura han entrado 100 familiares y amigos en una misma institución a sustituir a los correspondientes del partido anterior.

El mayor trauma de un partido que pierde el poder (le pasó a PSOE en 1996 y le pasará ahora otra vez) es que “su gente” queda literalmente en el paro, fuera del área de “las influencias” (esto también es tráfico de influencias, aparte de desvío o malversación de fondos públicos o apropiación indebida).

Pero lo mismo que se hace con la gestión del empleo público, se hace también con la gestión del erario público (no se es más estricto o riguroso en esto, porque se vive en la impunidad): desfases contables, déficits arrastrados o cargados sobre las siguientes legislaturas, la impresión de poder disponer con total arbitrariedad de lo que es de todos, pero para negocio y beneficio particular (sea propio o del partido)…

Al margen de la corrupción “personal” —que la habrá, ¡cómo no!—, ¿a cuánto podría ascender el dinero desviado de los fondos públicos a beneficio ilegítimo o incluso ilegal de la actividad de los partidos, quedando así “los que manejan” en situación de ventaja para perpetuarse en el poder? —Asesores: cuánto y quién lo cobra realmente. Informes y estudios que, o no se hacen, o no son necesarios, o no valen para nada… pero cuestan un pastón, cuando están sacados de tres páginas de Internet. Una contrata que se hace deliberadamente por 8 veces más de lo que vale en el libre mercado (esto también produce inflación en los precios, pues los que contratan con la Administración ya nunca quieren cobrar menos). ¡Maravilloso!

Todo esto —estoy seguro— suma más de ese 6% que tenemos de déficit. Lo que se va a quitar de sanidad, educación, pensiones, es lo que se han llevado a otro lado no presupuestado, porque no se puede presupuestar ni puede figurar contablemente. La sanidad, la educación y las pensiones, la seguridad social, no son insostenibles; lo que es insostenible es la cantidad de chorizo albergada en nuestra Administración pública (nunca habrá bastante pan… para tantos insaciables). La seguridad social, hoy aún tiene superávit: no es deficitaria, no es insostenible. Su superávit ha sido socavado en un 50% por los agujeros en todo lo demás. La seguridad social —sanidad y pensiones— es sostenible. Regalarla a la iniciativa privada forma parte del mismo expolio que la recompra de los repisos, la injusticia al cuadrado. Pagos, repagos, cortes y recortes.

Tener la mayoría y el poder ni legitima ni siquiera hace “legal” (aunque se dicte en forma de leyes, como la Ley Electoral), la imposición sobre y contra “los demás”, por más que sean una minoría (una digna minoría, pero completamente merecedora del respeto de sus gobernantes).

Los partidos con poder representan a la ciudadanía: no a los órganos del partido, ni a sus militantes, ni siquiera sólo a sus votantes, sino a toda la ciudadanía. Si abusan del poder para blindarse mediante leyes, con la aquiescencia o la impotencia de los demás, contra éstos, no por ello es legítimo, ni siquiera “legal”.

El poder debe representar y beneficiar a todos por igual, sin causar injusticia a nadie, y especialmente a los excluidos de la mayoría dominante. Una minoría permanentemente excluida del sistema y que no recibe los beneficios del sistema, sino sólo perjuicios y la desconsideración por parte de los dominantes, no tiene ningún interés en el sistema. A la propia mayoría le interesa, más que a nadie, hacer justicia a la minoría, aunque sólo sea por el interés de mantenerse ellos en el poder. De lo contrario, los aires cambian, y el orden se subvierte y se producen giros como el recibido actualmente por el PSOE.

La democracia no es el gobierno por turnos tácitamente convenidos, pactados, entre las mayorías del bipartidismo: en cada etapa, barra libre para el dominante de turno; interés mutuo por etapas, por turnos. Ahora “le toca” al PP: PSOE y los suyos, a hibernar y esperar turno para su parte del expolio de lo público.

Eso, “lo llaman democracia, pero no lo es”; eso es simple y llanamente la ley del más fuerte (pre-democrática, pre-jurídica, pre-moral). Y el dinero y el poder son una “fuerza”, pero la falta de dinero y de poder (de participación) también lo son: y esos al final son el 99%.